En el año 2008, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mediante la Resolución 1820 del Consejo de Seguridad, con fecha 19 de junio, reconoció por primera vez que la violencia sexual es una táctica de guerra y una amenaza para la paz y la estabilidad internacional. En conmemoración a ello, la Asamblea General, mediante Resolución 69/293 del año 2015, decidió proclamar el 19 de junio de cada año como Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictos.
El establecimiento de esta fecha por parte de la ONU como día de conmemoración tiene como objetivo crear conciencia sobre la necesidad de poner fin a la violencia sexual en los conflictos y exhortar a la comunidad internacional a solidarizarse con las víctimas de violencia sexual en los conflictos de todo el mundo[1].
Con la expresión “violencia sexual relacionada con los conflictos” nos referimos a la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, el aborto forzado, la esterilización forzada, el matrimonio forzado, así como toda otra forma de violencia sexual perpetrada en situación de conflicto contra mujeres, hombres, niñas o niños. Asimismo, incluye la trata de personas cuando se comete en situaciones de conflicto y con fines de violencia o explotación sexuales.
A pesar de encontrarse documentado en numerosos conflictos armados que se fueron dando a lo largo de la historia, la violencia sexual en los conflictos armados, hasta la década de los 90 había sido invisibilizada e ignorada. Recién en dicha década, con la Guerra de los Balcanes – en particular, la Guerra en Bosnia (1992-1995), que se caracterizó por la utilización generalizada y sistemática de la violencia sexual y el uso de la misma como parte integral de la limpieza étnica – y el Genocidio en Ruanda, adquirió notoriedad y atención[2].
Aún hoy, en pleno siglo XXI, continúan reportándose la utilización de la violencia sexual en diferentes contextos de conflicto armado activos (Siria, República Democrática del Congo (RDC), Myanmar, Sudán, Sudán del Sur, Colombia o República Centroafricana, entre otros) y también en el marco de graves crisis políticas. Al respecto, en el año 2018, en una reunión del Consejo de Seguridad, la representante especial del Secretario General, PramilaPatten, señaló que la violencia sexual continúa siendo empleada alrededor del mundo como una práctica de guerra y terrorismo y una herramienta de política represiva[3].
El Informe sobre violencia sexual relacionada con los conflictos presentado por el Secretario General ante el Consejo de Seguridad el 29 marzo de este año[4], respecto del año 2018, señala que ésta es llevada a cabo tanto por agentes no estatales (grupos armados, milicias locales, entre otros), como por agentes estatales (las fuerzas armadas nacionales, la policía u otras entidades de seguridad)
Por otra parte, el informe señala que la violencia sexual afecta principalmente a mujeres y niñas, y que es utilizada no sólo para desplazar comunidades, expulsar a los grupos llamados “indeseables”, confiscar tierras y otros recursos en disputa; o como medio de represión, terror y control. También está siendo utilizada como táctica del terrorismo.
A este respecto cabe destacar la existencia del nexo entre la trata de personas, la violencia sexual, el terrorismo y la delincuencia organizada transnacional. Dicha circunstancia llevó a que el Consejo de Seguridad aprobara en el año 2016 la Resolución 2331, en la cual se reconoce a la violencia sexual como una táctica de terrorismo. De hecho, el informe anteriormente mencionado hace referencia al respecto.
En numerosas resoluciones del Consejo de Seguridad[5] se ha resaltado que resulta necesario para prevenir la violencia sexual, fomentar la igualdad sustantiva entre los géneros antes, en el curso, y después de los conflictos. En este sentido, los Estados deben no sólo continuar llevando a cabo medidas tendientes tanto a la promoción y el empoderamiento de la mujer, sino también brindar apoyo a las organizaciones y redes de mujeres para de esa manera garantizar la participación plena y en pie de igualdad de la mujer en la vida política, económica y social. Por otra parte, se requiere la existencia de instituciones de salud, justicia y seguridad accesibles y receptivas a las cuales sus víctimas puedan acceder.
Desde el CEGRI, estamos a favor de la implementación de estas medidas, y creemos en la necesidad de un cambio cultural profundo para poder impedir estas violencias en los conflictos armados.
[1]https://www.un.org/es/events/elimination-of-sexual-violence-in-conflict/
[2]https://www.fuhem.es/media/cdv/file/biblioteca/revista_papeles/137/Violencia_sexual_conflictos_armados_P.Urrutia_et_al.pdf
[3]https://news.un.org/es/story/2018/04/1431282
[4]https://undocs.org/es/S/2019/280
[5]S/RES/1325 (2000); S/RES/1888/2009; S/RES/1889 (2009); S/RES/2106 (2013);S/RES/2122 (2013);S/RES/2467 (2019)
Jorgelina Ferraris
Integrante
Centro de Estudios en Género(s) y Relaciones Internacionales
IRI – UNLP
