Como historiadora, soy consciente de que a lo largo del tiempo e incluso en la reciente historia de Europa se han producido cambios de fronteras y alteraciones territoriales importantes. No hay más que pensar en la trágica historia de Polonia, por ejemplo. Sé también que aunque esos cambios son siempre traumáticos e incluso crueles, los países tienen capacidad de recuperarse, crecer y consolidarse nuevamente. E igual pasa con la población, aun a pesar del precio tan alto que tiene siempre que pagar, la mar de las veces provocado por la estulticia, el egoísmo y la incapacidad de sus gobernantes. Por ello, cuando oigo la palabra independencia, aunque no me guste, tampoco me rasgo las vestiduras. Pero lo que está pasando en Cataluña, ya incluso antes de la sentencia del Tribunal Supremo, trasciende más allá de esa improbable independencia.

Estamos ante un problema de legalidad, de convivencia, de civismo y de educación, entre otras cosas. Lo que un estado de derecho no puede permitir es que sus propias autoridades pretendan saltarse la ley, pisotearla y adaptarla a sus necesidades. Y eso es lo que está pasando en Cataluña. Las autoridades catalanas se deben, les guste o no, a las leyes autonómicas y a las del estado. No solo las tienen cumplir, sino también respetarlas y aceptarlas. Y si no entienden eso, simplemente, no pueden ocupar cargos públicos. Es más, en este caso concreto lo que menos importaba era la gravedad, o no, de la pena impuesta, pues lo único que hubieran aceptado, como dijo el presidente Torra, era la absolución. Ni el presidente catalán, ni otras autoridades autonómicas parecen conocero no se les ocurrió recordar que el poder judicial es independiente y que las sentencias los jueces deben dictarlas fijándose en los parámetros legales y judiciales, no en las repercusiones políticas que sus decisiones puedan tener.

Tampoco las autoridades autonómicas pueden amenazar a los poderes del estado diciendo que si no les gusta una sentencia responderán en la calle. Las sentencias están para acatarlas y si no se está de acuerdo, se recurren. Y cuando se acaba la vía judicial nacional, si se sigue sin estar de acuerdo, aún queda el Tribunal Europeo. Aclarando, por si a alguien le caben dudas, que acatar no es sinónimo de compartir. Es decir, se puede disentir públicamente de un fallo judicial, precisamente porque se está en democracia y se respeta el derecho a la libertad de expresión. Lo que no se puede hacer es utilizar la violencia como herramienta de presión. Y mucho menos las autoridades pueden amparar o incluso llamar a la movilización ciudadana incontrolada. No se incita desde los poderes públicos a la población a rebelarse contra las decisiones de la justicia y no se ve con pasividad el descontrol, el desmadre callejero y la violencia.

Y en otro orden de cosas, también habría que explicarle al Sr. Quim Torra, presidente de la Generalitat, que el derecho de autodeterminación no tiene cabida en este proceso. Fue con motivo de la fiesta de la Diada cuando en un arranque de pasión incontrolada pidió a los catalanes que “segasen las cadenas” que aún les ataban con el fin de caminar hacia la autodeterminación. El derecho de autodeterminación, por si el Sr. Torra lo desconoce, se acuña en un proceso histórico muy concreto como es el de la descolonización, momento en el que las colonias inician movimientos de independencia para separarse de sus metrópolis. Los españoles que tienen un mínimo conocimiento de la historia de su país saben que Cataluña nunca ha sido una colonia española como también saben que nunca fue un Reino, sino que fue una parte, concretamente un condado, perteneciente al Reino de Aragón. Desgraciadamente, algunos catalanes creen que se puede reescribir a su gusto la historia y así lo están haciendo. Y tristemente el problema añadido es que hay otros muchos que les creen.

Y en cuanto al últimamente tan reiterado, “derecho a decidir”, parece necesario recordarles no solo a los radicales independentistas, sino igualmente a ciertos poderes autonómicos catalanes que, en el caso de ejercerlo, debería hacerse con la ley en una mano y el diálogo en la otra. No con la amenaza, la violencia y la exclusión de los que piensan diferente.

De igual manera, faltando a la verdad con total impunidad, el Sr. Torra se atrevió a decir en TV3, la televisión catalana,que Cataluña estaba viviendo “bajo un sitio largo y penoso”, haciendo un símil con los sucesos de Barcelona de 1714, cuando las tropas borbónicas luchaban por la conquista de la ciudad. Ante esta situación, según él, tan atroz, no le quedaba más remedio que llamar a los ciudadanos a levantarse contra la “represión” que estaban sufriendo.

Y al hilo de esto último, llama la atención que estos grupos de radicales independentistas, da igual como se quieran denominar, cuando piden la independencia lo están haciendo desde posiciones claramente autoritarias, excluyentes, violentas e ilegales. En los discursos siempre tienen la palabra libertad y la palabra democracia en los labios, pero cuando alguien pretende, no ya llevarles la contraria, sino simplemente razonar la inviabilidad legal de sus posiciones, se olvidan de la libertad y la democracia. Estamos ante un “estás conmigo o estás contra mí”.

Los acontecimientos que se han vivido y se están viviendo como reacción a la sentencia del Tribunal Supremo, ponen de manifiesto no solo la barbaridad a la que se está sometiendo a Cataluña, sino también que estamos ante un movimiento en el que la ideaoriginal a favor de la independencia y de la fundación de una república catalana democrática y libre ya ha pasado a un segundo plano. El protagonismo ahora lo tienen las actitudes autoritarias, fascistas e incluso terroristas que están protagonizando los llamados independistas radicales que más que luchar por un ideal político lo que parecen querer es la destrucción por la destrucción, la derrota del estado a cambio de nada y la muerte de la democracia y la libertad en beneficio de la anarquía, la violencia y el terror. Lo que hay ahora en las calles y carreteras catalanas no es una lucha política, es delincuencia. Son actitudes que en gran medida ya estaban programadas con antelación con el fin de crear un escenario de caos. Y ante los delincuentes, los poderes del estado deben actuar con toda contundencia, porque en estos casos la tibieza colinda con la complacencia y el silencio con la complicidad. Ya ha pasado el momento de la contemporización y del diálogo. No se puede dialogar con quien no quiere hablar. No se puede negociar con quien lo que quiere es aniquilar las posiciones del contrario. El estado central debe tomar las medidas legales y constitucionales que sean necesarias para garantizar la convivencia en paz en una Cataluña que es parte del territorio español. Ante situaciones excepcionales, hay que optar por decisiones y medidas excepcionales que estén bajo el amparo legal.

Ahora bien, aunquela responsabilidad última es solo de estos descerebrados que en la gran mayoría de los casos están manipulados por otros (aunque probablemente ni siquiera sean conscientes ello) y de un gobierno autonómico que se ha olvidado de a quien sirve, no es menos cierto que existe otra responsabilidad que viene de mucho más lejos. Por ejemplo, desde cuando se permitió que un presidente corrupto como Jordi Puyol pudiera decir públicamente que cuando se le quería juzgar a él, a quien se estaba juzgando era a Cataluña. O, por citar otro ejemplo, deviene también de haber puesto por encima de los intereses nacionales, los intereses políticos y personales para gobernar, lo que culminaba en pactos que sólo servían para dar más ánimos a los independentistas. Y,en tercer lugar, procede igualmente de una ciudadanía que ha dado su confianza y ha dejado hacer a una clase política mediocre y con escaso sentido de estado.

Antes de terminar me gustaría aclarar, por si algún catalán independentista radical quisiera poner en duda mi derecho a opinar sobre Cataluña, que, si bien no tengo ocho apellidos catalanes, como el título de la película, de mis cuatros primeros apellidos, dos son catalanes: Clavell y Balada. Y siempre los he llevado con orgullo.

En definitiva, no es una lucha cívica y justificada, aunque malentendida por un derecho a la independencialo que se está produciendo ahora en Cataluña. Lo que se está desarrollando es un movimiento que se caracteriza por la negación de la democracia, la negación de la libertad yla negación del derecho de los catalanes a considerarse españoles. No nos dejemos engañar, eso es lo que representan los sucesos violentos que se están produciendo en Cataluña y no una lucha legítima.

Sara Núñez de Prado Clavell
Profesora Titular de Historia del Mundo actual
Universidad Rey Juan Carlos (Madrid)
Invitada por el Departamento de Europa (IRI – UNLP)