Antes de la Guerra de 1967, el 97% de la población en Jerusalén Occidental era judía; el resto estaba compuesto por musulmanes y cristianos principalmente. Con el gobierno israelí sobre Jerusalén Oriental, la relación entre la población judía y musulmana se modificó. La población árabe - palestina ascendió a 69.000 habitantes lo que provocó que la población judía en total disminuyera al 74%. En los primeros años después de la anexión, como consecuencia de este incremento, las autoridades israelíes decidieron elevar la población judía al 80 - 90% mediante incentivos de residencia.. 1 Por otra parte, la población judía - israelí se sintió amenazada con el crecimiento natural de la población palestina hasta convertirse en un problema demográfico. En 1973, el Comité Interministerial para Examinar el Grado de Desarrollo en Jerusalén, comisionado por Golda Meyer, determinó que era vital para el futuro de Jerusalén asegurar “la proporción relativa de judíos y árabes [en Jerusalén] como lo era a fines de 1972”.. 2 Para ese entonces, existía una mayoría judía de 73.5% y una minoría palestina de 26.5%. La decisión tenía como objetivo controlar y reducir la alta tasa de natalidad entre la comunidad palestina y asegurar la mayoría judía en la ciudad. El entonces director de la Política de Planificación, Israel Kimhi, declaraba que:
“Una piedra angular en la planificación de Jerusalén es la cuestión demográfica. El crecimiento de la ciudad y la preservación del balance demográfico entre los grupos étnicos fue un tema decidido por el gobierno de Israel. Esta decisión, con respecto al crecimiento de la ciudad, sirve hoy como criterio para el éxito en el proceso de consolidación de Jerusalén como capital del Estado de Israel.. 3
En 1990, las autoridades israelíes volvieron a animar la esperanza de aumentar la mayoría judía en Jerusalén. La masiva inmigración judía proveniente de la Unión Soviética permitiría elevar la proporción judía en la ciudad. Un estudio de la Municipalidad, titulado “Urban Policy and Working Plans for Work Year 1990, establecía:
“El siguiente año, gracias a la inmigración, veremos un cambio en las prioridades. El incremento en el abastecimiento de hogares en los vecindarios ha sido nuestra primera meta; como en los primeros años después de 1967, una posibilidad existe para alterar el balance demográfico en la ciudad, y no solamente para preservarlo”.. 4
A pesar de los pronósticos optimistas, en 1992, el gobierno nacional restableció la necesidad de tomar medidas para preservar la mayoría judía. Para la fecha, la tasa de crecimiento de la población no judía en Jerusalén era de 2.7% comparada con la tasa de crecimiento judía de 2.1%. Esta brecha se dilató en los años posteriores llegando a 3.4% en 1993 y 4.5% en 1995 para la población no judía. Este aumento de la tasa de natalidad palestina no fue acompañado de un crecimiento en la tasa de natalidad judía; por el contrario, ésta cayó de 2.1% para 1992 a 1.3% en 1993 y 1.2 para 1995.. 5. De acuerdo con Jerusalem Statistical Yearbook de 1995, la población árabe de Jerusalén había crecido en el período 1967-1995 el 163%, mientras que el crecimiento judío fue de 114%.
Con las diferencias en los índices de crecimiento natural entre ambas comunidades y con la firma de los Acuerdos de Oslo, el gobierno israelí reincidió en su política de “balance demográfico”. El término “balance demográfico” es engañoso, porque, por un lado, implica una política que busca mantener un balance entre dos poblaciones en una ciudad; pero por otro, significa preservar la ventaja demográfica de una población sobre la otra. Durante 1967-1992, el balance demográfico, o el incremento de la población judía, estuvo dictado por el crecimiento natural de la población no judía. Es decir, solo se hizo necesario aumentar la población judía cuando la tasa de crecimiento palestino también aumentaba. A partir de 1993, como resultado de los redespliegues israelíes en los territorios ocupados, la situación se modificó. El gobierno israelí debía estimular el crecimiento de la población judía en estos territorios sí quería mantener la ocupación.
Mientras que los gobiernos municipales desde 1967 habían planeado y construido asentamientos en el área de Jerusalén, los gobiernos nacionales habían hecho esfuerzos para facilitar su colonización con población exclusivamente judía. El gobierno de Benjamin Netanyahu prosiguió y profundizó las medidas tendientes a inclinar el balance demográfico a favor de la comunidad judía. A través de un análisis de los reportes de asentamiento, se puede concluir que el gobierno de Netanyahu adoptó fundamentalmente dos medidas para restablecer el “balance demográfico”: captar la inmigración judía y la denegación del permiso de residencia a palestinos.
La masiva construcción de asentamientos en Jerusalén Oriental es un hecho que no solo altera el paisaje geográfico de la ciudad. Desde 1967, Israel buscó revertir la realidad demográfica en Jerusalén. Y continuó haciéndolo durante el período interino (1993-1999). Pese a la disminución en la tasa de natalidad judía en Jerusalén, en julio de 1993, una mayoría judía fue declarada en la ciudad; al mismo tiempo, las fuentes oficiales estimaban que la población palestina era de 154.000 habitantes, mientras que la población israelí era de 168.000 colonos.. 6 En 1995, el número de colonos israelíes había crecido hasta llegar a los casi 200.000 habitantes.. 7 En 1998, la población de colonos judíos ascendió a unos 250.000 habitantes.. 8. Estos cambios en la demografía local fue el resultado de la unión de fuerzas entre el ente municipal y el gobierno nacional para favorecer la inmigración judía y judía israelí con el propósito de colonizar los nuevos asentamientos de la zona. Esencialmente se promovió la emigración, después de los Acuerdos de Oslo y especialmente durante el gobierno de Netanyahu, por medio de dos estrategias: la autorización de incentivos económicos y la concesión de préstamos y créditos. Sin embargo existieron otras formas indirectas de promocionar la colonización, a saber, el mejoramiento del nivel de vida en los asentamientos y la instalación de bolsones industriales.
Tanto la gestión Laborista (Rabin – Peres) y la gestión del Likud (Netanyahu) trazaron un mapa de prioridades nacionales para las áreas correspondientes a los territorios ocupados incluyendo a Jerusalén Oriental. Las áreas privilegiadas variaron según los gobiernos; pero la zona común a los dos gobiernos fue el territorio de Jerusalén Oriental y alrededores, área que fue señalada como “Prioridad A”. Esta región goza de una serie de beneficios económicos tales como, subsidios a la vivienda, a la educación, a los profesores y trabajadores sociales. Algunos incentivos económicos para Jerusalén Oriental y áreas adyacentes auspiciados bajo el gobierno de Netanyahu son:. 9
Subsidios a la vivienda:
ü Unos 8.600 dólares en calidad de subvención más un préstamo de igual monto para la compra de departamentos.
ü Subsidio estatal del 75% de los costos totales para la construcción de viviendas multi-familiares;
ü Subsidio estatal del 25% para los participantes del programa “Construir su propia vivienda”.
ü Subsidio estatal del 90% para nuevas viviendas en los asentamientos existentes circunscriptos al área del Gran Jerusalén.
Subsidios a la educación:
ü Subsidio estatal del 90% para honorarios pre-escolares.
ü Adicional de horas y computadoras para todas las escuelas.
ü Máscaras de gas para todos los estudiantes.
ü Un mínimo de 142 dólares anuales por alumno para comidas escolares.
ü Subsidio estatal del 85% para cubrir costos en los exámenes finales en la escuela superior.
Subsidios para profesores:
ü Cuatro años de antigüedad asegurada.
ü Subsidio estatal del 75% para estudios de capacitación.
ü Subsidio estatal del 100% para cubrir costos de viajes a las escuelas.
ü Subsidio estatal del 80% para alquiler de vivienda.
Subsidios para trabajadores sociales:
ü Cuatro años de antigüedad garantizada.
ü Subsidios del 100% para costos de viajes.
Impuestos:
ü -Reducción del 5 al 10% del impuesto al ingreso bruto.
Las reducciones en los valores de las viviendas también fue una estrategia muy usada por el gobierno nacional. Por ejemplo en noviembre de 1997, el Ministerio de Vivienda y Construcción ofreció 730 viviendas en los asentamientos de Ma’ale Adunim (al noreste de Jerusalén Oriental) por un módico precio de 30.000 dólares.. 10 El Comité de Finanzas de la Knesset aprobó, en julio de 1997, la autorización de 12 millones de dólares para subsidios de 400 unidades de viviendas en los asentamientos.. 11 El mismo Comité aprobó, el 29 de marzo de 1999, la concesión de 14 millones de dólares para subsidiar 600 nuevas construcciones en los asentamientos, más un adicional de 75 millones de dólares para infraestructura.. 12 En el asentamiento de Har Homa (Jabel Abu Ghneim), Netanyahu ofreció 195 millones de dólares para financiar hipotecas y subsidios para la compra de viviendas.. 13 Según Sara Kaminker, Directora de Planificación de la Municipalidad de Jerusalén, el gobierno ha subsidiado a más de 70.000 familias judías en Jerusalén Oriental.. 14
La política de subsidios y préstamos no es una innovación del gobierno de Netanyahu, por el contrario, comenzó a practicarse con intensidad después del derrumbe de la Unión Soviética, con la intención de integrar a la masa de nuevos inmigrantes al interior de Israel. En 1990, el Comité de Inmigración suministró unidades habitacionales a inmigrantes de la Unión Soviética en Jerusalén. Los planes de inmigración, bajo el lema “Hacia una mayoría judía en Jerusalén”, ofrecieron un 100% de garantías oficiales contra las posibles pérdidas para los empresarios dispuestos a trabajar sobre el proyecto. La Municipalidad de Jerusalén también contribuyó a subsidiar a los colonos israelíes por medio de rebajas en los impuestos. Por ejemplo, los nuevos colonos judíos están exentos de la arnona, impuesto municipal, por un período de cinco años, después del cual están gravados pero con ciertas reducciones en el pago. Durante el gobierno de Benjamin Netanyahu, la reducción en el pago de los impuestos continuó, tanto para los impuestos nacionales y municipales. Estos subsidios facilitaron considerablemente el asentamiento de un gran número de colonos judíos en el área del “Gran Jerusalén”.
Los dos flujos de inmigrantes más importantes desde el comienzo del proceso de paz arribaron a Israel desde la Ex-Unión Soviética y Etiopía. Estos grupos poblacionales no estuvieron ajenos a los incentivos y facilidades para la colonización. La mayoría de los inmigrantes aprovechó la política gubernamental de “absorción directa”, con su correspondiente ayuda financiera.. 15 Los nuevos inmigrantes de la Ex-Unión Soviética pudieron elegir el lugar de residencia; realizado este paso, el gobierno nacional brindaba casas rodantes hasta que las viviendas fueran construidas. Además, el 45% de estos inmigrantes llegaron a Israel con empleos asegurados. Para las 200 familias etíopes que llegaron a Israel durante 1997, el gobierno nacional brindó tierras ubicadas en Airplane Hill (Jerusalén Oriental) próximo a Har Homa (Jabel Abu Ghneim). Estos inmigrantes más jóvenes y menos capacitados que los inmigrantes de la Unión Soviética fueron absorbidos por el mercado laboral como trabajadores del programa “construir su propia vivienda”.. 16 Según la organización Foundation for Middle East Peace, otros 350 inmigrantes etíopes serían ubicados en los asentamientos de Ofra y Efrat (Cisjordania) y serían contratados para el mismo programa de trabajo.. 17 Durante 1997, de las 2.411 compras de viviendas en Jerusalén Oriental, 578 fueron realizadas por los nuevos inmigrantes gracias a los subsidios y prestamos nacionales.. 18
A pesar de los subsidios e incentivos económicos, la construcción de viviendas se restringió debido a varios factores, principalmente económicos. Durante 1995, por ejemplo, se construyeron 51.500 unidades de viviendas en los territorios ocupados.. 19 En 1996, se redujo en un 27% con la construcción de 37.640 viviendas.. 20 En 1997, la construcción de viviendas alcanzó las 35.000 unidades. Sin embargo durante el primer año de gobierno de Netanyahu, se incrementó la compra de viviendas en un 56% con respecto al gobierno de Rabin - Peres.. 21 Esto se debió, esencialmente, a que finalizado el gobierno Laborista se entregó al nuevo gobierno una gran cantidad de viviendas desocupadas y otras tantas en distintos niveles de construcción. Todas ellas fueron construidas durante el mandato de Rabin, pero éste se había opuesto a la venta.. 22
El gobierno israelí no solo ofreció planes de viviendas a menor costo y grandes facilidades para su compra con el objetivo de incrementar la población judía; sino que muchos de los nuevos “vecindarios” fueron construidos con el fin de promover el desarrollo industrial de Jerusalén. Una muestra de ello es la creación de un parque industrial en el área de Givat Ze’ev. El 9 de febrero de 1997, la Knesset aprobó el otorgamiento de préstamos que garantizaban el 85% de las inversiones. El costo total de las inversiones estatales ascendía a 8 millones de dólares.. 23 También en 1997, el Ministerio de Comercio e Industria aprobó la construcción y subvención de una nueva zona industrial entre Jerusalén y el asentamiento de Ma’ale Adunim.. 24A fines de diciembre de 1997, según el Jerusalem Report, el gobierno nacional había decidido establecer una nueva zona industrial al norte de Jerusalén Oriental en la línea divisoria con Cisjordania. De acuerdo con sus promotores, la zona industrial brindaría trabajo a los colonos judíos que generalmente están empleados en Jerusalén o en Tel Aviv. El proyecto aprobado por Netanyahu comenzaría a ejecutarse a finales de 1999.. 25
Además de las reducción en los impuestos y los subsidios, los gobiernos, nacional y municipal, invirtieron grandes sumas de dinero en los asentamientos para ofrecer una infraestructura que elevara la calidad de vida de los colonos: redes de electricidad, agua, teléfono, alcantarillado, autopistas y otros servicios básicos. Los nuevos inmigrantes, parejas recién casadas y veteranos son las principales figuras en estos programas de colonización. Los anuncios publicitarios ofrecen “calidad”, “lujo” y “comodidad” como las principales razones por las cuales invertir en unidades habitacionales en los asentamientos. Muchos avisos brindan viviendas en estos asentamientos como un estilo de vida actualmente de moda: los countrys, que animan a una mejor calidad de vida alejada de los problemas urbanos, con mejor infraestructura y conectados a la ciudad por autopistas de rápido acceso. Además, estos asentamientos son promovidos como partes adyacentes a Jerusalén, y la unión de facto, según los planificadores, solo será cuestión de tiempo.. 26
Además de estos métodos, el gobierno nacional gasta enormes esfuerzos en publicar pasajes bíblicos que justifican el porqué Israel no puede abandonar su dominio sobre Jerusalén. El énfasis puesto en el carácter judaico de la ciudad se convierte en una negación de la importancia de las otras dos grandes religiones monoteístas. La prensa oficial describía la trascendencia de Jerusalén de la siguiente manera:
“La observación que Jerusalén es
sagrada para las tres religiones sirve para engañar ... Jerusalén contiene sitios
sagrados para los Musulmanes y los Cristianos, y es una de las muchas localidades
con significado histórico para ellos. Para los judíos, esta es la única ciudad
sagrada, solo los judíos tienen prescripción religiosa para vivir aquí”.. 27
La propaganda israelí describe constantemente el control de Jerusalén Oriental como el remiendo de los equívocos del pasado y del natural progreso de la historia.
Estas medidas claramente demuestran como los colonos judíos de los asentamientos son esenciales en la lucha por asegurar la superioridad demográfica en Jerusalén. Sin embargo, la inmigración nunca fue la única solución. Existe el temor entre los planificadores nacionales y municipales que los asentamientos sean insuficientes para asegurar la superioridad demográfica judía en la ciudad. Como resultado, los planificadores israelíes han buscado otras formas de mantener la mayoría judía.
A pesar de la masiva inmigración judía proveniente de la Ex- Unión Soviética, de los incentivos económicos y como consecuencia del incremento en la tasa de natalidad palestina, el gobierno del Likud utilizó otras medidas para «equilibrar» el balance demográfico en Jerusalén Oriental. Para mantener el balance deseado en Jerusalén, Israel depende de una serie de medidas burocráticas para privar a los palestinos de sus derechos a vivir en la ciudad. Una de estas medidas es la negación del permiso de residencia. Esta política discriminatoria sirve a dos fines: el primero, separar a los palestinos de Jerusalén de los palestinos residentes en Cisjordania; y segundo, disminuir el número de palestinos “legales” que habitan la ciudad. Las estrategias israelíes para preservar el balance demográfico han hecho posible, que a mediados de 1998, disminuyera del número de palestinos residentes en Jerusalén Oriental. Así quedó demostrado con los resultados del último censo realizado por la Autoridad Palestina en diciembre de 1998. El censo registró una población palestina de 2.895.683 habitantes en Jerusalén Oriental, Cisjordania y Gaza. En Jerusalén Oriental y adyacencias, la población palestina es de 328.601 habitantes. En Jerusalén Oriental solamente, la población es de 85.805 palestinos.. 28 Mientras que en 1996, la población palestina residente en Jerusalén Oriental era de 181.000 residentes.. 29 En menos de tres años, la población palestina residente en Jerusalén Oriental disminuyó en un 47%.
Las principales medidas que facilitaron la expulsión de los palestinos de la ciudad fueron la entrega limitada de documentos de identidad y la imposición de un sistema de leyes referido a la residencia de los palestinos en Jerusalén Oriental. Ambas medidas tienen sus orígenes en dos sistemas de identificación impuestas después de la Guerra de 1967.
Los documentos de identidad color azul, que implican la residencia en Jerusalén, fueron originalmente impuestos a los palestinos jerosolimitanos como una forma de separación de sus hermanos de Cisjordania y así integrarlos al propio Israel. Sirviendo a este fin, la distribución de estos documentos de identidad también dieron al Ministerio del Interior el control de facto sobre quienes tenían el derecho de residir en la ciudad. Según el censo israelí de 1967, la población palestina en Jerusalén Oriental era de 66.000 habitantes; de los cuales 22.000 residentes vivían en las áreas adyacentes a Jerusalén Oriental. Estos 66.000 habitantes fueron clasificados como “residentes permanentes” de Israel de acuerdo con la Ley de Entrada a Israel (1952).. 30 A los palestinos jerosolimitanos se les ofrecía la ciudadanía israelí, pero muchos se negaron a aceptarla porque implicaba reconocer la soberanía israelí en la ciudad. Sin embargo, la política israelí hacia los palestinos en Jerusalén había sido construida sobre la base de que, tarde o temprano, los palestinos aceptarían su integración al Estado de Israel.
Las Regulaciones de Entrada a Israel de 1974 concedió al Ministro del Interior una larga serie de métodos para denegar a los palestinos sus derechos de vivir en la ciudad. Conforme a la Ley de Entrada a Israel, la residencia es un privilegio sujeto a numerosas restricciones. Algunas de las implicaciones prácticas de esta ley es que el Ministerio del Interior tiene autoridad legal para determinar quienes reciben y pueden tener derechos de residencia en Jerusalén. Por ejemplo, todos los palestinos jerosolimitanos que desean viajar al extranjero deben obtener una visa israelí para re- entrar. Los palestinos jerosolimitanos que viven en el extranjero por más de siete años pierden automáticamente su derecho a residencia. La Suprema Corte Israelí estableció una resolución con la cual apoyaba al Ministerio del Interior a confiscar documentos a los palestinos jerosolimitanos que viven en el extranjero o fuera de las fronteras municipales.. 31 Más aún, la residencia palestina, diferente a la ciudadanía, no se extiende a los familiares de los residentes. Los palestinos jerosolimitanos casados con personas originarias de Cisjordania deben solicitar la Reunificación Familiar para poder residir legalmente en Jerusalén. Además, la Ley de Entrada a Israel no obliga al Ministerio del Interior a explicar los motivos por los cuales se denegó el permiso. Asimismo, el Ministerio del Interior registra a los niños como residentes de Jerusalén sí cuyos padres tienen correctamente sus documentos de identidad. Los niños nacidos cuya madre sólo disponga de los documentos de identidad serán reconocidos como residentes de los territorios ocupados y excluidos de todos los beneficios atribuidos a la residencia de Jerusalén, tales como el derecho a acceder a los centros de salud pública y la posibilidad de ingresar a una escuela pública en la ciudad. Por otro lado, los residentes pueden votar en las elecciones municipales, pero no en las elecciones nacionales.. 32 Sin embargo, los palestinos han boicoteado este proceso (de la misma manera que muchos de los palestinos rechazaron la residencia permanente después de la guerra de 1967) porque consideraron que la ocupación de Jerusalén Oriental es ilegal.
El Ministerio del Interior israelí creó una unidad policial especial dedicada a detener a los residentes palestinos en Jerusalén Oriental que no dispusieran de la documentación obligatoria. Este cuerpo tiene como objetivo retener todo documento de identidad palestino que transgreda el régimen de residencia. Estas restricciones han permitido que Israel mantenga el estricto control sobre el número de palestinos quienes residen legalmente en la ciudad. Estos mecanismos burocráticos permiten hacer realidad los deseos de Israel de proteger la superioridad demográfica en Jerusalén.
Desde la firma de los Acuerdos de Oslo y, en especial, durante el gobierno de Benjamin Netanyahu, el Ministerio del Interior sumó otras formas de impugnar los derechos de residencia de los palestinos en Jerusalén. La merma en la entrega de derechos de residencia puede ser vista como una estrategia para reducir el número de palestinos en la ciudad teniendo en cuenta las conversaciones finales para definir el estatus jurídico de Jerusalén. A pesar de las afirmaciones oficiales acerca de que el gobierno israelí no había modificado sus requerimientos para otorgar documentos de identidad, el Ministerio del Interior comenzó a solicitar a los palestinos pruebas sobre sí su “centro de vida” se encontraba dentro de las fronteras municipales de Jerusalén.. 33 Por ejemplo, si un palestino residente en Jerusalén por razones de trabajo debe trasladarse diariamente más allá de las fronteras municipales, éste automáticamente pierde sus derechos de ciudadanía. Según Azmi Abu Souad, ex empleado de la Municipalidad de Jerusalén y actual director del Departamento de Derechos Civiles de la Orient House, estima que el número de palestinos afectados por tal razón, desde enero de 1996 hasta diciembre de 1998, fue de aproximadamente 2.000 habitantes.. 34 De acuerdo con las cifras aportadas por el Ministerio de Información de la Autoridad Palestina, 1.047 documentos de identidad de palestinos jerosolimitanos fueron confiscados desde setiembre de 1993 hasta mayo de 1997.. 35Solamente en dos días, el 31 de mayo y 1 de junio de 1997, fueron confiscados 45 documentos de identidad.. 36
La revocación de los documentos de identidad no solo afecta a los ciudadanos comunes sino que pueden afectar hasta miembros del Consejo Legislativo Palestino. Este es el caso del miembro Hatem Abdel Qader, representante del partido Fatah, cuando en un viaje a Bagdad expresó su solidaridad al pueblo iraquí. A su regreso, el Ministerio del Interior israelí le comunicó que su derecho de residencia había sido revocado por haber expresado sus “simpatías hacia Irak”.. 37 Este episodio demuestra la flexibilidad de las leyes israelíes. Los derechos de residencia no solo están sujetos a la Ley de Entrada a Israel. Éstos pueden verse anulados sí el Estado de Israel considera al habitante palestino como persona no grata o simplemente aduciendo que pone en peligro la seguridad o la existencia de Israel.
Existen otras prácticas que se han intensificado como han sido las restricciones a las libertades civiles o como la censura de publicaciones en árabe, clausura de periódicos y centros educacionales radicados en Jerusalén Oriental y la detención de sus representantes.. 38 Desde la firma del Acuerdo de Oslo, las autoridades israelíes han procurado limitar toda actividad de la Autoridad Palestina en la ciudad, alegando que pretendían “socavar la soberanía de Israel y del Municipio de Jerusalén sobre la ciudad”. Por tal motivo, cerraron varias oficinas de la Autoridad Palestina e iniciaron el Cierre de la Orient House, el centro palestino que alberga a distintas organizaciones inclusive la delegación que lleva adelante el proceso de paz.. 39 Al igual que en los períodos anteriores en los que se practicó el cierre de Jerusalén Oriental, los palestinos que deseaban entrar en la ciudad debían solicitar un permiso especial expedido por la Administración Civil, bajo pena de multa de 160 dólares o detención.. 40 Los permisos pueden ser válidos por pocas horas o hasta tres meses y pueden denegarse por varias razones, incluidas razones de seguridad o por falta de pagos en los impuestos. El cierre de la ciudad, que no estuvo ausente en el gobierno de Netanyahu, empeoró las condiciones económicas del pueblo palestino e interrumpió las prácticas religiosas como también el acceso a la atención sanitaria. Otras decisiones israelíes afectaron directamente a la educación. Por ejemplo, el gobierno nacional impuso la planificación educativa israelí a todos los palestinos de Jerusalén Oriental. Esto obliga a no impartir enseñanza religiosa basada en el Corán. Algunos colonos pertenecientes a organizaciones religiosas, durante 1997, arrojaron por las calles de Jerusalén copias del Corán con escrituras a mano insultantes e imágenes de la Virgen María con la cabeza de una vaca.. 41
A pesar de que la mayoría del mundo, incluido los Estados Unidos, rechazan la anexión de Jerusalén Oriental y a pesar de que la Cuarta Convención de Ginebra prohibe explícitamente la transferencia masiva o individual de los residentes de los territorios ocupados, Israel continua afectando los derechos de los palestinos.
El artículo 49 de la Cuarta Convención de Ginebra estipula explícitamente que: “El Poder Ocupante no podrá deportar o transferir partes de su propia población civil al territorio ocupado”.
Según el comentario del Comité Internacional de la Cruz Roja, el artículo está entendido para prevenir una práctica común adoptada durante la Segunda Guerra Mundial por algunas potencias, las cuales transfirieron partes de su población nativa al territorio ocupado por razones políticas, raciales o simplemente para colonizar esos territorios.. 42
De acuerdo con el profesor Yoram Dinstein, de la Universidad de Tel-Aviv, el artículo 49 de la Convención sería interpretado incorrectamente. La intención del artículo es “prevenir cambios demográficos básicos en la estructura de la población local”. Las transferencias de ciudadanos del país ocupante y la residencia temporaria de los mismos está permitida sólo para asistir a la administración militar en el territorio ocupado. Sostiene que «cuando la ocupación se extiende por un período prolongado es aceptable llevar civiles profesionales quienes operarán dentro de las actividades de la administración militar, y asistirán en distintos temas».. 43 Los colonos judíos en los territorios ocupados, inclusive Jerusalén Oriental, no participan en esta categoría de personas.
Además, explica que el asentamiento «no es necesariamente malo» si existe «asentamiento voluntario, poco a poco, de civiles del país ocupante en el territorio ocupado ... si esto no es obra del gobierno ocupante o si no es por vía oficial».. 44 Según el autor, el asentamiento voluntario -en oposición al asentamiento dirigido por el poder ocupante- causa menos daño a la población del territorio ocupado y justifica la transferencia de nuevos civiles para su protección.
La interpretación de Dinstein no expresa el espíritu de la Convención. El principio rector del artículo 49 es proteger a los residentes nativos de aquellos civiles pertenecientes al país ocupante. Asimismo, cuando la Convención se refiere a la “protección de civiles” o “personas protegidas” es indudable su alusión a los residentes nativos del territorio ocupado. Éstos deben ser protegidos de los civiles del Poder Ocupante que colonizan sus tierras.
Por otro lado, la interpretación de Dinstein es inconsistente con el lenguaje del artículo 49. Al comienzo del artículo se establece la prohibición de la “transferencia forzada individual o en masa, como también, la deportación de personas protegidas». Al final del artículo se especifica que el poder ocupante «no deportará o transferirá» sus civiles al territorio ocupado. Por tanto, la prohibición de transferir parte de la población civil es amplia, y también incluye a las transferencias no forzadas.
Aún si la interpretación de Dinstein es aceptada, las condiciones transigentes como las presenta no se encuentran en el caso de los asentamientos israelíes en los territorios ocupados. Los propósitos declarados de los colonos, de la misma manera que los objetivos del gobierno israelí, siguen siendo expandir y construir nuevos asentamientos para crear los «cambios demográficos en la estructura poblacional», que influirán llegado el momento de las conversaciones finales.
Además, el gobierno nacional israelí erigió la mayoría de los asentamientos judíos en tierras de propiedad privada palestinas. Distintas autoridades, nacionales y municipales, favorecieron la expropiación de la tierra, la planificación, la implementación y la financiación de los asentamientos. El gobierno de Benjamin Netanyahu, a pesar de un proceso de paz, protegió, animó e incentivó la transferencia de civiles judíos israelíes a los territorios ocupados. Aún cuando los colonos crearon voluntariamente barrios judios o expandieron las fronteras de algún asentamiento, como son los casos de Ma’ale Adunim, Ofra, Kedumim y Gilo, el gobierno actuó retroactivamente para convertirlos en asentamientos permanentes. Igualmente, el gobierno nacional asistió con la planificación y ofreció la infraestructura necesaria, tales como edificios públicos e instituciones. Cuando organizaciones religiosas, como Ateret Cohanim, comenzaron a comprar propiedades en el barrio musulmán de la Ciudad Vieja, el gobierno israelí apoyó la compra y otorgó subsidios para la construcción. 45. En otros casos, permitió la expropiación de tierras destinadas a construir nuevos asentamientos privados como fue el caso de Har Homa (Jabel Abu Ghneim) o colaboraron para expandir los asentamientos existentes como fue el caso de Ma’ale Adunim.
En casi todos los casos, los asentamientos israelíes fundados, aunque no fuera por decisión del gobierno, se vieron asistidos por las autoridades. En consecuencia, no pueden ser considerados como «asentamientos voluntarios» de personas privadas. Por consiguiente, los asentamientos israelíes en territorios palestinos violan el artículo 49 de la Cuarta Convención de Ginebra aunque se exprese en forma imprecisa.
Un principio fundamental del Derecho Internacional Humanitario relativo al territorio sujeto a ocupación beligerante es que «la ocupación del territorio en tiempo de guerra es una situación temporaria y de facto». 46. La ocupación temporaria tiene limitaciones impuestas al poder ocupante en lo relativo a la creación de cambios permanentes en los territorios ocupados.
En las Regulaciones de La Haya, el artículo 46 prohibe la confiscación de la propiedad privada. El artículo 52 permite al país ocupante tomar tierras en compensación, pero no para satisfacer solamente sus necesidades militares. La requisición de la tierra, contraria a la confiscación, es temporaria por definición y el poder ocupante no puede obtener título de propiedad.
Con respecto a la propiedad estatal, el artículo 55 de las Regulaciones de La Haya estipula:
“El Estado Ocupante será considerado solamente como administrador y usufructuario de los edificios públicos, bosques, campos pertenecientes al Estado hostil, y situados en el país ocupado. Debe salvaguardar el capital de esas propiedades, y administrarlos de acuerdo con las reglas del usufructo”.. 47
Estas reglas se aplican para todos los recursos naturales de los territorios ocupados. Pero de ninguna manera, el país ocupante puede cometer un acto que constituya una anexión unilateral en el territorio ocupado. El poder ocupante puede administrar los edificios públicos, trabajar las tierras o rentarlas a propietarios particulares pero siempre dentro de los límites que le confiere el periodo de ocupación.
La Suprema Corte de Justicia Israelí reconoció la naturaleza temporaria de la ocupación, cuando sostuvo que “los poderes militares son temporarios, de la misma manera que la ocupación beligerante es temporaria por naturaleza”. 48. Asimismo, el poder militar sobre un territorio no incluye la soberanía. Sólo puede tomar decisiones con respecto a dos consideraciones: asegurar el bienestar de la población local y lograr la satisfacción de las necesidades básicas de la misma.
En este sentido, el poder ocupante puede instituir cambios permanentes en los territorios ocupados en beneficio de la población local. En varias oportunidades, la Suprema Corte de Justicia Israelí utilizó este procedimiento para la construcción de carreteras, asentamientos y zonas industriales con el pretexto de que beneficiaban a ambas comunidades. Por ejemplo, cuando el gobierno israelí decidió expropiar las tierras a los residentes palestinos de Jabel Abu Ghneim alegó que el nuevo asentamiento incluiría viviendas para los palestinos. Hasta el momento, las construcciones para la población palestina no se han comenzado. Además, según los programas de planificación, las viviendas para palestinos estarían ubicadas en la zona más baja del monte, próximas a una prisión y basurero israelí. Por otra parte, la mayoría de las confiscaciones de hogares palestinos se ejecutan bajo el amparo de “propósitos públicos” que, como se señaló en el capítulo anterior, no significa en beneficio de la comunidad nativa. Cuando el gobierno de Netanyahu decidió crear una zona industrial entre Jerusalén y el asentamiento de Ma’ale Adunim se recalcó que éste sería una fuente de trabajo para muchos palestinos desocupados. La realidad mostró que, una vez emplazado el nuevo complejo industrial, el número de trabajadores palestinos contratados fue mínimo. Estos pocos trabajadores son los que realizan el “trabajo sucio”, es decir, que ocupan aquellos puestos que ningún israelí quiere tomar. 49. A su vez, la construcción de varios parques industriales alienta la expansión y construcción de asentamientos para alojar a futura mano de obra.
Otro motivo para la aceptación de cambios permanentes, es la salvaguarda de los intereses de seguridad nacional del poder ocupante. Los asentamientos israelíes en los territorios ocupados no fueron construidos en beneficio de la población palestina, pero su establecimiento se justificó en los intereses de seguridad del Estado de Israel. La Suprema Corte de Justicia sostuvo que los asentamientos erigidos en propiedad privada palestina son temporarios y militarmente necesarios; en consecuencia las confiscaciones de tierras privadas fueron aprobadas.. 50 En diciembre de 1997, los Ministros Ariel Sharon e Yitzhak Mordechai acordaron apoyar la continuación de la carretera 80 que une las localidades de Bet Shean y Arad. A la altura del asentamiento de Ma’ale Adunim se necesitó la confiscación de tierras palestinas. La confiscación se llevó a cabo bajo la explicación que el Estado de Israel consideraba a la carretera como la franja de seguridad occidental.. 51 Además, se observó que la carretera permitiría el acceso a los palestinos de Jerusalén hacia los suburbios del norte y Ramallah. En todo caso, el Estado de Israel debía ofrecer nuevas viviendas a los propietarios. Al finalizar la gestión de Benjamin Netanyahu esto no había ocurrido. En otros casos, no solo son las confiscaciones las que se realizan en nombre de la seguridad nacional, sino que también se usa para justificar las demoliciones de hogares palestinos. Así ocurrió en setiembre de 1998, cuando Netanyahu dio órdenes de demoler 700 casas palestinas por no tener permisos de construcción y por estar construidas sobre un área que constituye una zona de seguridad israelí.. 52 En la mayoría de los casos de confiscaciones de tierras palestinas o de demoliciones de hogares no se proporcionan los motivos por los cuales se realizan, por el contrario, los propietarios se enteran de la noticia en momentos antes de la ejecución.
Según la Convención para la protección de los bienes culturales en casos de conflicto armado,. 53 las partes se comprometen a respetar los bienes culturales, situados en su propio territorio o en otro “absteniéndose de utilizar esos bienes … y sus proximidades inmediatas para fines que pudieran exponer dichos bienes a destrucción o deterioro en caso de conflicto, y absteniéndose de todo acto de hostilidad respecto de tales bienes”; y se comprometen a “prohibir, a impedir y hacer cesar, en caso necesario, cualquier acto de robo, de pillaje, de ocultación o apropiación de bienes culturales... así como todos los actos de vandalismo respecto de dichos bienes”.. 54 Además, la Potencia Ocupante debe “en la medida de lo posible, prestar su apoyo a las autoridades nacionales competentes del territorio ocupado a fin de asegurar la salvaguardia y la conservación de los bienes culturales de ésta” o de adoptar las medidas apropiadas en caso de que las autoridades nacionales competentes no pudieran ocuparse de ello.. 55 Se consideran bienes culturales “los bienes, muebles e inmuebles, que tengan una gran importancia para el patrimonio cultural de los pueblos”, ya sean seculares o religiosos, incluso edificios, monumentos, sitios arqueológicos, obras de artes, libros y otros objetos.. 56
Cuando se planificó el asentamiento de Har Homa no se consideraron los sitios arqueológicos y religiosos de la zona. La investigación histórica y la actividad arqueológica se frenó cuando el gobierno nacional inició el proceso de expropiación de las tierras. Más aún, con el comienzo de la construcción del nuevo asentamiento, los monasterios bizantinos dejaron de recibir la visita de turistas que constituían una fuente de ingresos. Otra actitud discriminatoria impuesta a la población palestina fue la obligación de la planificación educativa judea - israelí que priva indirectamente la enseñanza religiosa islámica. Tal conducta no puede ser justificada bajo ningún pretexto.
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