La incertidumbre de lo que está aconteciendo en Ecuador bien se podría resumir en la entrevista que realizó el presidente Lenin Moreno el 9 de octubre de 2019 en la cadena multinacional CNN. Las preguntas formuladas por el entrevistador no generaban una respuesta clara del mandatario, él afirmaba que se estaban realizando conversaciones con la dirigencia indígena -a pesar que la CONAIE negaba tal hecho-, que las marchas eran pacíficas y que el vandalismo causado era ocasionado por bandas criminales que respondían al ex presidente, Rafael Correa.
La parsimonia de Moreno en todas sus intervenciones no refleja lo que acontece en el país. El cambio de sede administrativa de Quito a Guayaquil no es poca cosa, que el centro de Quito es un campo de batalla tampoco. De hecho, si utilizamos el concepto de estado fallido, Ecuador en estos momentos es un estado fallido o por lo menos frágil. ¿Por qué? Por las siguientes características:
El gobierno no controla todo el territorio, provincias enteras con mayoría poblacional indígena están siendo ocupadas, tal es el caso de la provincia de Chimborazo.
La ciudad de Ambato, un centro industrial del país, está declarado en emergencia por falta de agua y otros insumos básicos producto de las protestas. El estado es incapaz de suministrar insumos básicos a todo el territorio.
Producto del caos, se presentan altos índices de criminalidad, reflejado en los grandes saqueos que se han realizado en las ciudades del país.
El gobierno popularmente es débil y su autoridad la ejerce por la fuerza. De hecho, si el monopolio de la fuerza no se mantuviera en manos del gobierno nacional, estaríamos comparando la situación ecuatoriana con otros países menos afortunados como Libia o Siria. Las fuerzas armadas y la policía en estos momentos son la garantía que legitima al gobierno, al igual que los grupos empresariales que están a favor de las medidas económicas, no en vano el cambio de sede de Quito a Guayaquil, ciudad que se caracteriza por ser el centro financiero y donde se localizan los principales grupos económicos del Ecuador. Desde luego, hay que destacar la participación y el apoyo al régimen de ciertos sectores de la sociedad que se han definido como “clase media”, una clase que no quiere a Moreno pero que lo defiende por la “democracia” y porque cree que el correísmo está organizando todo el caos.
Después de presentar estos argumentos formularia la siguiente pregunta: ¿Por qué está sucediendo esto? La respuesta es muy larga, pero se tratará de resumir de la mejor manera posible.
La posesión de Moreno tras ganar las elecciones no fue normal, los sectores de la sociedad que se han definido como “clase media”, que ahora abogan por “la democracia”, realizaron marchas por un presunto fraude, pero la tensión fue aminorando con el pasar de los días.
A pesar del apoyo inicial del antiguo régimen, meses después el gobierno rompió lazos con el correísmo, más aún cuando el ex vicepresidente Jorge Glas fue encarcelado por delitos de corrupción.
Sin una base política, Moreno buscó nuevos aliados, el gabinete que conformó estaba compuesto por los miembros del partido político Alianza País -quienes decidieron permanecer junto al régimen, los demás formarían el movimiento Revolución Ciudadana de tendencia correista-. Otros personajes de la política también integraron el régimen, algunos relacionados con un partido político que es fuerte en la región Costa.
A favor de Moreno se podría mencionar que encontró un Estado sobre endeudado, con déficit financiero y con pocas líneas de crédito por el alto riesgo país. La “mesa servida” que proclamó Correa en su último discurso como presidente, haciendo referencia a la economía del país, no se compaginaba con los datos de la hacienda pública. El gobierno actual emprendió reformas económicas, como despidos masivos (10.000 trabajadores públicos perdieron sus puestos de trabajo), reducción del gasto público con la intención de mantener un superávit primario, entre otras cosas. Las reformas no bastaron para equilibrar el déficit y la cuenta corriente, por tal motivo el gobierno decidió acudir al FMI.
Las peticiones que realiza el FMI al país endeudado son poco claras frente a la opinión pública. No se puede determinar si este organismo exigió la eliminación de los subsidios de los combustibles en Ecuador, que representa aproximadamente 1.400 millones de dólares anuales. Pero el gobierno ecuatoriano llegó a un acuerdo con el FMI para obtener créditos por más de 4.200 millones de dólares, a cambio de reducir el déficit fiscal. Por tal motivo en una cadena nacional el gobierno oficializó las siguientes reformas: un aporte especial de las empresas con ingresos de más de 10 millones de dólares al año; un ajuste en el sector público con una baja salarial de hasta un 20% en contratos temporales; una reducción de vacaciones a la mitad, además, de un aporte con un día de salario al mes para los trabajadores públicos; y finalmente el fin de los subsidios a los combustibles, un subsidio que se había mantenido por cuatro décadas. El galón de gasolina extra, utilizado por automóviles y otros vehículos medianos, pasó de 1.85 dólares a 2.30 dólares; y el galón de diésel, utilizado por maquinaria y transporte pesado, paso de 1.08 dólares a 2.27 dólares, una subida de más del 120% en las estaciones de servicio.
La reacción popular fue más enérgica de lo previsto. En un inicio los transportistas, algunos dirigentes vinculados con el correísmo, abanderaron la protesta social pero después de un ataque informativo, donde se señalaba la presunta corrupción de algunos sindicalistas, acabaron por mermar este movimiento. Entonces el sector indígena, el que tanto había atacado al antiguo gobierno de Rafael Correa, lideró las protestas. Un sector aparentemente “dormido” a causa del correísmo renació de una manera poco esperada. Desde las regiones más olvidadas del país, miles de indígenas cerraron las principales vías de conexión del país, además otros miles viajaron a la ciudad de Quito. Con apoyo de otros movimientos sociales ligados a la izquierda revolucionaria y el anarquismo rodearon la ciudad capital, obligando al gobierno a trasladar la sede administrativa a Guayaquil. Las grandes manifestaciones no solo llegaron a Quito, otras manifestaciones también se instalaron en otras ciudades, incluso se tomaron gobernaciones.
Fruto del caos, se produjeron saqueos y destrucción de infraestructura pública y privada. El gobierno acusó a los dirigentes correistas de propiciar estos hechos vandálicos. Es un discurso que fue acogido por algunos sectores de la sociedad e incluso se instaló en el exterior la consigna de que las personas que apoyan a Rafael Correa están desestabilizando la democracia. Por tal motivo, más allá de las fronteras se puede creer que el antiguo régimen tiene un poder omnipresente, este “enemigo” ha sido sobredimensionado por el gobierno, e incluso ha sido aprovechado por el acusado, es decir, por Rafael Correa, que en medios internacionales ha culpado al gobierno de acabar con la democracia, enalteciéndose como figura política. La participación del correísmo en las manifestaciones es una realidad, pero es mínima, incluso si en las protestas indígenas y de los otros movimientos sociales un representante del correísmo es descubierto, como ya ha ocurrido, es golpeado y retirado a palos.
La solución no radica en enfrentar al antiguo régimen, sino en un futuro diálogo con los grandes actores de las manifestaciones. Un diálogo verídico y no originado por una mera declaración. Los efectos de la crisis son desastrosos para la economía nacional y principalmente para los seres humanos que participan en las manifestaciones. La violencia, originada por el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y los militares, ya ha generado decenas de fallecidos.
Tras siete días de las manifestaciones toda la población se adapta a la crisis, por ejemplo, en la ciudad de Quito hay zonas donde existe una libre circulación, hay transporte, hay locales funcionando y las personas están realizando sus labores de acuerdo a sus posibilidades. En pocas palabras, podes tomar un café a unas diez cuadras de las manifestaciones, podes ver el humo de las llantas y los disparos de gases lacrimógenos, como ver en primera fila una revolución. Pero a pesar de ello la incertidumbre persiste, no se sabe si la normalidad vendrá mañana o durará unas semanas más.
Para concluir, una solidaridad con el pueblo indígena. Un pueblo que ha sufrido de maltratos, de explotación, de marginalidad y de racismo desde la era colonial. Un pueblo que a pesar de sus adversidades actúa y lucha contra medidas antipopulares que también afectan al ciudadano común, al ciudadano que por lo general vive con un salario precario y que siente a diario la crisis económica.
Galo Gonzalez Orna [1]
Miembro
Departamento de América Latina y el Caribe
IRI – UNLP
[1] Magíster en Relaciones Internacionales de la UNLP.
