Desde 1982, cada 24 de mayo se celebra el Día Internacional de la Mujer por la Paz y el Desarme. El origen de la fecha, lejos de rememorar eventos trágicos, está basado en el activismo de las mujeres pacifistas a escala global y destaca su capacidad de iniciativa y participación en las discusiones referidas a los procesos de paz y desarme.

De hecho, la década del ochenta se caracterizó por el auge de los movimientos pacifistas a nivel mundial, entre los que se destacaron, sin lugar a dudas, aquellos liderados por mujeres. Sin circunscribirse a los países del Norte, la conciencia antimilitarista y pacifista recorrió diversas latitudes y motivó a las mujeres latinoamericanas, por ejemplo, a reclamar por los delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de las dictaduras militares y a motorizar los procesos de memoria, verdad y justicia.

De esta forma, las demandas de distintos movimientos de mujeres, instituciones y gobiernos alrededor del mundo fueron instalando en el seno de Naciones Unidas, la imperiosa necesidad de contar con una agenda sobre “Mujer, Paz y Seguridad” (MPS), buscando alterar el dominio masculino cuasi exclusivo en éstas áreas y las relaciones desiguales de poder.

Luego de varios años de debate, finalmente el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas inauguró el siglo XXI con la adopción de la Resolución 1325 (2000), la cual reconoció formalmente que los conflictos armados tienen impactos de género específicos que fueron invisibilizados e ignorados a lo largo de la historia y que las mujeres hicieron importantes contribuciones a la construcción de la paz y que son actores imprescindibles para la paz duradera (Villellas Ariño, 2016). Dicha resolución exhortó al Secretario General y a los Estados miembros a actuar concretamente para lograr una mayor inclusión de las mujeres en los procesos de construcción de la paz y de reconstrucción posconflicto.

Si bien la agenda MPS se fue ampliando y operacionalizando con el correr de los años[1], todavía las medidas siguen siendo insuficientes. Los Estados no deberían conformarse con la mera inclusión y participación de más mujeres en las estructuras de seguridad existentes (ya sean los procesos de negociación o en la operaciones de mantenimiento de paz) de forma acrítica.

Tal como advierte Requena Casanova (2017:71), “cada proceso de paz presenta características particulares, y las oportunidades y modalidades de participación de las mujeres están condicionados por aspectos tales como la cultura política, la fortaleza y coherencia del movimiento de paz impulsado por las mujeres, la duración del conflicto, el tipo de ayuda internacional o el contexto cultural o religioso, entre otros factores”. Estas consideraciones resultan claves para poder comprender las implicancias de las problemáticas asociadas a la agenda de las mujeres, la paz y la seguridad en cada región.

Pensando en América Latina, donde la mayoría de los países no atraviesan conflictos armados desde hace varios años, resulta problemático escindir, por un lado, las violencias y discriminaciones de géneros sufridas en tiempos de guerra y de paz, y por otro lado, las que suceden adentro y afuera de las fronteras nacionales.

Por lo tanto, si la agenda se vuelca únicamente para el afuera a través de la política exterior o de defensa, enviando más mujeres a las operaciones de mantenimiento de paz, por ejemplo, se continúan perpetuando los niveles de violencia internacional, y además, no se pueden atender las situaciones de violencia del ámbito doméstico.

La connotación de lo que supone la vinculación entre las mujeres y la paz nos invita a repensar las experiencias de represión acontecidas en los últimos meses en plena convulsión latinoamericana, en las que quedaron en evidencia, en el marco de conflictos internos, severas violaciones a los derechos de las mujeres y disidencias. Además, la paz y la seguridad en América Latina no pueden consolidarse en tanto no se efectúen medidas apropiadas y urgentes para el tratamiento de los femicidios y la trata de personas, en una región profundamente atravesada por estas problemáticas.

Desde el CEGR bregamos por la formulación e implementación de una agenda MPS que tome en consideración las particularidades de los contextos locales y regionales mediante la adopción de una visión multidimensional e interseccional de la seguridad, que permita superar el esencialismo de género, desafiando en términos reales los discursos masculinizados que existen dentro de estos sistemas.