El dato más relevante que emerge de los resultados de las elecciones en Bolivia del pasado 18 de octubre, es que finalmente el país tendrá un gobierno que cuente con una fuerte legitimación dada por el voto popular para establecer el rumbo que va a seguir el país. Luis Arce logró más del 50% de los votos, y su Movimiento Al Socialismo (MAS) accedió a la mayoría en ambas cámaras de la Asamblea Legislativa. Una solidez indiscutible, y particularmente necesaria para encarar el difícil periodo que se abre para Bolivia -y para todo el continente- en la tan deseada post-pandemia.
El problema de la legitimación democrática no es menor. En los últimos 11 meses Bolivia fue gobernada por una coalición surgida del acercamiento de sectores muy heterogéneos, encabezados por la presidente Jeanine Añez, que se hicieron del control del Estado tras el golpe contra el ex presidente Evo Morales en noviembre de 2019. Lo que debía ser un ejecutivo interino, dedicado exclusivamente al nombramiento de un nuevo Tribunal Supremo Electoral y la convocatoria a nuevos comicios, intervino con fuerza en todos los ámbitos de acción estatal sin contar con la legitimidad que ello requiere. La orientación internacional fue quizás la que más distorsiones sufrió con respecto a la que había configurado el gobierno democráticamente electo durante los 14 años anteriores. A tan solo 24 horas de haber asumido la presidencia -sin el aval de la mayoría legislativa prevista por la constitución-, Añez cortó las relaciones diplomáticas de su país con la República Bolivariana de Venezuela, reconoció a Juan Guaidó como presidente encargado de la misma y ordenó la salida de los representantes diplomáticos nombrados por el gobierno de Nicolás Maduro. Añez decidió incluso recibir y aceptar las cartas credenciales de los representantes de Guaidó en Bolivia pocas horas después de las elecciones del domingo pasado. En octubre de 2019 el gobierno interino nombró un nuevo embajador en Washington, y permitió la actividad de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional en territorio boliviano, expulsada en 2013 junto con la DEA. A su vez, hace ocos meses firmóel memorándum de entendimiento que sella la adhesión de Bolivia a la iniciativa America Grows, de financiamiento de infraestructura por parte de la U.S. International Development Finance Corporation. Un giro de 180 grados ante la política hasta allí sostenida en el marco de la relación con EEUU. Ambas naciones habían retirado sus embajadores tras la crisis diplomática de 2008, y las representaciones oficiales se limitaban a la presencia de encargados de negocios.
El ejecutivo de Añez interrumpió también relaciones con México, en cuya embajada encontraron asilo una decena de ex funcionarios del gobierno de Morales, y en enero de este año con Cuba. Bolivia abandonó por decisión del gobierno interino la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos, de la cual era miembro desde 2006, y adhirió al Grupo de Lima. En el plano económico, La Paz solicitó y obtuvo un crédito de 330 millones de dólares por parte del Fondo Monetario Internacional, a pesar de haber sido rechazado por el poder legislativo, y entabló reuniones con la Dirección de Comercio de la Unión Europea a fin de evaluar el posible inicio de negociaciones para la Adhesión al Acuerdo Multipartes CAN-UE, fuertemente resistido por el gobierno del MAS.
Sin contar con la legitimación democrática necesaria, el gobierno comandado por Añez torció la orientación del país hacia las antípodas de lo que había hecho el gobierno constitucional que lo precedió. Por tanto, no es de extrañarque la vuelta al poder del MAS implique una reorientación de los esfuerzos diplomáticos del país. Luis Arce declaró recientemente ante la prensa su intención de restablecer los lazos diplomáticos con Venezuela, Cuba y México, mientras aún se desconocen los detalles de sus planes acerca de la relación con los Estados Unidos.
Del mismo modo, se espera un cambio en el ámbito de los organismos internacionales, como la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo secretario general, Luis Almagro, fue duramente cuestionado por la cambiante posición mostrada en ocasión del golpe de 2019: primeramente avaló la polémica candidatura de Evo Morales, quién había logrado un fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional que le permitía violar el límite constitucional de dos mandatos en una -cuanto menos fantasiosa- interpretación de la Convención Americana de los Derechos Humanos; en segundo lugar denunció posibles fraudes en la elección del 20 de octubre por parte del MAS, para legitimar posteriormente de hecho la llegada de Añez al “Palacio Quemado”. En marzo pasado, Almagro contó también con el voto favorable del representante del Estado Plurinacional de Bolivia designado por el gobierno interino en su reelección al frente de la OEA.
En el plano doméstico Arce deberá enfrentar una crisis social y económica de magnitud. El FMI prevé una caída del 7,9% del PBI en 2020 y un rebote del 5,6% en 2021. La deuda externa boliviana creció hasta el 27% del PBI, un nivel que no resultaría demasiado preocupante si no fuera por la cercanía de los vencimientos que obligan a reducir el gasto público. En medio de la pandemia y la crisis económica, el 36% de la población boliviana vive por debajo de la línea de la pobreza, y el 12% es indigente. Arce, quien fue el principal artífice del programa económico del gobierno de Evo Morales como su ministro de economía entre 2006 y 2019, presentó un plan de acción inmediata que prevé la suspensión del pago de los intereses de la deuda durante dos años, lo que ahorraría unos 1.600 millones de dólares anuales, y una batería de medidas de intervención estatal para impulsar el crecimiento del sector agrícola, y sostener directamente los sectores sociales más golpeados por la situación actual.
Asimismo, fuerte impulso tendrá la industria del litio, mineral indispensable para la fabricación de baterías eléctricas y del cual Bolivia posee las mayores reservas del mundo. Ya bajo el gobierno de Morales se había formado Yacimientos de Litio Bolivianos, empresa estatal que controla el 51% de todos los procesos de extracción y manipulación del litio del salar de Uyuni. En asociación con empresas químicas alemanas y autopartistas internacionales, en noviembre de 2019, Bolivia llegó a presentar el primer auto eléctrico fabricado en el país. En el plan económico de Arce se prevé la industrialización del litio y la creación de 41 nuevas empresas conexas, un proyecto que mueve el interés de diversos actores internacionales, especialmente ligados a EEUU y China.
Por último, cabe destacar la grave situación con respecto a la defensa de los derechos humanos en el país. En agosto pasado, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dio a conocer un informe confeccionado por la misión de la ONU enviada a Bolivia tras el golpe de estado contra Evo Morales. En éste se denuncian asesinatos cometidos por la policía y las Fuerzas Armadas, el 15 y el 19 de noviembre en Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto), con el saldo de 19 muertos; “un patrón de persecución judicial contra autoridades o personas asociadas con el MAS”, con más de 150 ex funcionarios judicializados “en violación a las garantías del debido proceso”; y “diversas violaciones de derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida y seguridad, a la libertad, a la prohibición de la tortura y otras formas de maltrato, y al derecho a la libertad de expresión”. Si bien Arce descartó la posibilidad de actuar judicialmente contra uniformados involucrados en el golpe, priorizando el llamado a la unidad nacional, la justa y necesaria persecución de los responsables de los crímenes denunciados por la ONU, no podrá evitar que se agudicen tensiones políticas, en cuyo manejo también se medirá el pulso del nuevo gobierno.
Sea cual fuere el rumbo que decida imprimir al país el gobierno electo, contará con el imprescindible aval democrático de las urnas. Una noticia que debería alegrar a todo el continente, prescindiendo de la valoración política del MAS y el presidente electo. La transición prevista para las próximas semanas debe servir no sólo de reparación al daño causado a la democracia boliviana hace un año, sino también de ejemplo para la región en cuanto proceso necesario de recuperación de legitimidad democrática.
Federico Larsen
Miembro
Departamento de América Latina y el Caribe
IRI – UNLP
