Desde los 80’s, nombrar las opresiones como violencias se convirtió en una estrategia de politización y visibilización de la problemática que históricamente atravesó las trayectorias vitales de cuerpos feminizados y diversodisidentes. Fue en 1981, en el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe celebrado en Bogotá, que se eligió este día para conmemorar las vidas y reivindicar la lucha de las hermanas Mirabal, visibilizando ante los ojos de toda la comunidad internacional la urgencia de tomar acción contra las violencias machistas. Desde ese día, cada 25 de noviembre nos unimos en un grito global contra la impunidad patriarcal y las injusticias machistas.
Respecto a la responsabilidad estatal frente a las violencias por razones de género, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desarrolló el concepto de debida diligencia reforzada para definir el alcance de los deberes estatales en esta temática, instituyendo a los Estados como promotores del proceso de reparación histórica con las feminidades y disidencias. Asimismo, sobre la protección de la comunidad LGBTT+, en el año 2015, esa Corte definió la incorporación del enfoque de diversidad a los estándares de protección en la materia, aunque originariamente la orientación sexual y la identidad de género no hayan estado expresamente incluidas en la Convención de Belém Do Pará (1994).
A pesar de los compromisos estatales asumidos con la agenda de género, la emergencia actual demuestra el escaso cumplimiento de las obligaciones de los Estados-parte respecto al objetivo de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos, así como también, la falta de políticas específicas que perpetúa las brechas, agudizando la vulnerabilización del colectivo de mujeres y la comunidad LGBTT+.
Durante este año, la pandemia ha agudizado el estado generalizado de emergencia preexistente: los informes técnicos de múltiples organismos internacionales (ONU, ONU Mujeres, OEA, CIDH) y de instrumentos regionales, como el Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belem Do Pará (MESECVI), han alertado a los Estados sobre los impactos diferenciados de la emergencia sanitaria sobre el recrudecimiento de las violencias por razones de género. En especial, enfatizaron sobre la modalidad doméstica, destacando que el escenario de cuarentena regional y aislamiento dispuesto, ha convertido al hogar en un escenario de alto riesgo para quienes sufren la agudización de desigualdades y se ven expuestas a la amenaza del confinamiento violento. Mayoritariamente, se ha observado que quienes atraviesan una situación violenta, se encuentran con múltiples obstáculos de acceso a la Justicia como consecuencia de la reducción de servicios estatales que se traduce en la disminución de dispositivos para la atención y acompañamiento; a su vez, encuentran restricciones de tránsito y movilidad que han significado dificultades para la radicación de denuncias y por tanto el letargo de los procesos judiciales.
Para la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCRH, 2020), el impacto del COVID-19 sobre los derechos de personas LGBTT+ ha profundizado las brechas incrementando el riesgo al contagio: entre ellas, hizo mención a las dificultades de acceso a la salud, el incremento de la estigmatización, discriminación y ataques de odio, el aumento en los casos de violencia y abuso y a las dificultades de acceso a un empleo digno y vivienda segura. Asimismo, para el MESECVI[1], la comunidad LGBTT+ se encuentra marginalmente considerada en la política estatal durante la gestión de la pandemia; en consecuencia, la invisibilización de la interseccionalidad de discriminaciones han supuesto un escenario de múltiples derechos vulnerados tanto para las infancias y adolescencias, mujeres y personas transgénero y travestis. Por último, observó que dichas subjetividades deben ser consideradas dentro del grupo de alto riesgo y por tanto, las acciones vinculadas a la atención y protección resultan urgentes (CIM/OEA, 2020a).
Como mencionamos, la ceguera de género ha quedado evidenciada en la subrepresentación de la comunidad LGBTTQIA+ en los registros y estadísticas del relevo respecto a la problemática de las violencias por razones de género antes de la pandemia y durante la gestión de la misma. En consecuencia, la escasa información y la carente actualización de registros, que desagreguen los datos según identidad de género, orientación sexual, etnia, raza, situación socioeconómica, impactan muy negativamente en la producción, implementación y eficiencia de las políticas de diversidad contra las violencias.
En este contexto pandémico, el rol de los movimientos y las organizaciones populares ha concertado esfuerzos en la interpelación a los Estados sobre la urgencia de transversalizar la perspectiva feminista diversa en sus políticas de contención de la crisis sanitaria, habitacional, alimentaria, humanitaria en un contexto de violencias recrudecidas, exponiendo además, profundas críticas respecto a la escasa perspectiva interseccional en las decisiones públicas, reforzando la importancia de la misma como herramienta-praxis política y metodológica para fortalecer la comprensión de la complejidad de la problemática y brindar respuestas lo suficientemente integrales y asertivas sin arriesgar nuestras vidas.
Durante este año, los feminismos, transfeminismos y movimientos de mujeres de Nuestra América han exigido la erradicación de todas las opresiones estructurales que sufren mujeres, bisexuales, lesbianas, personas transgénero, travestis y no binaries de los pueblos del Sur Global y en todo el globo, reforzando la demanda hacia el Estado de romper con los binarismos esencialistas, de terminar con la criminalización, estigmatización y persecución de las identidades diversodisidentes y a su vez, visibilizar la situación y experiencias de las personas LGBTT+ en la emergencia, en tanto, su marginalización perpetúa la desprotección y profundiza las violencias sobre los cuerpos diverso-disidentes de la heteronorma que, por acción u omisión, mata a diario a miles de mujeres y personas trans-travestis en la región. Además, han expuesto la crueldad de este sistema patriarcal femi-homo-lesbo-trans-travesticida, gritando por el derecho a una vida libre de violencias por razones de género, libre de racismo, clasismo, xenofobia, sexismo; luchando por el derecho al acceso a la justicia, al empleo digno y la igualdad de oportunidades. En suma, han visibilizado como la vulneración de estos derechos son. sin duda, formas que adquiere la violencia machista en un contexto neoliberal, extractivista y neocolonial.
La coyuntura ha profundizado el escenario de emergencia múltiple debido a la intensificación de las pedagogías de la crueldad que este proyecto político del horror – el cisheteropatriarcado capitalista colonial – imprime sobre las subjetividades que existen y resisten, que luchan y se organizan. No obstante, las feministas del Abya Yala – y en cada rincón – han/hemos puesto el cuerpo en la lucha por el derecho al acceso a la tierra, al agua potable, a la vivienda segura y digna, a la seguridad alimentaria, a la salud integral, a la salud sexual y reproductiva – por el derecho a decidir y recuperar la autonomía sobre nuestros cuerpos-territorios porque NO SON TERRITORIOS DE CONQUISTA.
A 25 años de la Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer celebrada en Beijing, los organismos internacionales, los órganos regionales y mecanismos de seguimiento de implementación de los instrumentos regionales continúan resaltando la urgencia de transversalizar el enfoque de derecho, de género y diversidad – tanto en este contexto pandémico como en el proceso de próxima recuperación pospandémica. Asimismo, enfatizaron en la urgencia De que los Estados brinden respuestas integrales urgentes a las necesidades de los grupos más vulnerabilizados constituídos por las mujeres y personas LGBTTQIA+ afrodescendientes, racializadas, indígenas, refugiadas, migrantes, desplazadas, privadas de su libertad, de las barriadas populares, entre muchas otras que también se han visto intensivamente afectadas por la crisis actual. Como hemos observado, dicha ha tenido efectos críticos y diferenciados sobre las violencias estructurales que ya sufrían los cuerpos en Nuestramérica.
En este escenario, resulta crucial la incorporación de una mirada que contemple las interseccionalidades y fortalezca la participación de las organizaciones feministas diversas en los procesos de planificación e implementación de las políticas de género y diversidades, cuyas agencias son preferenciales para la (de)construcción de sentidos, el tejido de redes de autocuidado colectivas que brinden fluidez a los intercambios-vínculos entre el Estado, el territorio y las comunidades.
Por otra parte, queremos mencionar que el pasado 20 de noviembre, se conmemoró el Día Internacional de la Memoria Trans, recordando a la activista trans afroamericana Rita Hester, víctima de transodio hace 22 años. Dicha efeméride busca colectivizar la memoria histórica y recuperar el recuerdo de aquellas/es víctimas de los crímenes de transodio, por la verdad, la memoria y la justicia para romper el silencio y terminar, de una vez y para siempre, con la impunidad patriarcal. Desde este colectivo, exigimos el fin de los crímenes de odios, trans-travesticidios, la erradicación de la homo-lesbo-bi-trans-travestifobia y acompañamos la lucha de la comunidad por el derecho humano a bien-vivir libre de violencias y discriminaciones.
Por último, el aún deficiente cumplimiento de las obligaciones asumidas por los Estados, revela que la mera existencia de un macizo cuerpo jurídico específico no ha garantizado el fin de las violencias, reforzando el entendimiento de que el orden patriarcal no puede modificarse por golpe de tinta, por lo contrario, requiere de la profunda desnaturalización delas pedagogías de la crueldad y la transformación sustancial de la relaciones de género(s) en todo ámbito y dimensión de la vida cotidiana, que tenga por horizonte la construcción y el enrraizamiento de una ética feminista. Asimismo, se entiende crucial el fortalecimiento del tejido sociocomunitario en vistas de la construcción de redes de contención y cercanía para el abordaje de las violencias. Por ello, destacamos la importancia de las organizaciones territoriales y de los movimientos sociales como actores estratégicos para la cooperación comunitaria, en vistas de la despatriarcalización de nuestras comunidades.
Porque toda violencia es política: en memoria de Berta Cáceres, Diana Sacayán, Marielle Franco, Ramona Medina, Lohana Berkins y de cada una/e de las/es víctimas del patriarcado lesbo-femi-trans-travesticida y diversodiante, reafirmamos nuestro compromiso; por el deseo a vivir sin miedo, libres, juntxs y poderosxs. Por. la erradicación de las violencias contra las infancias, adolescencias, mujeres, lesbianas, bisexuales, trans, travestis, no binaries, en toda dimensión de la vida cotidiana, en cada ámbito – público-político, doméstico, privado – abrazamos la lucha por el buen vivir, por la justicia feminista y la resistencia comunitaria que nos acuerpa año a año, revitalizando la memoria ancestral que acompaña y potencia nuestra marea violeta.
Referencias
Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex para América Latina y el Caribe [ILGALAC] (2020) Coronapapers. Nuestra comunidad LGBTI en tiempos de pandemia. Recuperado el 19 de noviembre del 2020. Disponible en https://www.ilga-lac.org/coronapapers.pdf
CIM/OEA (2020a) COVID-19 en la vida de las mujeres. Razones para reconocer los impactos diferenciados. Comisión Interamericana de Mujeres. Recuperado el 19 de noviembre del 2020. Disponible en: http://www.oas.org/es/cim/docs/ArgumentarioCOVID19-ES.pdf
OEA (2014) Guía para la aplicación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém Do Pará). Mecanismo de Seguimiento (MESECVI). Recuperado el 19 de noviembre del 2020. Disponible en http://www.oas.org/es/mesecvi/docs/BdP-GuiaAplicacion-Web-ES.pdf
OHCHR. (2020). COVID-19 and they human rights of LGBTI people. Oficina del Alto Comisionado, ONU. Recuperado el 12 de julio. Disponible en https://www.ohchr.org/Documents/Issues/LGBT/LGBTIpeople.pdf
[1]El Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) es una metodología de evaluación multilateral sistemática y permanente, creada en el 2004 para la evaluación, apoyo y seguimiento de la implementación efectiva de la Convención Interamericana para Convención Belém do Pará (1994). Se encuentra fundamentado en un foro de intercambio y cooperación técnica entre los Estados Parte de la Convención y un Comité de Expertas/os que analiza los avances en la implementación de la Convención por sus Estados Parte, así como los desafíos persistentes en las respuestasestatales ante la violencia contra las mujeres.
Victoria Villordo
Integrante
Centro de Estudios en Género(s) y Relaciones Internacionales (CeGRI)
IRI – UNLP
