Horas antes del juramento de los miembros recientemente electos de la cámara de los representantes (Pyithu Hluttaw) del parlamento de Myanmar, surgidos de las últimas elecciones generales de noviembre de 2020, el 1 de febrero fuerzas del ejército (Tatmadaw) lideradas por el general Min Aung Hlaing derrocaron al gobierno, conducido hasta entonces por la premio nobel Aung San Suu Kyi, en lo que la prensa internacional y líderes mundiales han definido como un golpe de estado.
Con la nueva toma del poder por los militares se ha derrumbado la frágil fachada democrática que cubría la naturaleza de las relaciones cívico-militares en este país del Sudeste Asiático en los últimos años, mostrando su cruda realidad autoritaria. A diferencia de lo que se puede entender desde Occidente, el proceso de la transición democrática no fue impulsado principalmente por las fuerzas civiles, sino que fue encauzado fundamentalmente por las fuerzas militares, para lograr una democracia que lejos está de ser liberal, más bien descrita como una “floreciente democracia disciplinada” según la constitución de 2008. De ahí que el sistema político de Myanmar, más allá de las apariencias, no debe ser entendido como una democracia liberal al estilo occidental, sino más bien bajo los rasgos de un autoritarismo electoral o autoritarismo competitivo, por lo que la noción clásica de golpe de estado no logra cubrir las complejidades solapadas de las dinámicas políticas contemporáneas de Myanmar. Para no caer en una crónica simplista de los hechos, o la lectura fragmentada desde la visión occidental, es necesario adentrarse en la historia reciente de Myanmar para entender en profundidad las especificidades de lo acontecido.
El 4 de enero de 1948 Myanmar, por aquel entonces conocido como Birmania, logró la independencia de Inglaterra. Durante los primeros años el país fue administrado por gobiernos civiles, los cuales enfrentaron grandes desafíos, entre los cuales se puede mencionar la consolidación de la integridad territorial, afectada por las disputas inter-étnicas, la reconstrucción de la estructura económica, arruinada por la herencia de la explotación colonial, y la orientación de su inserción internacional, en un contexto marcado por el inicio de la Guerra Fría. Frente al poco éxito en solucionar los mismos, en marzo de 1962 fuerzas militares lideradas por el general Ne Win realizaron un golpe de estado, desplazando al gobierno civil del U Nu. Desde entonces y hasta entrado el siglo XXI, Myanmar ha estado gobernado por los militares.
Una de las principales figuras crítica ha sido Aung San Suu Kyi, hija del héroe nacional y padre de la patria Aung San, asesinado en julio de 1947, meses antes de ver a su pueblo independiente. Para dar cuenta de su peso político vale mencionar lo acontecido en 1990. La Junta Militar realizó un llamado a elecciones generales en mayo de ese año con vista a iniciar una transición democrática controlada. Pero frente a la victoria del partido liderado de Aung San, la Liga Nacional por la Democracia, que obtuvo la victoria haciéndose de la mayoría parlamentaria (392 asientos de 492, más del 79% de las bancas disputadas), frente al partido de los militares, el Partido de la Unidad Nacional (10 asientos de 492, el 2% de las bancas disputadas), las mismas fueron anuladas por los militares. Incluso determinaron la prisión domiciliaria de Aung San Suu Kyi en julio de 1989, quien desde entonces pasaría los siguientes años detenida en su residencia en Yangon.
Con estos antecedentes, llegamos a la década de 2010. El gobierno de general Thein Sein, quien salió victorioso en las elecciones generales realizadas en noviembre de 2010, liderando el Partido de la Solidaridad y el Desarrollo de la Unión, pro-militar, empieza a implementar una serie de reformas políticas y administrativas, además de económicas, para avanzar en un nuevo intento de transición democrática controlado. Ahora bien, encauzando las mismas al tiempo de funcionar como salvaguarda, se encuentra la ya mencionada nueva constitución elaborada por el gobierno militar del Consejo de Estado para la Paz y el Desarrollo, adoptada en mayo de 2008.
Entre otras cuestiones, este documento determina, en su artículo 59, que, entre otros requisitos, para ser presidente o vicepresidente se debe ser una persona que haya residido continuamente en el país durante al menos 20 años hasta el momento de su elección; y que él mismo, uno de sus padres, el cónyuge, uno de los hijos legítimos o sus cónyuges no deben lealtad a un poder extranjero, no ser súbdito de un poder extranjero o ciudadano de un extranjero país, no siendo personas habilitadas para disfrutar de los derechos y privilegios de un súbdito de un gobierno extranjero o ciudadano de un país extranjero. Este artículo condicionó significativamente la participación política y la postulación a cargos públicos de Aung San Suu Kyi, en los siguientes llamados a elecciones, al haber estado casada con un extranjero (Michael Aris), con quien tuvo dos hijos (Alexandre y Kim Aris) de ciudadanía inglesa, impidiéndole ocupar los máximos cargos ejecutivos, a pesar de ser la mayor figura de la política de Myanmar y líder del principal partido político. A su vez, en su artículo 232, se afirma que el Presidente deberá obtener una lista del personal adecuado de los Servicios de Defensa designado por el Comandante en Jefe de los Servicios de Defensa para nombrar a la máxima autoridad de los Ministerios de Defensa, Interior y Fronteras; mientras que en su artículo 234, se afirma que el Presidente nombrará a los Viceministros de los Ministerios de Defensa, Interior y Fronteras a partir de la lista de personal adecuado de Servicios de Defensa designado por el Comandante en Jefe de los Servicios de Defensa. Es decir que las autoridades a cargo de los ministerios dedicados a la defensa y la seguridad proceden efectivamente del ejército. También es importante destacar que, según se afirma en el artículo 14, que el parlamento nacional bi-cameral (Pyidaungsu Hluttaw), incluyen personal de los Servicios de Defensa como representantes designados por el Comandante en Jefe de los Servicios de Defensa en los números estipulados por esta Constitución, para luego detallar, en el artículo 109, que de los 440 representantes de la cámara baja (Pyithu Hluttaw o cámara de los representantes), 110 representantes son personal de los Servicios de Defensa designado por el Comandante en Jefe de los Servicios de Defensa, y en su artículo 141, que de los 224 representantes de la cámara alta (Amyotha Hluttaw o cámara de las nacionalidades), 56 representantes son personal de los Servicios de Defensa designados por el Comandante en Jefe de los Servicios de Defensa. Esto indica que los militares tienen un significativo poder legislativo, al garantizarles la constitución, sin ser reconocidos en las urnas, el 25% de los escaños en el parlamento. Esto les da la capacidad de bloquear cualquier mayoría y desatender cualquier cualquier aprobación de ley esencial o pedido de reforma constitucional sin su consideración, esto último desprendiéndose del artículo 436.
Finalmente, es importante destacar el artículo 417 (y otros que lo anteceden y suceden) sobre el estado de emergencia, el cual afirma que si surge o hay motivos suficientes para que surja un estado de emergencia que pueda desintegrar la Unión o desintegrar la solidaridad nacional o que pueda causar la pérdida de la soberanía, debido a actos o intentos de apoderarse de la soberanía de la Unión mediante insurgencia, violencia y medios de fuerza ilícitos, el Presidente puede, después de coordinarse con el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, promulgar una ordenanza y declarar el estado de emergencia. En dicha ordenanza se indicará que el área donde opera el estado de emergencia es la Nación entera y la duración especificada es de un año desde el día de su promulgación. Al cual se suma el artículo 418 donde se afirma que el Presidente declarará la transferencia de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de la Unión al Comandante en Jefe de los Servicios de Defensa para permitir que adopte las medidas necesarias para restablecer rápidamente su situación original en la Unión. A esto se puede agregar que mientras que el presidente y los vicepresidentes (artículo 71) y los ministros (artículo 233) pueden sufrir un impeachment y ser removidos de sus cargos, no hay un mecanismo semejante detallado en la Constitución que pueda remover de sus funciones al Comandante en Jefe. Estos artículos descubren, detrás de las formalidades legales, los mecanismos por medio de los cuales se garantiza no la transición democrática o un estado de derecho real, sino el control de los militares de la estructura política del país, frente a la amenaza presentada Aung San Suu Kyi y su Liga Nacional por la Democracia, siendo quienes retienen verdaderamente el poder.
Con este trasfondo se llega a las elecciones generales de noviembre de 2015, en las cuales se presenta Aung San Suu Kyi, ya liberada de la prisión domiciliaria en noviembre de 2010, y obteniendo una nueva victoria, haciéndose su partido de la mayoría parlamentaria (255 de la cámara de los representantes de 330 y 135 de la cámara de las nacionalidades de 168, más del 78% de las bancas disputadas), frente al partido de los militares, Partido de la Solidaridad y el Desarrollo de la Unión (30 de la cámara de los representantes de 330 y 11 de la cámara de las nacionalidades de 168, poco más del 8% de las bancas disputadas, a las cuales hay que sumar las 166 bancas asignadas no-electivamente). Así y todo, a pesar de su capital político, debido a las restricciones establecidas por la Constitución por sus dos hijos de ciudadanía inglesa, Aung San Suu Kyi no pudo asumir como presidente, sino que ocupo el cargo de Ministro de Relaciones Exteriores. No obstante, asumió el cargo de Consejera de Estado, semejante al de un primer ministro, por el cual se convirtió en la líder de facto del país. Como presidente asumió U Win Myint, persona de la máxima confianza de ella. Durante su gobierno, ha buscado atender los grandes problemas que ha aquejado al país prácticamente desde su independencia. No atenderemos aquí las iniciativas de reactivación económica, sino fundamentalmente lo que consideramos cuestiones políticas fundamentales de su gestión. Dentro de estas, probablemente la que más haya ocupado la atención de la prensa internacional es la cuestión Rohingya, de la minoría étnica de creencia musulmana, asentada principalmente en el Estado de Rakhine (Arakan), no reconocida formalmente como ciudadanos del país, los cuales han sido objeto de violación de derechos humanos, lo que ha sido caracterizada con intencionalidad genocida, impulsado una ola de refugiados de Myanmar a Bangladesh, país limítrofe. No se abordara la cuestión Rohingya propiamente, sino rescatamos la misma desde el prisma de la política interna de Myanmar y el golpe de estado. La prensa internacional, organizaciones no gubernamentales y otras entidades han criticado el manejo que ha hecho Aung San Suu Kyi de la cuestión Rohingya. Pero en lo que no se detiene mucho es que ella se ha visto obligada a tratar con los hechos consumados llevados adelante por las fuerzas armadas, ya ha sido el ejército, en control de los Ministerios de Seguridad y Fronteras, el que ha llevado adelante las crímenes denunciados contra esta minoría, sin injerencia del gobierno civil en las decisiones.
De esta manera, a partir de esto el ejército ha logrado socavar el prestigio internacional de Aung San Suu Kyi en tanto defensora de los derechos humanos. Eclipsado por esto, y no mencionado por la prensa, ha quedado una de las grandes iniciativas impulsadas por Aung San Suu Kyi, conocido como la Conferencia de Paz de la Unión de Panglong del Siglo XXI, iniciada en agosto de 2016, entre el gobierno central y varios líderes de minorías étnicas. Gracias estas negociaciones, que buscan terminar con los conflictos inter-étnicos que azotan la estabilidad social y la integridad territoral del país desde su gestación, para el 2020 diez organizaciones étnicas armadas han adherido al Acuerdo Nacional de Cesación del Fuego. Todavía más, mientras que el prestigio internacional de Aung San Suu Kyi por el tratamiento doméstico de la cuestión Rohingya ha sido mellado, la postura internacional que ha asumido frente a la cuestión, la cual se ha visto reflejada en la defensa que hizo del país frente a las acusaciones realizadas en la Corte Internacional de Justicia en diciembre de 2019, ha apuntalado su respaldo en los sectores nacionalistas budistas, algo que los militares no evaluaron apropiadamente.
Así se llega a las elecciones generales de noviembre de 2020, en las cuales el Partido de la Liga Nacional por la Democracia volvió a ganar, incluso con mejores resultados que la elecciones de 2015, consolidando su mayoría parlamentaria. En esta oportunidad, se hizo de 258 de la cámara de los representantes de 315 y 138 de la cámara de las nacionalidades de 161, más del 83% de las bancas disputadas), frente al partido de los militares, Partido de la Solidaridad y el Desarrollo de la Unión, (26 de la cámara de los representantes de 315 y 7 de la cámara de las nacionalidades de 161, poco menos del 7% de las bancas disputadas, a las cuales hay que sumar las 166 bancas asignadas no-electivamente). Frente a esta realidad, en la cual se entiende que el ejército vio amenazado seriamente sus intereses corporativos, considerando que el gobierno civil fortalecido tendría nuevos bríos para avanzar en un nuevo intento de reforma constitucional, o desatendería el resguardo a jerarcas militares acusados de crímenes contra la humanidad por la cuestión Rohingya, las autoridades militares buscaron instaurar la cuestión del fraude electoral para anular las elecciones, lo cual fue desestimado por infundado por la Comisión Electoral el 29 de enero de 2021. A esto se suma el rechazo por parte de las autoridades parlamentarias, miembro del Partido de la Liga Nacional por la Democracia, de tratar la postergación de la sesión del nuevo parlamento.
Frente a este acorralamiento civil y falta de opciones otros mecanismos, el 1 de febrero el ejército procedió al arresto de personalidades políticas del país, entre las que se incluyen el presidente electo U Win Mynt y a la consejera de Estado, Aung San Suu Kyi, y otros altos funcionarios y parlamentarios miembros de la Liga Nacional por la Democracia, afirmando que el fraude electoral acontecido supuestamente en las elecciones de noviembre de 2020 pone en riesgo a la soberanía nacional. Desplazado el presidente, el general U Myint Swe, unos de los vicepresidentes, asumió la presidencia y declaró el Estado de Emergencia durante un año, traspasando el control de los poderes del Estado al Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Min Aung Hlaing. El Tatmadaw ha afirmado de manera hipócrita que respetará la constitución y actuará de acuerdo a la ley, sobre lo cual es importante tener presente que esta garantiza el poder de los militares por sobre las fuerzas civiles, como se he mencionado previamente. Las autoridades militares continuaron actuando los siguientes días para generar condiciones más propicias a sus intereses para un eventual nuevo llamado a elecciones propuesto para dentro de un año, por ejemplo ha reemplazado a los integrantes de la Comisión Electoral y ha denunciado a Aung San Suu Kyi ante la justicia por violar la Ley de Exportación e Importación, que de encontrarla culpable, acarrearía una condena de 3 años y la imposibilidad de presentarse en las próximas elecciones. De manera similar, acontecería con el presidente U Win Myint, acusándolo de violar la Ley de Gestión de Desastres Naturales.
Frente a estos acontecimientos, la población hasta ahora se ha manifestado en contra de los mismos de manera no violenta. Mientras tanto, países occidentales ha salido a condenar los acontecimientos, como Estados Unidos, además de la Unión Europea y las Naciones Unidas, varias países asiáticos han tomado una postura más equidistante, manifestando grave preocupación frente a la cuestión interna que acontece en Myanmar, pero no condenando el golpe de estado como tal, entre los que se encuentra China, y otros socios de Myanmar dentro de la ASEAN, como Thailandia, Camboya y Filipinas.
Desde el Centro de Estudios del Sudeste Asiático condenamos la toma de poder por parte de las autoridades militares y criticamos la hoja de ruta propuesta por las mismas, como un nuevo intento de reproducir los mecanismos de perpetuación en el poder, y nos sumamos al reclamo de dar marcha atrás con la instauración del estado de emergencia, proceder con la liberación de los presos políticos detenidos el pasado 1 de febrero, incluyendo al presidente U Win Myint y a la Consejera de Estado Aung San Suu Kyi, aceptar los resultados de las elecciones generales de noviembre de 2020 como expresión del mandato popular, y la conformación del gobierno civil surgido de las mismas, con la esperanza que pueda avanzar verdaderamente en una profunda reforma constitucional que permita arraigar de manera perdurable una genuina democracia Myanmar.
Ezequiel Ramoneda
Secretario
Departamento de Asia y el Pacífico
Coordinador
Centro de Estudios sobre el Sudeste Asiático (CeSEA)
