El pasado 28 de abril se iniciaron las jornadas de movilización en Colombia contra el gobierno del presidente Iván Duque debido al proyecto de reforma tributaria presentada, que preveía aumentos en los impuestos sobre la renta y productos básicos de la canasta familiar, el costo de los combustibles, entre otros, impactando en un amplio sector de la población, profundamente afectada, particularmente a causa de la crisis económica provocada por la pandemia de COVID-19.
En un contexto de fuerte efervescencia social, y ante la masiva convocatoria del 1 de mayo, se produjeron enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad, lo cual agravó el cuadro que ya se insinuaba: el de la violenta represión a las protestas ciudadanas. Así lo indica la ONG Temblores [1], que ha hecho seguimiento de las denuncias de violaciones de derechos humanos, y reportó 1728 casos de violencia policial, entre ellos 37 casos de homicidio; por su parte la Defensoría del pueblo de Colombia [2] ha informado 26 homicidios durante las protestas y 145 reportes de presuntos desaparecidos.
Es por ello que desde el Departamento de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario del IRI llamamos la atención sobre las graves violaciones a los derechos humanos, en particular el derecho a la vida, la prohibición absoluta de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, el derecho de reunión pacífica, y el derecho a la libertad, incluida la libertad de expresión y a la seguridad, sucedidas desde el 28 de abril del corriente año por parte de la Policía Nacional, el ESMAD y las Fuerzas Armadas de Colombia.
Diversas fuentes independientes dan cuenta de la violencia desmedida y generalizada contra las personas que se manifiestan y transeúntes en el marco del Paro Nacional, el uso desproporcionado e indiscriminado de armas letales y menos letales en todo el país, la utilización de balas de gas lacrimógeno y aturdidoras proyectados directamente contra los manifestantes, causando graves lesiones y fracturas en las partes superiores del cuerpo y la cara, así como el uso de tanques para embestir a los protestantes, recordando que se deben seguir siempre los principios de legalidad, precaución, necesidad y proporcionalidad a la hora de vigilar las manifestaciones y que las armas de fuego sólo pueden utilizarse como último recurso ante una amenaza inminente de muerte o de lesiones graves.
En concordancia con lo señalado en el anterior párrafo, son múltiples las voces de la Comunidad Internacional, entre ellas las de la ONU (por medio de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia), la Organización de Estados Americanos (a través de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia), la Unión Europea (en una declaración del vocero del Servicio Europeo de Acción Exterior, Peter Stano), e inclusive el Departamento de Estado de los EE.UU (en un mensaje de la portavoz adjunta, Jalina Porter) que han instado a las autoridades a que adopten medidas inmediatas para garantizar y facilitar el derecho de reunión pacífica en las jornadas de protestas incluyendo la protección y salvaguarda de la integridad física y psicológica de las personas que se manifiestan, y la atención médica de urgencia que sea requerida, implementar medidas necesarias para garantizar el monitoreo seguro de las protestas por parte de las personas defensoras de derechos humanos, así como el derecho de periodistas y comunicadores a ejercer su derecho a la libertad de expresión para informar a la población colombiana.
Así, Organizaciones Internacionales, gobiernos y organizaciones no gubernamentales de protección de los Derechos Humanos han solicitado investigaciones de forma rápida, independiente e imparcial para el esclarecimiento de todos los hechos de violencia, uso indiscriminado de la fuerza, violencia sexual y privación arbitraria de la libertad con tal de identificar a los responsables y aplicarles las sanciones previstas por la ley, garantizar la no repetición, así como tomar todas las medidas necesarias para brindar las garantías para la legítima labor de la defensa de los derechos humanos; la defensa de estos derechos no puede convertirse en un riesgo para la vida.
Quizás el primer paso en una solución pacífica a la situación en Colombia ya fue dada con la invitación del Presidente Duque y la Vicepresidente María Lucía Ramírez para reunirse de manera inmediata en el Palacio de Nariño con el vocero del Comité Nacional de Paro, Francisco Maltés Tello, en el entendimiento que nada mejor que recobrar rápidamente los canales de diálogo y paz en el marco del pleno funcionamiento de las instituciones democráticas y de respeto de los derechos humanos, con vistas a obtener resultados concretos que puedan brindar una solución pacífica a la actual coyuntura.
Esperemos que sea el principio de la pacificación de Colombia.
Referencias:
[1] https://twitter.com/TembloresOng
[2] https://twitter.com/DefensoriaCol/status/1390642134085259268
Ángela Valeria Del Águila Hurtado
Coordinadora
Departamento de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario
IRI-UNLP
