El pasado 14 de mayo, el Honorable Congreso de la Nación sancionó por unanimidad la Ley de Presupuestos Mínimos para la Implementación de la Educación Ambiental en todo el territorio nacional. Una ley que busca garantizar el derecho a vivir en un ambiente sano – establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional- y promover la formación de una conciencia ambiental ciudadana y generar un “Compromiso Ambiental Intergeneracional” en el cual los diversos actores de la sociedad tengan la oportunidad de establecer un pacto de responsabilidad con el ambiente y las generaciones venideras. Para ello se reconoce el derecho a la educación ambiental integral como una política pública nacional.

Este nuevo marco jurídico reconoce a la educación ambiental como un proceso permanente, transversal e integral, y busca un equilibrio entre diversas dimensiones como la social, la ecológica, la política y la económica, en el marco de una ética que promueve una nueva forma de habitar nuestra casa común (artículo 2).

La importancia de la educación ambiental como promotora de los cambios necesarios para el mantenimiento de la vida en el planeta, ha sido reconocida en numerosos acuerdos multilaterales ambientales tales como la Declaración de Estocolmo sobre Medio Humano de 1972; la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992 y su Agenda 21; la Declaración de Johannesburgo sobre Desarrollo Sostenible de 2002 y el Futuro que Queremos, documento final de la Conferencia sobre Desarrollo Sostenible o Rio+20 de 2012. Asimismo, la educación ambiental es transversal y subsidiaria a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, a los que Argentina se ha comprometido, especialmente en torno a los objetivos referentes a educación de calidad, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable y acción por el clima.

Con esta ley se articulan e impulsan procesos educativos integrales orientados a la construcción de una racionalidad en la cual distintos conocimientos, saberes, valores y prácticas confluyan y aporten a la formación ciudadana, la preservación de la naturaleza, la igualdad de género, la protección de la salud, la democracia participativa y el respeto por la diversidad cultural.  Se establece la incorporación de contenidos ambientales en las currículas de todos los niveles de educación del país y la promoción de acciones comunitarias, para “la toma de conciencia de la importancia del ambiente, la biodiversidad y los recursos naturales, su respeto, conservación, preservación y prevención de los daños”.

Con el fin de afianzar el compromiso con el ambiente de toda la sociedad, la Estrategia Nacional de Educación Ambiental (ENEA) se hará operativa por medio de la articulación interministerial, interjurisdiccional e intersectorial permanente, a través de la Coordinación Ejecutiva de la Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral (CENEAI), creada a los fines, que será asistida por un Consejo Consultivo integrado por organizaciones de la sociedad civil.

Con la Ley de Educación Ambiental, Argentina reafirma su compromiso con una perspectiva del desarrollo donde el ambiente es una dimensión vital, que no debe ser entendida desde un enfoque instrumentalista-productivista sino como “el todo del cual somos parte”, la Casa Común. Asimismo esta visión se manifestó en la ratificación del Acuerdo de Escazú en el mes de enero de este año.

Maria Emilia Falleo
Integrante
Departamento de Ambiente y Desarrollo
IRI – UNLP