El 18 de abril de 2018 con las protestas sociales en Nicaragua el mundo tomó nota de la grave situación que, en materia de Derechos Humanos, se vivía en este país centroamericano. Las protestas antigubernamentales lo evidenciaron, y se saldaron con 328 muertos.

El pasado 7 de noviembre tuvieron lugar las elecciones presidenciales, en las que el presidente Daniel Ortega buscó una cuarta reelección y su quinto mandato, con los candidatos opositores más fuertes detenidos: Cristiana Chamorro Barrios, Arturo Cruz Sequeira, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro García, Medardo Mairena, Noel Vidaurre y Miguel Mora. Los resultados de  estas elecciones amañanadas fueron las esperadas: la formula Ortega-Murillo se impuso con más del 75% de votos según el Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, aunque la abstención (según la organización Urnas Abiertas) se habría situado alrededor del 81.5% a raíz de que los opositores, estudiantes y empresarios, entre otros, hicieran un llamado a la población a no salir de sus casas para no legitimar las elecciones fraudulentas.

Además de los candidatos, se encuentras detenidas personas miembros de organizaciones opositoras, defensoras de derechos humanos y de la prensa independiente. Por ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha pedido medidas cautelares y provisionales. La ofensiva también se materializó en la cancelación de la personería jurídica de tres partidos políticos y se observa el continuo hostigamiento a las organizaciones civiles y de Derechos Humanos mediante el cierre del espacio democrático y de la prensa independiente. Días previos a las elecciones (e incluso el mismo día) se denunciaron violaciones a los Derechos Humanos (al menos 23 personas habrían sido detenidas arbitrariamente) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) observó con preocupación las restricciones a la libertad de prensa en la jornada electoral, la detención temporal de periodistas y la incautación de los equipos personales y de trabajo; la obligación de transmitir en cadena nacional por radio y televisión un discurso presidencial en plena jornada electoral (durante el cual acusó de golpistas y terroristas a los opositores) violando las leyes internas en la materia; y la denegación y expulsión del ingreso de la prensa internacional al país a cubrir los comicios.

Desde el inicio de la crisis en 2018, la situación de derechos humanos en el país ha seguido deteriorándose, en un contexto de impunidad generalizada y de prolongado quebrantamiento del Estado de Derecho. Como señaláramos antes, la respuesta violenta del Estado ha resultado en al menos 328 víctimas fatales; más de 2.000 personas heridas; alrededor de 100.000 personas han migrado a otros países, la mayoría de ellas en busca de protección internacional; en torno a 1.600 personas se encuentran privadas de la libertad, ilegal y arbitrariamente durante diferentes momentos de la crisis. De acuerdo con el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, articulado por la sociedad civil local, más de 140 personas permanecen privadas de libertad de manera arbitraria; por su lado, el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), recibió información y testimonios que indicarían el empleo desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de la Policía Nacional al momento de las detenciones y en la mayoría de los casos los allanamientos de los domicilios fueron sin mediar orden judicial. Por otra parte, familiares y organizaciones de la sociedad civil han expresado su preocupación por la falta de información sobre el lugar donde se encuentran las personas detenidas, y sobre su estado de salud.

La CIDH advirtió que el Estado no estaría garantizando a las personas procesadas el derecho a una defensa legal adecuada, debido a que no cuentan con acceso a sus abogados y representantes legales, y la mayoría se encuentran incomunicadas. Consistentemente con ello, la CIDH recibió información sobre la realización de audiencias «secretas», sin representación legal, realizadas en instalaciones distintas a los juzgados y tribunales de Managua. De igual manera, tomó conocimiento sobre la falta de efectividad de los recursos de habeas corpus o exhibición personal presentados.

Estas investigaciones penales, indefectiblemente, encuentran su fundamento en dos leyes adoptadas en julio de 2018 y en octubre de 2020: la «Ley No. 977, Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo» y la «Ley No. 1055 de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, soberanía y autodeterminación para la paz» utilizadas para perseguir a opositores por realizar supuestos actos tendientes a «menoscabar la independencia, la soberanía y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, proponer y gestionar bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, demandar, exaltar y aplaudir la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y lesionar los intereses supremos de la nación».

Las autoridades también han empleado una reciente reforma del código procesal penal para detener a la gran mayoría de las personas mencionadas hasta por 90 días, desconociendo el plazo máximo fijado por la Constitución Nacional de 48 horas. Mientras tanto, la Fiscalía continúa las investigaciones en perjuicio de sus derechos a la libertad personal, a la presunción de inocencia y a un recurso efectivo. Esta situación les impidió competir en las elecciones generales, restringiendo no solo sus derechos políticos, sino también los derechos de las y los ciudadanos de poder votar por las opciones de su preferencia.

Por otro lado, el 4 de mayo, se adoptó una ley de reforma electoral. Aun cuando ella fomenta la participación política equitativa de las mujeres, hace caso omiso de las peticiones de la sociedad civil y de la comunidad internacional. No introduce salvaguardias para garantizar la imparcialidad e independencia de las autoridades electorales y limita indebidamente los derechos a la libertad de expresión, asociación, reunión pacífica y participación política.

Ya el 15 de junio, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, adoptaba la resolución CP/RES 1175 que condena la intensificación de la represión y urge al Estado la adopción de medidas que aseguren elecciones libres y justas en el país, concluyendo que las actuales condiciones no las hacen posibles. Es pertinente destacar que Argentina, México, Belice, República Dominicana y Honduras se abstuvieron de apoyarla, mientras que Nicaragua, Bolivia y San Vicente y las Granadinas son los 3 países que votaron en contra. Ese mismo día, la Argentina y México explicaron su postura en un comunicado conjunto, argumentando que con la resolución de la OEA se dejaba “de lado el principio de no intervención en asuntos internos”, aunque debemos recordar que este principio cede ante violaciones a Derechos Humanos, y la Carta Democrática Interamericana donde se afirma que la democracia es y debe ser la forma de gobierno y que constituye un compromiso colectivo de mantener y fortalecer el sistema democrático en la región.

A eso se le suma la Declaración Conjunta sobre la situación de los Derechos Humanos en Nicaragua, presentada por el Grupo Central de Nicaragua en representación de 59 países (22 de junio) en el 47° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde tampoco acompañaron la decisión Argentina y México. En la misma se insta al Gobierno a que cese el hostigamiento contra periodistas y defensores de los Derechos Humanos y permita que las organizaciones de la sociedad civil a operen en entornos seguros y propicios, sin temor a represalias; también piden la liberación inmediata de los múltiples candidatos presidenciales y disidentes, para que los nicaragüenses puedan tener las elecciones libres y justas a través de un proceso transparente y creíble, y una solución pacífica a la crisis sociopolítica del país, que se merecen.

Resaltamos lo dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en su reciente Opinión Consultiva 28/21 sobre “La figura de la reelección presidencial indefinida en sistemas presidenciales en el contexto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos” donde establece que la reelección presidencial indefinida no constituye un derecho autónomo protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos ni por el corpus iuris del derecho internacional de los Derechos Humanos y su prohibición es compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, y la Carta Democrática Interamericana; además, la habilitación de la reelección presidencial indefinida es contraria a los principios de una democracia representativa y, por ende, a las obligaciones establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

Por lo sucedido varios fueron los países que alzaron su voz: el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado tuiteó «Por su carencia de condiciones y garantías democráticas, no reconocemos las elecciones en Nicaragua»; mediante un comunicado oficial (026-21) el gobierno de Perú se expresó diciendo que “no cumplen los criterios mínimos de elecciones libres, justas y transparentes que establece la Carta Democrática Interamericana, vulneran su credibilidad, la democracia y el Estado de Derecho y merecen el rechazo de la comunidad internacional”; el presidente de Colombia, Iván Duque, declaró «Colombia no va a reconocer el resultado de esas elecciones fraudulentas»; el presidente de Estados Unidos,  Joe Biden, emitió un comunicado donde calificó de «pantomima que no fue ni libre ni justa y, desde luego, no democrática»; el alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo “En Nicaragua hay unas elecciones que son completamente un fake”; por su parte, el ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, declaro que «las elecciones han sido una farsa»

Desde otras capitales se oyeron opiniones en otro sentido: el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, indicó que, «los comicios se celebraron de forma organizada y con el cumplimiento de la legislación nicaragüense, las reglas epidémicas impuestas por la covid-19 y una significativa participación ciudadana»; el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aplaudió «la gran jornada de participación popular y pacífica»; el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, enalteció la «demostración de soberanía y civismo ante una cruel campaña mediática»; el presidente de Bolivia, Luis Arce, elogió un proceso que calificó de «democrático», mientras que el expresidente, Evo Morales, tuiteó «Saludamos al digno pueblo de Nicaragua que en una demostración de coraje y madurez democrática eligió al hermano Daniel Ortega como presidente constitucional pese a la campaña de mentiras, chantaje y amenazas de EEUU. El triunfo de Ortega es la derrota del intervencionismo yanqui»; el Gobierno Iraní, también felicitó al gobierno de Ortega a través de Twitter, “En nombre del pueblo y gobierno de la República Islámica de Irán nuestras más sinceras felicitaciones al pueblo hermano y al gobierno amigo de Nicaragua por una nueva demostración y práctica democrática y celebrar unas elecciones soberanas y en paz”.

Por su parte Antonia Urrejola, presidenta de la CIDH y relatora para Nicaragua, solicitó hacer un llamado a aplicar la carta democrática de la OEA para la reconstrucción del Estado de derecho.

Vemos con preocupación cómo se va erosionando la democracia en nuestra América, perdiéndose el respeto a las instituciones, violándose los Derechos Humanos, mientras algunos países guardan silencio al respecto o lo avalan, escudándose y dando mal uso al principio de No Intervención en asuntos internos, que como dijimos cede en estas situaciones que son de enorme gravedad, en el entendimiento que, según el signo político, puede o no ser alegado; en contraposición, casi en las “antípodas institucionales” este martes 9 de noviembre amanecíamos con la noticia de que la Cámara de Diputados de Chile aprobó celebrar un juicio político para destituir al presidente Sebastián Piñera, por supuestas irregularidades en la venta en Islas Vírgenes Británicas de un proyecto minero, antes de las elecciones del 21 de noviembre, donde se renovará una parte del Congreso y se definirá al sucesor en la presidencia. Ahora será el turno del Senado juzgarlo la semana próxima. Aquí un ejemplo donde a pesar de la gravedad del suceso (y de muchos otros acontecimientos recientes en el Chile) la inestabilidad que orbita en la región y la falta de respeto a las instituciones no alcanza a todos por igual, ya que en el país trasandino la profunda crisis se gestiona en el ámbito de las institucionalidad, sin romperla. Todo dentro del sistema, nada fuera de él.

No cabe menos que reflexionar ante la profundidad y gravedad de los acontecimientos… Ante la obscenidad de los sucesos, y cuando el silencio de muchos los convierte en cómplices, es oportuno recordar las palabras de Martin Luther King: “La injusticia en cualquier parte, es una amenaza a la justicia en todas partes”.

Angela Valeria Del Aguila Hurtado
Coordinadora
Departamento de Derechos Humanos
IRI-UNLP

Documentos Relevantes

CP/RES. 1175 (2324/21) http://scm.oas.org/doc_public/SPANISH/HIST_21/CP44215S03.docx

Comunicado de Prensa 152/21 CIDH: La CIDH condena el grave escalamiento de la represión en Nicaragua http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/152.asp

47° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos
Actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=27193&LangID=S

Declaración conjunta sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua https://geneva.usmission.gov/2021/06/22/joint-statement-on-nicaragua-at-the-human-rights-council/

OC-28/21 la figura de la reelección presidencial indefinida en sistemas presidenciales en el contexto del sistema interamericano de derechos humanos https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_28_esp.pdf

Informe CIDH: Concentración de Poder y Debilitamiento del Estado de Derecho en Nicaragua https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/2021_Nicaragua-ES.pdf

Comunicado de Prensa 300/21 CIDH: La CIDH condena las violaciones a los derechos humanos denunciadas durante las elecciones en Nicaragua https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/300.asp

Mecanismo para el reconocimiento de personas prepas políticas, informe octubre https://presasypresospoliticosnicaragua.org/wp-content/uploads/2021/11/Informe_lista_personas_presas_pol%C3%ADticas_octubre2021.pdf