De sorpresa y de sopetón se produce la temeraria e ilógica decisión del presidente español, Pedro Sánchez. Sorpresivamente, reaviva la traición de 1975. Otra vez España vuelve a pretender entregar el Sáhara Occidental a Marruecos. Parece ser que algo acuciante le impulsa a Pedro Sánchez a cometer tal locura y lo hace a escondidas de todos; y en ese «todos» va su partido y gobierno. Y todos se enteran de la osadía de Pedro por una filtración de sus amigos los marroquíes desde, nada más y nada menos, que del palacio real marroquí.
Sánchez y su canciller, Albares, el filo franco-marroquí quisieron entregar lo que no pueden a quien no deben. Un acto deleznable, quebradizo e irresponsable.
Esta posición declarada por el Gobierno español en relación con el Sáhara Occidental, que alentaría a Marruecos a continuar con su ocupación militar ilegal de parte de la República Saharaui (RASD), es una decisión contraria a la responsabilidad de España hacia el pueblo saharaui que está firmemente asentada política y jurídicamente.
Veamos pues:
1- La Opinión Jurídica emitida por el Secretario General Adjunto de Asuntos Jurídicos de la ONU, el Asesor Jurídico, el 29 de enero de 2002, a solicitud del Consejo de Seguridad, estableció que “El Acuerdo de Madrid no transfirió soberanía sobre el territorio, ni confirió a cualquiera de los firmantes la condición de Potencia administradora, condición que España por sí sola no podría haber transferido unilateralmente” (párr. 6).
2- Asimismo, la Audiencia Nacional Española en sentencia de 4 de julio de 2014 también concluyó que “En definitiva, España de iure, aunque no de facto, sigue siendo la Potencia Administradora (del Sáhara Occidental), y como tal, hasta el final del período de descolonización, tiene las obligaciones previstas en los artículos 73 y 74 de la Carta de las Naciones Unidas” (párr. 5. (d).
3- Como antigua potencia colonial del Sáhara Occidental, España fue quien trazó las fronteras actuales del Territorio con sus vecinos, a través de una serie de acuerdos con Francia.
Al expresar su apoyo a la propuesta ilegal de Marruecos, España también ha actuado contra los principios fundacionales de la Unión Africana consagrados en el Acta Constitutiva de la UA, que incluyen el respeto de las fronteras existentes en el momento de la consecución de la independencia, entre otros.
4- A la vista de lo anterior, España sigue teniendo, por tanto, responsabilidades jurídicas, históricas y morales frente al pueblo saharaui. Como tal, sigue siendo responsable ante la ONU y el pueblo saharaui por el cumplimiento de sus responsabilidades y obligaciones de “fideicomiso sagrado” con respecto a la protección de los intereses del pueblo saharaui y la descolonización del Territorio, de conformidad con las disposiciones del Capítulo XI de la Carta de las Naciones Unidas y las resoluciones pertinentes de la Asamblea General.
5- El Gobierno español debe desempeñar un papel positivo y constructivo en los esfuerzos en curso de la ONU y la UA destinados a lograr una solución pacífica y duradera en el Sáhara Occidental, de acuerdo con las resoluciones pertinentes de la ONU y la Unión Africana, que reconocen al pueblo saharaui los derechos inalienables a la autodeterminación y a la independencia.
6- Las Naciones Unidas, la Unión Africana, la Unión Europea y la Corte Internacional de Justicia así como la Corte Europa de Justicia, no reconocen ninguna soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental.
7- En este contexto, el Frente Polisario afirma que el Estado español no puede sustraerse de sus obligaciones internacionales, como potencia legalmente administradora del Sáhara Occidental de IURE, a menos que el pueblo saharaui pueda ejercer su derecho inalienable a la autodeterminación y la independencia. Toda decisión unilateral del Gobierno Español no acorde al Derecho internacional y a la legalidad internacional rompe con la tradición oficial española, hace flaco favor a la resolución del conflicto y demuestra que ese Estado no es respetuoso con las leyes internacionales ni se respeta a sí mismo ni a las aspiraciones de sus ciudadanos.
La traicionera decisión de Pedro Sánchez llega en un momento álgido del conflicto y lo que hará es avivar la guerra ya existente desde el 13 de noviembre de 2020, alejando de ese modo una solución pacífica, desde el momento que da alas al régimen dictatorial marroquí, que comenzará a soñar con vender la piel del león aún sin cazarlo.
Lo que es indudablemente claro, es que esta quebradiza decisión no tendrá incidencia en las decisiones a nivel de Naciones Unidas ni a nivel de la Unión Africana. Tampoco incidirá en la determinación del pueblo saharaui que está decidido a continuar su lucha por la libertad.
Esta mencionada decisión, a fin de cuentas, tendrá un recorrido muy corto y el mismo gobierno de Sánchez se verá obligado a revertirla acuciado por el rechazo que está recibiendo, no solo del pueblo saharaui sino más aún: de la comunidad internacional representada por Naciones Unidas, por parte de los pueblos de España y las fuerzas políticas, incluido el partido Socialista que lidera el mismo Sánchez.
En definitiva, es indudable que la carta secreta de Sánchez revelada por Mohamed VI, rey de Marruecos, hundirá al presidente del Gobierno de España en el lodazal de la ignominia. El PSOE tendrá que ir buscando un nuevo liderazgo, a no ser que ya haya empezado.
Mientras tanto, ineludiblemente llegará la Justicia para el pueblo saharaui mucho más pronto de lo que se pueda pensar y el Sáhara Occidental solo puede hacer lo que decida su propio pueblo, que es el saharaui. Y en esa hora, muy probablemente, el Gobierno español estará ausente.
Mohamed Alí Alí Salem
Representante del Frente Polisario en Argentina
Invitado por la Cátedra Libre de Estudios sobre el Sáhara Occidental (IRI-UNLP)
