El 11 de abril de 2002, el presidente venezolano Hugo Chávez es depuesto de su cargo como primer mandatario, tras el anuncio por cadena nacional de Lucas Rincón, general del Ejército, de la solicitud de renuncia hecha por parte del cuerpo castrense.
Aunque Chávez estuvo fuera del palacio de Miraflores tan solo durante dos días, los hechos ocurridos en esas 48hs quedarían grabados a fuego en la conciencia del pueblo venezolano. Durante una serie de movilizaciones, a favor y en contra de la deposición, 19 personas perdieron la vida y otras 69 resultaron heridas por una balacera que se prolongó durante tres horas. La Guardia Nacional de un lado y la policía del municipio Libertador del otro. Algunos sostienen que francotiradores apostados en los edificios lindantes al palacio presidencial abrieron fuego contra los manifestantes. Hasta hoy no se tiene completa certeza de cómo comenzó todo.
La situación venezolana debe ser de las más polémicas y difíciles de abordar de la arena internacional, en parte por los conflictos ideológicos que suscita tanto al interior de Venezuela como en la opinión pública internacional. Además, la configuración del esquema de poder en el país debe ser una de las más complejas que podamos encontrar: las élites económicas nacionales,la dirigencia política (tanto oficialista como de oposición) y los grupos de presión extranjeros, tejen una red de relaciones e intereses que ha erosionado completamente la posibilidad de una salida institucional a la crisis que desde 2002 se vive en el territorio. El golpe de Estado que recordamos hoy fue una consecuencia directa de la aprobación de un paquete de 49 leyes que el entonces presidente Chávez mandó a promulgar sin pasar por la Asamblea Nacional. Aquí reconocemos un estilo de gobierno muy propio de los gobiernos populistas: el desconocimiento de los procedimientos institucionales, alegando a un mandato popular delegado al presidente para tomar las decisiones que se crean convenientes sin guardar los procedimientos de accountability horizontal. Sumado a esto, el contenido de algunas de las leyes atentaba contra el statu quo vigente en Venezuela, sobre todo el entramado de concentración de recursos económicos: la ley de tierras, de hidrocarburos, de pesca y de costas; dichos instrumentos legales, cada uno en su rubro, reforzaban el control estatal de la propiedad. Los capitales privados se vieron ante una situación insostenible, mientras Hugo Chávez sostenía que las medidas tomadas eran las fundamentales para establecer una verdadera democracia en su país.
Hay muy pocas cosas sobre las que se puede estar seguro acerca del proceso político venezolano bajo el chavismo, sea por el enorme caudal de información cruzada y contradictoria con la que nos encontramos, sea porque cualquier afirmación que hagamos ya viene aparentemente cargada de un posicionamiento maniqueo de un lado o el otro del espectro político. Los cientistas sociales en general, pero sobre todo los politólogos y los internacionalistas, debemos ante esta situación sostener una posición crítica, marcada por una higiene y honestidad intelectuales que nos sirvan de reserva para abjurar ante cualquier tribunal ideológico.
Ante este panorama, seguidamente proponemos ensayar un par de definiciones analíticas que nos ayuden a asir la situación con un poco más de seguridad. Primero, identificar lo que sucede en Venezuela como la cuestión venezolana: un proceso abierto hasta la actualidad conformado por una serie de fenómenos y acontecimientos reconocibles que siguen un patrón determinado; y además, sobre lo que es necesario actuar, cuanto menos intelectualmente, desde nuestra posición como científicos sociales. Existe una responsabilidad social que recae con justa razón sobre nuestros hombros: debemos ser capaces de comprender y explicar de la manera más clara y llana posible qué es lo que sucede; y si reconocemos que no tenemos las herramientas para hacerlo, trabajar imperiosamente por conseguirlas.
Segundo, plantear el esquema dinámico de los acontecimientos como una matriz de relaciones multinivel: un conglomerado de actores sociales (individuos y colectivos) que se vinculan por un juego de intereses complejo; éstos son sobre todo económicos (uso y propiedad de los recursos) y políticos (sobre todo, poder de decisión sobre las principales cuestiones nacionales).
Tercero, y más importante, optar sin miramientos por la defensa del pueblo venezolano: en un juego de poder tan intrincado e injusto, quien paga las malas decisiones no son otros que los venezolanos. No obstante, la labor intelectual de los cientistas sociales también debe estar acompañada de un abordaje crítico sobre las expresiones populares: la potencia discursiva de las fuerzas políticas y económicas en pugna, sobre todo en una situación de erosión social, polariza sin medidas la opinión pública. Este fenómeno, en términos de Raymond Williams, se conoce como estructura de sentimiento: el peso del discurso configura esquemas que piensan por nosotros, desactivando temporalmente el ojo crítico. Un cientista social no debería caer bajo ningún motivo al interior de estos dispositivos; así jugaría el juego por aquellos que perpetúan la miseria.
Ignacio Alfredo Grassia
Colaborador del Red Federal de Historia de las Relaciones Internacionales (CoFEI)
Departamento de Historia
IRI – UNLP
