Introducción

Pasado un año del golpe de estado de mayo de 2021 en Mali, la inestabilidad política sostenida incrementa las debilidades que el gobierno encuentra a la hora de asegurar su integridad y soberanía en un contexto de conflictos con distintos grupos yihadistas militarizados.

La continuidad en el poder de los militares que llevaron a cabo el golpe, propició una fuerte descoordinación entre sus principales aliados regionales, como el G5 Sahel^[1], e internacionales, como Francia, la Unión Europea (UE) y la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Mali (MINUSMA)^[2]. Luego de un periodo de consonancia, la lucha anti-yihadista en el Sahel entra en un momento de nuevos matices y rupturas frente a las crecientes tensiones y a la intensificación de los enfrentamientos.

Esta situación genera especial preocupación internacional por el incremento de la violencia hacia los civiles y la creciente pérdida de control territorial en detrimento del gobierno maliense (Bourdin & Tine, 2022). Ante esta coyuntura, los grupos islámicos militarizados toman mayor poder e influencia territorial, especialmente el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes^[3] (JNIM, por su denominación en árabe) y el Estado Islámico del Gran Sáhara (EIGS)^[4].

Por otro lado, frente a un escenario de fuerte inestabilidad política y propagación de golpes de estado en el Sahel, desde la Unión Europea, principalmente desde Francia y España, se conforma un malestar ante el inminente aumento de la influencia y presencia rusa en la región (Masoliver, 2022).

A partir de este contexto, el objetivo del presente trabajo es describir las motivaciones que llevaron a la ruptura del plan de lucha anti-yihadista en Mali, buscando exponer el entramado de actores que influyen en el conflicto en un marco de inestabilidad política interna y regional. Por último, buscaremos observar si existen las bases para un proyecto que incorpore nuevos actores y diferentes perspectivas de cómo amenizar o terminar con la situación de crisis que atraviesa el país.

Fin del proyecto francés en Mali

Ante el quiebre del orden político democrático que tuvo lugar en 2020 y 2021, el poder se mantiene en manos del gobierno provisorio, con una fuerte presencia e influencia militar, que aboga por el estiramiento del periodo de transición (Le Républicain, 2022). Esto acentuó las tensiones previas con el Estado francés, por lo cual, se produjo una ruptura definitiva de la cooperación militar entre los dos países.

A efecto de la persistencia del gobierno de transición en no definir una agenda que detallara un plan para realizar nuevas elecciones, Emmanuel Macron cumplió con sus anteriores declaraciones y determinó la retirada gradual de las fuerzas del Ejército Francés en territorio maliense (Gouvernement Français, 2022). Francia mantuvo desde 2013 presencia militar en el país, en primer lugar con la Operación Serval, especialmente en Mali, y posteriormente con la Operación Barkhane^[5] con un enfoque regional en el que se pretendió combatir la amenaza yihadista transfronteriza en el Sahel.

Como respuesta a la retirada francesa y al escalonamiento de las discordancias, el 2 de mayo de 2022, en Bamako, se dio a conocer un comunicado de prensa redactado por las autoridades de transición malienses. El documento exigió la inmediata retirada del ejército francés en territorio maliense y denunció los acuerdos de seguridad firmados entre el país y el Estado europeo. En el mismo texto, se dio a conocer la valoración negativa de los gobernantes locales ante el deterioro de la cooperación militar entre los dos países y los sucesivos ataques a la soberanía nacional del estado africano (Le Cam, 2022).

En consonancia al fin de la presencia militar francesa en Mali, el 15 de mayo, las autoridades malienses anunciaron la retirada de todos los órganos y cuerpos del G5 Sahel, incluida la fuerza conjunta (Baché, 2022). Integrado por Burkina Faso, Mali, Mauritania, Níger y Chad, el G5 Sahel se conformó como un marco institucional para la coordinación y seguimiento de la cooperación regional en el ámbito de las políticas de desarrollo y seguridad (G5 Sahel, 2015).

El anuncio explicitó como principal motivo del abandono, la discordancia de las autoridades de Mali con relación a la no celebración de la Octava Conferencia de Jefes de Estado, la cual daría inicio a la presidencia de Mali en la organización. También en la declaración criticaron la influencia y las maniobras que despliega un estado extraregional con el afán de aislar a Mali, haciendo referencia a la presión francesa en el Sahel (Omar, 2022)

El importante efecto de la salida de Mali del G5 Sahel se observa en la retirada de 1400 efectivos militares de la fuerza conjunta, que junto a Chad eran los que más aportaban en el contingente militar^[6] (Loukoula, 2022). En paralelo, el golpe de estado de enero de 2022 en Burkina Faso agravó la problemática regional y puso en jaque la continuidad de la organización.

Tanto el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, como la Unión Europea denunciaron la retirada de Mali del G5 Sahel, afirmando que el acto fue nocivo para la seguridad de África Occidental (AFP, 2022; Ndong, 2022). Estos dos actores mantienen fuertes vínculos con el territorio maliense y cada vez se ven más amenazados por la inestabilidad regional y la creciente violencia^[7]. La Organización de Naciones Unidas (ONU), por un lado, con la MINUSMA enfocada en la protección de los derechos humanos y la ayuda humanitaria, y la UE, por el otro, con la Misión de Entrenamiento de la Unión Europea en Malí (EUTM)^[8], desempeñan acciones dentro del país que en reiteradas ocasiones se han visto amenazadas por la situación de inseguridad local.

Nuevos “aliados” y una puja informacional

Teniendo en cuenta la retirada del Ejército francés del territorio maliense, el diagnóstico de las autoridades comprendió rápidamente la necesidad de remplazar el espacio vacío que había dejado Francia en la lucha anti-yihadista. La solución a esta problemática vino de la mano de una demanda popular que desde 2020 sostuvo la implicación de Rusia en el conflicto (Ramani, 2020).

Después de la ruptura con Francia, rápidamente el gobierno maliense buscó el apoyo de Rusia, especialmente en vista a fortalecer la lucha anti-yihadistas. El esfuerzo de consolidar una relación con Rusia quedó expreso en el encuentro del Ministro de Asuntos Exteriores de Malí, Abdoulaye Diop, con su homólogo Serguéi Lavrov en Moscú. El contenido de la reunión versó sobre conformar un apoyo constante de entrenamiento militar y también nuevas entregas de trigo, fertilizantes minerales y derivados del petróleo al país africano (Glez, 2022). Estas medidas responden a los intereses de los dos Estados. Rusia busca esquivar las sanciones occidentales que minan sus capacidades de exportación tras la ofensiva en Ucrania; y Mali por su parte, que también sufre sanciones por el golpe de Estado de 2021, despliega coherentemente el relato nacionalista y anti-francés para respaldar su diálogo con Rusia.

Además de los vínculos oficiales de Mali con Rusia, la UE y la ONU afirman que las autoridades malienses habrían acordado con la empresa rusa de seguridad militar privada Wagner^[9] el despliegue de un contingente de 1.000 militares con el propósito de apoyar los conflictos en el centro y norte del país (Cubo, 2022).

Esta información fue negada innumerables veces por Bamako. El 17 de junio, frente al Consejo de Seguridad, el ministro de relaciones exteriores, Abdoulaye Diop, volvió a rebatir estas acusaciones sobre la presencia en el país de mercenarios de la compañía de seguridad Wagner. Además, acusó especialmente a Francia de promover una campaña de desinformación para desacreditar los esfuerzos malienses (Swissinfo, 2022). Mientras las autoridades locales niegan la presencia de Wagner en su territorio, los medios de comunicación Franceses^[10] y occidentales denuncian repetidamente violaciones de derechos humanos en el actuar de la compañía de seguridad rusa en conjunto a las Fuerzas Armadas malienses (FAMa).

El punto crítico se dio tras la difusión de un video que Bamako acusó de un acto de espionaje por parte de Francia (Le Cam, 2022). Según el Ejército francés, las imágenes mostraban a mercenarios del Grupo Wagner enterrando cuerpos para montar una fosa común falsa cerca de la desactivada base francesa de Gossi, con el objetivo de implicar en responsabilidad a las fuerzas francesas (Le Cam, 2022).

Además de esto, las agencias de comunicación francesas difundieron, entre mayo y junio, que la posible presencia del grupo militar ruso en territorio maliense estaría atravesando diferentes tensiones. Esto habría llevado a que las tropas del grupo promuevan una huelga debido a que no fueron debidamente pagados por sus servicios, resquebrajando aún más la lucha anti-yihadista (Roger, 2022).

En paralelo, el acercamiento de Rusia a la región permite contemplar la problemática inestabilidad política en el Sahel. Desde 2020 se propagaron rupturas en los órdenes constitucionales en por lo menos 5 naciones de la región: Mali, Chad, Guinea, Sudán y Burkina Faso (N’Gampoula, 2022).

Este contexto de quiebre de los órdenes democráticos previamente instalados en la región es una cuestión vista de cerca por los analistas europeos. Bruno Clément-Bollée^[11] señala, como puntos críticos, el favorecimiento que este escenario le brinda a los intereses rusos y la creciente dificultad europea en proponer un proyecto o plan de combate anti-yihadista en África Occidental (Soyez, 2022).

Breve contexto de los avances yihadistas

Ante el escenario de crisis en la coordinación, desde 2020 se produjo una mayor dificultad a la hora de encontrar consonancias para definir entre los actores un plan común en contra de los grupos yihadistas. Frente a este impasse, en el último período se observó un aumento abrupto del nivel de violencia y un avance territorial de los grupos yihadistas (Bourdin & Tine, 2022).

El Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), que antes mantenía mayor presencia en el norte del país y especialmente en los alrededores de Tombouctou, ahora despliega su contingente e influencia territorial en el centro de Mali. El Katiba Macina se conformó como el brazo ejecutor del JNIM en el centro del país, en las regiones de Mopti^[12] y Segou^[13]. Su presencia en esta zona toma especial importancia por implementar un modus operandi que tiene como objetivo a civiles e incentiva a la población local a desconocer las políticas del estado, que ya no tiene control sobre esa zona de su territorio (Guyonnet, 2019).

De esta forma, tensiones y conflictos previos entre etnias locales, como Peuls, Bambaras, Dogones, Bozos y Fulanis se convierten en enfrentamientos civiles sangrientos y otorgan una nueva dimensión a la insurgencia (BBC News Afrique, 2019). Por un lado, existen grupos étnicos, como los Peuls, que se alían a la presencia yihadista con una perspectiva de cambio frente al abandono del Estado maliense. Por otro lado, grupos minoritarios, como los Dogones y Bambaras, están en riesgo permanente por la presencia extremista islámica, obligándolos a establecer milicias de autodefensa ante la ausencia de autoridades estatales que los protejan (Crisis Group, 2019).

Ante este mosaico de actores se produce un escenario de creciente violencia donde el Ejército maliense no tiene suficientes recursos para enfrentarse con los grupos yihadistas, implicando a su vez a la población civil activamente en el conflicto. Este contexto permitió un aumento sustancial de las fatalidades fruto de los enfrentamientos y atentados que, desde el principio de 2022 hasta junio, sumaron 553 civiles muertos, número considerablemente mayor a los años anteriores (UCDP, 2022).

Cambios en la estrategia de acción

Desde el 2012 como resultado de los conflictos en el norte con el MNLA^[14], Mali y sus aliados, especialmente Francia, han privilegiado una respuesta militar para hacer frente a la insurgencia yihadista en el centro y el norte del país, aunque admiten que estabilizar el país requiere más que eso. Como expresó el ex Primer Ministro, Soumeylou Boubèye Maïga (2019), “la lógica del gobierno es simple: el terrorismo debe combatirse militarmente, pero las causas del terrorismo deben abordarse mediante la buena gobernanza y el desarrollo”. Bajo este precepto se buscó integrar a la lógica del combate militar, proyectos de desarrollo en las zonas más desfavorecidas.

La estrategia oficial del gobierno para el centro de Malí contempla tanto la campaña militar como un proyecto de ayuda al desarrollo. Esta se ve expresada en el “Plan de Sécurisation Intégré des Régions du Centre”, que fue anunciado por el gobierno en febrero de 2017. El Plan contempla cuatro pasos: retomar los territorios capturados por el grupo yihadista Katiba Macina; promover la reinserción del Estado y la gobernanza en el centro del país; permitir el desarrollo económico; incrementar la comunicación para explicar la estrategia a las personas que viven en las áreas afectadas; concretar un programa de desarme; y por último, promover el diálogo intercomunitario (PSIRC Mopti and Ségou, 2017).

Ante lo postulado, los esfuerzos estuvieron mayormente enfocados en las operaciones militares. El gobierno incrementó expresivamente la presencia militar en la zona, conformando más de una docena de nuevos puestos en las principales ciudades y pueblos^[15], como en Mopti y Segou donde las escuelas han reabierto y se busca que la administración estatal regrese gradualmente (Maïga, 2018). Al igual que el Ejército de Mali, la Operación Barkhane^[16] y la Fuerza Conjunta de G5

Sahel que se concentraban en los enfrentamientos en el norte del país, también promovieron incursiones militares que buscaron estabilizar la zona central.

Si bien las operaciones militares han ayudado a devolver la autoridad del Estado a algunas ciudades, teniendo en cuenta el fin de la presencia militar francesa y la salida de Mali del G5 Sahel, parece poco probable que derroten a Katiba Macina. El Grupo yihadista perdió el control sobre algunas de las zonas urbanas, pero sigue promoviendo sucesivos ataques que amenazan a la población y mantienen fuerte presencia en las zonas rurales que rodean las ciudades más pobladas. De igual forma, se desarrolla el asedio yihadista de la AQMI^[17] y del EIGS^[18] en las fronteras con Burkina Faso y Níger, lo que proporciona una puja constante, no únicamente en los enfrentamientos, sino también por el control efectivo del territorio (Nasr, 2022).

Debido a que no existe un plan efectivo para el conflicto con los grupos yihadistas, ha ganado fuerza la idea de entablar un diálogo entre el gobierno y los extremistas islámicos. Expertos externos proponen el diálogo y posibles negociaciones como complemento a la acción militar (Le Monde, 2018). Estas declaraciones están dirigidas en especial al Katiba Macina y a otros grupos que tienen su origen en Mali, a diferencia del AQMI y el EIGS, liderados respectivamente por argelinos y saharauis (Crisis Group, 2019).

En el ámbito interno, varios activistas de la sociedad civil, políticos y académicos islámicos en las protestas de 2012 y 2019 pidieron a las autoridades que iniciaran un diálogo con los yihadistas. Como antecedentes, podemos observar que en 2017, el entonces Primer Ministro Abdoulaye Idrissa Maïga lanzó la “missions de bons office”, con un programa destinado a promover la paz a través del diálogo, incluso con figuras cercanas a Katiba Macina. Posteriormente en 2020, el ex Presidente Ibrahim Boubacar Keita, depuesto por el golpe de estado de ese mismo año, afirmó la necesidad de usar los canales que fueran posibles para amenizar la crisis de seguridad en su país (Naranjo, 2020).

Esta perspectiva también se ve presente en otro país de la región con el anuncio de la apertura de conversaciones^[19] entre el gobierno de Burkina Faso y grupos yihadistas. De igual forma, la Unión Africana incitó a «explorar el diálogo con los extremistas» en el Sahel para «silenciar las armas» (Jeune Afrique, 2022b).

Desde otra mirada, la presión de actores, tanto nacionales como extranjeros, que se oponen a la idea del diálogo o temen ante los posibles resultados, se suman a las trabas existentes para que se den las conversaciones. Los sectores seculares de la política ven al diálogo como parte de una amenaza a la separación de la religión y la política, teniendo en cuenta el crecimiento consistente de la influencia del Islam en las instituciones gubernamentales (Bullejos, 2014).

Otro punto de tensión se observa en el entendimiento de Francia y de Naciones Unidas de calificar a los yihadistas como terroristas, lo que inhabilita directamente la posibilidad y su apoyo a la apertura de un diálogo (France 24, 2020). Esta visión es compartida por algunos sectores de la política y movimientos sociales malienses que argumentan fuertemente en contra de implementar esta estrategia.

Consideraciones finales

En Mali la crisis de seguridad se ve directamente afectada por el incremento de la actividad de los grupos militarizados yihadistas, al mismo tiempo que tiende a agravarse frente a la inestabilidad política interna y regional. Frente al mayor control de territorios por parte de los yihadistas, la población civil se ve cada vez más afectada por el conflicto.

La lucha en contra del yihadismo en Mali y en el Sahel engloba nuevos condicionantes que complejizan la situación. A efectos de la ruptura de Mali con Francia y el G5 Sahel, una parte sustancial de la coordinación y cooperación militar sufrió un fuerte cisma. En paralelo a este proceso, en la región del Sahel se observa desde 2020 un conjunto de hitos que demostraron la fragilidad de las instituciones políticas, representados en una sucesión de quiebres del orden institucional en Chad, Mali, Burkina Faso, Guinea y Sudán.

Este contexto permitió específicamente el acercamiento de Rusia y una mayor influencia del país en África Occidental. Ante este aspecto, se revela la preocupación de la comunidad internacional hacia la problemática africana, especialmente desde los países miembros de la Unión Europea y de Naciones Unidas.

Si bien la situación en Mali y en el Sahel es una preocupación común a los distintos actores mencionados, la conformación de una agenda de prioridades y acción común se observa imposibilitada. El punto más expresivo lo podemos percibir en la incipiente discusión sobre si es factible o no incorporar herramientas de diálogo frente a la amenaza yihadista.

Diferentes elementos aparecen como desafíos a una perspectiva de mejora en el caso maliense. Bajo este fundamento, se observa una evidente ruptura con el proyecto que se desarrolló en los últimos 10 años, con Francia como principal aliado. Por el contrario, no se puede identificar con claridad hacia cuáles objetivos estarán dirigidos los esfuerzos anti-yihadistas y que rol ejercerá Rusia en Mali y en el Sahel a futuro.