“Los compromisos que nos ligan al cuerpo social sólo son obligatorios
porque son mutuos, y su naturaleza es tal, que al cumplirlos no se
puede trabajar para los demás sin trabajar también para uno mismo.”
Jean Jacques Rousseau.
El contrato social
El pasado domingo 4 de septiembre el pueblo chileno fue convocado nuevamente a las urnas a los efectos de elegir entre continuar con la Constitución que data de 1980 o gestar una nueva Carta Magna, lo que constituiría, en términos de sus redactores, “un nuevo contrato social” en el país trasandino.
El proceso que promovió la necesidad de un cambio en el sentido expuesto tuvo su epicentro en las protestas masivas que se iniciaron en la ciudad de Santiago de Chile, el 18 de octubre de 2019, tras los anuncios del aumento en el valor del transporte público. De lo particular a lo general, las peticiones puntuales se transformaron en reclamos de reformas generales, lo que estableció la necesidad de hacer grandes modificaciones como la de la Constitución, cuya letra data de los tiempos de la dictadura militar y que establecía una democracia protegida con tutela militar.
En ese contexto, y a los efectos de pacificar las calles, entre el 14 y 15 de noviembre de 2019, los partidos políticos chilenos dieron luz, mediante negociaciones a contrarreloj, al “Acuerdo Por la Paz Social y la Nueva Constitución” que impulsó un plebiscito con el fin de dilucidar dos cuestiones: la necesidad o no de reformar la Constitución y en el caso de votar a favor de la reforma, se debía definir las características del órgano que la redactaría. El resultado fue afirmativo y se definió como órgano a la Convención Constitucional.
Por aquel entonces Chile demostraba a los países de la región que, más allá de las diferencias y las diversas posturas, el camino de la construcción colectiva era el elegido, así como también los instrumentos democráticos que garantizaran una convivencia pacífica.
Fue así como, el 25 de octubre de 2020, el pueblo de Chile expresó la necesidad de darse una nueva constitución, mediante la Convención Constituyente. Entre el 15 y el 16 de mayo de 2021, mediante una nueva consulta ciudadana, el cuerpo constituyente quedó finalmente conformado, relegando a la clase política tradicional, quien cedió su espacio a nuevas alternativas. La elección disputaba 155 espacios que se vieron fragmentados entre la nueva derecha nacional (37), Apruebo Dignidad (28), Lista del Pueblo (25), Independientes por una nueva Constitución (11), otro grupo independiente (11) y los pueblos originarios (17). En esta oportunidad, se rompieron alineamientos políticos históricos y surgieron nuevos referentes en la esfera política.
Finalmente, el 4 de julio de 2021la Convención Constituyente se reunió y eligió a sus autoridades. Elisa Loncón, representante de los pueblos originarios, fue designada como su presidenta y Jaime Bassa vicepresidente. Transcurrido un año de redacción el texto quedó consolidado. En medio de ese proceso, tuvo lugar el cambio político en las elecciones presidenciales, reflejo de aquello que había expresado la ciudadanía en las calles en 2019. El mismo presidente electo y que asumió el cargo en marzo, Gabriel Boric, había participado activamente de las protestas que dieron inicio a los cambios estructurales mencionados anteriormente. Es de destacar que la Convención pudo sortear, no sin dificultades, dos presidencias diametralmente opuestas en sus ideas, cuyo texto definitivo fue entregado al actual presidente.
La propuesta se compone de 178 páginas, 388 artículos, 11 capítulos y 56 disposiciones transitorias. Es el primer texto constitucional en la historia de Chile escrito con participación de ciudadanos, ciudadanas y pueblos originarios y bajo un órgano como la Convención Constitucional.
El proyecto de la nueva Constitución
Entre las declaraciones y derechos incorporados en el proyecto que se sometió este domingo a votación se incluyen: la constitución de Chile como un Estado social y democrático de derecho, plurinacional, intercultural, regional y ecológico, constituyéndose como una república solidaria, bajo la forma de gobierno democrática inclusiva y paritaria. Se establece el reconocimiento de diversas naciones, de manera expresa, como el pueblo Mapuche, Aymara, Rapanui, Lickanantay, Quechua, Colla, Diaguita, Chango, Kawésqar, Yagán y Selk’nam, dejando abierta la puerta para el reconocimiento de otros pueblos en el futuro.
Una de las modificaciones que expresa el proyecto, cambia la visión del país trasandino en relación a la región en la cual el mismo se encuentra inserto y que muchas veces ha sido dejada de lado por los diversos gobiernos, al afirmar que “Chile declara a América Latina y el Caribe como zona prioritaria en sus relaciones internacionales”.
El texto proyectado, en el ámbito de los derechos, hace especial mención a los derechos humanos y reconoce los derechos colectivos en cabeza de los pueblos originarios. Asimismo se incorpora componentes feministas, ecológicos, la muerte digna y la diversidad sexual, entre otros.
En relación a la organización nacional, promueve el cambio de un país unitario (art. 3 CN) a uno con mayor participación de las regiones, donde el sistema de justicia se diversifica, bajo el pluralismo político, incorporando sistemas jurídicos propios de los pueblos originarios, creando dos sistemas en un solo territorio, siendo la Corte Suprema del país la encargada de homogenizar los mismos.
Este cambio de organización interna impacta asimismo en la conformación del Poder Legislativo, dejando a un lado el Senado Nacional, ya que se compondría con un Congreso de Diputadas y Diputados y de la Cámara de las Regiones.
Sin lugar a dudas, fue una propuesta disruptiva del orden imperante en el país, producto de la composición misma de la Asamblea Constituyente. Sin embargo, no fue suficiente y la derrota de la aprobación de la nueva Constitución abrió un nuevo frente para la sociedad en su conjunto y en especial para las fuerzas políticas que integran la misma.
Tiempo de análisis y de entender ¿qué pasó?
Ese dilema que enfrenta Chile ahora con el resultado del rechazo a la nueva Constitución es doble, en tanto que el nuevo contrato social no estuvo respaldado por una mayoría contundente: 61,86 % de los votantes. Lo cual significó, no solo un debilitamiento político para el presidente Boric, sino también una derrota para una parte importante de la sociedad que se había movilizado en pos de profundos cambios, para los movimientos sociales organizados, activistas de diferentes sectores y en definitiva para un pueblo que había participado en las protestas de octubre de 2019. Lo cierto es que la Carta Magna de un país debería gozar de un consenso indiscutido para que pueda representar verdaderamente la visión que un pueblo posee de su propia organización.
La ausencia de una vía que resuelva esta cuestión, impulsó nuevos debates entre los partidos políticos, que van desde un nuevo proceso constituyente, apoyado por el presidente Boric o la inclusión de modificaciones efectuadas por la Asamblea Constituyente. Cualquiera de las opciones políticas que se aborden, deberán incluir el mayor consenso político para que la nueva futura constitución represente verdaderamente a la mayoría del pueblo chileno y no solo a una parte de él.
Lo cierto es que lo que se ha puesto en juego, luego del negativo resultado del plebiscito, ha sido el futuro de la gobernabilidad para el presidente, quien de manera inmediata tomó la decisión de cambiar a gran parte de su gabinete. Boric ha manifestado públicamente que se trata de: “uno de los momentos políticamente más difíciles que me ha tocado enfrentar y que el cambio de gabinete no es solo protocolar ni para una foto. Aquí cambia también el comité político que es la conducción de nuestro Gobierno”. En este sentido, se espera que el cambio de gabinete pueda liderar el reencuentro que se tiene que producir en el país para iniciar un nuevo proceso constituyente que permita la continuidad del diálogo y que atienda todos los reclamos. Los nuevos ministros nombrados son: el de Interior y Seguridad Pública (Carolina Tohá), la Secretaría General de la Presidencia (Ana Lya Uriarte), el de Desarrollo Social y Familia (Giorgio Jackson), Salud (Ximena Aguilera), Energía y Ciencias y Tecnología (Diego Pardo).
De ahora en más se presenta para Chile un tiempo de análisis y de reflexión acerca de los errores cometidos, de cómo impactaron las presiones de los diferentes sectores políticos y sociales internos, que pugnan entre aprobar las reformas, “suavizar” el tono de las mismas o mantener una Constitución obsoleta y que no refleja la realidad de un país que necesita un nuevo contrato social y por ende entendemos que esta última opción no es viable en el contexto actual, donde aún no se han dado las respuestas adecuadas a las manifestaciones que dieron origen a este proceso.
Laura Bono
Laura Bogado Bordazar
Coordinadoras
Departamento de América Latina y el Caribe
IRI-UNLP
