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Boletín n 83 – América Latina y el Caribe

ISSN 2250-6683 │ No 83 – enero/febrero/marzo 2023
Responsables de la Edición

Coordinadoras del Departamento:
Laura Bono y Laura Bogado
Editora:
María Jorgelina Senn
Miembros del Departamento de América Latina y el Caribe: Teresa Manera, Fernanda Díaz, Matías Mongan, Patricia Romer, Guillermina D’Onofrio, Felipe Piñeiro, Francisco Castaño, Emiliano Dreon, Macarena Rivas, Julieta Duedra, M. Jorgelina Senn, María Urrutia , Marco De Benedictis, Felipe Ríos Díaz, Julia Esposito, Celina de la Concepción, Stella Zeballos, María Paz Ojeda, John Mario Pineda, Agustina Alvarez.
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento 4.0 Internacional

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Artículos

Las opiniones expresadas en los artículos son de exclusiva responsabilidad de los autores y no reflejan, necesariamente los puntos de vista de este Departamento.

*  Un domingo que sacudió la democracia: el golpe de Estado en Brasil. Apuntes para una futura Historia del Tiempo Presente.
A Sunday that shook democracy: the coup d’état in Brazil. Notes for a future History of the Present Time.

Por Francisco Carlos Teixeira da Silva, Karl Schurster [+] Ver

Después de la ceremonia de toma de posesión, el 01 de enero, cuando el pueblo brasileño entregó la banda presidencial a Lula da Silva, los responsables de la seguridad del presidente Lula da Silva, en su tercer mandato (fue presidente entre 2003 y 2011 en dos mandatos consecutivos), hubo una relajación natural en las perspectivas de crisis y confrontación con la Extrema-Derecha. Desde hace meses, tras la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 30/10/2022, decenas de grupos de Extrema-Derecha han estado publicitando consignas como: “¡Él no va a subir la rampa!”, en una referencia directa a la arquitectura futurista con la rampa que da acceso al Palacio del Planalto, sede de la presidencia brasileña.

*  Narcoterrorismo como amenaza a la seguridad regional latinoamericana: el caso de la internacionalización del conflicto armado colombiano

Por Angie Carolina Rodríguez Robayo [+] Ver

Las agendas en términos de seguridad son heterogéneas y en gran medida supeditadas a los contextos históricos en los que suceden. Los asuntos internos rompen las fronteras definidas para cada Estado, cuando las amenazas permean los tejidos sociales o las cuestiones de bienestar común y convocan a esfuerzos mancomunados para la mitigación o atención de problemas de interés para más de una nación como pueden serlo la guerra, el narcotráfico o los asuntos ambientales.

*  8m: retos para las mujeres en el marco de la preocupante situación política en perú

Por Mayra Alejandra Hinostroza Cute [+] Ver

En el marco de una nueva conmemoración del 8M “Día Internacional de la Mujer”, el Centro de Estudios en Género(s) y Relaciones Internacionales (CeGRI) mantiene su firme compromiso de abordar el género desde una perspectiva crítica, reflexiva y plural.

*  Sobre la privación arbitraria de la nacionalidad por parte de Nicaragua

Por Ángela Del Águila Hurtado y Noeli Scarpelli [+] Ver

Ante la situación de apatridia a más de 300 personas, caracterizadas por ser opositoras al régimen, perpetrada por parte del gobierno dictatorial de Daniel Ortega en Nicaragua:
Entre abril y septiembre de 2018 se llevaron a cabo en Nicaragua protestas pacíficas reclamando cambios sociales para la población. La respuesta del gobierno fue la represión, dejando más de 300 muertos.

*  A 41 años del 2 de abril de 1982

Por Carlos Alberto Biangardi Delgado [+] Ver

Es necesario respetar el mandato de la Constitución Nacional. La Constitución Nacional de 1994 está precedida por una cláusula programática por la que la Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional y establece que su recuperación constituye un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.

Documentos

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Cronologias

* Cronología del mes de enero de 2023

Por Macarena Riva [+] Ver

* Cronología del mes de febrero de 2023

Por Marco De Benedictis [+] Ver

*  Cronología del mes de marzo de 2023

Por John Mario Pineda Ospina [+] Ver

Seminarios y Conferencias

a cargo de: María Paz Ojeda y Laura Bono [+] Ver

Documentos

*  OEA

Acuerdos bilaterales:

  • Acuerdo n° 1/2023 entre la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y el Gobierno de la República de Paraguay relativo a los privilegios e inmunidades de los observadores de la Misión Electoral para las elecciones generales del 30 de abril de 2023.
    https://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/acuerdos_bilaterales_1-2023.PDF
  • Acuerdo n° 2/2023 entre la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y el Tribunal Superior de Justicia Electoral del Paraguay del 30 de abril de 2023. Relativo al procedimiento de observación de las elecciones generales del 30 de abril de 2023.
    https://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/acuerdos_bilaterales_2-2023.PDF

Resoluciones:

  • Resolución n° 1215 del Consejo Permanente: lugar y fecha de la vigésima tercera reunión ordinaria del Comité Consultivo de la Convención Interamericana Contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados (CIFTA). Aprobada por el Consejo Permanente en la sesión ordinaria celebrada el 8 de marzo de 2023.
    https://scm.oas.org/doc_public/spanish/hist_23/cp47306s03.docx
  • Resolución n° 1216 del Consejo Permanente: lugar y fecha del vigésimo tercer período ordinario de sesiones del Comité Interamericano Contra el Terrorismo (CICTE), convocado en virtud de la resolución AG/RES. 2986. Aprobada por el Consejo Permanente en la sesión ordinaria celebrada el 8 de marzo de 2023.
    https://scm.oas.org/doc_public/spanish/hist_23/cp47307s03.docx

Declaraciones:

Informes:

  • Informe n° 783 a de la Asamblea General: nota de la Misión Permanente de    Argentina mediante la cual informa la decisión del gobierno argentino de presentar la candidatura de la doctora Andrea Pochak para miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, período 2024-2027, cuyas elecciones se celebrarán durante el quincuagésimo tercer período ordinario de sesiones de la         Asamblea General de la OEA. Washington, D.C., 22 febrero 2023.
    http://scm.oas.org/doc_public/spanisccccch/hist_23/CP47227S03.docx
  • Informe n° 783 b de la Asamblea General: nota de la Misión Permanente de    Suriname se anuncia la decisión del gobierno de la República de Suriname de nominar a la Sra. Gloria Monique de Mees, como candidata al cargo de miembro             de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el período 2024-2027 en las elecciones del quincuagésimo tercer período ordinario de sesiones de la asamblea general de la OEA. Washington, D.C., 24 de febrero de 2023.
    http://scm.oas.org/doc_public/spanish/hist_23/AG08689S09.docx
  • Informe n° 785 de la Asamblea general: elecciones que tendrán lugar durante el           quincuagésimo tercer período ordinario de sesiones de la Asamblea General. Los miembros a elegir iniciarán sus funciones el 1 de enero de 2024. 27 de febrero de 2023.
    http://scm.oas.org/doc_public/spanish/hist_23/AG08690S03c.docx
  • Informe n° 9663 de la Asamblea general: nota de la Misión Permanente de las Bahamas con la que, en su calidad de coordinador del cónclave de embajadores de la CARICOM, comunica su decisión de postular al representante permanente de Suriname para formar parte del grupo de trabajo sobre Haití, creado por el Consejo Permanente. Washington, D. C., a 28 de febrero de 2023.
    http://scm.oas.org/doc_public/spanish/hist_23/CP47260S07.docx
  • Informe n° 535 del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral: Presentaciones hechas por panelistas invitados durante la reunión ordinaria del CIDI sobre el tema: -descarbonización en las américas – energía y soluciones basadas en la naturaleza-, celebrada el 28 de febrero de 2023.
    http://scm.oas.org/doc_public/spanish/hist_23/CIDRP03778T02.docx
  • Informe n° 91 de la Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo reunión de la junta directiva: Estado del ciclo de programación del Fondo de Cooperación Al Desarrollo (FCD) 2021-2024.
    http://scm.oas.org/doc_public/spanish/hist_23/CIDRP03781S02.docx
  • Informe n° 9673 del Consejo Permanente: intervención del señor Eduardo Stein, representante especial conjunto de la ACNUR y la OIM para refugiados y migrantes de Venezuela, sobre la cooperación internacional para responder a la migración de Venezuela y la integración socioeconómica de los migrantes en los países receptores (realizada durante la sesión ordinaria del consejo permanente del 8 de marzo de 2023).
    http://scm.oas.org/doc_public/spanish/hist_23/cp47309t03.docx
  • Informe n°15 del Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres (GRIC): discurso de apertura de la coordinadora adjunta de la Cumbre Nacional de los Estados Unidos, Sra. Jennifer Showell. Ciudad de Panamá, 22 de marzo de 2023.
    http://scm.oas.org/doc_public/spanish/hist_23/CMBRS02496S06.docx
  • Informe n°16 del Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres (GRIC): Observaciones de la enviada especial adjunta para el cambio climático, departamento de estado DE EE. UU, Sra. Sue Biniaz. Ciudad de Panamá, 22 de marzo de 2023.
    http://scm.oas.org/doc_public/spanish/hist_23/CMBRS02497S06.docx

*  ONU

Comunicados

*  CAN

*  CARICOM

Sección a cargo de: María Paz Ojeda, Agustina Alvarez y Julieta Duedra.

*  Mercosur

Consejo del Mercado Común

Comisión de Comercio

PARLASUR

Sección a cargo de Agustina Alvarez

Seminarios, charlas y conferencias

Sección a cargo de: María Paz Ojeda y Laura Bono

“El Tren Volador”
de Gonzalo Endara Crow
(http://www.forosecuador.ec/forum/ecuador/educaci%C3%B3n-y-ciencia/175925-13-pintores-ecuatorianos-y-sus-obras-m%C3%A1s-famosas)

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Artículos

*  Un domingo que sacudió la democracia: el golpe de Estado en Brasil. Apuntes para una futura Historia del Tiempo Presente.
A Sunday that shook democracy: the coup d’état in Brazil. Notes for a future History of the Present Time.

Francisco Carlos Teixeira da Silva[1], Karl Schurster[2]

Resumen: Después de la ceremonia de toma de posesión, el 01 de enero, cuando el pueblo brasileño entregó la banda presidencial a Lula da Silva, los responsables de la seguridad del presidente Lula da Silva, en su tercer mandato (fue presidente entre 2003 y 2011 en dos mandatos consecutivos), hubo una relajación natural en las perspectivas de crisis y confrontación con la Extrema-Derecha. Desde hace meses, tras la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 30/10/2022, decenas de grupos de Extrema-Derecha han estado publicitando consignas como: “¡Él no va a subir la rampa!”, en una referencia directa a la arquitectura futurista con la rampa que da acceso al Palacio del Planalto, sede de la presidencia brasileña. Entre las amenazas, incluso armadas contra la asunción de Lula da Silva, se encontraban funcionarios, civiles y militares, del propio sistema de seguridad del Estado brasileño, incluidos los órganos de garantía y prevención de crisis, como la notoria Oficina de Seguridad Institucional/GSI, directamente vinculada a la Presidencia de la República y con oficinas en el proprio Palacio Presidencial. Ese artículo, escrito después de los acontecimientos en Brasilia, se propone analizar la invasión, destruición y tentativa de golpe, por partidarios del conservadurismo y del bolosnarismo de las instituciones y dos símbolos muy importantes de la República de Brasil.

Palabras clave: bolsonarismo, fascismo, golpe de Estado, democracia.

Abstract: After the inauguration ceremony, on January 1, when the Brazilian people handed over the presidential sash to Lula da Silva, those responsible for the security of President Lula da Silva, in his third term (he was president between 2003 and 2011 in two consecutive terms), there was a natural relaxation in the perspectives of crisis and confrontation with the Extreme Right. For months, after the second round of the presidential elections on 10/30/2022, dozens of Far-Right groups have been advertising slogans such as: «He is not going to climb the ramp!», in a direct reference to the futuristic architecture with the ramp that gives access to “Palácio do Planalto”, seat of the Brazilian presidency. Among the threats, even armed against the assumption of Lula da Silva, were civil and military officials of the Brazilian State’s own security system, including the bodies of guarantee and crisis prevention, such as the notorious Office of Institutional Security / GSI, directly linked to the Presidency of the Republic and with offices in the Presidential Palace itself. This article, written logo after the events in Brasilia, aims to analyze invasion, destruction and attempted coup, by supporters of conservatism and bolosnarism institutions and two most important symbols of the Republic of Brazil. Our objective is to point out paths for the history of the present time by relating those that have occurred with the history of the new radical right.

Keywords : Bolsonarism, fascism, coup d’état, democracy.

Introducción: Lula habla del peligro

Tras los momentos iniciales de perplejidad, el Gobierno reaccionó con firmeza y los invasores de la Praça dos Tres Poderes empezaron a ser llamados «vándalos», radicales, extremistas y terroristas y se produjeron detenciones masivas. Según el Departamento de Policía Penitencia, en Brasilia, un total de 1.398 personas fueron detenidas y otras 8 personas en otros Estados. De ese total, 464 quedaron en libertad bajo condiciones cautelares – como tobillera electrónica – y otros 942 tenían decretada prisión preventiva, sin fecha inmediata de libertad. São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Mato-Grosso y Rio Grande do Sul son los Estados con mayor número de extremistas detenidos – durante los hechos de Brasilia -, con más de cien elementos por cada uno de estos Estados[3].

Contra todos los implicados pesan al menos cinco graves acusaciones:

  1. Daño a la propiedad pública de la Unión – delito calificado. Pena: reclusión, de seis meses a tres años, y multa, además de la pena correspondiente a la violencia;
  2. Delitos contra el patrimonio cultural: destruir, inutilizar o deteriorar bienes especialmente protegidos por ley, acto administrativo o resolución judicial. Pena: prisión de uno a tres años y multa;
  3. Asociación delictiva: asociación de tres o más personas con el propósito específico de cometer delitos. Pena: prisión, de uno a tres años (la pena aumenta si la asociación está armada);
  4. Abolición violenta del estado democrático de derecho: intentar, mediante la violencia o amenazas graves, abolir el estado democrático de derecho, impidiendo o restringiendo el ejercicio de los poderes constitucionales. Pena: prisión, de 4 a 8 años, además de la pena correspondiente por violencia;
  5. Golpe de Estado – Pretender deponer, mediante violencia o grave amenaza, al gobierno legítimamente constituido. Pena: prisión, de 4 a 12 años[4].

Ante tal «materialidad», y un inmenso cúmulo de evidencias, Lula da Silva ya el 01/11/2023 habla de un golpe de Estado «fallido». El presidente afirmó el miércoles 18/01- que un “pueblo preparado” promovió un intento de golpe el 8 de enero […] Lo que pasó aquí fue un intento de golpe”, resumió el presidente durante una agenda con centrales sindicales, en Brasilia. El mismo Lula explica: “…un intento de golpe de gente preparada. No sé si el expresidente lo ordenó, lo que sí sé es que él tiene la culpa, porque se pasó todo su gobierno predicando el odio[5].

En los días inmediatamente posteriores a los actos extremistas en Brasilia, la actuación del ministro de Justicia chocó con la política propuesta por el nuevo ministro de Defensa para enfrentar a los extremistas. Antes de asumir el cargo, el ministro declaró que no sacaría de los campos a los bolsonaristas, considerados “demócratas” con quienes el propio ministro tenía lazos de amistad y parentesco[6]. En fuerte disputa con el ministro de Justicia, a favor de una resolución firme de las ocupaciones bolsonaristas, el ministro José Múcio Monteiro defendió un enfoque “gradualista”, garantizando que el movimiento de sedición bolsonarista se extinguiría con el tiempo. Incluso cuando los bolsonaristas, el día de la confirmación de Lula da Silva por el Tribunal Superior Electoral/STE, el 12/12/2022, provocaron una “Noche de Fuego y Destrucción” en Brasilia, seguida por el descubrimiento de terroristas dispuestos a volar un camión de combustible en el Aeropuerto Internacional de Brasilia, el ministro mantuvo su postura “gradualista”[7].

Todavía así el ministro de Defensa, con el apoyo de los militares, siguió defendiendo su enfoque “gradualista”, en abierto choque con la voluntad de la Justicia, de la AGU/Advocacia Geral da União, el STF y el Ministerio Público, de profundizar las conexiones de los extremistas con otras autoridades de la República, además de culpar al “malo de la ocasión”, la dupla Ibaneis/Anderson Torres[8].

Así, quedó claro que la ausencia de una firme actitud previa de «limpieza» por parte de los órganos de Inteligencia y la tolerada presencia de bolsonaristas en altos cargos de la República – tal como o GSI y el Batallón Duque de Caxias – facilitaron, o incluso permitieron, la extensión del Golpe. De hecho, el nuevo gobierno no discutió con los especialistas en Defensa y Asuntos Militares la situación de las Fuerzas Militares y de Inteligencia, desconociendo la colaboración de militares leales y especialistas en la materia[9]. Esta situación obligará al nuevo gobierno a una gran “ola” de despidos y exoneraciones de militares en puestos clave de la gestión gubernamental[10].

Con la contundente declaración de Lula da Silva sobre el verdadero intento de golpe de Estado, se inició una fuerte polémica en los medios de comunicacion y medios jurídicos sobre la naturaleza de los hechos del 8/01 y su posible tipificación legal. Así, la verdadera naturaleza de los hechos comenzó a ser cuestionada y precisada la terminología: «sedición», «golpe de Estado», «Putsch», «Pronunciamiento», «Insurrección» entraron en el debate junto a la caracterización de los hechos ocurridos como «Terrorismo».

La noción de “Golpe de Estado” es antigua y bastante arraigada. El golpe de Estado deriva de una acción, violenta o no, de una parte, del proprio aparato burocrático del Estado para tomar el control del conjunto de los poderes existentes. Así, el golpe de Estado deriva de la actuación, por ejemplo, de actos del poder judicial, o de las Fuerzas Armadas o de la Policía, para la “conquista del Estado”[11]. En este caso, según la legislación, las autoridades de la Capital Federal – como el Gobernador de Brasilia, el secretario de seguridad y el comandante de la Policía Militar, pueden, de hecho, ser acusados de “golpe de Estado”.[12] La «Insurrección» es un movimiento masivo y espontáneo de levantamiento de la población o parte de ella contra el Estado establecido. Según su propia acepción latina -insurrecto, ponerse de pie – engloba claramente los hechos ocurridos en la Capital Federal.

El «Putsch», en cambio, tiene las mismas características que el «Golpe de Estado», pero de forma menos extensa, casi un «coup de main», llevado a cabo por un pequeño grupo con el uso de la violencia: «Golpe de Estado efectuado por un grupo armado “…dans l’objectif de prendre le pouvoir». Aparece en la ciencia política anglosajona como «levantamiento/uprising» o «coup/golpe». Finalmente, la «sedición» implica el incumplimiento de la ley, especialmente de las leyes constitucionales o de la propia constitución, y muy a menudo apunta a los autores intelectuales de hechos delictivos.

Vemos, pues, que bajo cualquier aspecto – considerando que los hechos del 08/01 se caracterizaron por actos violentos de incumplimiento de la ley, con la intención de paralizar el gobierno y derrocar el Estado de Derecho – las personas detenidas y denunciado cometió los delitos y faltas descritos anteriormente[13].

Queda por definir la existencia de “Terrorismo” durante los hechos del 01/8. Numerosos comentaristas políticos han criticado al Ministerio de Justicia y a la Corte Suprema por acusar a los insurgentes de «terroristas», entendiendo que el terrorismo es un acto aislado o colectivo de violencia clandestina destinado a amedrentar a la población y debilitar al gobierno. Pues la percepción, errónea a nuestro juicio, de que no hubo “terrorismo” aquel fatídico domingo. Ocurre que tales comentaristas «olvidan» que, junto a los hechos ocurridos en Brasilia, fueron atacadas varias torres eléctricas de larga distancia – 4 fueron efectivamente derribadas y otras 16 fueron atacadas sin lograr el objetivo en los estados de Paraná, Rondônia y Mato-Grosso[14]. Se intentó también ocupar refinerías y bloquear el suministro de combustibles del país, además de ocupar y bloquear carreteras y vías férreas. El objetivo era claramente llevar al país al caos y al miedo. Todo esto ocurrió los días 8 y 9 de enero, formando un solo cuadro con los hechos de Brasilia – y denotando una «Inteligencia» general que organizó el golpe[15].

Un trasfondo histórico tumultuoso

La extraña “fiesta” que iba a transformar a la ciudad de Brasilia en una nueva “Selma” tropical se entendió de inmediato como una oportunidad única para que el Poder Civil rompiera con la tutela militar secular sobre la República. Desde la década de 1920, con el llamado movimiento «Tenentista», o más exactamente en 1922 cuando los jóvenes oficiales – llamados «Jóvenes Turcos» por su carácter modernizador y autoritario – abandonaron los cuarteles para amenazar por primera vez a la República. Desde entonces, buscaron justificar la existencia de un “Poder Militar” auto establecido que buscaría su legitimidad en la Historia. Tal «Poder Militar», nunca previsto en ninguna de las Constituciones brasileñas, amenazó desde la fundación de la República, en 1889, el principio de soberanía popular en el seno mismo de la República[16].

Los «Tenentes» participaron activamente en la Revolución de 1930, con Getúlio Vargas, y en la Revuelta Constitucionalista de São Paulo en 1932. Desde la fundación de la AIB/Ação Integralista Brasileira, el rostro brasileño del fascismo se fusionó con la idea modernizadora-autoritaria de los jóvenes militares, en una visión eugenésica y elitista de la población brasileña, especialmente en la Marina de Brasil, en que, rápidamente, el Integralismo se convirtió en una ideología dominante. Posteriormente, los jóvenes oficiales jugaron un papel central en el golpe que creó el Estado Novo, en 1937, Participando activamente en cargos y privilegios y apoyando las medidas represivas del Estado Novo[17].

Ya se estaba gestando, después, una fuerte influencia norteamericana – que se desarrolló en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, ya sea con las tropas brasileñas que combatieron en Italia, o por la presencia de grandes bases militares estadounidenses en el mismo Brasil[18] Fue en ese marco que derrocaron el gobierno de Getúlio Vargas en 1945 y presentaron su propio candidato a la sucesión presidencial: el brigadier Eduardo Gomes (1896-1981). El «Brigadier» fue candidato a la Presidencia en dos ocasiones, en 1945 y 1950, por la UDN – partido modernizador, liberal económicamente y mientras tanto conservador en política- y, siendo derrotado en ambas ocasiones. Nuevamente intervinieron en la política, con la deposición de Vargas y constantes movimientos contra el proceso electoral.

Prosiguieron con el intento de golpe de estado contra Vargas – elegido democráticamente para el período presidencial 1951-1954 – en 1954, quien prefirió suicidarse a someterse a decisiones militares. Durante la «Cuarta República», entre 1945 y 1964, se sublevaron los militares varias veces, como en el caso de las revueltas de Aragarças y Jacareaganga, en la región amazónica en 1959. Como de costumbre, los rebeldes de la Fuerza Aérea y del Ejército no aceptaron los resultados electorales que llevaron a la presidencia de Juscelino Kubitshek.

Como herencia del Integralismo, a lo largo de este tumultuoso período, los militares brasileños cultivaron una ideología de desprecio por los políticos y civiles en general, considerados incapaces y corruptos. Así, los políticos serían incapaces de llevar a cabo el proyecto de “refundación” de la sociedad brasileña y, por tanto, los militares deberían asumir tal “misión”.

Las ideas integralistas, incluso el nazismo, mantuvieron una fuerte presencia en las instituciones y escuelas militares, rechazando cualquier propuesta de transformación estructural del país como forma de combatir las brutales desigualdades sociales de la sociedad brasileña. En este sentido, las ideas socialistas, socialdemócratas y el “trabalhismo” nacional-desarrollista – de Vargas, João Goulart y Leonel Brizola – fueron tomados como un “enemigo interno”, alimentando el pánico anticomunista que culminaría con el golpe cívico-militar de 1964.

La presencia estadounidense y el clima político generado bajo los efectos de la Guerra Fría aceleraron la adopción de la llamada “Doctrina de la Seguridad Nacional”, una forma de anticomunismo acérrimo que criminalizó incluso las propuestas de desarrollo social keynesianas y de la CEPAL y las impuso como la doctrina “oficial” de las Fuerzas Armadas y guió la regimentación para el Golpe de Estado de 1964, que desembocaría en la larga dictadura civil-militar, entre 1964-1988. Incluso durante la larga dictadura civil-militar, de 1964 a 1985 (para otros, la fecha de finalización del régimen de excepción sólo ocurriría en 1988, con la aprobación por el Congreso Nacional de la nueva Constitución Democrática). En 1968 y 1969 los sectores de «línea dura» se impusieron con el Acta Institucional núm. 5, el de triste recuerdo “AI-5”, que «cerraba» brutalmente con los derechos político y civiles en Brasil[19]. En 1977, el entonces Ministerio del Ejército intentó un golpe de Estado contra el presidente-general Geisel (presidente entre 1974 y 1979), en desacuerdo con la política de Transición/Apertura. Y, entre 1980-1982, numerosos militares se involucraron en acciones terroristas contra los líderes democráticos del país, en la búsqueda del cese de la “Apertura Política”[20].

La fragilidad de la seguridad y de la inteligencia presidencial, así como las conexiones más directas con el propio mando del Ejército, es reconocida por el propio presidente Lula en una entrevista del 12/01, al hacer un balance de la crisis golpista.

Por su interpretación de la Historia de Brasil, desde las Batallas de Guararapes contra los holandeses, en 1648 y 1649, cuando el “Ejército” (¡¿qué Ejército?!) salvó al país de la invasión extranjera hasta la Proclamación de la República, en 1889, los militares habrían adquirido un “derecho” a intervenir en la República y decidir cuál sería, para ellos, el “orden” en la casa de Selma. Creen también que el suprimido Poder Moderador del Emperador – establecido en la Constitución Imperial de 1824 como recurso para la intervención personal del Emperador en la Política – persiste en la realidad brasileña como una «mano invisible» de la Tutela Militar de la República. Con la deposición del Emperador Pedro II, el decadente «Poder Moderador» – un cuarto «poder» más allá del Legislativo, Judicial y Ejecutivo, esto expresado en la figura del ministro del Imperio (un primer ministro), en 1889, habría emigrado a manos de los propios militares, por lo que tendrían el derecho y el deber de remediar los males de la República, siendo los dueños de la «Fiesta da Selma»[21].

Por el contrario, las medidas de control de los últimos acontecimientos, con el recurso de PMs de estados donde el bolsonarismo no rompió la cadena de mando –como Bahía, Pará, Maranhão, Ceará– y una intervención “civil” sin precedentes, sin GLO y sin generales como alguaciles de la orden, bajo el control del Ministerio de Justicia, marca la nueva política del Gobierno de Lula y, tal vez, la superación de la histórica costumbre de tutela militar sobre la República. Hoy se trata de defender la República sin las botas y uniformes habituales, refundar la República «civilmente».

Esta es, sin duda, la gran novedad, la verdadera ruptura, en la historia de la República. El Poder Civil, la República Democrática, no utilizó a los militares para restaurar el orden en la Capital Federal. De hecho, en la madrugada del 9/01, luego de una violenta discusión entre el ministro de Justicia y el comandante del Ejército – durante la cual el ministro Flavio Dino supuestamente temía por su propia seguridad y la posibilidad de ser detenido – en la que se exigía que Ejército a cumplir de inmediato las órdenes del presidente de la República[22].

En ese momento, aún circulaban en la prensa noticias de ataques contra torres eléctricas y refinerías de combustible en Paraná, Rondonia, São Paulo, Río de Janeiro y Santa Catarina. Para muchos, el golpe aún estaba en curso[23].

Sin embargo, la desconfianza entre el Ejército y el nuevo gobierno de izquierda se profundizó aún más en los días posteriores a los hechos del 01/08 en Brasilia. No sólo hubo una falla en Inteligencia, sino que, además, por decisión del propio comandante del Ejército – General Julio César Arruda – se impidió que la Policía Militar y los agentes del orden urbano disolvieran los «campamentos patrióticos» alrededor del Cuartel General en Brasilia.

Del mismo modo, el general Arruda había encabezado una fuerte discusión con el ministro de Justicia – Flavio Dino, del Partido Socialista Brasileño/PSB – sobre la detención inmediata de los depredadores de palacios en la Capital Federal. Al mismo tiempo, el comandante del Ejército mantuvo el nombramiento de TC Cid, ex asistente del presidente Bolsonaro y considerado «jefe» del llamado «Gabinete do Odio» que asesoró al expresidente. El soldado en cuestión había sido designado, por Bolsonaro, para comandar el Batallón de Fuerzas Especiales del Ejército, en una ciudad, Goiânia, muy cercana a Brasilia. Además, TC Cid es investigado en el Tribunal Supremo por actividades antidemocráticas[24]. El nuevo gobierno consideró «insoportable» el nombramiento de un oficial para comandar una unidad de vital importancia que responde a un proceso por actividades contrarias al Estado de Derecho. Aquí se produce un profundo recrudecimiento de la crisis Ejército-Gobierno Federal: el nombramiento de oficiales es función exclusiva del comandante del Ejército y, así, el General Arruda consideró que la demanda de revocación del acto de designación del TC Cid a un mando es una intervención indebida, a pesar de que el oficial está siendo investigado por el máximo tribunal de justicia del país.

Finalmente, fue recién tras el nombramiento del nuevo comandante del Ejército, General Tomás, que se resolvió el embrollo del rol del TC Cid, el 24/01/2023, con su “renuncia” al cargo. A continuación, trata de la situación del coronel Fernandes da Hora, comandante del Batallón de la Guardia Presidencial Duque de Caxias, que “cae hacia arriba”, asumiendo un cargo en el Comando del Ejército. Tales negociaciones, largas y conflictivas, muestran que existe un fuerte espíritu de cuerpo en la institución y una gran dificultad para reconocer sus propias fallas, ya sea por acción, como en el caso de TC Cid, o por inacción, como en el caso de coronel Fernades da Hora[25].

Los altos mandos consultados consideraron, junto al general Arruda, que se necesitan dos condiciones para la sanción del oficial: que se le ofrezca un proceso formal y con libre defensa ante la Justicia Militar y que el sobreseimiento sólo se produzca después de todas las apelaciones han sido juzgados. De hecho, la jerarquía del Ejército teme que se pierda la autonomía de los nombramientos y que sus miembros sean llevados a un tribunal civil, aunque sea la Corte Suprema[26]. Al mismo tiempo, el Ministerio Público Militar elaboró ​​un análisis de los hechos que precedieron y ocurrieron en el 8/01, desconociendo los episodios bomba y considerando los “acompañamientos patrióticos” como una manifestación libre del espíritu democrático.

Incomprensiblemente, las investigaciones sobre atentados terroristas con bombas contra el sistema eléctrico nacional y la invasión de refinerías no se señalan correlacionados en pesquisas en curso -incluyendo análisis fundamentales sobre el origen de los explosivos y la naturaleza de los mecanismos de detonación, que continúan ocurriendo en los días posteriores al 08/01. El hecho de que hubiera gente armada, manipulación de explosivos y pedidos permanentes de “Intervención Militar Ya” no fueron considerados por la Justicia Militar como fuente de riesgo al Estado de Derecho[27].

Así, permitir la destitución del TC Cid, para muchos militares, abriría el camino para la destitución y criminalización del coronel Fernandes da Hora, comandante de la Guardia Presidencial del Palacio del Planalto y, en última instancia, del comandante Militar del Planalto (de la Región). Esto abriría una amplia brecha para las investigaciones dentro del propio Ejército. En este caso, todos los oficiales consultados manifestaron que los despidos y acusaciones contra oficiales sólo podían ser realizados por la propia Justicia Militar y después de juzgado todo el proceso. Así, el Gobierno Civil, a su vez, debería convivir con mandos militares en los que no confía y que podrían, una vez más, actuar de forma «indisciplinada» o «negligente»[28].

De ahí un segundo punto de algidez de la crisis constitucional brasileña: el 21/01 el presidente de la República exonera al comandante del Ejército, ante su resistencia a dejar sin efecto el nombramiento del TC Cid en el Batallón de Fuerzas Especiales. El General Arruda convoca a reunión de emergencia, a distancia, del Alto Mando del Ejército para el mismo día. Sin embargo, no obtuvo la solidaridad de ACE ni de los demás comandantes de la Armada y la Fuerza Aérea[29].

Por primera vez, el ministro de Defensa reconoce que hay una «crisis de confianza», una fractura, en las relaciones entre el Comando del Ejército y el Gobierno de la República. Dicho reconocimiento marca el fin de la política de «gradualismo» del ministro José Mucio Monteiro. El general Tomás (Ribeiro Paiva), el siguiente en funciones, es propuesto e inmediatamente nombrado. De manera muy «oportuna», el General Tomás había pronunciado un vigoroso discurso en defensa de la Democracia y la disciplina militar poco antes – el 18 de enero- filmado y publicado en el sitio web del Comando Militar del Sudeste (Región de São Paulo). El nuevo comandante del Ejército es un oficial con fuertes vínculos con los jefes del partido PSDB – casi extinguido en las elecciones de 2022, aunque fue una fuerza política importante en la Nueva República. Además, es cercano al expresidente Fernando Henrique Cardoso y al actual vicepresidente electo Geraldo Alckmin, él mismo exgobernador de São Paulo por el PSDB[30].

Los tres golpes de Estado de Jair Messias Bolsonaro

Bolsonaro nunca fue demócrata y el bolsonarismo, aunque vago y difuso, se caracteriza por una doctrina racista, autoritaria, excluyente y por el cultivo del odio y la mentira como forma de movilizar a sus militantes. A lo largo de sus mandatos – fueron un total de seis mandatos en el Congreso Nacional, que suman 27 años de presencia en el Poder Legislativo -el ex presidente dio muestras constantes de truculencia, desconocimiento de los valores éticos de la Democracia y perfecto desprecio por Cultura y artes en Brasil. El propio ex diputado, o en varias ocasiones sus hijos y simpatizantes, amenazaron con cerrar el Supremo Tribunal Federal, produjeron falsas denuncias de fraude en el proceso electoral y, con el patrocinio del PL – su actual partido – pidieron la nulidad de la Elecciones presidenciales de 2022 por fraude en el voto electrónico. Los recientes descubrimientos y testimonios, incluida la «Minuta da Comissão Civil-Militar» de intervención en el Tribunal Superior Electoral, muestran lo que se sospecha desde hace mucho tiempo: Bolsonaro y sus correligionarios, incluido su ministro de Justicia Anderson Torres – en el momento actual bajo arresto determinado por el STF-, planeó un golpe de Estado en Brasil. De hecho, podemos decir con seguridad ahora que el expresidente intentó tres veces derrocar el estado de derecho en Brasil e implementar un simulacro del pasado Régimen Civil-Militar inaugurado en 1964[31].

El primer atentado de Bolsonaro contra la Constitución Federal y el orden democrático ocurrió el 7 de septiembre de 2021, cuando el presidente reunió multitudes en Brasilia, São Paulo y Río de Janeiro para declarar que ya no aceptaría las decisiones de la Corte Suprema ofendiendo a sus ministros, y que «devolvería» el poder al pueblo. ¡Fue aplaudido por la multitud de extremistas con gritos sintomáticos de “Yo autorizo!”[32] El segundo intento de promover el golpe se produjo, ahora sabemos, poco después de las elecciones del 30/10/2022 cuando Bolsonaro y Anderson Torres – según la evidencia disponible también con la colaboración del general Braga Netto – propusieron a través de un “Proyecto de Comisión Reguladora de Elecciones” una vía para declarar el “Estado de Defensa”, según el artículo 136 de la Constitución, “en” STE, en una visión distorsionada e inconstitucional del instituto constitucional[33]. En todo este tiempo, el expresidente siguió afirmando que siempre actuó “dentro de las cuatro líneas de la Constitución”. El interrogante, sin embargo, que se planteó es la capacidad del expresidente para comprender lo que serían las llamadas “cuatro líneas” de la Constitución.

No sólo se tergiversaron las nociones de “orden”, “seguridad pública” y “paz social”, sino que también hubo una comprensión errónea de tales imperativos que caracterizarían una crisis y que podrían desencadenar el Estado de Defensa[34]. Por error o dolo la intervención contra la Justicia Electoral sería igualmente delito. La imposición, de manera distorsionada, del «Estado de Defensa», para establecer un resultado falseado de las elecciones que daría la victoria a Bolsonaro, desencadenaría un conflicto político abierto. La transformación del “Proyecto Cívico-Militar de Intervención en el STE” – de hecho, la ruta del mapa del golpe – en un decreto levantaría al STF y al STE contra el gobierno, que serían declarado “en sedición”, según el Código Penal brasileño, llevando al país al enfrentamiento y al caos. La tragedia no se concretó por la falta de apoyo por parte del Alto Mando del Ejército a las pretensiones del presidente, del ministro de Justicia y el entonces, poderoso general Braga Netto[35].

Finalmente, por tercera vez, se intentó un golpe de estado en aquel «Domingo de la Vergüenza» del 08/01/2023, cuando tras el aliento de Bolsonaro – que predijo «algo más grande que el Capitolio» -, en Twitter, y con él la deserción del secretario de Seguridad del DF y la benevolencia del Batallón Duque de Caxias, que custodiaba el palacio presidencial, se produjo en la Capital Federal un espectáculo de destrucción, violencia y odio[36]. La actitud del Batallón Duque de Caxias y sus posibles conexiones es, como vimos, particularmente grave, sobre todo si recordamos que el ministro de Defensa de Bolsonaro, con el aval del Ejército, refrendaba las sospechas sobre la salud de las máquinas de votación electrónica.

Así, tres veces en muy poco tiempo, el bolsonarismo buscó subvertir el orden democrático en Brasil. Dos veces hubo una intención directa de la Presidencia de la República, en un movimiento iniciado por el propio presidente, en 2021, y a través de su ministro de Justicia, en el período postelectoral de 2022, coronando las 35 “lives” realizadas por el presidente exclusivamente contra las urnas electrónicas – incluyendo la presencia del entonces ministro de Justicia cuando se alegó pruebas falsas de fraude en las máquinas de votación electrónica[37]. Finalmente, a través de una vasta conspiración contra la Democracia, en el domingo 08/01, elementos bolsonaristas en Brasil y en el exterior, intentaron una vez más el golpe, al romper la cadena de mando legal de las fuerzas policiales y del propio Ejército.

Con la inacción y benevolencia de los órganos de seguridad, extremistas llegaran al pico del extremismo con la destrucción de los icónicos espacios de los Tres Poderes, con sus “uniformes” amarillos de la camiseta de la selección nacional de fútbol, ​​mostrando a la nación lo que sería el llegar al poder en este momento de fascismo.

Bolsonaro nunca fue demócrata, como lo demuestra su defensa de la dictadura y la tortura en el pasado reciente y tormentoso de Brasil[38]. Sin embargo, lo que se desprende de tal disposición repetitiva de la búsqueda del golpe de Estado, es un carácter irremediablemente antidemocrático y dictatorial. En este contexto, para muchos, no se debe apostar por un “gradualismo” inercial para combatir a los enemigos de la Democracia. El bolsonarismo es un movimiento de masas que logró juntar el trasfondo conservador y esclavista común de nuestra historia, con el fundamentalismo religioso de corte pentecostal y con los católicos resistentes al aggiornamento de la Iglesia, con la herencia Integralista y nazi de los años de 1930 y, finalmente, la fuerte presencia del nuevo bonapartismo trumpista. Estas diversas fuentes doctrinales del bolsofascismo permitieron el surgimiento de una cosmovisión reaccionaria, pero lo suficientemente flexible como para abarcar vastos estratos sociales.

Conclusión

El bolsonarismo se convirtió así en una nueva corriente política en el escenario nacional. Con un sencillo programa doctrinario basado en el racismo y la negación de los movimientos que defienden los derechos de las minorías, la inclusión social y la ampliación de los Derechos Civiles – negando incluso la denuncia de la larga opresión de género, etnia y clase en el país y el rol de la esclavitud en la historia del Brasil – y, a través de ello, conquistó vastas capas de las clases medias, asombradas y furiosas con la crisis, real o imaginaria, de su propio estatus social. Tal movimiento, como sus contrapartes en Francia, España, Alemania y los Estados Unidos, es una realidad nueva y permanente de las modernas sociedades industriales de masas. Sin embargo, a diferencia del caso de la «Vox» en España, o la «Alternativ für Deustchland, en Alemania, o el «Front National» en Francia, los grupos de extrema derecha bolsonaristas lograron, en Brasil, una hazaña sin igual.

Por un lado, logró unificar las diversas derechas preexistentes, que tenían una larga historia de fragmentación; por otro lado, se hicieron hegemónicas en el «bloque orgánico de la derecha» a partir de un programa «maximalista», en sentido amplio negacionista, supremacista y excluyente. Mientras que, en España, por ejemplo, Vox debe mantener una dudosa y conflictiva convivencia con el Partido Popular/PP o en Alemania partidos como la CSU, o incluso la CDU, se enfrentan a la extrema derecha, en Brasil el bolsonarismo ganó una amplia hegemonía sobre las diferentes formas de derechas[39].

El bolsonarismo en sí no se limita a su partido oficial, el PL/Partido Liberal, de mayoría en la Cámara de Diputados. Otros partidos, como el «Partido Novo», que eligió al gobernador del Estado de Minas Gerais, son una clara línea auxiliar del bolsonarismo, diferenciándose sólo en la disputa entre personalidades. De hecho, la «función partidaria» orgánica de la extrema derecha en Brasil hoy es compartida por el propio partido bolsonarista – el PL – del expresidente, pero también involucra a las corporaciones militares que fueron «partidistas» en profundidad durante el periodo Temer-Bolsonaro, así como una parte sustancial del Poder Judicial y de la Magistratura.

La íntima asociación del Estado, a través de la administración pública, con los militares se explicitó en la cooptación de alrededor de 7 mil militares para funciones civiles de Gobierno. Desde los primeros días del Gobierno de Bolsonaro se han organizado «listas» de militares dispuestos a participar en el gobierno, muchos de los cuales fueron agregados a los puestos comisionados, contando el tiempo de servicio para promociones y pasaje a la Reserva, con emolumentos completos y agregados. Así, el bolsonarismo logró montar un sistema de poder que solo tiene precedentes – incluso en crisis de mérito y capacidades de gestión – una verdadera «Nomemklatura» soviética. El «Sistema Bolsonaro», contrariamente a cualquier mérito, formación o capacidad, dispuso de los cargos de la administración pública como una forma de forjar lealtades básicas. Para la distribución de los distintos cargos de la administración civil se utilizaron criterios propios de las fuerzas armadas como rango, antigüedad y fecha de egreso de la clase en academias militares y rotación entre las diferentes «Fuerzas» – Armada, Ejército y Fuerza Aérea[40].

Es en este sentido que surgió desde la sociedad civil la idea de que el Brasil post-Bolsonaro necesita una urgente «reconstrucción» de los propios instrumentos de gobernación del Estado. Sin embargo, tal proceso de reconstrucción moral, ética e institucional del Estado debe darse en medio de las urgencias que agobian al país: el regreso del hambre masiva, el crecimiento de las desigualdades sociales, étnicas y de género y el aumento de la violencia, entre otras.

En el último año del gobierno de Bolsonaro, el Centro Nacional de Denuncias de Safernet mostró un aumento del 67,5% en las denuncias de delitos de odio en Internet que involucran racismo, lgbtfobia, xenofobia, neonazismo, misoginia, apología de los delitos contra la vida e intolerancia religiosa. Los ataques racistas, homofóbicos y de intolerancia religiosa, especialmente contra cultos de origen africano, aumentaron en un promedio del 31 %. Y, lo peor de todo, se produjo un notable aumento de los discursos y actuaciones racistas por parte de las autoridades públicas[41].

A todo esto, se suma la necesidad apremiante de una intervención inmediata en situaciones de crisis de emergencia, como es el caso muy triste del Pueblo Yanomami.

El descubrimiento de las miserables condiciones de vida del Pueblo Yanomami plantea nuevos y serios interrogantes para el Gobierno de Bolsonaro y para toda la Nación. Se descubrieron decenas de oficios, escritos y remitidos burocráticamente, a la Funai, al Ministerio de la Ciudadanía, la Mujer y los Derechos Humanos, cuyo titular era una «pastora» de confesión afiliada al bolsonarismo, la ministra Damares Alves, y al mismo Bolsonaro, en los que se pedía ayuda para los Pueblos del Bosque. Nada de esto fue considerado y otras medidas fueron tomadas por el ministro Principal del GSI, General Augusto Heleno, y por el Vicepresidente, General Mourão, para permitir, e incluso facilitar, la invasión de la Tierra Yanomami. La extrema polarización de la sociedad brasileña, el avance de casos explícitos de racismo y la búsqueda sistemática por el aniquilamiento de los Pueblos Originarios obligan a reflexionar sobre nociones comunes sobre el pacifismo y la cordialidad del pueblo brasileño. No se trata solo de Bolsonaro, como en el Tercer Reich no se trataba solo de Hitler y sus ministros inmediatos. Aunque todos estos, ya sea en Brasil o en Alemania, deben ser tratados con rigor como genocidas, hay un vasto grupo de funcionarios civiles y militares que hicieron posible el genocidio yanomami. Toda la gente corriente, los aparentes «buenos ciudadanos», a los que hay que pedir cuentas por sus actos, que al fin y al cabo causaron, y siguen causando, tanto dolor[42].

Los hechos extremistas, entre el 12 de diciembre de 2022 y el 8 de enero de 2023 – los 26 días de agonía que sacudieran la Democracia en Brasil -, cuando en realidad la constitucionalidad del país estaba en grave riesgo, son puntos de ebullición derivados de la intervención en la política representativa de estos nuevos grupos extremistas. No hay que hacerse ilusiones – como prueban las experiencias de otros países – de que «los que vienen con la tormenta» han llegado para quedarse en el escenario político brasileño, con o sin Bolsonaro.

Referencias

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TEIXEIRA DA SILVA, F.C.; SCHURSTER, Karl. Militares e bolsonarismo. Um caso de transição falhada e democracia inacabada. Revista de Relaciones Internacionales: Instituto de Relaciones Internacionales, Universidade Nacional de La Plata/Argentina, n.60, 2021.

*  Narcoterrorismo como amenaza a la seguridad regional latinoamericana: el caso de la internacionalización del conflicto armado colombiano

Por Angie Carolina Rodríguez Robayo

Las agendas en términos de seguridad son heterogéneas y en gran medida supeditadas a los contextos históricos en los que suceden. Los asuntos internos rompen las fronteras definidas para cada Estado, cuando las amenazas permean los tejidos sociales o las cuestiones de bienestar común y convocan a esfuerzos mancomunados para la mitigación o atención de problemas de interés para más de una nación como pueden serlo la guerra, el narcotráfico o los asuntos ambientales.

América Latina ha estado históricamente ligada a dinámicas de poder que la ubican geopolíticamente como aliada, subsidiaria o amenaza, en especial, cuando se trata de su relación con los Estados Unidos. Así, capítulos como la aplicación de la Doctrina Monroe, el intervencionismo estadounidense en la región y la politización de la agenda regional por cuenta de disputas ideológicas de orden bipolar y las alianzas estratégicas subsiguientes al fin de la guerra fría, determinaron muchas de las decisiones tomadas por los gobiernos de turno en las naciones latinoamericanas durante distintas épocas.

Para el caso colombiano, la interacción Washington- Bogotá, ha estado ligada en gran medida por asuntos concernientes a relaciones comerciales, de cooperación en la lucha antidrogas y en periodos particulares, a la alineación de sus políticas de acción frente amenazas comunes, como por ejemplo, la puesta en marcha del Plan Colombia hacia finales de siglo XX entre los presidentes Bill Clinton y Andrés Pastrana para erradicar el problema y las estructuras del narcotráfico y, más tarde, con la aplicación de la política de seguridad democrática por parte del ex presidente colombiano Álvaro Uribe para dar manejo al conflicto armado colombiano y al subsecuente fenómeno del narcotráfico, alineando esfuerzos con su homólogo George W. Bush.

Así pues, para efectos del presente artículo se abordará la cuestión Colombia- Estados Unidos en el marco de fenómenos transnacionales, a partir de tres ejes fundamentales de trabajo, a saber: el surgimiento del narcoterrorismo como categoría y amenaza para la seguridad latinoamericana, luego, el esfuerzo de cooperación bilateral EE.UU.- Colombia en la lucha antidrogas y sus impactos en la región, para finalizar con la internacionalización del conflicto armado colombiano como efecto colateral del 9-11 en América Latina.

Narcoterrorismo como categoría y amenaza para seguridad latinoamericana.

Para hablar de narcoterrorismo es menester aclarar el lugar y tiempo de enunciación del concepto, pues su uso relativamente reciente engloba dos conocidos fenómenos en una sola categoría. La primera vez que se usó este término, fue en 1983 en un discurso del presidente peruano Belaunde Terry para referirse a los ataques que la policía antinarcóticos de su país recibía, en el que los grupos criminales usaban métodos de presión como ataques con explosivos que causaban terror en la población para influenciar y obstruir la justicia (Annoni, 2017, pág. 105). Si bien en este punto, la palabra tuvo un uso calificativo para describir una situación de orden público y seguridad interna del Perú, eventualmente, cobraría relevancia para describir problemas comunes en la región Latinoamericana.

Así, dos años más tarde, el término fue empleado para designar una problemática similar, esta vez en Colombia. Para el caso de este país en particular, esta es una noción con dos acepciones; la primera, enmarcada en el contexto mediático de la violencia de los años 80’s por cuenta de los cárteles de drogas que azotaron al país con ataques de sicariato y con artefactos explosivos, para evitar la aprobación de la ley de los “extraditables” en el Congreso Nacional Colombiano, medida judicial que pretendía mitigar el impacto y proliferación de operaciones ilegales asociadas al narcotráfico, lo que desató la ira de dichos grupos criminales que arremetieron contra la vida de políticos colombianos para soslayar la continuación de este proyecto.

La segunda acepción surge de una declaración del líder de la DEA, Asa Hutchinson ante el Subcomité de tecnología, terrorismo e información gubernamental del comité Judicial del Senado de los Estados Unidos, contextualizada en la lucha contra el terrorismo, luego de los ataques del 9-11, definiendo el narcoterrorismo como “un subconjunto del terrorismo, en el que los grupos terroristas, o los individuos asociados, participan directa o indirectamente en el cultivo, la fabricación, el transporte o la distribución de sustancias controladas y en el dinero derivado de estas actividades. (…) Además, la DEA utiliza el término para caracterizar la participación de grupos o individuos asociados en la recaudación de impuestos, la provisión de seguridad o la ayuda o incitación a los esfuerzos de tráfico de drogas en un esfuerzo por promover o financiar actividades terroristas[43] (Hutchinson, 2002). A partir de este término la DEA empezó a denominar a los grupos terroristas, cuya fuente de financiación fuese el narcotráfico para la perpetración de actividades criminales terroristas, como narcoterroristas, tal es el caso de las FARC y otros actores armados ilegales colombianos.

Tradicionalmente, el narcotráfico y el terrorismo han sido considerados como amenazas contra la seguridad internacional o como crímenes trasnacionales distintos, por contemplar inspiraciones disímiles que involucran actividades de índole política, nacionalista o religiosa en el caso de los grupos terroristas, o porque atañen al resultado de acciones enfocadas en el enriquecimiento ilícito como es el caso de los cárteles de droga. Casos en los cuales, es improbable ligar estos dos fenómenos como implícitos o asociados.

Sin embargo, “La «guerra contra las drogas», que ha durado varias décadas, y la «guerra contra el terrorismo», más reciente, han encontrado un terreno común para contrarrestar la amenaza del narcoterrorismo, que combina dos amenazas que tradicionalmente se han tratado por separado. El concepto de narcoterrorismo tiene su origen en la comprensión de que los fenómenos del narcotráfico y el terrorismo están interconectados y, por consiguiente, que es útil y necesaria una coordinación de la política antidroga y antiterrorista para hacer frente de forma eficaz a ambas amenazas.”[44] (Singh & Nunes, 2013, págs. 70-71)

Así pues, al establecer una relación causal entre las actividades terroristas y la fuente de financiamiento en el narcotráfico, es posible referenciar al grupo guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), como una estructura de orden narcoterrorista pues parte de sus actividades ilegales y violentas son financiadas con el cultivo de hoja de coca y las eventuales etapas del proceso productivo y de distribución de la cocaína. Según un reporte del Departamento de Estado de los Estados Unidos (DEA) en 2001, Colombia fue el tercer país más peligroso del mundo en cuestión de violencia política y fue responsable del 34% de todos los actos «terroristas» cometidos al rededor del mundo; cuyos responsables, las FARC y el ELN, desarrollaron actividades criminales para financiarse, reducir al Estado e implantar el régimen socialista. (Gutiérrez & Silva Queiroga, 2003)

Entender la lucha armada de las FARC en el marco del narcoterrorismo, sitúa a Colombia en el plano regional como un agente de potencial amenaza para la región latinoamericana, ya que, atrae la atención Estadounidense para la implementación de proyectos de cooperación militar como el Plan Colombia o la Iniciativa Regional Andina para contrarrestar los efectos del conflicto armado interno en lo referente al narcotráfico, situando bases militares en el país y abriendo la posibilidad a una participación mucho más amplia y directa del país del norte en la agenda de securitización regional, por cuanto es un actor involucrado en las externalidades de este asunto.

Los efectos del narcoterrorismo en la región, se hacen visibles partiendo del hecho de comprender este fenómeno como un problema cuyas “externalidades fronterizas locales, […] generan costos y beneficios variados que afectan a un número limitado de estados, y constituyen una base importante para la creación de complejos regionales de seguridad” (Tickner, 2004). Por otro lado, el impacto de externalidades como los efectos ambientales de la fumigación de hoja de coca, la presencia de grupos armados en territorios fronterizos y la migración de víctimas del conflicto, condicionan la atención que este fenómeno supone en la estructuración de las agendas internas de las naciones de la región.

Para aclarar el término de Complejos de seguridad regional- CSR, es vital reconocer que “Buzan utiliza el concepto de “Complejo de Seguridad” para etiquetar las estructuras relevantes en un nivel de análisis determinado, y lo define como un grupo de estados cuya principal preocupación de seguridad se relaciona conjuntamente de una manera tan cercana que sus seguridades nacionales no pueden distinguirse realmente la una de la otra” (Buzán citado en Escánez, 2015, pág. 122) como puede serlo el abordaje del fenómeno de narcoterrorismo como un asunto de índole regional que amerita el desarrollo de un complejo de seguridad regional, cuyo epicentro sea la amenaza narcoterrorista de las FARC como agente central del conflicto armado colombiano y sus repercusiones directas para la región latinoamericana.

Buzan y Wæver en su teoría de los complejos regionales de seguridad “plantean un macro-análisis que, según ellos, debe completarse con estudios de carácter más “micro” que profundicen en Complejos de Seguridad Regionales concretos o lo que se denominan “aislantes” o insulators, un concepto que alude al estado o mini-complejo espacial situado en la intersección de complejos de seguridad regionales, y en los que operan importantes dinámicas de seguridad regionales. Ambos se presentan, en suma, como marcos conceptuales que permiten aprehender al máximo los procesos de securitización. (Buzán citado en Escánez, 2015, pág. 123)”. Para el caso concreto el presente artículo, el caso colombiano sería ese mini- complejo desde el que se inserta el narcoterrorismo como amenaza en las dinámicas de seguridad regional y que da lugar, al mencionado macro-análisis planteado por la TCRS.

América Latina como escenario de securitización luego de la Caída del Muro de Berlín y de los Ataques del 11 de septiembre, apostó a la creación de un Complejo de Seguridad Regional, contextualizado a los asuntos de interés estratégico de la época. Por ejemplo, con la realización de la Conferencia especial de seguridad de la OEA, celebrada en la ciudad de México en 2003, de la que surgió el concepto de Seguridad hemisférica ( Organización de los Estados Americanos, 2003) como marco para el abordaje efectivo de las amenazas tradicionales y no tradicionales que aparecían en el radar de los asuntos de trascendencia regional y que iban más allá de las cuestiones conocidas requiriendo de esfuerzos mancomunados para su resolución.

Dentro de esas amenazas no tradicionales, la OEA daba un lugar preponderante al terrorismo y las actividades conexas, pues reconocía la dimensión transnacional de este fenómeno y el imperativo que suponía para las agendas de la región, de hecho, reconoce la importancia de los procesos de integración, estrategias y mecanismos de defensa segmentados de modo regional y subregional, como elementos fundamentales para el fortalecimiento y preservación de la seguridad hemisférica.

De esta manera, es posible entender como la categoría de narcoterrorismo moldeó de manera indirecta, el desarrollo de esfuerzos conjuntos que dieron paso a la creación de complejos de seguridad regional para atenderlo y que facilitaron el surgimiento del concepto de la seguridad hemisférica como respuesta regional a fenómenos transnacionales.

Cooperación bilateral EE.UU.- Colombia en la lucha antidrogas y sus impactos en la región.

El narcotráfico en Colombia ha sido casi una constante, desde la Bonanza marimbera[45] hasta la actualidad, en los que ni lo propuesto en los Acuerdo de Paz con las FARC en el 2016 sobre el problema de los cultivos ilícitos, ni el plan de gobierno del ex presidente Iván Duque han podido resolver o contrarrestar.

El primer episodio que perfiló a Colombia como país epicentro de la cadena productiva de estupefacientes, sustancias o plantas prohibidas por los Estados Unidos, fue la Bonanza Marimbera que tuvo lugar durante los años 70’s, en los que el cultivo de marihuana generó grandes dividendos y el trazado de nuevas rutas de exportación con destino a países vecinos y en especial, hacia los EE.UU.

Eventualmente, la estructuración de cárteles de drogas cambiaría para siempre el manejo que se le daría a este fenómeno, pues el interés puesto sobre la marihuana se desplazó hacia la hoja de coca y la subsecuente línea productiva, que era mucho más rentable. Es entonces, cuando el problema de narcóticos se agrava, desatando un episodio de violencia interna y la propagación de cocaína colombiana por el continente en su totalidad y otras partes del mundo.

La relación entre Colombia y los Estados Unidos ha estado enmarcada en el trabajo conjunto para el abordaje de problemas comunes, si bien su interacción tiene otras aristas, los puntos dominantes en la agenda de ambos han sido el conflicto armado colombiano, por su relevancia en especial, durante la guerra fría y el narcotráfico, particularmente, a partir de la década de 1980 por la proliferación de cargamentos de cocaína colombiana hacía EE.UU.

Para el abordaje de la Cooperación bilateral entre Colombia y Estados Unidos en materia de la lucha contra las drogas, es fundamental el análisis del Plan Colombia entre Bill Clinton y Andrés Pastrana, así como el de la aplicación de la Política de seguridad democrática del ex presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez en el gobierno de George W. Bush.

El gobierno de Bill Clinton estuvo enmarcado en la lucha contra las drogas y la pretensión de establecer nexos efectivos con Colombia que permitieran atacar de raíz este problema. Las negociaciones del Plan Colombia inicialmente, buscaba de parte de Bogotá aunar esfuerzos y recursos para combatir el problema del conflicto armado -dado el fallido proceso de paz con las FARC en San Vicente del Caguán- y de manera inherente mitigar la acción del narcotráfico; para Estados Unidos, el foco debía ser lidiar con el tráfico de estupefacientes como elemento vital dentro de su agenda de seguridad nacional y política exterior.

Finalmente, el documento que ponía en marcha esta iniciativa se encuadró en “el robustecimiento de dicho despliegue en América del Sur como así también la voluntad de interrumpir el flujo de drogas hacia suelo norteamericano bajo las condiciones que Estados Unidos considera pertinentes. Es decir que el Plan Colombia, además de contribuir con la presencia estratégico-militar norteamericana, ilustra la exportación político ideológica de Washington sobre el abordaje del narcotráfico y esto se observa, más precisamente, en las condiciones que envolvieron el nacimiento del mencionado Plan”. (Calderón, 2015)

De este modo, el Plan Colombia se convirtió en un aliciente para que las naciones latinoamericanas buscaran establecer alianzas estratégicas para hacer contrapeso a la incursión de los Estados Unidos en materia de lucha contra las drogas. Era importante, evitar que la transnacionalización de narcotráfico fuera la puerta de entrada a nuevas dinámicas de poder en las recién desmarcadas naciones suramericanas, terminada la Guerra fría.

Terminado el gobierno Clinton, Colombia debía estar atento y expectante a una nueva administración, esperando que esta hiciera un empalme asertivo con los esfuerzos adelantados en la gestión anterior, que permitiera continuar con la lucha antidrogas en el país de manera conjunta. Sin embargo, “la ocurrencia de los atentados del 2001 influyó en el ambiente doméstico norteamericano, potenciando la presencia neoconservadora en la administración de George W. Bush que instaló la guerra contra el terrorismo internacional como criterio rector de la política exterior. Esto se tradujo en la preeminencia del Departamento de defensa (DOD) en el diseño y gestión de esta última, lo cual consolidó dos tendencias preexistentes del contexto interno norteamericano que se relacionan con la política en Colombia. Por un lado, el afianzamiento de la militarización de la influencia norteamericana y de su conducción por parte del DOD, directriz que encuentra sus orígenes en los años noventa; por el otro, la participación militarizada de Estados Unidos en el conflicto armado mediante la inclusión de éste como parte de la lucha contra el terrorismo internacional. (Calderón, 2015)

De esta manera, las relaciones entre Washington y Bogotá tomaron una nueva y más compleja connotación, a través de la amalgama creada entre la lucha contra las drogas y la guerra contra el terrorismo, que situaban a Colombia en una posición de doble amenaza para los norteamericanos por cuanto constituye el preámbulo del narcoterrorismo como categoría para englobar ambos fenómenos, lo que marcaba la pauta para que las FARC, artífices del conflicto armado en Colombia fueran ahora catalogadas como terroristas, por lo tanto, objetivo prioritario para la nueva política exterior norteamericana en materia de seguridad.

En Latinoamérica apareció entonces, la militarización como opción para combatir las amenazas narcoterroristas. “La presión que ejerce Estados Unidos en el marco de su política antinarcóticos para la región es uno de los factores principales que ha influido en la intervención de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interior.” (Chillier & Freeman, 2005) de ahí, que varios países de la región como es el caso de Brasil en sus favelas y de Ciudad de México, optaron por militarizar sus respuestas internas a estos problemas, generando episodios de violencia interna y crisis de derechos humanos.

El desborde de estos fenómenos provoca múltiples tensiones, a nivel vecinal y regional, dependientes de la forma cómo se manifiestan y la naturaleza de los conflictos a los que están ligadas, tanto de tipo interno como transnacionales, que, en la actualidad, gravitan sobre diversos aspectos de seguridad regional. Estos problemas requieren una colaboración transfronteriza y una cooperación regional eficiente que involucre actores políticos, diplomáticos, sociales, militares y policiales, en sus diversos ámbitos. El debilitamiento generalizado de los mecanismos multilaterales, tanto a nivel sudamericano (UNASUR) como interamericano (OEA) ha afectado el proceso de construcción de regímenes de seguridad regional, limitando el ámbito de prevención y solución de conflictos, y generando un proceso de debilitamiento de las medidas de confianza y de los sistemas de cooperación. Este proceso, por otra parte, ha contribuido al incremento del gasto militar y una creciente remilitarización de muchos aspectos de la seguridad interna en varios Estados de la región. (Torre & Grabendorff, 2022)

Así, la cooperación bilateral entre Estados Unidos y Colombia, en la lucha contra el narcoterrorismo, obedece a la necesidad de consolidar mecanismos multilaterales de atención a amenazas no tradicionales, situación que potencia el intervencionismo norteamericano en la región, al ampliar su margen de acción militar y marcar la pauta para que los fenómenos del terrorismo o el narcotráfico sean tratados casi de modo indistinto por ser de interés estadounidense. También es necesario reconocer que esta intervención genera asimetrías en momentos en que se solicitaba la cooperación regional y subregional para combatir estas amenazas, por lo que un principio de equidad local hubiese marcado una diferencia importante para consolidar la seguridad hemisférica.

Eventualmente, con la puesta en marcha de la política de seguridad democrática en Colombia por el entonces presidente, Álvaro Uribe Vélez, las relaciones Washington – Bogotá se alinearon de un modo mucho más evidente y un tanto incómodo para los vecinos latinoamericanos, que pese a incluir la militarización como respuesta al manejo de sus asuntos internos producto del modelo estadounidense, veían en la Guerra contra el terrorismo impulsada por su homólogo del norte, George W. Bush, una potencial intromisión en asuntos domésticos por la nueva tipificación del terrorismo que socavaba el status beligerante de algunas organizaciones a nivel mundial y que exigían esfuerzos de cooperación hemisférica- regional.

“Influido seguramente por el impacto global de la reacción de Estados Unidos a los ataques de septiembre del 2001, el gobierno de Uribe comenzó a aplicar la categoría de “terrorismo” para referirse al problema colombiano, negando la existencia de un conflicto armado. Estas medidas pusieron al gobierno de Uribe en la misma línea de la guerra “contra el terrorismo” de la administración Bush, lo que convirtió a Colombia en el principal aliado de EE.UU. en la región. La autorización por parte del Congreso de EE.UU. de ampliar la utilización de los fondos del Plan Colombia con fines de contrainsurgencia refleja la nueva coyuntura”. (Chillier & Freeman, 2005, pág. 9) poniendo en entredicho, la efectividad de un complejo regional de seguridad enmarcado en el concepto de seguridad hemisférica, por cuanto la amenaza no se enfrenta de modo conjunto sino bilateral con repercusiones regionales no contempladas.

Aun cuando los complejos de seguridad regional faciliten esta interacción interamericana, luego de la creación del concepto de seguridad hemisférica como un propósito conjunto para atacar amenazas no tradicionales, la lucha contra el narcoterrorismo como fenómeno bidimensional, facilita el intervencionismo en la región, lo que no cae bien en los países vecinos, pues los asuntos de seguridad como proyecto común toman un viraje hacia los asuntos vitales de las agendas nacionales norteamericana y colombiana, y no hacia la consolidación de un frente hemisférico.

Internacionalización del conflicto armado colombiano como efecto colateral del 9-11 en América Latina.

Para iniciar el desarrollo de este apartado, resulta crucial hacer la distinción entre los procesos de regionalización e internacionalización del conflicto armado, que en efecto tuvieron lugar, pero que, el presente artículo desarrollará prestando especial atención al asunto de índole internacional como hilo conductor.

Luego de la Conferencia especial de Seguridad del 2003 de la OEA, apareció en el radar la noción de seguridad hemisférica como respuesta a la imperiosa necesidad de establecer un complejo regional de seguridad, que atendiera las amenazas tradicionales y no tradicionales a las que el continente americano se enfrentaba en el marco del naciente narcoterrorismo, con un enfoque regional y subregional que facilitara los esfuerzos de cooperación.

Los procesos de regionalización del conflicto armado estuvieron en un primer momento, supeditados a contingentes geográficos que compartían o eran actores importantes de las externalidades fronterizas del mismo, en particular de la cuestión del narcotráfico. Sin embargo, desde que la Resolución 1566 de 2004 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el capítulo VII, numeral 3 estipuló que,

“los actos criminales, inclusive contra civiles, cometidos con la intención de causar la muerte o lesiones corporales graves o de tomar rehenes con el propósito de provocar un estado de terror en la población en general, en un grupo de personas o en determinada persona, intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto, o a abstenerse de realizarlo, que constituyen delitos definidos en los convenios, las convenciones y los protocolos internacionales relativos al terrorismo y comprendidos en su ámbito, no admiten justificación en circunstancia alguna por consideraciones de índole política, filosófica, ideológica, racial, étnica, religiosa u otra similar e insta a todos los Estados a prevenirlos y, si ocurren, a cerciorarse de que sean sancionados con penas compatibles con su grave naturaleza» (Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito, pág. 94)

Las FARC, perdían su status de grupo armado beligerante con fundamento político y pasaba a figurar como un grupo terrorista financiado por el narcotráfico. Elemento que resquebrajaba la connotación política regional de la cuestión colombiana y marcaba la apertura del fenómeno narcoterrorista a una dimensión transnacional.

Así pues, la tipificación del terrorismo luego de los atentados del 11 de septiembre y el narcoterrorismo como categoría integradora de dos fenómenos conexos y de relevancia per se, sienta las bases de la internacionalización del conflicto colombiano, pues “La lucha contra los carteles exportadores demandó de fortalecimiento institucional y de capacidades para enfrentar el crimen organizado y su naturaleza trasnacional. El narcotráfico como trasfondo del conflicto armado llevó a insertar la política antidroga dentro de la estrategia de desarrollo, invocando la corresponsabilidad internacional.” (Rocha, 2000)

Hasta el 11/9 la principal preocupación de los Estados Unidos en relación con Colombia radicaba en el problema de los cultivos de uso ilícito y la manera como estos podían ser la principal fuente de financiación de los grupos irregulares (FARC, y paramilitares, sobre todo). Es decir, la prioridad estaba en la lucha contra el narcotráfico, expresada en el caso colombiano fundamentalmente en la pretensión de erradicar los cultivos de uso ilícito, aunque también en otras políticas de interdicción. […] Los principales efectos que el nuevo discurso internacional de la llamada ‘guerra contra el terrorismo’ ha tenido en relación con el conflicto armado colombiano se derivan del cambio de énfasis de la política norteamericana en relación con Colombia y del cambio de estrategia y de énfasis de la política gubernamental. Inicialmente podríamos coincidir con las afirmaciones que señalan que la prioridad norteamericana después del 11 de septiembre de 2001 se desplaza del narcotráfico al terrorismo y, en el caso de la región Andina, especialmente Colombia, se convierte el ‘narcoterrorismo’ como el nuevo enemigo a combatir. (Velásquez, 2006)

El nuevo enemigo en cuestión, permite el abordaje internacional de la cuestión colombiana, pues integra al narcotráfico dentro de la apremiante guerra contra el terrorismo que marcó la política exterior de Bush luego del mencionado ataque, como un fenómeno inherente al mismo al tomar en consideración la fuente ilícita de financiamiento.

De este modo, el narcoterrorismo rebasa el marco de la seguridad hemisférica y de su relevancia regional, para dar lugar a un problema de convocatoria internacional, ya que, el gobierno colombiano opta por combatir el conflicto armado no como un conflicto civil interno de índole política, sino como un foco terrorista del que Estados Unidos puede tomar partido, a través de la implementación de la política de seguridad democrática por parte del ex presidente Álvaro Uribe Vélez, completamente alineada a los esfuerzos norteamericanos.

En este caso, la internacionalización del conflicto armado colombiano debe ser entendida como “el proceso mediante el cual se toma una decisión explícita y consciente: la decisión de implicar a actores internacionales en cualquier fase —de hostilidad o negociación— de un conflicto interno. (Guzmán, 2012, pág. 11), dado que, Colombia opta por alinear los esfuerzos domésticos en materia de narcoterrorismo a la agenda de seguridad estadounidense, desde la negociación del Plan Colombia, pasando por las acciones de cooperación militar durante la aplicación de la política de seguridad democrática en Colombia, incluso, hasta la posterior negociación de los Acuerdos de Paz con las FARC.

Conclusiones:

  1. La aparición de la categoría de narcoterrorismo, facilitó el abordaje de la cuestión del conflicto armado colombiano de modo conexo a la del narcotráfico, ya que plantea a esta última como fuente de financiación de la lucha armada y sus subsecuentes actos terroristas, facilitando la intervención estadounidense en la región, robusteciendo la militarización y debilitando la consolidación de esfuerzos de cooperación hemisférica en esta materia con participación equitativa.
  2. La consolidación de un complejo regional de seguridad efectiva para la región latinoamericana enmarcada en la noción de seguridad hemisférica, no prosperó por el nivel de asimetría que generó la redefinición de la guerra contra el terrorismo, luego de los ataques de 9-11, la aparición del narcoterrorismo como amenaza no tradicional y el potencial riesgo para las democracias latinoamericanas de nuevas alineaciones con la política exterior estadounidense en materia de seguridad.
  3. El narcoterrorismo sitúa a Colombia como una doble amenaza para la seguridad norteamericana, ya que, dos fenómenos antes combatidos por separado se fusionaron al tomar en consideración su fuente de financiación y la redefinición del terrorismo luego de los ataques del 11 de septiembre. Esto, provocó la intensificación de las actuaciones político- militares estadounidenses en América Latina por considerarla un foco de potenciales amenazas para su seguridad nacional.
  4. La internacionalización del conflicto armado colombiano fortaleció las relaciones bilaterales de Washington y Bogotá, propiciando el desarrollo de una nueva agenda de seguridad regional afín a los intereses nacionales de EE.UU. con implicaciones para América Latina a través del abordaje del narcoterrorismo como nueva amenaza.
  5. Es vital la consolidación de esfuerzos regionales para el abordaje y mitigación del narcoterrorismo como amenaza, para contrarrestar el papel hegemónico de los Estados Unidos y dar mayor relevancia y una participación equitativa a las naciones involucradas, bien sea, a través de la revitalización y actualización de la seguridad hemisférica como un asunto de todos, o bien, como la toma de decisiones conscientes y autónomas por parte de las naciones, para internacionalizar cuestiones domésticas conexas al narcoterrorismo con la participación y/o mediación de actores independientes al estadounidense.

Referencias

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Calderón, E. (2015). Estados Unidos y el combate contra el narcoterrorismo como lineamiento de política exterior central en el vínculo con América Latina: El caso del modelo de cooperación con Colombia. Rosario- Argentina, Cuadernos de Política Exterior Argentina Nº 122 – Pág. 1-47. Obtenido de Cuadernos de Política Exterior Argentina (octubre-diciembre 2015) Nº 122 – Pág. 1-47.

Chillier, G., & Freeman, L. (2005). El Nuevo Concepto de Seguridad Hemisférica de la OEA: Una Amenaza en Potencia. Washington: Un informe espcial de WOLA. Obtenido de El Nuevo Concepto de Seguridad Hemisférica de la OEA: Una Amenaza en Potencia.

Escánez, F. J.-M. (2015). Securitización: agendas de investigación abiertas para el estudio de la seguridad. Obtenido de Número 29 La alteridad en las Relaciones Internacionales- Grupo de Estudios de Relaciones Internacionales (GERI) – UAM : https://revistas.uam.es/relacionesinternacionales/issue/view/551/581

Gutiérrez, A. P., & Silva Queiroga, O. (2003). Terrorismo y narcoterrorismo: El caso de Colombia. Obtenido de Fronteira, Belo Horizonte, v. 2, n. 4, p. 7-27.: http://periodicos.pucminas.br/index.php/fronteira/article/view/5060/5132

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Torre, P. C., & Grabendorff, W. (2022). Pensamiento propio No. 51 – Militarización y seguridad pública en las Américas. Obtenido de Crisis y perspectivas de la gobernanza y la seguridad regional en América Latina: https://www.cries.org/wp-content/uploads/2020/09/015-comentarios-Grabendorff.pdf

Velásquez, A. V. (2006). El conflicto interno armado colombiano y sus efectos en la seguridad en la región Andina. Obtenido de Revista Ciencia Política Vol. 1 Núm. 2 : https://revistas.unal.edu.co/index.php/cienciapol/article/view/29369

*  8m: retos para las mujeres en el marco de la preocupante situación política en perú[46]

Por Mayra Alejandra Hinostroza Cute[47]

En el marco de una nueva conmemoración del 8M “Día Internacional de la Mujer”, el Centro de Estudios en Género(s) y Relaciones Internacionales (CeGRI) mantiene su firme compromiso de abordar el género desde una perspectiva crítica, reflexiva y plural.

Como grupo de investigación, se coincide en que las desigualdades estructurales de género se renuevan para su supervivencia en la sociedad y las instituciones cumplen un rol fundamental en ello, pues premian o castigan dichas conductas en cada periodo de tiempo. Por tal motivo, resulta importante relevar la situación de las mujeres peruanas durante la ola de protestas que asolan el país. Desde diciembre de 2022, la situación política peruana se mantiene inestable e incierta. Con Dina Boluarte a la cabeza, sucesora constitucional del tristemente célebre ex presidente Pedro Castillo, su breve gobierno se ha caracterizado por rasgos poco democráticos, que inciden perjudicialmente en la conflictiva relación ciudadanía-instituciones públicas. Esto ha provocó que las protestas ciudadanas que exigen su renuncia, la salida del Congreso, el adelanto de elecciones y una Asamblea Constituyente estén más vigentes que nunca, especialmente en las provincias más pobres del país. Sin embargo, a cuatro días del Día Internacional de la Mujer, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) realizó un pronunciamiento [1] poco acertado en relación a los tiempos políticos que vivimos. El mensaje se dirigió a las cuidadoras de niños y adolescentes con la finalidad de proteger la integridad física y emocional de dichas poblaciones vulnerables en el marco del ejercicio de la protesta pacífica. En resumidas cuentas, el MIMP pidió no llevar niñxs y adolescentes a las movilizaciones, a pesar de ser la institución encargada de velar por el bienestar de las mujeres y las infancias.

Gracias a la prensa independiente y algunos medios nacionales e internacionales, se ha expuesto al ojo público los excesos de las fuerzas del orden peruanas, tales como lanzar bombas lacrimógenas a mujeres que venían de provincia con sus bebés cargados en llicllas [2] a ejercer un derecho plenamente reconocido por la Constitución de 1993 [3]. ¿Acaso el rol de cuidadoras restringe a las mujeres de ejercer derechos civiles y políticos? ¿Son las madres cuidadoras las responsables de cualquier accidente que pueda ocurrir a sus hijos durante las protestas?

Ciertamente, el debate no debería estar centrado en la madre que protesta, sino en disminuir cualquier indicio de exceso de la fuerza durante las protestas que pueda poner en peligro a las mujeres y sus infantes. Es un gran problema asignar la responsabilidad a la mujer cuidadora sobre sus hijos en las movilizaciones, ya que exime a los organismos públicos intervinientes de la obligación que les corresponde durante las movilizaciones a nivel nacional. Ante ello, el gobierno peruano y sus instituciones tienen plena obligación de velar por la seguridad de los manifestantes, sean adultos o infantes y adolescentes.

El Ministerio de Interior (al mando de la Policía Nacional del Perú), el Ministerio de Defensa (a cargo de los soldados replegados en las provincias que presentan mayor grado de conflictividad) y, por supuesto, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables deben situar correctamente el problema y no delegarlo en la cuidadora. Históricamente, las mujeres han asumido el rol de madres, evitando que puedan ejercer otro rol de vida y adjudicando toda la responsabilidad de las infancias sobre ellas. De modo que, los esfuerzos a nivel internacional han apuntado a compatibilizar diversos ámbitos de desarrollo de la mujer. El gobierno peruano no puede desconocer aquello.

Finalmente, resulta preciso recordar a mujeres que han cumplido un rol activo durante el periodo de inestabilidad política. Solo para mencionar un ejemplo destacable de solidaridad y empatía, la cantante Yarita Lizeth ofreció el bus de su grupo musical para que los manifestantes en Juliaca (Puno) pudieran unirse a la gran protesta denominada “Toma de Lima” del mes de enero [4]. No obstante, , la Fiscalía ha abierto, recientemente, un caso para investigarla por dicha colaboración [5], lo cual ha dejado un nuevo disgusto en la población peruana acerca de cómo funcionan las instituciones que los representan.

Notas

[1] Pronunciamiento del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 04 de marzo de 2023. Fuente: MIMP Twitter
[2] El poder mágico de la Lliclla. 03 de agosto de 2020. Canal IPE
[3] Investigarán a policías que lanzaron gas lacrimógeno a niños y mujeres aymaras. 04 de marzo de 2023. El Búho
[4] YaritaLizeth apoyó con su bus a manifestantes que viajan de Juliaca a Lima. 17 de enero de 2023. La República
[5] Fiscalía pone en la mira a cantante YaritaLizeth por apoyar a los manifestantes que vinieron a la “Toma de Lima”. 03 de marzo de 2023. Lima Gris

*  SOBRE LA PRIVACIÓN ARBITRARIA DE LA NACIONALIDAD POR PARTE DE NICARAGUA[48]

Por Ángela Del Águila Hurtado y Noeli Scarpelli.

Ante la situación de apatridia a más de 300 personas, caracterizadas por ser opositoras al régimen, perpetrada por parte del gobierno dictatorial de Daniel Ortega en Nicaragua:

Entre abril y septiembre de 2018 se llevaron a cabo en Nicaragua protestas pacíficas reclamando cambios sociales para la población. La respuesta del gobierno fue la represión, dejando más de 300 muertos.

En 2021 se desarrollaron las elecciones presidencialistas, que perpetuaron en el poder a Daniel Ortega junto con Rosario Murillo, con la condena de algunos actores de la sociedad aduciendo fraude en las mismas, donde la mayoría de los opositores políticos habían sido encerrados no pudiendo así presentar sus candidaturas.

El régimen se caracterizó por las detenciones arbitrarias, denuncias de torturas, vejaciones. Y en el último mes se le sumó cambios en la constitución nacional que “habilitaron” la quita de la nacionalidad a más de 300 personas que habían sido detenidas. La característica común a todos ellos es que se han manifestado abiertamente como opositores al régimen, lo que los ha convertido en “traidores a la patria”.

La comunidad internacional cuenta con el principio de jurisdicción universal por el cual, si dentro de su ordenamiento jurídico se encuentran estipulados los crímenes de lesa humanidad, pueden llevar a cabo procesos judiciales penales sobre este tipo de delitos cometidos en otras partes del mundo. En este sentido, un grupo de abogados presentó una demanda e inició el proceso en la justicia federal argentina. El mismo está siendo llevado adelante por el juez Ariel Lijo, quien envió un exhorto al gobierno nicaragüense para que dé cuenta si se están llevando a cabo investigaciones sobre estos asuntos (a lo que aún no ha habido respuesta alguna). Así, el Estado argentino continúa con su legado de la defensa de los Derechos Humanos y la investigación en procesos judiciales de los peores crímenes llevados adelante por gobiernos de diferentes partes del mundo, como lo hace también, por ejemplo, investigando el Franquismo.

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua hizo público el informe que inició con los acontecimientos de 2018 hasta el día de hoy, confirmando el uso de balas de alto calibre en aquella represión. Afirmaron que “se han cometido, y se siguen cometiendo graves violaciones y abusos a los derechos humanos” en ese país. Dichas violaciones incluyen ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, privación arbitraria de la nacionalidad y del derecho a permanecer en el propio país.

De la mano con esto, cabe decir que en febrero, en una Legislatura se llevó a cabo una reforma express del artículo 21 de la Constitución Política de Nicaragua sin respetar los procesos que esa misma Constitución establece. Así, el artículo 20 dice: “Ningún nacional puede ser privado de su nacionalidad. La calidad de nacional nicaragüense no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad». Y seguidamente el 21 reformado dice: «La adquisición, pérdida y recuperación de la nacionalidad serán reguladas por las leyes. Los traidores a la patria pierden la calidad de nacional nicaragüense». Es este nuevo artículo el que le dio fundamento a Ortega para quitarles la nacionalidad a las personas opositoras que se encontraban detenidas desde hacía meses, siendo víctimas de diferentes tipos de tortura. Pero esa reforma no es funcional, además de violar el principio de no reatroactividad de la ley. Para que una reforma constitucional sea válida en ese país, debe pasar por dos Legislaturas, es decir que el próximo año debe tratarse nuevamente, y solo ha pasado por una de ellas. Por lo que el régimen continúa haciendo un uso abusivo de la arbitrariedad en contra de la oposición a su gobierno.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Filippo Grandi, se manifestó sobre esta situación pidiéndole a Nicaragua que respete sus obligaciones internacionales y recordandole que el derecho internacional prohíbe la quita arbitraria de la nacionalidad: “El ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión, de reunión y otros asociados a las opiniones políticas no puede justificar jamás la retirada de la nacionalidad”.

En este sentido, el país centroamericano es Estado Parte en Tratados Internacionales que protegen contra el instituto de la apatridia, tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 20 y 24), la Convención sobre Derechos del Niño (art. 7). A su vez, observando las denuncias y confirmaciones de casos de tortura perpetrados de manera sistemática y generalizada por el gobierno nicaragüense, hay que destacar que también es Estado Parte de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y su Protocolo Facultativo.

Sobre esto último, el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua confirmó un “uso generalizado y sistemático de la detención arbitraria como resultado de la instrumentalización, del derecho penal y del sistema de justicia para perseguir, imputar y acusar a personas de la población civil de Nicaragua, opositoras a su Gobierno o percibidas como tales”. Lo definió como un “patrón de conducta” conducido “por agentes de la Policía Nacional e integrantes de grupos armados progubernamentales que actuaron de manera conjunta y coordinada”.

Es así, que se confirma, por parte de la Organización de Naciones Unidas, que el régimen de Ortega y Murillo ha cometido crímenes de lesa humanidad.

En el informe del grupo de expertos se recomienda al Estado nicaragüense a abstenerse de continuar con estas prácticas vejatorias a los derechos humanos, la liberación inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente, cesar la privación arbitraria de nacionalidad y la deportación forzosa entre otras modalidades de persecución política, investigar de forma independiente y exhaustiva los abusos y violaciones para que haya rendición de cuentas, entre otras. Además, insta a la comunidad internacional a tomar medidas respecto a lo que allí sucede, pidiendo priorizar el respeto de los Derechos Humanos cuando se negocien proyectos de cooperación e inversión en Nicaragua, e iniciar procesos judiciales penales a aquellos países que sostienen el principio de jurisdicción universal como ya lo está haciendo Argentina.

Desde este Departamento alzamos la voz en repudio a las acciones llevadas a cabo por Ortega y Murillo, reafirmando el respeto incondicional de los Derechos Humanos, y solicitamos a nuestros gobernantes a hacer lo mismo. La bandera de los Derechos Humanos que Argentina fue pionera en levantar debe seguir flameando, sin hacer distinciones según el sesgo político, porque recordando a Willy Brandt «Permitir una injusticia es abrir el camino a todas las que siguen».

DOCUMENTOS RELEVANTES

Base de datos de los órganos de Tratados de de las Naciones Unidas https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=125&Lang=SP

Grupo de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua https://news.un.org/es/story/2023/03/1519007

*  A 41 AÑOS DEL 2 DE ABRIL DE 1982[49]

Por Carlos Alberto Biangardi Delgado[50].

Es necesario respetar el mandato de la Constitución Nacional

La Constitución Nacional de 1994 está precedida por una cláusula programática por la que la Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional y establece que su recuperación constituye un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.

Debemos aclarar que la Constitución Nacional es por esencia un Proyecto de Nación, y en 1994 el convencional quiso hacer preceder este proyecto por esta declaración, que por su naturaleza es una cláusula programática, mal denominada transitoria por la ilusión de la clase política del momento que la plena vigencia de los Acuerdos de Madrid de 1989 y 1990 llevaría al Reino Unido a devolverle al pueblo argentino el islario que le arrebató hace 190 años, lo que el paso del tiempo demostró que era una falacia.

Por lo tanto, nos encontramos ante un mandato superior que obliga a todas las autoridades nacionales y no puede ser contradicho por actitudes contrarias a este objetivo y mucho menos firmando instrumentos internacionales o aceptar propuestas que vulneren esta cláusula programática.

Sin embargo, durante los últimos años, ante la sensación de fracaso diplomático que significó la instrumentación de los denominados Acuerdos de Madrid, se han conocido opiniones de algunos académicos que propugnaban someter la Cuestión de las Islas Malvinas a algún tribunal internacional y específicamente ante la Corte Internacional de Justicia. La mayoría de estos proyectos están precedidos por la idea que hay que saldar la cuestión de cualquier manera y arriesgarse, ya que el Reino Unido se estaría beneficiando con el «statu quo post bellum».

En dicho sentido existió un proyecto en la Cámara de Diputados de la Nación, presentado por los entonces diputados Dante Caputo y Rafael Flores en el año 1999, durante 2008 se manifestó -entre otros- el ex embajador argentino ante la UNESCO Gustavo Garavallo. Lo cierto es que el tema se ha debatido en distintas jornadas y conferencias, incluso en el Congreso en Relaciones Internacionales del IRI del año 2008, y últimamente lo ha propuesto el Profesor Marcelo Kohen, miembro del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios Marítimos e Insulares Correspondientes.

Desde hace más de 15 años venimos advirtiendo que esta utopía juridicista, propia del carácter argentino, no tiene en cuenta que en esencia la cuestión no es judiciable, que existen dudas sobre la objetividad del tribunal ante una litis que cuestiona los intereses estratégicos de las dos potencias navales más importantes del mundo: el Reino Unido y los Estados Unidos de América, en momentos de la irrupción en el Atlántico Sur y en el Continente Antártico de un nuevo jugador global: la República Popular China. También nos cuestionamos si en el hipotético caso que el fallo nos fuera favorable el adversario lo iría a respetar tratándose de un miembro permanente del Consejo de Seguridad, órgano al que la República Argentina tendría que recurrir en caso de no acatamiento del mismo.

Aceptando que se trata de una propuesta totalmente abstracta ya que el Reino Unido ha manifestado que no acepta someter a la competencia de la Corte Internacional de Justicia la Cuestión de las Islas Malvinas, desde un tiempo a esta parte los mismos diplomáticos y académicos están proponiendo recurrir a la competencia consultiva de la Corte o intentar la aprobación de una resolución de la Asamblea General que ratificara la resolución 2065, como si el incumplimiento de la misma por el Reino Unido le hiciera perder vigencia en el tiempo, lo que es un error conceptual importante. En los Anuarios en Relaciones Internacionales de los últimos años hemos analizado estas propuestas y expuesto los riegos que implican para la posición jurídica internacional de la República Argentina.

A 41 años del 2 de Abril de 1982 reiteramos que los argentinos nos debemos olvidar de quererle transferir a otros la responsabilidad de solucionar un conflicto que solo depende de nuestra capacidad de decisión, reconocer que no nos encontramos ante una cuestión jurídica sino de naturaleza política -lo que tienen muy en claro los británicos-, que requiere de un programa de acción por parte de la República Argentina para lograr que el Reino Unido considere conveniente a sus intereses nacionales iniciar negociaciones con nuestro país para la solución del diferendo en el marco de lo establecido en la resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas y ese programa tiene que tener por objetivo cambiar la ecuación bilateral argentino-británica en el Atlántico Sur.

El mayor homenaje que podemos hacer a los Veteranos y a los Caídos en la Guerra de Malvinas, a 41 años de este acontecimiento histórico, es ponernos como norte cumplir con la Constitución Nacional, que ha establecido la imprescriptible soberanía argentina sobre los espacios marítimos e insulares hoy bajo ocupación militar del Reino Unido, y recordar que su recuperación constituye un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino, y actuar en consecuencia, sin arriesgar el legado histórico de la resolución 2065 de la Asamblea General en extraños experimentos que el sentido común indica que están condenados al fracaso.

Cronologias

*  Cronología del mes de enero de 2023

Por Macarena Riva

1

Brasil: dos décadas después de convertirse en el primer presidente de origen obrero de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva reasumió el cargo luego de ganar las elecciones a finales de octubre de 2022, con la fuerte oposición de seguidores de Bolsonaro.

Colombia- Ecuador: Lasso y Petro se reunieron en Tulcán, en la frontera entre Ecuador y Colombia, e informaron que implementarán un Consejo Binacional Contra Delitos Ambientales.

7

Chile: la ministra de Justicia de Chile, Marcela Ríos, renunció horas después de que los partidos opositores y de derecha Renovación Nacional y Unión Demócrata Independiente (UDI) anunciaran la presentación de una acusación constitucional, en medio de una fuerte controversia por 13 indultos otorgados por el gobernante a fin de 2022.

México: una persona murió y otras 57 sufrieron heridas por el choque entre dos trenes de la red de subterráneos de la Ciudad de México.

8

Brasil: a una semana de que Luiz Inácio Lula da Silva asumiera su tercer mandato como presidente de Brasil, un grupo de simpatizantes del mandatario saliente Jair Bolsonaro, rompieron el vallado de la Policía Militar en la Esplanada de los Ministerios y entraron a los edificios de los tres poderes: tomaron el edificio del Congreso Nacional, entraron al edificio de la Suprema Corte de Brasil (STF) y al palacio de Planalto, sede de la presidencia.

9

Chile-Colombia: los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y Chile, Gabriel Boric, sostuvieron un encuentro bilateral en el Palacio de la Moneda desde donde expresaron profundo rechazo al asalto de los edificios del poder en Brasil, contra el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva. Ambos acordaron liderar un pacto por la democracia en el continente.

10

Argentina: el Tribunal Oral Federal 6 comenzará a juzgar a 17 exmiembros de la Policía Federal acusados de crímenes de lesa humanidad perpetrados contra 12 personas durante la última dictadura, entre 1976 y 1977.

11

Bolivia: masivas marchas en siete de las 10 ciudades principales de Bolivia para exigir por la liberación del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, con algunos incidentes en La Paz.

El Salvador: la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una ley que establece la creación de una administradora de fondos bitcoin y que propiciaría la emisión de bonos vinculados a la criptomoneda. Se trata de la Ley de Emisión de Activos Digitales, presentada al Congreso a mediados de noviembre de 2022, la cual fue aprobada con 62 votos de diputados oficialistas y sus aliados en el Parlamento.

México: tras la X Cumbre de Líderes de América del Norte (CLAN), los presidentes Andrés Manuel López Obrador de México, Joe Biden de EE.UU. y Justin Trudeau de Canadá, coincidieron en que una de las estrategias de migración será la construcción de un centro migratorio conjunto al sur de México, en donde todos tendrán acceso a información de los refugiados.

13

Brasil: la fiscalía general de Brasil informó que pidió al Supremo Tribunal Federal investigar a Bolsonaro por presunta responsabilidad en la asonada a las sedes de los poderes públicos en Brasilia el 8 de enero.

14

Brasil: arrestaron a Anderson Torres, exministro de Justicia del gobierno de Bolsonaro y secretario de Seguridad de la capital del país, investigado por el asalto a los edificios de los tres poderes.

16

Perú: a raíz de la convocatoria de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), principal organización sindical peruana, a un paro nacional contra el gobierno para el 19 de enero, miles de campesinos comenzaron a desplazarse hasta Lima para ir desde zonas del sur del país, incluyendo el departamento de Puno, el epicentro de las protestas masivas, para exigir la renuncia de la presidenta, como parte de las movilizaciones que llevan cinco semanas desarrollándose en Perú y acumulan 50 muertos, en uno de los peores momentos de violencia política del siglo tras la destitución de Pedro Castillo por parte del Congreso y el nombramiento de la vice Dina Boluarte como primera magistrada.

El Salvador: El Servicio Nacional de Estudios Territoriales informó de un sismo de magnitud 5.1 que afectó la zona occidental de El Salvador, en la frontera con Guatemala, con epicentro en el municipio de San Lorenzo, Ahuachapán, sin reporte de víctimas.

Honduras: el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) denunció y condenó el asesinato de los defensores del medioambiente Aly Domínguez y Jairo Bonilla en la ciudad de Tocoa, región de Colón.

México: la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura informó que México encabeza la lista de los países que registraron un mayor número de homicidios de periodistas con 19 asesinatos, seguidos por Ucrania con diez y nueve en Haití. América Latina y el Caribe fue la región más mortífera para los periodistas en 2022, con 44 homicidios, más de la mitad de todos los asesinados en el mundo.

19

Brasil: a raíz del asalto a los edificios de los tres poderes, Lula decidió la “desbolsonarización” de las fuerzas de seguridad y removió la cúpula de la Policía Federal; decenas de comisarios de 18 estados fueron desplazados de sus cargos.

20

Chile: designaron a 18 congresistas para definir el reglamento que regulará el nuevo proceso constituyente.

22

Brasil: el Ministerio de Salud de Brasil declaró una emergencia médica en el territorio yanomami, la reserva indígena más grande del país y fronteriza con Venezuela, luego de informes de niños que mueren de desnutrición y otras enfermedades causadas por la minería ilegal de oro. Según un cálculo del Gobierno, 570 niños yanomami murieron en los últimos cuatro años.

23

Argentina-Brasil: los presidentes de Argentina y Brasil confirmaron que avanzarán en la creación de una moneda sudamericana común, en el marco de la alianza bilateral, como antesala de la agenda que compartirán en la reunión que ambos mantendrán como parte de la visita de Da Silva al país por lVII Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)

24

CELAC: en el marco de la CELAC, de la que participaron jefes de Estado, cancilleres y representantes de los 33 países miembros del bloque regional, se emitió un documento conjunto llamado Declaración de Buenos Aires que consta de 111 puntos y 28 páginas donde se destacan el compromiso por la democracia, la integración regional, la recuperación económica post pandemia y la necesidad de trabajar para reducir la pobreza. En el marco de dicha reunión, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, planteó que se impulse la creación de una zona de libre comercio regional, a la vez que criticó a los países del grupo que «no respetan la democracia ni los derechos humanos«.

25

Brasil: el médico André Siquiera, especialista en medicina tropical, quien trabaja para el Instituto Nacional de Infectología de la Fundación Oswaldo Cruz, fue enviado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) a las tierras donde habitan los indígenas yanomami en la región del Surucucu, en el estado de Roraima e informó que había sido testigo de “la peor situación sanitaria y humanitaria” que jamás haya visto.

26

Perú: por las opiniones emitidas sobre la crisis en Perú por parte de Evo Morales, el Congreso de dicho país decidió declarlo persona no grata, rechazó sus expresiones sobre la crisis política y reclamó que se le impida ingresar al país.

27

Nicaragua: el gobierno de Nicaragua restringió el ingreso al país por parte de viajeros de cámaras fotográficas y de video, así como lentes, luces y accesorios para grabación de imágenes y sonido. Medios opositores consideraron que el régimen de Daniel Ortega busca acentuar el control político e impedir el trabajo de periodistas y documentalistas que visiten el país.

28

Venezuela: tras finalizar una visita de tres días a Venezuela, Volker Türk, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos alentó a las autoridades venezolanas “a dar pasos significativos en la reforma de los sectores de justicia y seguridad” y pidió la liberación inmediata de los arrestados arbitrariamente.

30

Argentina- Chile: el líder mapuche Jones Huala fue detenido en el El Bolsón. Había obtenido libertad condicional hacía un año en Temuco, al sur del país vecino, pero la Corte Suprema chilena la revocó; estaba prófugo desde entonces.

Fuentes Consultadas

BBC (www.bbc.com)

Infobae (https://www.infobae.com )

La Nación (www.lanacion.com.ar)

Nodal (www.nodal.am)

*  Cronología del mes de febrero de 2023

Por Marco De Benedictis

1.

Bolivia: el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) eligió a Bolivia para desempeñar una de las vicepresidencias durante este 2023.

Cuba: el país tendrá listas en abril de este año las capacidades operativas del proyecto de cable submarino internacional de fibra óptica Arimao, luego del tendido físico por el mar entre Martinica y la provincia central de Cienfuegos. La presidenta de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa), Tania Velázquez, informó que con ese cable el país tendrá mayor capacidad de conexión internacional que con el del Alba-1, ejecutado con Venezuela y hasta ahora la única vía de conectividad que poseía el país.

Honduras: la presidenta del país, Xiomara Castro, anunció que presentará una propuesta ante el Congreso Nacional (CN), para reformar la Ley de Justicia Tributaria, aunque sin aumentar los impuestos. El anuncio lo hizo tras rendir un informe de su primer año de gobierno, en una cadena nacional de radio y televisión.

2.

Brasil: el oficialismo de Brasil obtuvo una importante victoria en el Congreso, donde la oposición de derecha es muy fuerte, al obtener para sus aliados las presidencias de ambas cámaras, determinantes para la gobernabilidad del presidente Luiz Inácio Lula de Silva.

Haití: el gobierno del país reiteró ante la Organización de Estados Americanos (OEA) que necesita que se envíen fuerzas extranjeras a su territorio para contener la violencia y garantizar la seguridad en un eventual proceso electoral.

Venezuela: el canciller del país, Yván Gil, sostuvo un encuentro con el embajador de España recientemente acreditado en Venezuela, Ramón Santos Martínez, en el que definieron la agenda de trabajo sobre asuntos de interés común en los ámbitos bilateral y multilateral.

3.

Brasil: el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, propuso al Congreso una reforma tributaria para enfrentar el desequilibrio fiscal, y uno de los hombres de peso del oficialismo en el legislativo estimó que puede aprobarse antes de fin de año. Además, expresó su intención de revisar la autonomía del Banco Central.

México: el gobierno de México permitirá que empresas privadas se asocien e inviertan con la paraestatal LitioMX para explotar el litio, aunque fue nacionalizado mediante un decreto.

5.

Ecuador: la elección de prefectos en 23 provincias del país marcó el posicionamiento de varias organizaciones políticas. La Revolución Ciudadana, la organización encabezada por el expresidente Rafael Correa, afianza su poder con siete prefecturas, las de Imbabura Pichincha, Santo Domingo, Guayas, Manabí, Azuay, Sucumbíos.

Le sigue Pachakutik, organización política que consigió las prefecturas de Cotopaxi, Tungrahua, Bolívar, Morona Santiago, Napo y Santa Elena.

El Partido Social Cristiano perdió la prefectura del Guayas y en esta elección triunfó en tres prefecturas, la de Esmeraldas, Los Ríos y El Oro, mientras que la Izquierda Democrática tendrá las prefecturas de Chimborazo y Loja.

Una de las organizaciones más golpeadas en los comicios es CREO, partido de gobierno que solo tiene la representación provincial de Cañar, en una alianza con Sociedad Patriótica y SUMA. Este último partido también tiene la prefectura de Zamora, mientras que Unidad Popular y Sociedad Patriótica en alianza tendrán la prefectura de Orellana.

Dos prefecturas serán de movimientos locales, la de Pastaza con la Alianza Ánimo y la de Carchi con el Movimiento Conservador.

6.

Brasil: el Gobierno brasileño anunció que ha aceptado la invitación de Colombia para sumarse en calidad de garante a la Mesa de Diálogo por la Paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). En un comunicado en el cual informó sobre esa decisión, la cancillería brasileña consideró que ese proceso es “fundamental para la consolidación de la paz en Colombia y de una gran importancia, en consecuencia, para la región y para el mundo”.

Chile: la ministra del Interior, Carolina Tohá, realizó un balance por los incendios forestales que afectan al país. Al respecto, la titular de Interior informó que hay 280 siniestros. De ellos, 69 están en combate y 161 controlados. Además, apuntó que la superficie quemada en cinco días equivale a la de dos años.

8.

Chile: la Corte de Apelaciones de Valdivia acogió la solicitud de extradición activa formulada por la Fiscalía Local de Río Bueno respecto de Facundo Jones Huala, sindicado como el cabecilla de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) y que fue detenido la semana anterior en la provincia de Río Negro, Argentina.

Venezuela: el presidente Nicolás Maduro recibió al primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, quien visitó ese país suramericano para profundizar las relaciones de hermandad y cooperación mutua. Tras recibir los honores militares correspondientes a la alta investidura de Gonsalves en el Palacio de Miraflores, en Caracas, los representantes gubernamentales se reunieron para concretar la agenda de trabajo y repasar las áreas de cooperación bilateral como energía, economía, transporte y educación.

9.

Colombia: el Estado Mayor Central de las Farc-EP (EMC), uno de los grupos de las disidencias de las Farc, firmó el protocolo para la búsqueda de conversaciones de paz con el Gobierno de Gustavo Petro, que se basará, en principio, en un protocolo para llegar al esperado cese al fuego. La notificación fue enviada en un comunicado conjunto del Ministerio de Defensa y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en el que aclararon que esa determinación no implica que la Fuerza Pública deje de cumplir sus obligaciones de seguridad y defensa nacional.

El Salvador: alrededor de seis organizaciones defensoras de Derechos Humanos denunciaron más de 4.500 detenciones arbitrarias ejecutadas por las fuerzas policiales del país durante el estado de excepción implementado para luchar contra las pandillas. Según fuentes asociadas a estas agencias, ya son cerca de 4.564 las denuncias por abusos cometidos por la policía en el marco de la moratoria a las libertades constitucionales, sobre todo por parte de mujeres jóvenes detenidas arbitrariamente.

Perú: se desarrolló un paro nacional con mayor presencia de protestantes en la ciudad de Lima, con el fin de exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, de acuerdo al Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) y la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP). El Sutep solicitó la consulta sobre una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución política, con el objetivo de terminar con la inestabilidad que vive el país y tener una oportunidad de dialogar con las autoridades sobre la crisis política y social que acontece.

10.

Ecuador: tras los resultados adversos que ha tenido el referéndum promovido por el Gobierno, donde la opción del No gana en las ocho preguntas, el presidente de la República, Guillermo Lasso, reemplazó a varios miembros a su gabinete ministerial, así como a funcionarios de alto rango. Los cambios se oficializaron en un evento efectuado en el Palacio de Carondelet, en Quito. Uno a uno los nuevos funcionarios asumieron sus cargos, luego que el presidente Lasso firmó cada uno de los decretos ejecutivos correspondientes a sus nombramientos.

Nicaragua: 222 personas presas políticas de Nicaragua fueron excarceladas y deportadas del país bajo una orden girada por el Ministerio de Gobernación y Ministerio de Relaciones Exteriores. Las presas y presos políticos fueron deportados hacia Estados Unidos, esto se dio a conocer a través del presidente de la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua, Octavio Rothschuh Andino.

13.

Brasil: el expresidente de Brasil Jair Bolsonaro dijo en Florida (Estados Unidos), que regresará a Brasil “en las próximas semanas” porque su “misión sobre la Tierra” aún no ha terminado, según recogió este domingo un medio local.

México: en medio de la construcción de la carretera Mante – Ocampo – Tula fueron encontrados varios restos humanos con gran importancia arqueológica para la historia de Tamaulipas y que datan de hace más de un milenio. Especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), se encuentran realizando labores de salvamiento a un sitio arqueológico en el sur de Tamaulipas, denominado El Naranjo.

14.

Ecuador: el Presidente Guillermo Lasso envió una excusa a la comisión del caso Encuentro, que investiga un supuesto caso de corrupción dentro de su administración. El primer mandatario no asistió a la convocatoria que le hizo la Asamblea para que hable sobre el caso Encuentro. El mandatario fue llamado a dar su versión sobre este caso, que involucraría a personas de su círculo cercano.

Perú: el Gobierno prorrogó el estado de emergencia por 30 días calendario, a partir del 14 de febrero, declarado en el departamento de Lima, en la Provincia Constitucional del Callao y en las carreteras Panamericana Sur, Panamericana Norte, Central, corredor vial sur Apurímac-Cusco-Arequipa y corredor vial Interoceánica Sur. La Policía Nacional del Perú (PNP) será la encargada de mantener el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

Uruguay: la Fuerza Aérea comunicó que, “ante las denuncias recibidas sobre el avistamiento de luces intermitentes en el cielo en las Termas de Almirón”, se dispuso la intervención de la Comisión Receptora e Investigadora de Denuncias de Objetos Voladores No Identificados (Cridovni).

15.

Colombia: desde el balcón de la Casa de Nariño el presidente Gustavo Petro se dirigió a cientos de colombianos, para explicar las reformas que su gobierno tramitará ante el Congreso de la República. Durante más de hora y media el mandatario explicó los cambios que propone su gobierno y anunció la presentación al Congreso de las reformas pensional y laboral.

Haití: la policía estadounidense detuvo este martes en Florida a cuatro sospechosos de desempeñar un papel en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse en 2021, indicó un fiscal federal durante una rueda de prensa celebrada en Miami. Tres de los arrestados están acusados de conspirar para matar y secuestrar a una persona fuera de Estados Unidos, un delito por el que se exponen a cadena perpetua.

Perú: se reabre el santuario de Machu Picchu, ícono turístico del Cusco y del país, en las mismas condiciones, horarios y circuitos establecidos antes del cierre, confirmó el Ministerio de Cultura, que señaló que los visitantes podrán disfrutar de la experiencia de la visita. De acuerdo al comunicado, la decisión se adoptó luego de haber asumido el compromiso conjunto con las instituciones que integran la Unidad de Gestión de Machu Picchu (UGM), autoridades municipales de Machu Picchu y Ollantaytambo, directivos de la Cámara de Comercio y dirigentes de organizaciones sociales para garantizar la seguridad del monumento y de los servicios de transporte.

Uruguay: el ex jefe de la custodia presidencial Alejandro Astesiano fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión por su participación en la organización delictiva que falsificaba documentos (partidas de nacimiento) para vender pasaportes uruguayos a ciudadanos rusos y ucranianos. La pena fue impuesta por la Justicia tras un acuerdo entre la fiscal Gabriela Fossati y Astesiano a través de su abogado Marcos Prieto. Los términos del acuerdo se presentaron este miércoles en audiencia ante el juez Alejandro Asteggiante, quien ya dispuso la condena a cumplirse con prisión efectiva

16.

Cuba: colaboradores del Contingente Internacional de Médicos Especializados en Situaciones de Desastres y Graves Epidemias “Henry Reeve” llegaron a Türkiye para contribuir a salvar vidas y ayudar a la recuperación de las víctimas del devastador terremoto que afectó a la población de ese país y de Siria.

Paraguay: el presidente Mario Abdo Benítez, que llegó a Taiwán para una visita oficial de cuatro días, expresó su “orgullo de que Taiwán y Paraguay sigan fortaleciendo sus vínculos día a día mediante intercambios culturales y comerciales” y agradeció la “asistencia técnica” de Taipéi en “áreas esenciales para el desarrollo del pueblo paraguayo como la sanidad o la educación”.

República Dominicana: el Senado aprobó en segunda lectura el Proyecto de Ley de Código Penal del país, cuya iniciativa, presentada por los senadores Ramón Rogelio Genao y Virgilio Cedano, fue sancionada, con 23 votos de 26 senadores presentes en los trabajos legislativos. No se incluyeron las tres causales que permiten una interrupción de un embaraza sin ser castigado por la ley (cuando hay mal formación del feto, una violación sexual, confirmada y cuando esté en peligro la vida de la madre).

17.

Haití: decenas de periodistas se movilizaron en la capital del país para exigir la liberación de su colega Jean Thony Lorthé, secuestrado desde el 3 de febrero, y denunciaron el silencio de las autoridades ante la inseguridad.

Perú: el pleno del Congreso aprobó acusar constitucionalmente al expresidente Pedro Castillo por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Con 59 votos favor, 23 en contra y 3 abstenciones, la representación parlamentaria decidió dar luz verde a la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides a raíz del caso acumulado Puente Tarata – PetroPeru.

20.

Brasil: el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, viajó a Sao Sebastiao, en el estado de Sao Paulo, para atender la emergencia producida por las fuertes lluvias, que han desencadenado deslaves de tierra e inundaciones con un saldo preliminar de 36 personas muertas. Las autoridades brasileñas continúan las labores de búsqueda de al menos 40 personas tras el fuerte temporal de lluvias que azotó el litoral del estado de Sao Paulo el fin de semana.

Uruguay: el expresidente José Mujica recibió un reconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por su contribución al proceso de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Estado colombiano, donde actuó como mediador entre la guerrilla y el gobierno por entonces encabezado por Juan Manuel Santos, que culminó en la firma del tratado de paz el 26 de setiembre de 2016.

22.

Ecuador: la Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos en el caso Sinohydro, que involucra al expresidente Lenín Moreno. El Ministerio Público presentará cargos contra 37 personas por el presunto delito de cohecho. El proceso denominado Sinohydro está relacionado con el proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair.

Surinam: miles de personas protestaron contra la eliminación de los subsidios a los combustibles y algunas irrumpieron en el edificio del Parlamento, desatándose enfrentamientos con la policía que se saldaron con un muerto y 20 heridos, así como un centenar de detenidos. El presidente del país, Chandrikapersad Santokhi, aseguró este martes que serán llevados ante la justicia todos aquellos responsables de las violentas protestas del viernes pasado, que generaron gran controversia y división política en el país.

23.

Brasil: el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva creó un grupo de trabajo especial para presentar estrategias en un plazo de 180 días contra el discurso de odio y extremismo en la comunicación, en especial en las plataformas digitales y redes sociales, y proponer políticas públicas de derechos humanos. El grupo de trabajo estará presidido por la exdiputada Manuela D’Avila y entre sus integrantes estará el youtuber e influencer Felipe Neto, quien en los últimos años exigió a las empresas dueñas de las plataformas detener el discurso de odio y de destrucción de reputaciones.

México: con el voto de Morena y sus alidos, el Senado de la República aprobó esta tarde las cuatro leyes electorales del Plan B del gobierno federal, sin la llamada cláusula de vida eterna y la remitió al ejecutivo federal para su promulgación. La minuta se aprobó con 72 votos a favor y 50 en contra, luego de una discusión de siete horas en la que hubo gritos y descalificaciones y la oposición reiteró que en cuanto se promulgue la reforma presentarán una Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia.

Nicaragua: la escritora Gioconda Belli, aceptó la nacionalidad chilena ofrecida por el presidente de la República, Gabriel Boric, quien anunció la decisión de acoger a los nicaragüenses expatriados de su país.

Perú: el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) consideró inviable la propuesta de un sector del Congreso para realizar un referéndum nacional, a fin de consultar a la población sobre la realización de una Asamblea Constituyente. De acuerdo con la institución, el mecanismo de consulta a la ciudadanía (referéndum) está referido a la aprobación o desaprobación de normas y a lo vinculado a procesos de descentralización.

24.

Colombia: el gobierno colombiano exhortó a la Corte Penal Internacional a que actúe frente a las “violaciones” del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua luego de que despojara de su nacionalidad a más de 300 de sus opositores, indicó la Cancillería en un comunicado.

Ecuador: el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, acusó al presidente Guillermo Lasso de romper los acuerdos del diálogo en lo referente al derecho a la consulta previa para permitir el desarrollo de actividades mineras. El líder indígena se pronunció a propósito de los violentos disturbios en el cerro Fierro Urco, en Loja, donde policías y militares se enfrentaron a comuneros que se oponen a proyectos mineros en la zona.

26.

Colombia: como parte del segundo ciclo de diálogos de paz, desarrollado en Ciudad de México, el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) informaron que “ya han avanzado en la definición de una visión compartida del proceso de paz y una metodología para desarrollar la agenda” de las negociaciones.

27.

Brasil: el enviado especial para el clima de Estados Unidos, John Kerry, fue recibido por autoridades de Brasil, en el que fue el primer paso para comenzar a afinar políticas de combate a la crisis climática entre ambos países.

Colombia: la Cancillería de Colombia informó que los consulados colombianos en Caracas, Maracaibo, San Antonio de Táchira y San Cristóbal, en Venezuela, estarán funcionando en un plazo máximo de cuatro meses.

México: de colores rosa y blanco se pintaron las calles y plazas principales de algunas ciudades de México este domingo, cuando diversos contingentes se manifestaron contra el llamado “Plan B” de reforma electoral impulsado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y en apoyo al Instituto Nacional Electoral. Según los organizadores, más de 500,000 personas habrían tomado parte en la movilización en Ciudad de México, llenando el Zócalo capitalino y sus calles aledañas, muchos de ellos vestidos con indumentaria rosa, el color de la institución electoral que las protestas han tomado como símbolo.

República Dominicana: agentes de la Dirección General de Migración (DGM), en coordinación con militares y policías, arrestaron a 404 haitianos indocumentados en diferentes barrios de Bávaro, La Altagracia, según informó la institución. Indicaron desde la DGM que los operativos de interdicción migratoria se ejecutan de manera “rutinaria” y “persistente” en toda la geografía nacional, en atención a las disposiciones del presidente Luis Abinader, y en cumplimiento a las políticas migratorias que impulsa el Estado dominicano. Migración aseguró que realiza esos operativos “siempre apegado a las leyes y los mandatos constitucionales de respeto a los derechos humanos”.

28.

Brasil: la deforestación en la Amazonia brasileña marcó un récord en febrero, según datos oficiales actualizados. El monitoreo satelital detectó 209 kilómetros cuadrados de bosques destruidos en la parte brasileña de la mayor selva tropical del mundo, según datos preliminares del sistema de vigilancia DETER, del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE).

Colombia: el presidente Gustavo Petro anunció los primeros cambios en su gabinete. Confirmó la salida de los ministros Alejandro Gaviria (Educación), María Isabel Urrutia (Deporte) y Patricia Ariza (Cultura). Tras anunciar las salidas, el primer mandatario comentó que la cartera de Educación será asumida por Aurora Vergara y Astrid Rodríguez, la del Deporte.

México: la producción de crudo de Petróleos Mexicanos (Pemex) ascendió a un millón 564 mil barriles diarios, lo que representó una caída de 7.12 por ciento en enero, respecto a igual periodo del año pasado, de acuerdo con datos publicados por la empresa estatal.

Fuentes Consultadas

BBC (www.bbc.com)

El País (www.elpais.com)

La Nación (www.lanacion.com.ar)

Nodal (www.nodal.am)

Página 12 (www.pagina12.com.ar)

*  Cronología del mes de marzo de 2023

Por John Mario Pineda Ospina

1.

Chile: el FMI nombra al chileno Rodrigo Valdés como director del Departamento del hemisferio occidental.

Colombia: el Gobierno colombiano le exige a Viva Air que cumpla con sus obligaciones, tras su anuncio de quiebra.

Costa Rica-Ecuador: Rodrigo Chaves y Guillermo Lasso firman acuerdo comercial entre Costa Rica y Ecuador.

Costa Rica crea categoría migratoria especial para ciudadanos de Nicaragua, Cuba y Venezuela.

2.

Aruba: el Ministro Ursell Arends presente en conferencia donde se trataron temas referentes al mar, en Panamá.

El primer ministro de Aruba se reúne con el embajador estadounidense en los Países Bajos.

Bolivia – Chile: el gobierno gestiona con Chile la celeridad en trámites fronterizos ante filas provocadas por control migratorio.

Brasil: dos buques de guerra iraníes fueron autorizados a atracar en Río de Janeiro, a pesar de las presiones de Estados Unidos.

Colombia: el presidente ha pedido que la fiscalía investigue a su hermano y a su hijo mayor por una supuesta trama en la que unos abogados dicen hablar en nombre del Gobierno para cobrar dinero a presos que quieren unirse a la paz total.

La Corte constitucional, con un cambio de su jurisprudencia, se habilita para tomar decisiones rápidas cuando sea claro que una ley va contra la Constitución.

México: López Obrador anuncia un plan contra la inflación en América Latina.

Nicaragua: la ONU concluye que Ortega y Murillo cometieron crímenes de lesa humanidad en Nicaragua.

Perú: el alto comisionado de la ONU, pide explicaciones a Boluarte por la represión en las protestas.

3.

Argentina: el país sudamericano se retira del Tratado Foradori-Duncan, el cual fue fundamental para la identificación de cuerpos de soldados conocidos sólo por Dios enterrados en las islas Malvinas/Falkland, entre otras mejoras en los lazos bilaterales.

Bolivia: Luis Arce le expresó este viernes a Andrés Manuel López Obrador, el acuerdo del gobierno boliviano para ser parte del plan antiinflacionario que planteó para América Latina.

4.

Guatemala: periodistas protestan en contra de censura y ciudadanos interponen denuncia contra juez.

5.

Bolivia – Venezuela: Bolivia y Venezuela acuerdan visita oficial y firma de varios acuerdos bilaterales.

6.

Costa Rica: Rodrigo Chaves denuncia sistemático irrespeto a derechos humanos en Nicaragua.

México: la Representante Comercial de EE UU anuncia que iniciará un proceso de consultas ya que considera que la prohibición del maíz transgénico para consumo humano viola el TMEC.

7.

Brasil: el presidente Lula Da Silva, mantuvo una conversación telefónica con el rey Carlos III para tratar cuestiones medioambientales y los lazos bilaterales.

Colombia: Petro señala a su exministra de Deporte por “actuaciones indelicadas”.

México: el embajador de EE UU, Ken Salazar, urge a México a tomar acciones contra los cárteles

8.

Argentina: el país ha obtenido un préstamo de 840 millones de dólares del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), que se destinarán en gran parte a la construcción del gasoducto “presidente Néstor Kirchner”.

Chile: la Cámara de Diputados y Diputadas rechazó la reforma tributaria del Gobierno de Gabriel Boric.

Colombia: el director de la Unidad Nacional de Protección sufre un ataque a tiros en la puerta de su casa.

Cuba: el Gobierno de Cuba aceptó la solicitud oficial del Gobierno de la República de Colombia y del Ejército de Liberación Nacional, de celebrar en La Habana, Cuba, el Tercer Ciclo de la Mesa de Diálogos de Paz entre esas dos partes.

México: cientos de miles de mujeres inundan las calles de México para exigir justicia e igualdad.

9.

Colombia: Colombia actualiza su código laboral después de tres cuartos de siglo.

10.

Argentina: Scioli pide a Brasil que elimine barreras para equilibrar la balanza comercial.

Brasil: los ministros de Relaciones Exteriores de Brasil y Paraguay, Mauro Vieira y Julio realizaron una declaración conjunta, donde destacaron el progreso del comercio bilateral y la cooperación en áreas de seguridad.

Colombia: el Gobierno venezolano deporta a la excongresista Aida Merlano, condenada por delitos electorales.

El Gobierno de Colombia y el ELN acuerdan la agenda para alcanzar un alto el fuego y la participación política de la guerrilla.

Costa Rica: Human Rights Watch pide a Costa Rica apoyar investigación sobre Nicaragua.

11.

Argentina – Paraguay: Alberto Fernández, y Mario Abdo Benítez, se reunieron en la residencia del primero en Olivos para analizar una amplia agenda bilateral y regional, que incluyó la situación actual del Mercosur y los desafíos que enfrenta el bloque bajo la presidencia pro témpore de Buenos Aires.

13.

México: México lanza en EE UU una ofensiva diplomática contra el extremismo republicano.

14.

Bolivia: OMS reconoce derecho de Bolivia a pedir “examen crítico” de la clasificación de la hoja de coca.

Ecuador: huye de la Embajada argentina en Quito la exministra de Transporte de Ecuador condenada por corrupción.

El Salvador: España y El Salvador firman acuerdo para impulsar cooperación en trasplantes.

FMI sugiere hacer un ajuste fiscal de más de $1,000 millones para sanear finanzas del gobierno de El Salvador.

15.

Argentina – Ecuador: Quito y Buenos Aires expulsan embajadores por fuga de ministra condenada.

México: el Ejército mexicano incrementa su poderío militar: escala 11 posiciones en el ranking mundial de Fuerzas Armadas

16.

Argentina: prolongados cortes de luz afectan a 100.000 hogares en Buenos Aires.

Ecuador: el Gobierno de Guillermo Lasso afirma que la fuga de la exministra María de los Ángeles Duarte de la sede diplomática argentina en Quito “traicionó la confianza” entre ambos países.

17.

Argentina: Argentina y SAAB firman acuerdo sobre tecnología de radares militares.

Paraguay: Lula y Abdo analizan temas como Itaipú, Unasur y el acuerdo con la UE.

18.

Argentina: cancilleres de Argentina y Uruguay acuerdan cumbre presidencial en abril.

20.

Bolivia: Arce defiende contrato soberano con empresa china por el litio ante amenaza del Comando Sur de EEUU.

21.

Bolivia: Bolivia acusa a EEUU de cometer injerencia con informe unilateral sobre derechos humanos.

Venezuela: dimite el ministro de Petróleo venezolano en medio de un escándalo de corrupción.

22.

Argentina: el Grupo de Puebla expresó el martes su apoyo a la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner durante una convención en el Centro Cultural Kirchner de Buenos Aires.

Aruba: el país caribeño asiste a la Conferencia del Agua de la ONU 2023.

Uruguay: Montevideo acogió la convención de Mercociudades

23.

Argentina: el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, declaró al sitio Metrópoles que a su país le gustaría que Argentina se uniera al grupo BRICS.

Paraguay: nuevo equipo de fiscales investigará al ex presidente paraguayo Cartes.

24.

Chile: el Senado chileno aprobó un proyecto de ley que reduce la jornada laboral de 45 a un máximo de 40 horas semanales.

Costa Rica: Rodrigo Chaves y Emmanuel Macron conversan sobre protección de océanos.

Uruguay: trabajadores uruguayos marchan contra la de reforma de pensiones

25.

Brasil: Lula aplaza por un día su viaje a China tras ser diagnosticado de neumonía.

Ex presidenta brasileña Rousseff comandará el Banco del BRICS.

26.

Honduras: el país centroamericano rompe su relación diplomática con Taiwán, y se alinea con China.

27.

Argentina: Macri no volverá a ser candidato a presidente de Argentina en 2023.

Venezuela: el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, canceló su viaje a la Cumbre Iberoamericana de Santo Domingo, República Dominicana.

28.

El Salvador: El Salvador es expulsado de la Alianza Internacional para el Gobierno Abierto por incumplir estándares democráticos.

México: al menos 38 muertos en un incendio en un centro del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez.

Venezuela: Amnistía Internacional denuncia uso excesivo de fuerza contra protestas sociales en Venezuela

29.

Perú-Colombia: Perú retira definitivamente a su embajador en Colombia tras acusar a Petro de “injerencias”.

30.

Argentina: el presidente argentino, Alberto Fernández, fue recibido en la Casa Blanca por su colega estadounidense, Joe Biden.

Ecuador: la Corte Constitucional admite la solicitud de la Asamblea para abrir el proceso contra el presidente por un delito de peculado.

31.

Chile: Sebastián Piñera, expresidente de Chile, citado a declarar por una causa de lesa humanidad.

Fuentes Consultadas

Agencia Boliviana de Información
Aruba Today
Deutche Welle
Diario de México
El Clarín
El Comercio
El Diario
El Economista
El Espectador
El País
Elsalvador.com
El Tiempo – Colombia
El Tiempo – Honduras
Granma
Haitian Times
Infobae
La Nación – Costa Rica
La Nación – Argentina
La Hora
MercoPress, South Atlantic News Agency
Prensalibre
Swissinfo

[1] Profesor Titular de Historia Moderna y Contemporánea da UFRJ e Emérito da Escuela de Comando y Estado-Mayor del Ejército brasileño/ECEME. Prêmio Jabuti 2014. Investigador do Conselho Nacional de Pesquisa CNPq.

[2] Profesor da Universidade de Vigo/Maria Zambrano de Talento Internacional e livre docente por la Universidade de Pernambuco. Investigador do Conselho Nacional de Pesquisa do Brasil/CNPq. Prêmio Jabuti 2014.

[3] UOL. Presos em ato golpista partiram de 25 estados e só 6% são do DF; In: https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2023/01/21/estado-de-origem-presos-por-ato-golpista.htm?cmpid=copiaecola, consultado em 21/01/2023.

[4] YAHOO NOTÍCIAS. Invasão no DF: ¿Quais crimes foram cometidos e qual pode ser punição aos terroristas?, 09/01/2023. Consultado en 20/01/2023.

[5] CARTA CAPITAL. ‘Gente preparada’ tentou dar um golpe de Estado em 8 de janeiro, diz Lula…18/01/2023. In: https://www.cartacapital.com.br/politica/gente-preparada-tentou-dar-um-golpe-de-estado-em-8-de-janeiro-diz-lula/. Consultado em 21/01/2023.

[6] O ESTADO DE SÃO PAULO. Ministro da Defesa afirma ter parentes nos acampamentos, 9/12/2022. In: https://www.estadao.com.br/politica/ministro-diz-ter-parentes-em-atos-nos-quarteis-e-prega-compromisso-democratico-das-forcas-armadas/, Consultado em 21/01/2023.

[7] UOL. Múcio diz que tem amigos em acampamento: ‘É manifestação democrática’… In: https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2023/01/02/mucio-diz-que-tinha-amigos-em-acampamento-e-manifestacao-democratica.htm?cmpid=copiaecola, consultado em 21/01/2023.

[8] CORREIO BRAZILIENSE. «Não há base legal para essa ocupação», diz Dino sobre acampamentos nos QGs, 06/01/2023. In: https://www.correiobraziliense.com.br/politica/2023/01/5064218-nao-ha-base-legal-para-essa-ocupacao-diz-dino-sobre-acampamentos-nos-qgs.html, consultado em 21/01/2023.

[9] Durante el período de Transición, Lula da Silva instaló varios equipos de asesoría técnica, bajo la coordinación del vicepresidente Geraldo Alckmin. Sin embargo, en el área de «Asuntos Militares y Defensa» no se creó el comité correspondiente, quedando todo el análisis y diagnóstico de la situación de los cuarteles bajo el control del General Gonçalves Dias, futuro primer ministro del GSI y un amigo personal de Lula da Silva.

[10] EL PAÍS. Lula destituye a más de 80 militares del círculo presidencial tras el asalto a los poderes en Brasilia, 19/01/2023. In: https://elpais.com/internacional/2023-01-19/lula-destituye-a-mas-de-80-militares-del-circulo-presidencial-tras-el-asalto-a-los-poderes-en-brasilia.html. Consultada em 19/01/23.

[11] Luttwak, Edward. Le Coup d’État: manuel pratique, Éd. Robert Laffont, Paris, 1969.

[12] Ver Lussu, Emilio .Théorie de l’insurrection, François Maspero, coll. «Cahiers libres», Paris, 1970.

[13] Neuberg, A. L’Insurrection armée, François Maspero, Paris, 1970.

[14] ANEL. Brasil já soma 16 torres de energia danificadas e 4 derrubadas desde 8 de janeiro, 24/01/2023. In: https://sputniknewsbrasil.com.br/20230124/aneel-brasil-ja-soma-16-torres-de-energia-danificadas-e-4-derrubadas-desde-8-de-janeiro-27171768.html, consultado em 24/01/2023. Hasta el momento, las investigaciones abiertas por la Agencia Nacional de Energía Eléctrica/ANEL, por espantosa decisión, no se han sumado a las investigaciones de Brasilia, y los investigadores desconocen en gran medida las conexiones nacionales entre los eventos de Brasilia y el colapso de las torres de energía y las invasiones de las refinerías de combustible.

[15] Ver Busquets, Julio. Pronunciamientos y golpes de Estado en España, Planeta, Barcelona, 1982.

[16] Teixeira Da Silva, Francisco C. “Jovens Turcos e os Militares brasileiros”. In: Teixeira da Silva, Francisco C. (Org.). Dicionário de História Militar do Brasil, 1822-2022. Rio de Janeiro/Recife, Edupe/Editora da UFRJ, 2022, pp.

[17] Ver Castro, Celso. Exército e Nação. Rio de Janeiro, FGV Editora, 2012.

[18] La presencia del Integralismo en las fuerzas armadas fue subrayada por dos grandes líderes del Integralismo en Brasil: el vicealmirante Hélio Leôncio Martins (1915-2016) y el «teniente» y sociólogo Severino Sombra (1907-2000). En ambos casos, dichas narraciones se dieron en entrevistas con el autor.

[19] Gaspari, Elio. A Ditadura Acabada. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2016.

[20] Ver Argolo, José; Ribeiro, Kátia; Fortunato, Luiz Alberto. A direita explosiva no Brasil. Rio de Janeiro: Mauad, 1996.

[21] Teixeira Da Silva, Francisco C. y Schurster, Karl. A República Sitiada. Recife, Edupe, 2023, p. 21 e ss.

[22] Ver Según entrevista con funcionarios del propio Ministerio de Justicia, el 10/01/2023.

[23] O GLOBO. Ataques atingem torres de 3 linhas de transmissão, mas não afetam abastecimento de energia, 10/01/2023. In: https://valorinveste.globo.com/mercados/brasil-e-politica/noticia/2023/01/10/ataques-atingem-torres-de-3-linhas-de-transmissao-mas-nao-afetam-abastecimento-de-energia.ghtml. Consultada em 19/01/2023.

[24] AGENCIA FORUM. Contas do gabinete presidencial sob suspeita: Moraes quebra sigilo de assessor de Bolsonaro, 26/09/2022. In: https://revistaforum.com.br/politica/2022/9/26/contas-do-gabinete-presidencial-sob-suspeita-moraes-quebra-sigilo-de-assessor-de-bolsonaro-123899.html, consultado em 21/01/2023. Vemos que hubo una mezcla no deseada entre lo privado y lo público en las funciones del TC Cid, muy vinculado al expresidente Bolsonaro y su familia.

[25] UOL. Novo comandante do Exército suspende nomeação de ex-assessor de Bolsonaro… In: https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2023/01/24/exercito-barra-ex-ajudante-bolsonaro.htm?cmpid=copiaecola, 24/01/2023. Consultado em 21/01/2023.

[26]Conversación del autor con oficiales generales al mando de regiones militares y oficiales superiores con mando en servicio activo.

[27] AGENCIA PORTAL MOTOGROSSENSE. Ataques terroristas continuam: torres de energia foram derrubadas e bomba colocada em ponte, 10/01/2023. In: https://portalmatogrosso.com.br/ataques-terroristas-continuam-torres-de-energia-foram-derrubadas-e-bomba-colocada-em-ponte/, consultado em 21/01/2023.

[28] Entrevista al autor Comandos militares del Comando Militar [de la región] de Planalto en los días 19 y 20 de janeiro de 2023.
FOLHA DE SÃO PAULO. Lula demite o comandante do Exército. In:  https://www1.folha.uol.com.br/poder/2023/01/lula-demite-comandante-do-exercito-apos-crise-de-confianca.shtml, 20/01/2023. Consultado em 22/01/2023.

[29] FOLHA DE SÃO PAULO. https://www1.folha.uol.com.br/poder/2023/01/lula-arrisca-tratamento-de-choque-para-por-fim-a-crise-com-os-militares.shtml, consultado em 22/01/2023.

[30] CORREIO DO POVO. Após ‘fratura de confiança’, Lula troca comandante do Exército, 22/01/2023. In: https://correiodopovo-al.com.br/geral/apos-fratura-de-confianca-lula-troca-comandante-do-exercito, consultado em 22/01/2023.

[31] O GLOBO. Em discurso, Bolsonaro defende ditadores militares e deputado dos atos antidemocráticos, 31/03/2022. In: https://g1.globo.com/politica/noticia/2022/03/31/em-discurso-no-planalto-bolsonaro-defende-ditadores-militares-e-deputado-reu-por-atos-antidemocraticos.ghtml, consultado em 22/01/2023.

[32] FOLHA DE SÃO PAULO. Bolsonaro ameaça golpe e o STF.07/09/2022. In: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2021/09/bolsonaro-repete-ameaca-golpista-e-diz-que-7-de-setembro-sera-ultimato-a-ministros-do-stf.shtml, consultado em 22/01/2023.

[33] O GLOBO. PF busca provas de que ‘minuta do golpe’ circulou entre autoridades do governo Bolsonaro, 20/01/2023. In: https://g1.globo.com/politica/blog/valdo-cruz/post/2023/01/23/pf-busca-provas-de-que-minuta-do-golpe-circulou-entre-autoridades-do-governo-bolsonaro.ghtml, consultado en 22/01/2023.

[34] In: https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/politica/2023/01/minuta-que-previa-golpe-entenda-o-documento-encontrado-na-casa-de-tor.html,%20consultado%20en%2022/01/2023.

[35] BLOG DA CIDADANIA. General vice de bolsonaro conspirou para golpe, 19/01/2023. In: https://blogdacidadania.com.br/2023/01/general-vice-de-bolsonaro-conspirou-para-golpe/, consultado em 22/01/2023.

[36] UOL. Bolsonaro anuncia o golpe ao mundo: ¡é hora de reagir!… In: https://noticias.uol.com.br/colunas/comissao-arns/2022/07/21/nota-publica-xxxxxxxxxxxx.htm?cmpid=copiaecola, consultado em 22/01/2023.

[37] AGÊNCIA AOS FATOS. As 356 mentiras sobre ditadura, Judiciário e urnas que compõem quatro anos de golpismo de Bolsonaro, 18/01/2023. In: https://www.aosfatos.org/noticias/bolsonaro-mentiras-quatro-anos-de-golpismo/, consultada en 22/01/2023.

[38] ESTADO DE MINAS GERAIS. Bolsonaro elogia coronel condenado por tortura: ‘Lutou por democracia’, 27/02/2022. Consultado en 22/01/2023.

[39] Teixeira Da Silva, Francisco C., Schurster, Karl y Maynard, Dilton. Novo Dicionário Crítico do Pensamento das Direitas. Recife, Edupe, 2023. Ver en particular las entradas “Vox” y “Alternativ für Deutschland”.

[40] REVISTA VEJA. Presença de militares em cargos civis dispara sob Bolsonaro, revela estudo

https://veja.abril.com.br/politica/presenca-de-militares-em-cargos-civis-dispara-sob-bolsonaro-revela-estudo/, 31/05/2022. In: https://veja.abril.com.br/politica/presenca-de-militares-em-cargos-civis-dispara-sob-bolsonaro-revela-estudo/, consultado em 22/01/2023.

[41] AGENCIA TERRA DE DIREITOS. Estudo aponta 94 discursos racistas de autoridades públicas nos 3 anos do governo Bolsonaro, 22/03/2022. In: https://www.terradedireitos.org.br/noticias/noticias/estudo-aponta-94-discursos-racistas-de-autoridades-publicas-nos-3-anos-do-governo-bolsonaro/23714, consultado en 21/01/2023.

[42] CORREIO BRAZILIENSE. Dino manda investigar ex-governo Bolsonaro por genocídio e omissão de socorro, 24/01/2023. In: https://www.correiobraziliense.com.br/politica/2023/01/5068463-dino-manda-investigar-ex-governo-bolsonaro-por-genocidio-e-omissao-de-socorro.html, consultado en 24/01/2023.

[43] Traducido del texto original: “a subset of terrorism, in which terrorist groups, or associated individuals, participate directly or indirectly in the cultivation, manufacture, transportation, or distribution of controlled substances and the monies derived from these activities. (…) Further, DEA uses the term to characterize the participation of groups or associated individuals in taxing, providing security, or otherwise aiding or abetting drug trafficking endeavors in an effort to further, or fund, terrorist activities”

[44] Traducido del texto original: Several decades long “war of drugs” and the more recent “war on terror” have found common grounding countering the threat of narco-terrorism, this combining two threats that have traditionally been treated separately. The concept of narco-terrorism originates from an understanding that two phenomena of narcotics trafficking and terrorism are interconnected and subsequently, that a co-ordination of anti-drug and anti-terror policy can be used, and is necessary, to effectively deal with both threats.

[45] Marimbera, palabra que hace referencia a la marimba, seudónimo utilizado para la “marihuana”, y es una palabra mayoritariamente utilizada en el norte de Colombia.

[46] Publicado en Opiniones IRI el 8 de marzo de 2023. Obtenido de: https://www.iri.edu.ar/index.php/2023/03/08/8m-retos-para-las-mujeres-en-el-marco-de-la-preocupante-situacion-politica-en-peru/

[47] Integrante Centro de Estudios en Género(s) y Relaciones Internacionales (CeGRI) IRI-UNLP

[48] Publicado en Opiniones IRI el 10 de marzo de 2023. Obtenido de: https://www.iri.edu.ar/index.php/2023/03/10/sobre-la-privacion-arbitraria-de-la-nacionalidad-por-parte-de-nicaragua/

[49] Publicado en Opiniones IRI el 2 de abril de 2023. Obtenido de: https://www.iri.edu.ar/index.php/2023/03/31/a-41-anos-del-2-de-abril-de-1982/

[50] Coordinador del Departamento del Atlántico Sur IRI-UNLP

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