La revolución cubana liderada por Fidel Castro y Ernesto “Che” Guevara, derrotó a Fulgencio Batista el 7 de enero de 1959 y marcó un importante hito en la historia de América Latina. De hecho, esta región era el área de influencia directa de los
Estados Unidos.
Para el desarrollo de esta revolución, un punto clave fue la firma de la Primera Ley de Reforma Agraria, – 17 de mayo de 1959 – que dio comienzo al viraje económico que marcaría el modelo productivo que, a grandes rasgos, se implementaría hasta la actualidad en el país cubano. El objetivo de esta ley era lograr una redistribución de tierras tratando de aliviar la situación de los campesinos más
pobres.
Los datos históricos indican que este cambio de paradigma económico llevado a cabo por la revolución se dio en un contexto en el que aproximadamente el 80% de las tierras fértiles cubanas estaban en manos de empresas norteamericanas, que, aprovechando la situación política de Cuba y su falta de regulaciones comerciales de parte de la administración de Batista, lograban sacar grandes réditos de los suelos cubanos con muy bajos costes de mano de obra. Las razones esgrimidas por el gobierno cubano para promulgar esta ley, estaban el desaprovechamiento de las tierras en las grandes fincas, la necesidad de crecimiento y diversificación de la industria, la situación miserable de la mayoría de los campesinos, la aparcería y la necesidad del surgimiento de nuevos cultivos.
Luego de la implementación de la Ley de Reforma Agraria, vastos territorios se convertirían en granjas populares, donde se organizarían plantaciones de arroz, café y tabaco, entre otros. Años más tarde, fuertes lazos con la Unión Soviética provenientes de su congruencia ideológica, le permitiría a Cuba obtener el capital suficiente para aprovechar totalmente su condición climática, ideal para plantar caña de azúcar y convertirse en un relevante exportador de los productos que se obtienen de la misma.
Dentro de los cambios realizados por la ley, también se encontraban la proscripción de los latifundios, estableciendo un límite de 30 caballerías (es decir, 402 hectáreas) por persona. Aquellas tierras de los que excedían este límite fueron repartidas entre campesinos u obreros agrícolas. Las tierras pertenecientes al Estado y los municipios también fueron repartidas. Además, se prohibió establecer
contratos de aparcería o similares.
De este máximo de tierra, eran exceptuadas aquellas en las que se sembrara caña de azúcar, con la condición de que su rendimiento no fuera menos al promedio nacional y supere el 50%.
Poco después se dispuso la creación del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), que a lo largo de los años, fue el responsable de las actividades productivas y de la planificación económica. Este instituto, creó cooperativas agrícolas de producción, que se dedicarían a la explotación de tierras que se consideraban no nacionalizables, con el objetivo de satisfacer demandas de
asistencia social, educación, salud, etc.
Mientras que en papel, la Ley de Reforma Agraria parecía dar grandes esperanzas al campesinado que vivía en penurias desde hacía tiempo, muy pocos campesinos se vieron realmente beneficiados con esta. El gobierno no tomó en cuenta a los jornaleros agrícolas, que eran una mayoría muy grande, entonces se vieron obligados a una segunda ley de reforma agraria que convertiría a la gran mayoría
de los territorios agrícolas cubanos en propiedad del gobierno, quien, de facto, tomó el papel del gran latifundista de Cuba.
En la actualidad, aunque el gobierno pretende demostrar lo contrario, es evidente que la situación del campesinado cubano no ha mejorado y que las leyes de reforma agraria pueden ser consideradas como un estrepitoso fracaso para el pueblo cubano.
Santiago Robles
Colaborador de la Red Federal de Historia de las Relaciones Internacionales
Departamento de Historia
IRI – UNLP