La crisis política acontecida en Brasil en este último tiempo y que culmina con la suspensión de la presidente Dilma Rousseff por 180 días, puede analizarse desde varias aristas, entre las que se encuentra la cuestión jurídica, la política y el impacto regional en los procesos de integración, entre otras.

Desde el punto de vista jurídico la Carta Magna del Brasil establece en su art. 51 que “compete privativamente a la Cámara de los Diputados autorizar por dos tercios de sus miembros, el procesamiento del Presidente y del Vicepresidente de la República y de los ministros de Estado” y en su art. 52 enuncia que “compete privativamente al Senado Federal procesar y juzgar al Presidente y al Vicepresidente de la República en los delitos de responsabilidad y a los Ministros de Estado en los delitos de la misma naturaleza conexos con aquellos”

Corresponde pues, analizar qué se entiende por delitos de responsabilidad, siendo ellos los únicos que habilitarían la vía del juicio político o impeachment como se lo ha denominado.

Según el art. 85 de la Constitución los delitos de responsabilidad estarían constituidos por “los actos del Presidente de la República que atenten contra la Constitución Federal y, especialmente contra: 1) la existencia de la Unión; 2) el libre ejercicio del Poder Legislativo, del Poder Judicial, del Ministerio Público y de los Poderes constitucionales de las unidades de la Federación; 3) el ejercicio de los derechos políticos, individuales y sociales; 4) la seguridad interna del País; 5) la probidad en la Administración; 6) la ley presupuestaria; 7) el cumplimiento de las leyes y de las decisiones judiciales.”

A Dilma se la ha acusado de maquillar las cuentas públicas para ocultar el déficit fiscal. En un marco de denuncias cruzadas por corrupción, tanto del partido oficial (PT) como de la oposición, la existencia de este delito como delito de responsabilidad carece de sustento jurídico, máxime cuando en situaciones similares, de diversos gobiernos anteriores, el tribunal de cuentas nacional ha aprobado las rendiciones de este país.

Sin fundamento jurídico sólido para llevar a cabo un juicio político -que permite remover a un presidente constitucional-, el único camino que queda es el análisis desde la perspectiva política.

Jaqueado el oficialismo y la oposición por las denuncias de corrupción, la grave crisis económica que atraviesa el país, la ausencia de crecimiento, recesión, caída del empleo y de los precios internacionales, el descontento de la población fue en aumento. Esta circunstancia fue aprovechada por ciertos sectores de la política brasilera (postergada tras doce años de gobierno del PT), por grupos económicos especialmente de la región de Sao Pablo y medios de prensa opositores entre otros, que promovieron la destitución.

El agotamiento del proyecto económico, el descontento de un porcentaje de la población y el apoyo político y empresarial, son el verdadero sustento de la acusación que hoy sufre Dilma Rousseff en Brasil, todo lo cual quedó demostrado en las alocuciones que se efectuaran en la Cámara de Diputados, donde poco se dijo del delito de responsabilidad y mucho se expreso acerca de las contradicciones políticas que diversos sectores manifiestan. Además quedó evidenciada nuevamente una ruptura y una división no solo entre los partidos políticos sino también en relación a las regiones del Brasil y su gente.

A Michel Temer del PMDB (vicepresidente de Dilma) actual presidente en ejercicio mientras dura la suspensión de la primera mandataria, se le plantean dos opciones: en caso de ser definitiva la suspensión, concluir con el período constitucional que finaliza en diciembre de 2018 o llamar a elecciones anticipadas. Por las declaraciones y acciones efectuadas en estos días no parece ser este último el camino a elegir por Temer, en primer lugar, porque el ex presidente del PT – Luiz Ignacio Lula Da Silva– a pesar de las denuncias de corrupción en su contra, tiene el mayor porcentaje de intensión de votos, en segundo lugar, porque la suspensión definitiva de Dilma parecería ser la “crónica de una destitución anunciada”, lo cual podrá ser percibido por Temer como la única oportunidad para ser presidente de la República, ya que su apoyo como candidato, por parte de la población, es escaso.

Brasil, comenzará una etapa de ajuste económico, reducción del déficit fiscal y profundización de políticas neoliberales, donde M. Temer tendrá el apoyo de un sector de la política y del empresariado, pero muy poco tiempo para desarrollar las mismas, con un país divido en las calles, en medio de una grave crisis institucional, política y económica.

Desde el ámbito regional las respuestas han sido un tanto ambiguas y contradictorias en algunos casos, desde Venezuela que ha retirado a su embajador de Brasil o Ecuador, que calificó al “impeachment” como una ruptura al orden constitucional, hasta la Argentina que se ha pronunciado, bajo el amparo del principio de no intervención, como respetuoso de las decisiones y a favor de continuar el diálogo con las autoridades constituidas. Situaciones similares se han vivido en el seno de los procesos de integración y en la OEA.

El compromiso democrático del Mercosur y la Unasur establecen al sistema democrático y el respeto por los derechos humanos como condición sine qua non para el efectivo derecho de participar en los mismos. En el caso de ruptura del orden democrático, de una violación del orden constitucional o de cualquier situación que ponga en riesgo el legítimo ejercicio del poder y la vigencia de los valores y principios democráticos, se podrá suspender a los Estados Miembros de los derechos de participación en los procesos antes señalados.

Otrora puesto en marcho en el caso del Paraguay, el Mercosur y la UNASUR, se han llamado a la espera, a la cautela y al silencio, demostrando que ya no existen los consensos políticos que supieron existir. Brasil sigue siendo, a pesar de sus avatares económicos, la principal economía de la región y siendo poco probable que Dilma revierta la situación que está transitando, los Estados se encuentran preparados para negociar y no confrontar con el gobierno de M. Temer. En definitiva parecería ser que los acuerdos por la democracia se aplican con rapidez y prontitud dependiendo del país del que se trate y del contexto político y económico que la región atraviese.

En definitiva, es necesario destacar como, a través de lo ocurrido en Brasil, se continúa profundizando el descreimiento e incertidumbre de la población en los procesos democráticos y en los mecanismos participativos, dejando al ciudadano común en un lugar de vulnerabilidad en referencia a los propios poderes republicanos, que deberían funcionar como una garantía de estabilidad y no como “funcionales” a los distintos grupos políticos o económicos en pugna por el poder.