*  Terrorismo de Estado en Colombia: ¿Quién dio la Orden?

Diana Patricia Arias Henao^[1]

Las ejecuciones extrajudiciales se convirtieron durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, en el pan de cada día en Colombia. Pese a no ser un fenómeno reciente, desde el 2008, se conocieron los Falsos Positivos. Así bautizaron los medios de comunicación al asesinato de civiles inocentes que eran convocados principalmente a través de ofertas de empleo llamativas para personas de escasos recursos, especialmente gente joven, con el fin de retenerlos, disfrazarlos principalmente de guerrilleros, matarlos y luego reportarlos como victorias de operativos militares. Así mismo, las víctimas eran retenidas en connivencia con grupos paramilitares y entregadas al Ejército, para después de torturarlas, proceder a su ejecución.

A las víctimas no solo las clasificaban como guerrilleros o auxiliadores de la guerrilla, sino también como miembros de ciertos grupos armados de facha criminal o socialmente estigmatizados, como habitantes de calle, drogadictos, ladrones, putas, maricones, entre otros. Digamos que la aberrante práctica no se habría conocido sin la denuncia del personero de Soacha de aquel entonces Luis Fernando Escobar Franco y el coraje de las mamás de los jóvenes asesinados en Soacha, que hoy conforman la organización MAFAPO, Madres de los Falsos Positivos. Soacha es un municipio pegado a Bogotá con más de 800 mil habitantes, siendo una zona con población vulnerable mayoritariamente, y es el sexto municipio más poblado de Colombia. En 2008, precisamente 19 jóvenes que habitaban en éste municipio y en la localidad de Ciudad Bolívar, se convirtieron en el hito que sacó a la luz pública tan cruenta pesadilla. En Ocaña, Norte de Santander, aparecieron sus cuerpos después de maratónicas jornadas de búsqueda emprendidas por sus familiares, que actuaban cada uno por su lado, con sus precarios recursos y con el dolor a cuestas, el de la muerte y  el de la infamia, al tildarlos de criminales. Estos actos de terror se multiplicaron por 31 de los 32 departamentos en Colombia.

Los militares inventaron escenas de combate, de levantamiento de los cuerpos, expidieron documentos falsos, implantaron armas a los civiles asesinados para justificar un uso legítimo de las armas del Estado, despojando a muchos de los muertos de sus documentos de identificación para restar posibilidades a sus familias de encontrarlos, pues yacían en fosas comunes como NN, con otras almas arrebatas por las garras del terrorismo de Estado, arrojándolos a cloacas propias del exterminio nazi.

La desalmada práctica sistemática de los falsos positivos no fue reprochada por los dos gobiernos del ex presidente Uribe, durante los cuales se dieron a conocer éstos actos sanguinarios y donde se registraron las cifras más altas de esta barbarie. Es más, durante el primer periodo cuatrienal el Ministerio de Defensa a cargo de Camilo Ospina Bernal, sancionó el Decreto 029 de 2005, conocido como la ley de incentivos, puesto que se otorgaban premios, menciones en las hojas de vida, comisiones en el exterior, condecoraciones, retribuciones económicas^[2], vacaciones, permisos, entre otros, a los militares que reportan bajas en combate y así incrementan los resultados militares en el marco de la política de Seguridad Democrática, bandera de Uribe Vélez. Los pocos militares que se negaron a matar civiles inocentes y denunciar las prácticas fueron perseguidos dentro de las Fuerzas Militares, trasladados a las zonas más peligrosas de combate y con menores comodidades, incluso, hubo dos casos que murieron de forma extraña y otros tras ser víctimas de varios atentados, hoy viven fuera del país, como es el caso del sargento Carlos Mora, entre otros, estos sí, héroes de la patria. Mientras que a las madres de los falsos positivos se les catalogaba de locas y el mismo Uribe manifestó que sus hijos muertos no estaban justamente sembrando café y considera las denuncias como estrategias de comunistas para desprestigiar a su gobierno y a la Fuerza Pública.

Sin embargo, ya desde 2008, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos rindió su Informe en Ginebra, Suiza, ante el Consejo de Derechos Humanos, reportando recibir múltiples denuncias de ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Fuerza Pública, presentando a las víctimas como muertos en combate, alterando la escena previo al levantamiento de los cadáveres y remitiendo los casos a la Justicia Penal Militar que eximía de responsabilidad a los militares por el atributo del fuero militar, la legítima defensa y el monopolio de la violencia del Estado, convirtiéndose en cómplices al ocultar la realidad y defender a los asesinos. Ese mismo año la ONU advirtió los riesgos de la política de presión por resultados y la política de incentivos. Para el Informe del 2009, la misma oficina detalló la práctica de nuevas modalidades con mayor complejidad y sofisticación en su planeación y ejecución, confirmando la existencia de redes encargadas de ofrecer a las víctimas trabajos en municipios diferentes a los de su lugar de origen, y de procurarles medios para trasladarlos, ejecutarlos lejos de casa y ser premiados por ello. Esas redes también interponían denuncias en contra de los muertos como miembros de grupos armados ilegales, elaboraban informes de inteligencia y adjuntaban declaraciones de desmovilizados para solventar los falsos positivos judiciales. En el informe del año 2010, dicha Oficina reportó el incremento de los casos.

Ese mismo año, en mayo 27, el relator especial para las ejecuciones arbitrarias de la ONU, Philip Alston, después de visitar Colombia, determinó la existencia de un patrón en las ejecuciones y la impunidad del universo de los casos reflejado en un alarmante, 98.5% (Observatorio de Paz Internacional, 2010). Inclusive la CIA en 2009, cercioró el conocimiento de la práctica por parte de los Estados Unidos de América desde 1994, en un documento desclasificado (National Security Archive, 2010). Así como, guerrilleros denunciaron los falsos positivos, pues algunos insurgentes participaron de algunas ejecuciones (Infobae, 2022).

Los miles de casos de falsos positivos se ocultaron en los tribunales militares y solo un pequeño porcentaje fueron condenados en la jurisdicción ordinaria. Posterior al 2016, al firmarse el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la ex guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, se creó un Tribunal de Paz, que desde de los marcos excepcionales de la justicia transicional, decidió priorizar a través del auto 05 de 2018 dentro de sus macrocasos al denominado caso 03:  Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado.

La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, presentó una cifra de 6042 falsos positivos entre 2002 y 2008 (JEP, 2021). Cifra preliminar que podría aumentar y que se produjo del estudio de las estadísticas reportadas por el Centro de Investigación y Educación Popular -CINEP- que registró 1741 víctimas de 1984 a 2011; de las 1257 víctimas reportadas entre 2002 a 2014, por Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos; del Informe 5 de la Fiscalía General de la Nación, que presentó a la JEP un listado de 2248 víctimas entre 1988 y 2014 (Sarmiento, 2019). La Sala de Reconocimiento de la Verdad, además contrastó las cifras citadas con las versiones de los comparecientes e informes de la procuraduría, y las estadísticas del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Un hecho bochornoso ocurrió en 2019, cuando militares borraron un mural pintado en protesta en Bogotá, con la frase: ¿Quién dio la orden?, acompañada de los rostros de 5 militares, entre ellos, el general en retiro, Mario Montoya Uribe, especificando que entre 2000 y 2010, se mataron 5763 civiles con la modalidad de falsos positivos.

3.582 miembros del Ejército de todos los rangos han confesado la existencia de tan macabras prácticas al tribunal de paz y todos los colombianos los hemos escuchado. Sin embargo, uno de los militares implicados de mayor rango, Montoya Uribe, no reconoció su responsabilidad. Muchos de los militares que se acogieron a la JEP, señalan a Montoya como el victimario mayor que exigía ríos, chorros, barriles y carrotancados de sangre. En su momento renunció al poder de mando en las Fuerzas Militares por este escándalo, sin embargo, el gobierno de turno lo nombró embajador en República Dominicana. Según la JEP, Montoya lideró los crímenes de guerra y de lesa humanidad, desde que fue comandante de la IV Brigada en Antioquia, epicentro de la práctica, donde al menos ordenó la ejecución de 130 inocentes y la desaparición de un número desconocido a la fecha. Habría intimidado a sus subalternos y comparado sus números de bajas, usando un lenguaje rebozado de odio y de violencia, rechazando las capturas, las incautaciones y otros resultados diferentes a la muerte. La JEP lo considera la bisagra de configuración de un patrón sistémico y macrocriminal en contra de la población civil, planeado y materializado por agentes estatales, desconociendo por completo la normatividad del Derecho Internacional Humanitario. Los asesinatos buscaban principalmente, aparentar estar ganando la lucha contra la subversión en los lugares donde dichos grupos insurgentes imponían su fuerza armada.  Los gobiernos de Andrés Pastrana y de Álvaro Uribe, trazaron políticas públicas y marcos de cooperación internacional como el Plan Colombia y el Plan Patriota para el fortalecimiento de la Fuerza Pública, exigiendo una adecuada respuesta a su fórmula: recursos y resultados. Así, los asesinatos y desapariciones van de la mano con la política de seguridad de dichos mandatos, que la JEP decanta del estudio de las Leyes, Decretos, discursos oficiales, planes nacionales de desarrollo, informes de medición de las políticas de seguridad y de cooperación internacionales, entre otros, apareciendo indicadores precisos de las bajas en combate.

La JEP escala en sus trabajos con el fin de determinar a los máximos responsables en la cadena de mando, incluidos entre otros, el ex presidente Uribe y el Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, ex ministro de Defensa de dicho gobierno, para demostrar si conocían o no de la sistematicidad de los crímenes, si participaron en ellos directa o indirectamente, por acción o por omisión y si obraron con la debida diligencia para impedir la continuidad del horror, teniendo el poder y los medios para hacerlo. La JEP ha tomado la decisión igualmente de no abrir más subcasos territoriales y limitar las investigaciones entre los años 2005 y 2008, pico de la barbarie a nivel nacional. Entre 2002 y 2008, solo en Antioquia fueron más de 1.500 ejecuciones extrajudiciales. La JEP ha imputado a 59 máximos responsables y tres partícipes no determinantes. A cambio de entregar información y verdad, estos militares pueden someterse a sanciones que no necesariamente los envían a prisión. La prioridad ha estado concentrada en las regiones de Norte de Santander, Antioquia, Casanare, Meta, Huila y el cementerio de Las Mercedes en Dabeiba, pero los representantes de las víctimas alegan que tal priorización no abarca ni el 25% del universo de casos, dejando por fuera a los territorios del Cauca, del Eje Cafetero y Chocó, entre otros (Oquendo, 2023).

Para los magistrados de la JEP es clara la sistematización de los casos y la existencia de un patrón macrocriminal con modos y formas definidas y similares. Los subalternos que apelaron a la obediencia se convirtieron en asesinos, pues sin pestañear acataron las órdenes, desconociendo que la Corte Constitucional ha dejado claro que no se pueden ejecutar con concepción absoluta y ciega órdenes criminales, en razón a la obediencia castrense (Bonnett, 2023).

El Expresidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, Francisco de Roux, con ayuda de Medicina Legal y la Fiscalía, ha recuperado los restos de 49 personas, 8 de ellas entregadas a sus familias. Roux condena que los asesinados fueron elegidos por ser insignificantes ya que sus vidas no valían nada para sus victimarios, pero sus cadáveres eran un tesoro. Considera que no es un resultado de manzanas podridas o de una estructura criminal interna del Ejército que actuó con desconocimiento e independencia de la institución y de sus mandos. El Auto 305 del 14 de julio de 2023 de la JEP pone en evidencia tácticas operativas criminales articuladas sistemáticamente por un aparato delictivo incrustado dentro del Ejército, que corresponde a una política de Estado. Citó al El Papa Francisco que bien considera que quién mata una persona es como si hubiera matado a la humanidad, más cuando el muerto es un inocente (Roux, 2023).

La JEP en 2022 determinó que los primeros 11 imputados que reconocieron su responsabilidad, aportaron verdad completa, detallada y exhaustiva al caso 03. Así, conforme a la Constitución y la Ley, son elegibles para la imposición de una sanción propia en el marco de una de las seis zonas priorizadas, luego de contrastar las verdades procesales judiciales, esclareció el patrón de acción macrocriminal, los hechos y conductas más representativas, atribuyendo las responsabilidades individuales y de tipificación de los asesinatos y desapariciones forzadas cometidos como crímenes de guerra y de lesa humanidad, además de homicidios en persona protegida conforme al Código Penal, tras la recepción de los reconocimientos rendidos por escrito por los imputados, se celebró audiencia pública en Ocaña. La sanción propia tiene dos componentes: uno reparador y restaurador y, otro de restricción efectiva de libertades y derechos, que puede extenderse hasta por 8 años y que debe ser verificado y monitoreado por Naciones Unidas. Estos son los proyectos restaurativos y reparadores que propone la Sala de Reconocimiento:

1. Salón de exposición dentro del Museo Nacional de la Memoria de Colombia sobre asesinatos y desapariciones forzadas de personas para ser presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, actualmente en construcción en Bogotá.
2. Parque memorial de las 6.402 víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por agentes del Estado y construcción de un monumento dentro del parque memorial.
3. Placas ubicadas en los parques donde fueron aprehendidas las víctimas.
4. Construcción de espacios físicos donde los familiares de las víctimas, los colectivos y la sociedad puedan congregarse y realizar actividades para su fortalecimiento organizacional.
5. Proyectos de recreación, deporte y ocupación del tiempo libre para jóvenes en contextos de vulnerabilidad social y económica.
6. Documental fílmico Las verdades del Catatumbo y cátedras para fortalecer la no repetición propuestos por algunos victimarios.

La Sección de Primera Instancia en Casos de Reconocimiento de Verdad es quien definirá la situación jurídica de estos primeros ex militares y la sanción propia que les corresponda, emitiendo la Sentencia correspondiente que podrá ser objetada en la Sección de Apelación de la JEP (El Nuevo Siglo, 2022).

Referencias

Bonnett, P. (2023). La magnitud del daño. 09 de septiembre. https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/piedad-bonnett/la-magnitud-del-dano/

El Nuevo Siglo. (2022).   Primera sentencia de JEP sobre ‘falsos positivos’ a 11 implicados Redacción Web Bogotá octubre 21. https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/10-21-2022-jep-emite-primera-sentencia-11-implicados-en-falsos-positivos

Infobae. (2022). ‘El Zarco’, exguerrillero del ELN involucrado en ‘falsos positivos’, pidió entrar a la JEP. 22 se septiembre, Colombia. https://www.infobae.com/america/colombia/2021/09/16/el-zarco-exguerrillero-del-eln-involucrado-en-falsos-positivos-pidio-entrar-a-la-jep/

JEP. (2021). La JEP hace pública la estrategia de priorización dentro del Caso 03, conocido como el de falsos positivos. Comunicado 019. Bogotá, 18 de febrero. https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/La-JEP-hace-pública-la-estrategia-de-priorización-dentro-del-Caso-03,-conocido-como-el-de-falsos-positivos.aspx

JEP.  (2023). JEP imputa crímenes de guerra y lesa humanidad al general (r) Mario Montoya y ocho militares más por 130 ‘falsos positivos’ en el oriente antioqueño. Comunicado 102, 30 de agosto, Bogotá. https://www.jep.gov.co/Sala-de-Prensa/Paginas/jep-imputa-crimenes-de-guerra-y-lesa-humanidad-al-general-r-mario-montoya-y-ocho-militares-mas-por-130-falsos-positivos-en-.aspx

National Security Archive. (2010). Body count mentalities. Colombia’s False Positives Scandal, Declassified, enero 7. Book No. 266.  https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB266/index.htm

Observatorio de Paz Internacional.  (2010). La ONU denuncia «un patrón de ejecuciones extrajudiciales» y una impunidad del 98,5 % en Colombia. 7 de agosto. https://web.archive.org/web/20100807025018/http://www.peaceobservatory.org/es/1056319362/la-onu-denuncia-un-patron-de-ejecuciones-extrajudiciales-y-una-impunidad-del-985

Oquendo, C. (2023). La JEP asciende en la cadena de mando y va por los máximos responsables del Ejército en el caso de los ‘falsos positivos’. 17 de julio, Bogotá. https://elpais.com/america-colombia/2023-07-17/la-jep-asciende-en-la-cadena-de-mando-y-va-por-los-maximos-responsables-del-ejercito-en-el-caso-de-falsos-positivos.html

Roux, F. (2023).  “No eran manzanas podridas, falsos positivos fueron política de Estado”. Julio 30, Bogotá. https://www.elespectador.com/colombia-20/francisco-de-roux-falsos-positivos-fueron-politica-de-estado-comision-de-la-verdad/

Sarmiento, J. (2019). Explicador: Cuántos son los casos de ‘falsos positivos’. 16 de abril. Colombiacheck. https://colombiacheck.com/investigaciones/explicador-cuantos-son-los-casos-de-falsos-positivos

^[1] Docente de tiempo completo de la Facultad de Derecho Campus de la Universidad Militar Nueva Granada. Colombia. Abogada, especialista en Derecho de las Telecomunicaciones, Magister y Doctora en Relaciones Internacional y Postdoctora en Derecho Público y Seguridad. Columnista de Viva la Ciudadanía. Semanario Virtual Caja de Herramientas. Miembro activo de Somos Ciudadanos. Red Democrática. Correo electrónico: diana.arias@unimiliar.edu.co. X: @DianaAriasAjua.

^[2] Se pagaban casi 4 millones de pesos colombianos por muerto.