Departamento de Medio Ambiente y Desarrollo
Artículos
Las características de la política exterior y doméstica de Argentina en materia de adaptación al cambio climático
Valentina Pighin[1]
Introducción
El cambio climático es uno de los principales desafíos que debe afrontar la humanidad. Cada día, en diferentes puntos del planeta, se perciben las desastrosas consecuencias del calentamiento global, entre ellas, el aumento del nivel del mar que provoca inundaciones catastróficas, y la variación de pautas meteorológicas que afectan la producción de alimentos.
Siguiendo a Franchini y Maud (2022), los informes del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) han proporcionado datos que indican que la Tierra se está acercando a puntos críticos de equilibrio crucial para la estabilidad del sistema climático. Por este motivo, en los últimos años, la problemática climática ganó relevancia en la agenda política internacional y los esfuerzos de la comunidad internacional para enfrentar el fenómeno del cambio climático se han consolidado y expresado en una amplia y compleja estructura institucional e instrumental (Falivene Fernández, 2021).
Sin embargo, la falta de ambición en mitigación incrementó los efectos adversos del cambio climático y, por ende, la urgencia de la acción de adaptación de todos los países, especialmente de los más vulnerables, generalmente países en desarrollo. En este sentido, la política de adaptación busca trabajar sobre las consecuencias del cambio climático, reduciendo la vulnerabilidad de cada sector, y, por consiguiente, reduciendo el riesgo.
En este sentido, la necesidad de que los Estados impulsen diplomacias basadas en la cooperación desde sus políticas exteriores es clave para prevenir y revertir las consecuencias del calentamiento global. En este contexto, el multilateralismo constituye una estrategia política clave para abordar el cambio climático como una problemática mundial en la que cada actor debe contribuir al bien común.
Como correlato, los países gradualmente adoptaron medidas que tendieron a estabilizar la emisión de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) y reducir sus efectos negativos. En este sentido, las conferencias de las Partes (COPs) de Naciones Unidas sobre Cambio Climático instauraron un seguimiento del proceso de cambio climático. A su vez, en 2015, en la COP21, los Estados Parte lograron un acuerdo histórico, llamado “Acuerdo de París” (AP). El mismo orientó uno de sus objetivos a la adaptación al cambio climático, dándole mayor protagonismo a la temática.
A su vez, a nivel nacional y en consonancia con el acuerdo, el gobierno argentino no solo ratificó el AP (en 2016) sino que también reorientó la política exterior en materia climática. Para cumplir con los compromisos asumidos, Argentina presentó regularmente sus inventarios nacionales de emisiones (2016, 2017 y 2019) y sus Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDCs, por sus siglas en inglés) en 2016[2] y 2020, junto con otros documentos claves como las Comunicaciones de Adaptación (CA).
CMNUCC: negociaciones sobre adaptación al cambio climático
Desde el Primer informe de evaluación del IPCC (1990), la atención estuvo puesta en la mitigación, dejando de lado a la adaptación. La estrategia consistió en abordar la raíz del problema ambiental para reducir su causa, por lo que la capacidad de adaptarse fue considerada consustancial a los ecosistemas y la sociedad, por lo que no se requería de una política explícita. Aunque a partir de 1996 (COP2) fueron notándose indicios de cambios, en la siguiente COP (COP3), quedó comprobado que la adaptación no era una cuestión primordial (Schipper et al., 2008).
Recién en 2001, en el Tercer Informe publicado por el IPCC, se afirmó que la mitigación, por sí sola no era suficiente para abordar la crisis climática. Por este motivo, la adaptación al cambio climático comenzó a adquirir la importancia necesaria. Los avances en la materia se pueden observar en los Acuerdos de Marrakech (COP7), el Programa de Trabajo de Nairobi (COP12), el Plan de Acción de Bali (COP13) y el Marco de Adaptación de Cancún (COP16).
Sin embargo, no fue hasta el AP (COP21) que los Estados Parte lograron un acuerdo histórico donde la adaptación obtuvo un lugar protagónico. El segundo de los tres objetivos del AP está orientado a la adaptación y la entiende como un desafío global que tiene distintas dimensiones (locales, subnacionales, nacionales, regionales e internacionales). Por este motivo, se estableció que la labor climática debe ser participativa, transparente e inclusiva. Además, se incentiva a tener en cuenta las cuestiones de género y la utilización no solo de los conocimientos científicos, sino también de los conocimientos locales y nativos. Sumado a esto, quedó afirmado que es necesario atender las consideraciones de los países en desarrollo, los cuales son los más vulnerables.
El segundo objetivo del AP, así como los otros dos, deben ser perseguidos aplicando el Principio de Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas (RCPD). Siguiendo a Kiessling (2018), se basa en la idea de combinar la protección de un recurso global crucial como el medio ambiente con las disparidades en las contribuciones de los países desarrollados y en desarrollo a los problemas ambientales mundiales, considerando también las diferencias en sus capacidades económicas y tecnológicas para abordar estos desafíos.
Como explican Franchini y Maud (2022), la firma del AP sólo pudo materializarse debido a un cambio significativo en la lógica de la gobernanza climática que había prevalecido desde principios de los años 90. Este cambio implicó abandonar la búsqueda de un acuerdo vinculante con metas predefinidas para la reducción de las emisiones de GEI basado en las alertas emitidas por los informes del IPCC, también conocido como top-down. Por consiguiente, en París, la lógica cambió hacia la adopción de las NDC, las cuales representan los compromisos individuales de cada país para disminuir sus emisiones nacionales y enfrentar los impactos del cambio climático, también llamado enfoque bottom-up. A su vez, son el mecanismo principal para comunicar la adaptación (Franchini y Maud, 2022).
En este sentido, en el AP se reconoció la vital importancia que tiene la adaptación, estableciendo la Meta Global de Adaptación, las Comunicaciones de Adaptación y reforzando de manera significativa los esfuerzos de adaptación a nivel nacional.
Después del histórico logro del AP, se esperaba un aumento en la ambición y el progreso en las decisiones relacionadas con la adaptación en las sucesivas COP sobre el cambio climático. Sin embargo, para algunos autores como Espinoza (2022), en el período que abarca de la COP22 a la COP25 no se lograron grandes avances en esta área (Espinoza, 2022). Esto no fue así para todos ya que Bueno (2019b) considera que no fue un período de estancamiento en la temática ya que se produjeron debates relativos a cómo interpretar los esfuerzos de adaptación (Bueno, 2019a) y se firmó el Paquete de medidas de Katowice sobre el clima.
En la COP26, cuando comenzó el primer Balance Global (GST, por sus siglas en inglés), el cual se extendió hasta la COP28 en Dubai. A su vez, durante la COP26 se adoptó el Pacto de Glasgow el cual resalta la necesidad de financiamiento adecuado y diversificado, involucrando al sector privado y las instituciones financieras, el desarrollo de capacidades y la transferencia de tecnología como elementos esenciales para fortalecer la adaptación al cambio climático. También destaca la importancia de las soluciones basadas en la naturaleza y propone el establecimiento de un programa de trabajo para mejorar la comprensión y medición de la Meta Global de Adaptación (GGA, por sus siglas en inglés). El Pacto de Glasgow tiene como objetivo operativizar el GGA establecido en el AP. Este Pacto busca avanzar en la implementación del GGA mediante varias medidas, incluyendo, una mejor comprensión de lo que implica el GGA, prestando atención a la aplicación de Planes Nacionales de Adaptación (NAP, por sus siglas en inglés) para ayudar a los países a planificar y llevar a cabo acciones de adaptación específicas y adecuadas a sus necesidades y circunstancias, entre otras (Bueno et al., 2022).
La política exterior Argentina
Tanto la inserción como el desarrollo de la agenda climática en la Política Exterior Argentina (PEA) fue promovida por actores externos, principalmente organismos internacionales y grandes potencias, como Estados Unidos y la Unión Europea (Bueno, 2017). De cualquier manera, desde la inclusión del tópico en la agenda nacional, en la década de los 90s, se observó una baja atención a la problemática ambiental por parte de la élite política argentina y una escasa demanda climática ciudadana (Bueno, 2017). Siguiendo a Franchini (2010), hay una clara evidencia que respalda la idea de que no existe una preocupación genuina por el tema. En este sentido, el cambio climático es concebido como un “tema importado”, atado a las fluctuaciones de la PEA y su vinculación con las potencias que sí lo consideran un tema de relevancia.
En relación con lo antedicho, Bueno (2017: 45) resalta que “la inserción del cambio climático como tema de agenda tuvo más que ver con la búsqueda de prestigio internacional”. Durante al menos la primera década, la inclusión del cambio climático en la agenda estuvo orientada hacia la obtención de reconocimiento a nivel internacional, dentro del marco de una política exterior enfocada en asociarse con actores globales prominentes. Esto demuestra por qué, con la disminución de la relevancia de estos actores en la agenda de política exterior, se desvanecieron o vieron disminuidos los temas que ellos promovieron en la agenda nacional (Bueno, 2017).
Como muestra de esta necesidad de prestigio internacional, se destaca que el país organizó en dos ocasiones la COP (COP4 en 1998 y COP10 en 2004), siendo uno de los únicos cuatro países que han sido sede más de una vez (junto con Alemania (4), Polonia (3) y Marruecos (2) (Bueno et al., 2020).
Siguiendo la tendencia internacional, como explica Franchini (2010), en las primeras décadas, el compromiso de Argentina con la adaptación fue inexistente. Mientras que la mitigación sí tuvo una cierta atención, basada en la importancia de preservar las condiciones del territorio para la producción primaria. Este fue el principal factor que guió la conducta externa del país en asuntos relacionados con el clima.
Otro elemento fundamental a tener en cuenta es la composición y actuación de la Delegación Argentina (DA)[3] ya que existe una conexión entre la cobertura de los temas y los intereses del Estado en relación con su política climática. Aunque una delegación extensa no necesariamente significa una mayor representación en cada uno de los puntos de la agenda climática, puede considerarse como un indicador valioso (Bueno et al., 2021a). Además, tener conocimiento de los espacios institucionales de los cuales provienen los delegados proporciona información sobre los puntos de la agenda que son de mayor interés para los Estados (Bueno et al., 2022).
Desde la COP1 hasta la COP25, el tamaño promedio de la DA experimentó un crecimiento en términos generales. Sin embargo, hay ciertos elementos para identificar: en la década de los 90s, las DA en las COPs fueron numerosas, superando incluso el promedio mundial. Esta tendencia se modifica a partir del siglo XXl, ya que creció de manera inferior al promedio global (Bueno et al., 2021).
Dentro de la DA se encuentra un subgrupo denominado equipo negociador[4] que es fundamental mencionar ya que sin un estudio detallado del mencionado grupo y su desempeño en las negociaciones no es posible inferir las áreas de mayor interés para el Estado argentino. Entre la COP21 y la COP25, alrededor del 40% de los delegados del país, es decir, aproximadamente 79 de 196, formaron parte del equipo negociador. En este sentido, el equipo negociador argentino es proporcionalmente reducido en comparación con el conjunto total de la delegación. Sin embargo, mantuvo una cierta estabilidad durante el periodo analizado ya que varios de los negociadores participaron en múltiples COPs (Bueno et al., 2022).
Al analizar la PEA en materia climática, también deben tenerse en cuenta los discursos expresados tanto en el marco de Naciones Unidas como en el Congreso Nacional, ya que permiten identificar las posiciones de los Estados en la arena internacional y las preferencias de cada gobierno (Bueno et al., 2020). Por un lado, se observa que la gestión de Mauricio Macri (2015-2019) desmanteló el marco discursivo de la brecha Norte-Sur en el ámbito climático y renovó la confianza en el proceso negociador internacional, destacando la responsabilidad de todos los países. El cambio climático, ya consolidado como una de las principales preocupaciones globales, se percibió como una oportunidad para demostrar el compromiso del país, con un enfoque tanto nacional como internacional en las acciones emprendidas (Bueno et al., 2020). Asimismo, fortaleció la transparencia en relación con las emisiones y otros aspectos económicos y sociales a nivel nacional, al tiempo que introdujo la primera CA en su NDC revisada en 2016. También se retiró del Like Minded Developing Countries (LMDC) y se aproximó a Brasil y Uruguay, siempre manteniendo una posición de liderazgo en asuntos de adaptación en el G77+China.
Por otro lado, como explican Bueno et al. (2020), Alberto Fernández (2019-2023), buscó cerrar las brechas en un contexto particularmente marcado por la pandemia, destacando la conexión entre desarrollo sostenible, cambio climático, empleo y transición justa, sin renunciar a los principios de la Convención, y reconociendo que todos estos desafíos requieren un “compromiso colectivo”.
Durante la gestión de Alberto Fernández, la adaptación ocupó un rol central en su agenda climática y dio especial atención a la transversalidad de la misma, priorizando el trabajo interarea. Defendió el compromiso multilateral en la implementación del AP y desarrolló un rol de liderazgo tanto en el marco de América Latina (Diálogo de Alto Nivel sobre Acción Climática en las Américas y Cumbre de Líderes sobre el Clima) como en las COPs, donde propuso lineamientos claros. Por último, la administración de Fernández buscó impulsar la acción climática a través de un enfoque integrado que abarque medidas de mitigación, adaptación y fomento de diálogos para asegurar los medios de implementación necesarios.
Acciones, políticas y medidas de adaptación al cambio climático del Estado Argentino
Las acciones, políticas y medidas de adaptación al cambio climático emergieron de una estructura burocrática, así como también de ciertos instrumentos jurídicos y de planificación. A través de la implementación de estas medidas, el Estado pretendió consolidar la conciencia ambiental compartida, reducir las emisiones de GEI y proporcionar recursos para lograr los objetivos de desarrollo sostenible establecidos en la agenda 2030 (Portal oficial del Estado argentino: s.f.).
Como se mencionó en el capítulo anterior, la manera en que se asumió la agenda de adaptación en el país reflejó, en cierta medida, patrones internacionales. De esta forma, la estructura burocrática, así como también los instrumentos jurídicos y normativos y de políticas públicas climáticas, experimentaron cambios en consonancia con las transformaciones en el contexto internacional mencionadas en el primer capítulo. Estos cambios, como explican Falivene Fernández y Kurt Kiessling (2023), estuvieron acompañados por una evolución en las percepciones de los actores nacionales sobre la relevancia del tema en momentos específicos. Desde los primeros años se priorizaron con mayor énfasis las cuestiones relacionadas con la mitigación e, incluso, hasta la actualidad se puede observar un desbalance con respecto a las medidas de adaptación (Falivene Fernández, 2021). Sin embargo, como explica Magrin (2015), fue fundamental abordar el cambio climático de manera integral ya que se debe fusionar y vincular la adaptación al cambio climático con otras políticas climáticas, como la mitigación, las acciones de desarrollo y la gestión del riesgo de desastres.
En primer lugar, respecto a las estructuras burocráticas, en Argentina se pudo identificar una relación entre las mismas y la consolidación de la gobernanza climática en el país (Falivene Fernández y Kiessling, 2023). Este proceso comenzó gradual y lentamente, sin grandes avances en materia climática y menos aún en la temática de adaptación. Sin embargo, fue progresando hasta lograr la reinstauración del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la creación del GNCC, el Consejo Asesor y la Coordinación Técnica Administrativa del GNCC en 2019. Este proceso refleja la voluntad y el esfuerzo por fortalecer las capacidades institucionales y coordinar acciones a nivel gubernamental para abordar de manera más efectiva los desafíos del cambio climático. La creación y el fortalecimiento de estas estructuras burocráticas fueron pasos fundamentales para respaldar la implementación de políticas climáticas más integrales y coordinadas en el país (Falivene Fernández y Kiessling, 2023).
En segundo lugar, existe un conjunto de instrumentos normativos y jurídicos que abordaron la preservación del medio ambiente, los cuales sirvieron como herramientas durante las gestiones tanto de Mauricio Macri como de Alberto Fernández. Primeramente, debe mencionarse al artículo 41 de la Constitución Nacional el cual versa sobre el derecho a un ambiente sano. Esta preocupación por el medio ambiente se reflejó también en las leyes que abordaron los presupuestos mínimos ambientales, los cuales fueron definidos por la Ley General del Ambiente 25675. Sin embargo, las mencionadas normas no hicieron alusiones directas y claras sobre la adaptación al cambio climático, sino que abordaron aspectos que indirectamente promovieron mecanismos de adaptación al medio ambiente.
Recién la Ley 27520 de 2019 reconoció la importancia de tomar medidas para la adaptación, conocida como la Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático Global. La importancia otorgada queda evidenciada en que dos de los tres objetivos de la misma, establecidos en su artículo 2, están vinculados con la adaptación.
En tercer lugar, respecto a los instrumentos de políticas públicas, debe decirse que durante la década del ’90, aquellos que hoy podrían ser catalogadas como políticas de adaptación estaban mayormente asociadas a la Gestión Integral del Riesgo (GIR) y el enfoque estaba puesto en el riesgo – amenaza. Es decir, se priorizaba la identificación y gestión de las amenazas y los riesgos, sin poner tanto énfasis en las capacidades de adaptación de las comunidades o sistemas frente a cambios climáticos o ambientales (Falivene Fernández, 2021).
En la actualidad eso ya no es así ya que progresivamente, la adaptación como tal fue ganando más importancia. En primer lugar, el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático es una muestra de ello (PNAyMCC). El mismo, instaurado gracias a la Ley 27520, mencionada anteriormente, sintetiza las políticas del país para limitar las emisiones de GEI y generar respuestas coordinadas que adapten a los territorios, ecosistemas, sectores y comunidades vulnerables frente a los impactos del cambio climático (Gobierno Nacional de Argentina). Las metas de adaptación al 2030 mencionadas en el PNAyMCC son 34 en total.
En segundo lugar, el artículo 20 de la Ley 27520 dio origen a los Planes de Respuesta, incluidos además en el PNAyMCC. Los mismos promovieron una coordinación del nivel subnacional para con el nivel nacional. Por este motivo es que los Planes marcaron un punto de inflexión en la formulación de políticas y estrategias climáticas a nivel provincial y nacional. No obstante, como explica Falivene Fernández (comunicación personal, 26 de febrero de 2024), para diciembre de 2023, fecha en la que se vencía el plazo establecido, no se presentó ningún Plan de Respuesta, lo que deja entrever la falta de voluntad política en la materia.
En tercer lugar, durante la gestión de Mauricio Macri se creó el Sistema de Mapas de Riesgo del Cambio Climático (SIMARCC), el cual es una herramienta interactiva encargada de detectar las amenazas derivadas del cambio climático, como inundaciones, sequías, aumento del nivel del mar y eventos climáticos extremos. El SIMARCC permite definir políticas públicas y acciones de adaptación aplicables a programas, planes sectoriales, actividades de prevención y planificación de la inversión (SIMARCC, s.f.).
En cuarto y último lugar, se deben mencionar las NDCs. Para expertos como Falivene Fernández (comunicación personal, 26 de febrero de 2024), la NDC es considerada una herramienta de comunicación que informa los progresos del país en el cumplimiento de los objetivos de la Convención. Sin embargo, también es un instrumento que sirve como referencia fundamental para establecer las bases necesarias en el diseño de políticas públicas relacionadas con el tema del cambio climático (Falivene Fernández, 2021). Durante la gestión de Alberto Fernández, en 2020, se presentó la segunda NDC. En la misma se incluyó la segunda CA, mediante la cual se enunció un Objetivo Nacional relativo a la Adaptación, que contribuyó a la GGA del artículo 7 del AP. El propósito de esta CA fue informar y resaltar los avances y logros alcanzados en materia de adaptación en el país, así como también los esfuerzos de adaptación de la República Argentina para que sean reconocidos a nivel global. Además, identificó obstáculos, necesidades de respaldo financiero, especialmente en forma de donaciones para la adaptación, transferencia de tecnología y fortalecimiento de capacidades, con el fin de avanzar en la implementación de medidas prioritarias. También se hizo mención explícita al Plan Nacional de Adaptación, detallando los objetivos y medidas propuestas, así como las acciones de monitoreo y evaluación (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2020).
Para cumplir con el Objetivo Nacional relativo a la Adaptación, se identificaron 35 medidas de adaptación prioritarias en siete sectores del país para abordar diversas vulnerabilidades territoriales, socioeconómicas y ambientales frente al cambio climático (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2020). Estas medidas también tuvieron en cuenta la perspectiva de género y diversidad, gracias a que la segunda CA brindó una categorización de medidas de adaptación conforme a su impacto sobre las brechas de género.
Conclusiones
El desafío planteado por el cambio climático es un hecho y la necesidad de adaptación, que implica la reducción de riesgos y la vulnerabilidad climática, es cada vez mayor. Por este motivo, la comunidad internacional orientó sus esfuerzos a enfrentar el fenómeno del cambio climático, logrando consolidar una amplia y compleja estructura institucional e instrumental.
A pesar de que en los primeros años la atención estuvo puesta más en la mitigación que en la adaptación, eso se ha ido modificando. Algunos de los logros que dan cuenta de ello son los Acuerdos de Marrakech (que dieron origen a los NAPs y a fondos como el Fondo de Adaptación), el Programa de Trabajo de Nairobi, el Plan de Acción de Bali y el Marco de Adaptación de Cancún. De todos modos, la gran transformación se produjo con la firma del AP ya que implicó un cambio en la lógica de la gobernanza climática, adoptando un enfoque bottom-up y conformando las NDCs. Además, se reconoció la vital importancia que tiene la adaptación, estableciendo la GGA, las CAs y reforzando de manera significativa los esfuerzos de adaptación a nivel nacional.
Sin embargo, la firma del AP no fue el fin de las negociaciones climáticas internacionales sino que dio inicio a una serie de negociaciones relativas a cómo interpretar los esfuerzos de adaptación, cómo llevarlos a cabo y cómo reconocerlos.
A pesar de las dificultades mencionadas, en este período post AP se lograron avances como el Paquete de medidas de Katowice, así como también se adoptó el Pacto de Glasgow. Este último supuso un esfuerzo importante para acelerar las acciones de adaptación a nivel mundial y garantizar que los países estén preparados para enfrentar los impactos del cambio climático.
El Estado Argentino ha focalizado sus esfuerzos en la adaptación al cambio climático, tanto en su política exterior como en sus estrategias internas. Inicialmente, la política exterior argentina se centró en la mitigación del cambio climático, relegando la adaptación a un segundo plano. Sin embargo, esto fue cambiando con el tiempo. Durante el mandato de Mauricio Macri, el país asumió un rol líder en negociaciones internacionales y presentó avances significativos en sus contribuciones nacionales. Macri también cambió la narrativa sobre la disparidad climática entre el Norte y el Sur, revitalizando la confianza en el multilateralismo y estrechando relaciones con Brasil y Uruguay. Bajo la gestión de Alberto Fernández, la adaptación adquirió un papel central en la agenda climática, destacando la transversalidad y el trabajo intersectorial, y Argentina continuó promoviendo la adaptación como una prioridad en foros internacionales, participando activamente en diálogos y cumbres climáticas y proponiendo directrices claras en las COPs.
Por otro lado, en el ámbito doméstico, la forma en que se abordó la agenda interna de adaptación reflejó los patrones internacionales. La estructura burocrática y los instrumentos jurídicos y normativos, así como también las políticas públicas relacionadas con el clima, experimentaron cambios que estuvieron alineados con las transformaciones en el contexto internacional. Fue un proceso gradual y lento, pero que reflejó la voluntad y el esfuerzo por fortalecer las capacidades institucionales y coordinar acciones a nivel gubernamental para abordar de manera más efectiva los desafíos del cambio climático.
En suma, el desafío planteado por la adaptación al cambio climático está establecido en la agenda pública tanto a niveles multilaterales como nacionales y provinciales. Más allá de la atención que Argentina le otorga a la adaptación, el país enfrenta el desafío de consolidar la importancia de la temática en su agenda política interna para fortalecer la coherencia entre las posturas internacionales en la CMNUCC y la política nacional.
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Sistemas de Mapas de Riesgo del Cambio Climático [SIMARCC]. (s.f.). https://simarcc.ambiente.gob.ar/
[1] Integrante delDepartamento de Medio Ambiente y Desarrollo y Desarrollo (IRI-UNLP).
[2] Actualizado en 2019.
[3] Los Estados parte tienen la posibilidad de designar una delegación que consta de un jefe o jefa de delegación, representantes con acreditación, representantes alternos y asesores (Bueno et al., 2022).
[4] “(…) subconjunto específico que tiene potestades en nombre del Estado que representa.” (Bueno et al., 2022: 6)
