El mundo vive un tiempo oscuro, determinado por los numerosos focos de conflicto bélico y una acentuada diversificación de las amenazas sobre la seguridad de las sociedades, donde se puede destacar, entre otros, el auge que expresa el Crimen Organizado Transnacional. Pero lo más relevante es que estas amenazas se han enfocado de manera predominante en la base del futuro que nos depara: los niños. Ante esta situación, los Estados, a nivel nacional e internacional, no han sido capaces de resguardar sus derechos y sus redes de apoyo han fallado en otorgarles una protección elemental, que les permita disfrutar mínimamente de sus derechos y de una infancia sana y formadora, sin sentir que la muerte en cualquier momento tocará su puerta.
Una serie de conflictos han sido gráficos en expresar la vulnerabilidad de la niñez. Los niños son las principales víctimas de estos, pues afectan directamente su vida diaria, arrebatándoles, muchas veces, sus familias y amigos, sometiéndolos a traumas físicos y psicológicos que marcaran toda su existencia. Igualmente, la infancia es dañada severamente cuando las partes beligerantes destruyen las escuelas, parques, hospitales y bloquean la asistencia humanitaria, obligándolos a desplazarse junto a sus familias -o lo que quede de ellas- dentro de sus propios países o a naciones cercanas, en busca de un entorno más estable y seguro. Pero aún peor, también los niños son sometidos a crímenes atroces como el rapto, mutilaciones, explotación, trata y violencia sexual, además de su reclutamiento como soldados. Según señala el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), los niños son las principales víctimas de la guerra, siendo actualmente unos 460 millones los que viven en países afectados por conflictos. Según esa entidad, entre 2005 y 2022 se verificaron más de 120.000 casos de niños muertos o mutilados en conflictos armados y más de 105.000 reclutados y utilizados por grupos beligerantes.
Según el último Informe del Secretario General de las Naciones Unidas sobre los Niños y los Conflictos Armados (junio 2024), durante 2023 la violencia contra los niños en los conflictos armados alcanzó niveles extremos, registrándose un impactante aumento de 21 % en las violaciones graves. Asimismo, el número de muertes y mutilaciones aumentó en un 35 %, donde destacan las devastadoras situaciones en la Franja de Gaza, Burkina Faso, República Democrática del Congo y Myanmar, entre otros. Además, aumentó el número de niños víctimas de múltiples violaciones graves, ilustrado por el alto porcentaje de niñas secuestradas para ser reclutadas y para su uso en la violencia sexual, incluidas la violación y la esclavitud sexual. Cabe destacar que, según el Informe, si bien los grupos armados no estatales fueron responsables del 50 % de las violaciones graves, las fuerzas gubernamentales fueron las principales responsables de la matanza y mutilación de niños, así como de los ataques a escuelas y hospitales y de la denegación de acceso a la ayuda humanitaria. Es necesario señalar que este Informe abarca el periodo que va entre enero y diciembre de 2023, por lo que no registra la estadística relacionada con la situación de los niños durante los últimos ataques de Israel sobre Palestina, lo que elevaría de manera notable las cifras.
En América Latina destaca en esta materia la situación del conflicto interno colombiano. Según el Informe del Secretario General sobre los Niños y el Conflicto Armado en Colombia (febrero 2024), entre julio de 2021 y junio de 2023, se verificaron 615 violaciones graves contra 476 niños y niñas (306 niños, 166 niñas y 4 cuyo sexo se desconoce), lo que representa un fuerte aumento del 61 %, de las violaciones graves respecto del período del informe anterior. El texto igualmente plantea que los grupos disidentes de las FARC-EP son los principales responsables, con 339 violaciones graves, seguidos por el ELN (107), las AGC (52) y las Fuerzas Militares de Colombia (27).
Como se aprecia, se trata de una situación gravísima, ante la cual la comunidad internacional no puede quedar impávida y sumida en la contemplación, cuando no la indiferencia. Actualmente existen variados instrumentos multilaterales que buscan resguardar los derechos de los niños en el marco de un conflicto armado, como es el caso de los Principios de Vancouver sobre la prevención del reclutamiento y empleo de los niños soldados en situaciones de conflicto; la Declaración sobre Escuelas Seguras, adoptada en Noruega en 2015; el “Grupo de Amigos para la cuestión de los niños y conflictos armados”; la campaña “Actuar para Proteger a los Niños Afectados por los Conflictos”; la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas “El derecho a la educación en situaciones de emergencia” y el establecimiento del 9 de septiembre de cada año como «Día Internacional de la Protección de la Educación contra los Ataques». Incluso el Consejo de Seguridad, tal vez el órgano más relevante del sistema de Naciones Unidas, cuenta con el Grupo de Trabajo sobre los niños y los conflictos armados, establecido en la resolución 1612 (2005).
Sin embargo, si bien estas instancias representan un valioso apoyo político de la comunidad internacional, las mismas no han tenido efectos determinantes para proteger a los niños, como lo demuestra la cruda situación que viven actualmente los niños en la Franja de Gaza. La crisis que vive el multilateralismo global, particularmente en el ámbito de la seguridad internacional, donde una serie de actores manejan sus conductas al margen de los organismos intergubernamentales, del derecho internacional y con un alto sentido de impunidad, tiene efectos prácticos evidentes, en este caso, en el bienestar de la niñez. En este panorama, lo cierto es que el sistema internacional da muestras evidentes de acercarse a la anarquía del Estado de Naturaleza, descrita por Thomas Hobbes en el Leviatán, donde la vida es literalmente “solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta”.
Complementando lo antes señalado, podemos agregar que, en el caso de América Latina, si bien se trata de una región donde no se despliegan los clásicos conflictos interestatales, de todas maneras, se trata de un espacio altamente complejizado desde el punto de vista de la seguridad, especialmente considerando el dinámico desarrollo que expresa el Crimen Organizado Transnacional, que ha tenido igualmente a los niños como sus víctimas predilectas. En la actualidad, la violencia criminal se ha instalado como una de las más importantes prioridades de los gobiernos de la región, la que podría definirse como una Zona de Paz Violenta. Es decir, pacífica desde el punto de vista de la guerra, pero muy conflictiva, considerando los altos índices criminales, impulsados por el desarrollo exponencial del narcotráfico, en sociedades marcadas por la debilidad de la democracia, altos niveles de corrupción y una marginalidad galopante, sin olvidar que es en esta región donde se produce, por lejos, la mayor cantidad de cocaína en el mundo.
En esta línea, se debe subrayar que las redes del Crimen Organizado tienen en su foco a los niños, reclutándolos para participar en las diversas etapas de la cadena del narcotráfico, como son la producción de la droga, empaquetamiento, transporte y venta. También trabajan como vigilantes o informantes. Practican robos, secuestros, extorsión, manejando armas con destreza y poca reflexión. Los niños son, para el narco, un recurso manipulable, barato y prescindible. Esta grave situación, prácticamente normalizada, se ve acentuada por una dilatada cultura del consumo, deserción escolar y marginalidad social y económica.
Este panorama desolador nos impone una realidad dolorosa que es imposible evadir. Proteger a los niños es un imperativo moral de los Estados a nivel nacional, y de la comunidad internacional en su conjunto. La indiferencia no es una opción para la gobernanza global y una paz duradera. Ya sea como víctimas de los conflictos armados o siendo reclutados por el Crimen Organizado Transnacional, todos los actores involucrados deben poner sus mayores esfuerzos en ayudar a los niños, ponerlos a salvo, otorgarles seguridad, educación, rehabilitación y adecuadas redes sociales de protección. Asegurar una infancia de bienestar, mediante políticas públicas coherentes y articuladas que tengan a los niños en su centro, pero también a través de la persecución penal con el máximo de recursos a aquellos que los ataquen y abusen, es la única manera de proyectar y cimentar un futuro mejor que la poco promisoria realidad a la que asistimos.
Jorge Riquelme
Doctor en Relaciones Internacionales
IRI – UNLP
