25 de noviembre en Argentina: lucha contra la violencia de género en un escenario de retrocesos y desafíos

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres adquiere una relevancia particular en la actual coyuntura argentina. En un país donde el movimiento feminista ha sido clave para visibilizar y combatir las desigualdades y violencias de género, con la legislación pionera de la Ley Nº 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y la Ley N° 27.499 (conocida como “Ley Micaela”), que establece la capacitación obligatoria en materia de género para todos/as los/as funcionarios/as públicos/as; persisten desafíos significativos frente a un contexto político-partidario que tiende a negar la existencia de una brecha de género; en tanto promueve la profundización de la misma desfinanciando políticas públicas y priorizando otros debates y agendas.

Según datos del Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación, en 2024 se registraron 252 femicidios, de los cuales 20 fueron femicidios vinculados, 7 correspondieron a personas trans, 10 fueron suicidios feminicidas y 12 casos estuvieron relacionados con muertes violentas de mujeres en contextos de narcotráfico y crimen organizado^[1]. A nivel internacional, en 2023 aproximadamente 51.100 mujeres y niñas fueron asesinadas por sus parejas u otros miembros de su familia; lo que equivale a la muerte de una mujer cada 10 minutos^[2].

En un contexto político adverso, no solo a nivel nacional sino también a escala global, con discursos que deslegitiman y ridiculizan la perspectiva de género (narrativas que están ganando terreno en países como Estados Unidos), es crucial reafirmar el compromiso colectivo contra la violencia hacia las mujeres: debe ser un tema prioritario y transversal. En este marco, podemos afirmar que la lucha contra la violencia hacia las mujeres trasciende el ámbito de género, debido a que es una manifestación de desigualdades estructurales que impactan a toda la sociedad. Esta violencia está profundamente vinculada a sistemas de poder y a la discriminación y exclusión que perpetúan injusticias económicas, sociales y culturales. Combatirla no significa únicamente proteger a las mujeres, sino también cuestionar las estructuras que normalizan el abuso, el autoritarismo y la inequidad.

Por todo lo anterior, y a partir del recordatorio que nos hace la conmemoración del 25/11, desde el CeGRI invitamos a reflexionar sobre la importancia de mantener y fortalecer los avances logrados, en pos de garantizar el no retroceso de los derechos conquistados y el que las políticas públicas sigan orientadas hacia la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.

Verónica del Valle
Julián Arias España
Integrantes
Centro de Estudios en Género(s) y Relaciones Internacionales
(IRI-UNLP)