Los procesos de integración en América Latina principalmente han seguido una lógica reactiva, es decir que han perseguido el objetivo de garantizar niveles mínimos de permisibilidad internacional ante posibles “shocks externos” que incrementen el nivel de vulnerabilidad de la región (Dallanegra, 1998). Un ejemplo en este sentido fue lo que ocurrió en la década de 1990 cuando los países sudamericanos coordinaron una posición diplomática conjunta para rechazar el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA) impulsado en ese entonces por EEUU.

En este marco la guerra comercial recientemente iniciada por el presidente norteamericano, Donald Trump, parecía abrir una posibilidad para que los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) dejaran a un lado sus diferencias ideológicas y coordinaran políticas que permitieran fortalecer el poder de negociación de los países miembros ante un interlocutor que, unilateralmente, pretende reformular las bases del sistema económico internacional.

Sin perjuicio de ello, los desacuerdos a raíz de la Declaración Final de la IX Cumbre de Jefes/as de Estado de la CELAC, realizada en Honduras entre el 8 y 9 de abril de 2025, dejó en evidencia que la diplomacia sigue siendo utilizada por muchos gobiernos como una herramienta para movilizar a su electorado en el plano interno y no como un mecanismo que podría contribuir a fortalecer los modelos de desarrollo nacional (tal como por ejemplo propone la Escuela de la Autonomía).

Continúa la parálisis de los organismos de integración regional

El ascenso al poder de líderes “populistas de derecha” (Mongan 2019) como Mauricio Macri (2015-2019) en Argentina y Jair Bolsonaro (2019-2022) en Brasil no sólo contribuyó a poner fin al ciclo de la “marea rosa” (2003-2015), sino que también introdujo una nueva dinámica que distorsionó el proceso de toma de decisiones de la política externa. La diplomacia, que siempre había sido concebida como un “juego de doble nivel” (Putnam  1988), en el cual el principal objetivo de los tomadores de decisión era aprovechar las oportunidades que brindaba el sistema internacional para reforzar el modelo de desarrollo, pasó a ser utilizada como una herramienta para movilizar al electorado en el plano interno a través de un discurso dicotómico.

Uno de los ejemplos paradigmáticos que ilustra este juego de “doble nivel dirigido al electorado” (Schutte, Fonseca y Carneiro, 2019), es la utilización política que muchos gobiernos han hecho de la crisis económica y humanitaria que desde hace más de una década atraviesa Venezuela. Esta postura determinó que cada vez fuera más difícil coordinar políticas conjuntas, incluso en tiempos de la pandemia de coronavirus (2019), lo que a la postre contribuyó a la parálisis de los organismos de integración creados en el marco del paradigma “post-liberal” o también conocido como “post-hegemónico” (Sanahuja 2012, Riggirozzi y Tussie 2012).

El desempeño de la CELAC se vio perjudicado como consecuencia de la lógica discursiva dicotómica impulsada por mandatarios como Jair Bolsonaro, quien en el año 2020 decidió suspender la participación de Brasil en el organismo al considerar, según las palabras del ex canciller Ernesto Araújo, que no contribuía a promover la democracia en el continente latinoamericano e incluso brindaba un espacio de actuación internacional a regímenes no democráticos como Venezuela, Cuba y Nicaragua.

Más allá de que el regreso a la presidencia de Lula da Silva en el año 2023 ilusionó a la comunidad internacional sobre la posibilidad de que Brasil retomara su tradicional rol de liderazgo y relance organismos como la CELAC y la UNASUR, esto finalmente no terminó ocurriendo y los niveles de polarización política en la región siguen siendo extremadamente altos -tal como demuestra lo ocurrido en la IX Cumbre de Jefes/as de Estado de la CELAC- y continúan privando a los países latinoamericanos de poder contar con una “salvaguarda regional” que les garantice un nivel mínimo de autonomía en un sistema internacional “anárquico” y regido por una lógica de suma cero.

Una nueva polémica que acentúa la crisis del proceso de integración

El escándalo vinculado a la declaración final de la cumbre de Tegucigalpa (2025) refleja la incapacidad que existe incluso para alcanzar un consenso diplomático mínimo entre los países de la región. Ante la posibilidad latente de que la cumbre concluyera sin una declaración conjunta, la presidencia pro tempore a cargo del gobierno hondureño de Xiomara Castro igualmente promovió un proyecto de resolución que finalmente fue aprobado por un “consenso suficiente” de treinta estados. Argentina, Paraguay y Nicaragua, por diferentes motivos que no se explican en la declaración final, no aprobaron el texto, lo que terminaría generando un sinfín de críticas ya que todas las decisiones de la CELAC se adoptan por “consenso” (Pita Simón y Madrigal Álvarez 2014).

Argentina y Paraguay emitieron sendos comunicados oficiales en el que expresaron su rechazo ante lo sucedido y denunciaron la violación de los procedimientos que rigen el funcionamiento del organismo. “Durante dicha Cumbre, la Argentina no otorgó su consenso para la adopción del documento titulado “Declaración de Tegucigalpa”. No obstante, la PPT [presidencia pro tempore] hondureña intentó imponer dicho texto de manera ilegítima, invocando una figura inexistente en el marco normativo de la CELAC: el llamado “consenso suficiente” (Ministerio Relaciones Exteriores Argentina 2025). Paraguay, por su parte, hizo hincapié en que esta figura no existe en el derecho internacional y demandó que sus objeciones sean incluidas dentro de la Declaración Final (Ministerio Relaciones Exteriores Paraguay 2025).

Esta nueva polémica amenaza con poner en jaque los modestos logros diplomáticos que en este último tiempo había logrado la CELAC, entre los que podemos destacar la realización en julio de 2023 de la Tercera Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno UE-CELAC, luego de casi ocho años de ausencia de diálogo birregional al más alto nivel político[1]. A su vez, en el próximo mes de mayo el organismo tiene planificado llevar adelante la IV Reunión Ministerial del Foro CELAC-China, en un momento en que los países de la región imperiosamente necesitan diversificar los vínculos diplomáticos y ahondar la cooperación para hacer frente a la guerra comercial impulsada por Donald Trump.

En su intervención durante la Cumbre de Tegucigalpa el presidente Lula da Silva hizo hincapié en la necesidad de que la inserción internacional de los países latinoamericanos no sólo obedezca a intereses defensivos, sino que también resulta necesario contar con un programa de acción estructurado para hacer frente a aranceles arbitrarios que desestabilizan el sistema económico internacional. “Cuanto más fuertes y unidas estén nuestras economías, más protegidos estaremos de acciones unilaterales” (Zupello 2025).

Pero la polémica generada a raíz de la Declaración Final, la cual no incluyó ningún tipo de acuerdo diplomático de relevancia, amenaza con derribar todo como “un castillo de naipes” y contribuye a reinstalar en la agenda pública la lógica discursiva dicotómica que caracteriza al “juego de doble nivel dirigido al electorado” y que tanto daño le ha hecho al proceso de integración latinoamericano.

A modo de cierre

La guerra comercial iniciada por Donald Trump abre la posibilidad de que los países de la región intensifiquen sus vínculos diplomáticos. A excepción del gobierno de Javier Milei en Argentina y de Santiago Peña en Paraguay (quienes han decidido alinearse con Estados Unidos con la esperanza de conseguir algún tipo de contraprestación económica), el resto de los gobiernos comparten su preocupación respecto al escenario económico internacional y son conscientes de la necesidad de contar con un espacio de concertación política que actué como una “reserva de autonomía” (Pinheiro, 1999) y que fortalezca la capacidad negociadora de los países de la región frente a EEUU, tal como por ejemplo ocurrió en la década de 1990 con el Mercosur en la negociación del ALCA.

Pero para que la CELAC pueda desempeñar ese rol, en primer lugar, es necesario dejar a un lado los cálculos políticos que motorizan al “juego de doble nivel dirigido al electorado” y en su lugar tratar de hacer hincapié en los intereses económicos mutuos que comparten los países de la región. Lo que a la postre permitiría desarrollar una agenda diplomática conjunta.

Matías Mongan
Integrante
Departamento de América Latina y el Caribe
IRI – UNLP

[1] La última cumbre había sido realizada en junio de 2015.