Desde la finalización de las hostilidades el Reino Unido ha insistido ante los distintos gobiernos argentinos en la “repatriación” de los restos de nuestros soldados Caídos en las Islas Malvinas y en las Islas Georgias del Sur, y ante la acertada negativa de las autoridades nacionales a acceder a dicha pretensión y a efectos de evitar que el archipiélago contuviera centenares de Tumbas de Guerra diseminadas en gran parte de su territorio, el Reino Unido decidió en 1985, en violación de las Convenciones de Ginebra, exhumar unilateralmente dichos restos y reunirlos en un solo lugar, eligiendo para ello uno de los sitios más inhóspitos, aislados y carentes de la más mínima infraestructura vial y de alojamiento de la Isla Soledad.

El Reino Unido construyó así el llamado Cementerio Argentino de Darwin y para ello se realizaron las exhumaciones y destruyeron las Tumbas de Guerra, amparadas por las Convenciones de Ginebra, sin respetar las prácticas operacionales idóneas en relación con el tratamiento de los restos humanos y de la información sobre los fallecidos, siendo responsable de la no identificación de los restos de 123 de los 240 Caídos allí sepultados, que terminaron siendo catalogados como: “soldado argentino sólo conocido por Dios”.

El ministerio de Defensa y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto tiene la lista de todos los Caídos en Malvinas y los lugares donde se encuentran inhumados los cadáveres de aquellos que fueron trasladados al continente durante el conflicto, así como de las víctimas del Crucero General Belgrano y de los Caídos cuyos restos mortales fueron sepultados en Tumbas de Guerra en las Islas Malvinas y esta información ha sido intercambiada entre las autoridades británicas y argentinas. Por lo tanto no existen “NN” en Malvinas, los que se encuentran en las 123 tumbas sin nombre en el Cementerio de Darwin aparecen con nombre y apellido en dichas listas y lo único que falta es identificar en cuáles de estas 123 tumbas está cada uno de ellos.

Por lo tanto, se conoce la identidad de todos los sepultados en el cementerio, si bien en el caso de los 123 Caídos antes citados, no resulta posible identificar las tumbas en las que yacen y la responsabilidad de ello es de las autoridades británicas, que no actuaron respetando las normas de las Convenciones de Ginebra.

El Acuerdo de Londres del 14 de julio de 1999 contemplaba la construcción de un monumento en dicho cementerio y el Reino Unido, muy hábilmente, durante la gestiones para el cumplimiento de este acuerdo logró la aceptación por parte de nuestro país de su desvinculación del cuidado y mantenimiento del cementerio y del monumento y la “transferencia” de estas tareas a una entidad privada argentina, la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas e Islas del Atlántico Sur, con las dificultades que significa hallarse a gran distancia del lugar, con acceso limitado, y todos los inconvenientes prácticos que provocan las autoridades locales y los mismos isleños.

Durante los últimos años, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, muy mal asesorada por personas que desconocían las normas del Derecho Internacional Humanitario y transpolando a este tema el drama de los desaparecidos en el territorio continental argentino durante la última dictadura militar, comenzó las gestiones para lograr la identificación de estos mal llamados “NN”, estrategia diversionista que encantó a los británicos ya que se encuentra en consonancia con su objetivo de la “repatriación” de los restos de los Caídos en Malvinas y la desaparición del cementerio[1]. Esto le permitió al Reino Unido tener un nuevo elemento de negociación para otorgar cuando le fuera conveniente a cambio de algo que fuera realmente trascendente para perfeccionar su dominio sobre el territorio usurpado y a la vez obtener la garantía que la República Argentina no le exigiera que reasuma sus obligaciones internacionales en relación al Cementerio de Darwin de acuerdo con las Convenciones de Ginebra y los principios establecidos en el Derecho Internacional Humanitario.

El gobierno del presidente Mauricio Macri, en vez de reencauzar estas gestiones en el camino correcto, se subió al carro de la estrategia de la administración anterior, sabiendo que el tema de los “desaparecidos” es un recuerdo que está muy presente en la sociedad argentina; no desconociendo la canciller Susana Malcorra, que trabajó durante 11 años en las Naciones Unidas desempeñándose como Secretaria General Adjunta del Departamento de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno de dicha Organización y Jefa de Gabinete de la Secretaría General, que el Reino Unido tiene la obligación de trabajar con la Cruz Roja Internacional en la identificación de los soldados argentinos que en su momento no identificó por negligencia de aquellos que tuvieron a cargo las exhumaciones ilegales y que ésto no puede ser motivo de negociación, y mucho menos de intercambio por otros beneficios que indudablemente perjudicarán la posición argentina. Sin embargo, esta funcionaria marca como un signo de los nuevos tiempos y como el logro más concreto de las gestiones en marcha desde que ambos gobiernos firmaron el Comunicado Conjunto del 13 de septiembre de 2016, el protocolo que se “pactó” para trabajar con el Comité Internacional de la Cruz Roja, firmado en Londres el 20 de diciembre de 2016. El gobierno argentino de esta manera, salva la responsabilidad de los británicos por la violación de las prácticas operacionales en relación con el tratamiento de los restos humanos y de la información sobre los fallecidos, asume la corresponsabilidad de identificar a sus muertos, continúa admitiendo que una entidad privada se encuentre obligada al mantenimiento de un Cementerio de Guerra en territorio ocupado por las fuerzas armadas del adversario, las que están obligadas a cuidarlo en cumplimiento de los Convenios de Ginebra, y lo presenta como un éxito de su diplomacia.

Es indudable que si no se actúa con suma prudencia con las medidas que se tomen con respecto al Cementerio Argentino de Darwin la República Argentina continuará haciendo lo que precisamente necesita el Reino Unido para consolidar su presencia en el Atlántico Sur.

[1] Ya los kepers comenzaron a dar notas a los medios locales diciendo que ahora las familias de los caídos enterrados en el Cementerio de Guerra de Darwin van a poder disponer de sus cuerpos, con el objetivo de terminar con todo vestigio argentino en las Islas; a las que se sumaron las recientes expresiones del embajador del Reino Unido, Mark Kent, publicadas en los diarios de Buenos Aires, que eludían elípticamente a dicha posibilidad, como es propio de la sagaz diplomacia británica.

Carlos Alberto Biangardi Delgado
Departamento del Atlántico Sur
IRI – UNLP