La crisis política desatada en el Paraguay, tras el inicio del trámite parlamentario para la sanción de una enmienda que habilite la reelección presidencial, nos permite realizar unas breves reflexiones en torno al proyecto de reelección y a las normas constitucionales para su aprobación.
Puede afirmarse que los intentos del actual presidente Horacio Cartes para alcanzar un nuevo período presidencial, no difieren de los de otros mandatarios de la región, con casos en los cuales hasta se ha ensayado la aprobación de una reelección indefinida. Por el contrario, este accionar despierta sospechas vinculadas a la herencia del autoritarismo existente en el país. Como expresábamos en noviembre pasado, durante el transcurso del Congreso del IRI, el pueblo paraguayo se encuentra signado por la dictadura.
Basta recordar que el prolongado gobierno dictatorial de Alfredo Stroessner (1954-89) estuvo precedido por otros autoritarismos y fue sucedido como presidente provisional por el general Andrés Rodríguez (1989-1993), quien luego se impuso en elecciones libres, dando inicio a una larga transición democrática. En su presidencia, se convocó a una Constituyente y se sancionó la Constitución de 1992, la cual introdujo importantes cambios que propendieron a menguar los poderes del Ejecutivo e incrementar los del Legislativo. Si bien los constituyentes y académicos definieron al presidencialismo resultante como “moderado”, la reforma generó una situación de desequilibrio en favor del Congreso. No obstante, la prohibición a la reelección (Art. 229) y las inhabilidades para ejercer el Ejecutivo (Art. 235) reflejan los mayores esfuerzos para superar la etapa de la dictadura.
El debate abierto en cuanto a la legalidad del procedimiento para introducir la reelección presidencial mediante una enmienda, parece no tener asidero en la Constitución. La reforma no se trata de una modificación en “el modo de elección, la composición, la duración de mandatos o las atribuciones de cualquiera de los poderes del Estado” (Art.290). Lo más sorpresivo es que los 25 senadores que apoyaron la medida pertenecen al Partido Colorado (oficialista) y a las agrupaciones opositoras Frente Guasú (luguismo), Avanza País, Unión Nacional de Ciudadanos éticos y del Partido Liberal Radical Auténtico. Así, además de Cartes, el ex presidente Fernando Lugo también parece interesado en poder candidatearse para las elecciones de 2018.
Si bien la reelección está permitida en todos los países sudamericanos, a excepción de Colombia, y el procedimiento es legal, el pueblo paraguayo siente que la democracia está en peligro. Como consecuencia, se ha volcado a las calles en defensa de la Constitución y en contra de algunos de los mismos líderes partidarios. En síntesis, la rebeldía del pueblo paraguayo se basa en enfrentar todo aquello que creen puede hacerlos volver a un régimen dictatorial, sea cual sea el signo político que lo promueva.
Patricia Romer
Integrante del Departamento de América Latina y el Caribe
IRI – UNLP 2017
