En un país en el cual los regímenes militares han sido la regla durante largo tiempo, dado que desde el año 1964 tan sólo hubo gobiernos democráticos en dos oportunidades (entre la década del 90 y la actualidad), se encuentra en progreso una profunda crisis humanitaria que tiene su causa en la represión sufrida por la minoría étnica musulmana Rohingya.

Así lo sostuvo el propio Secretario General de las Naciones Unidas, Sr. Guterres, en una rueda de prensa en el ámbito de la ONU, confirmando la informado por el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) a través del Centro de Noticias por y las conclusiones del Consejo de Derechos Humanos y de la Relatora de Derechos Humanos para Myanmar.

A los desplazamientos masivos y a la crisis de los refugiados hacia el vecino país de Bangladesh, se suma la violación sistemática de derechos humanos acontecidos desde el año pasado, tal cual lo advirtiera Amnesty International en su Informe Anual 2016/2017.

Trece premios nobeles y diversos altos funcionarios del mundo enviaron una carta al Consejo de Seguridad solicitando la intervención de la organización, debido a que habían instado, sin resultados, a la entonces presidenta de dicho país y también premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi (quien profesa la religión budista), a una intervención sólida y definitiva a los fines de pacificar la situación y a terminar con todo tipo de atrocidades por parte de las Fuerzas Armadas de Myanmar. Es oportuno señalar que desde los gobiernos militares, las mismas mantienen un enorme poder en el manejo de algunos de los principales ministerios, entre ellos, el de de Defensa.

Durante décadas las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y las privaciones ilegales de la libertad han sido algunos de los fenómenos de violación sistemática a los derechos humanos, conforme a los testimonios recibidos por las Organizaciones Humanitarias y ONGs desplegadas en el terreno; todo ello fue oportunamente reflejado por los medios de comunicación nacionales e internacionales. En ese sentido es dable resaltar que la ONU ha comenzado a enviar ayuda humanitaria a algunos de los lugares más afectados, por ejemplo la provincia de Rakhine, siendo dichas operaciones entorpecidas por los militares y algunas de sus fuerzas de seguridad.

La ayuda enviada por el Secretario General Guterres, quien incluso ha solicitado el tratamiento del tema a través del Consejo de Seguridad, se están direccionando tanto a la población afectada en Rakhine como asimismo hacia Bangladesh, territorio en el cual están llegando los desplazados internos y cuyo número de refugiados, conforme a los últimos informes de diversos Organismos Especializados de la ONU, ascendían a unos 410.000.

Estos temas no admiten dilaciones ni medias tintas. La historia nos muestra que la peor opción es mirar hacia otro lado. Es hora de que la Comunidad Internacional y sus miembros se enfoquen y se hagan cargo de aquello que es su responsabilidad.

Gabriel F. Tudda
Coordinador
Departamento de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario
IRI – UNLP