Bajo el lema “Gobernabilidad democrática contra la corrupción” finalizó la VIII Cumbre de las Américas en Lima, Perú, sin avances significativos que den cuenta de respuestas regionales acompañados de políticas concretas para combatir el flagelo de la corrupción en el continente. 

 Desde el plano político, la ausencia de Donald Trump y su par cubano, Raúl Castro, restó impacto a la Cumbre, lo que impidió no sólo avances en la relación bilateral de ambos países -congelada desde la asunción de Trump y el incidente con los diplomáticos en la embajada de Estados Unidos en Cuba-, sino también los efectos que se esperaba lograr con Trump para la articulación de políticas disuasivas concretas hacia el régimen venezolano.  

La ausencia del mandatario estadounidense -la primera vez desde que comenzaron las Cumbres en 1994- puede interpretarse de varias maneras, pero consideramos verlas como aspectos interrelacionados de una misma política macro y en un primer nivel de ella dio cuenta en lo discursivo de la poca relevancia que su administración le asigna a la región enfocada en la crisis con Rusia y el conflicto en Siria. Sin embargo, no supone per se una desvinculación regional, lo que permitiría mayores márgenes de maniobra autonómica para los Estados latinoamericanos y caribeños.  

En un segundo nivel de análisis lo que podemos vislumbrar es que a pesar de la ausencia concreta existen políticas llevadas a cabo por la administración Trump que dan cuenta de una política errática hacia la región; empero, la vinculación se desarrolla alrededor de cuatro ejes: corrupción, gobernabilidad, lucha contra el crimen organizado e inmigración, lo que podía sintetizarse en las siguientes acciones: 

• el envío de tropas de la Guardia Nacional hacia la frontera con México;  
• la cancelación del programa para “Dreamers” DACA – Acción Diferida para los llegados en la Infancia por sus siglas en inglés- el cual otorgaba permisos renovables de estadía y trabajo a quienes llegaron a Estados Unidos ilegalmente cuando eran niño/as en su mayoría provenientes de México y de países centroamericanos;  
• las amenazas de cancelación y actual renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre EEUU, México y Canadá, así como las medidas proteccionistas que afectan directamente las exportaciones latinoamericanas;  
• la decisión del endurecimiento de las políticas fronterizas e inmigratorias para frenar lo que considera como “caravanas de migrantes” que quieren llegar a EEUU, especialmente la región conocida como el Triángulo Norte de Centroamérica;  
• el aumento de la vinculación a nivel de seguridad y defensa, marcado no sólo por los ejercicios militares conjuntos a lo largo de la región sino también como el incremento del modelo securitario norteamericano implementado en la región;  
• por último, las conclusiones del informe del Comando Sur “Estrategias del Teatro 2017-2027” donde expresa que “no hay otra parte del mundo que afecta más la vida cotidiana de los Estados Unidos que América Central, América del Sur y el Caribe” (SouthCom, 2017:14) en consonancia con la declaración de su comandante K.W. Tidd ante el Congreso de los Estados Unidos en febrero de este año (SouthCom, 2018) donde manifestó que las amenazas en la región provienen de la corrupción que erosiona la gobernabilidad y posibilita el ingreso de actividades ilícitas, fortaleciendo el crimen organizado; la inestabilidad interna venezolana que permite el ingreso de otros actores internacionales a la región como Irán y Rusia; y la inmigración venezolana y centroamericana vía México.  

Estos ejes muestran una coincidencia entre los temas considerados prioritarios para la administración Trump, en consonancia con lo expresado por el Comando Sur, con la agenda establecida para la VIII Cumbre de las Américas. Sin embargo, la ausencia de Donald Trump impidió profundizar en temáticas sensibles para Estados Unidos, le restó protagonismo a una Cumbre que buscaba implementar políticas concretas y terminó simplemente en buenas intenciones plasmadas en una Declaración final, con más de 50 puntos protocolares relacionados con la corrupción de difícil implementación, en un contexto donde el presidente del país anfitrión, Pedro Pablo Kuczynski, tuvo que dimitir en favor del vicepresidente, Martín Vizcarra. Cabe señalar que su caso no es, por lejos, el único, tras el encarcelamiento del ex presidente Lula implicado por los casos de corrupción de Odebrecht.  

El último informe de Transparencia Internacional, del el año 2016, recoge que el 62% de los latinoamericanos consideran que la corrupción se ha incrementado en el último año, mientras que solo el 10% percibe que ha disminuido. Según datos del Proyecto de Opinión Pública para América Latina (LAPOP) para el año 2016, en la mayoría de los países de la región más del 60% de los encuestados considera que la mayor parte o todos los políticos están involucrados en casos de corrupción. Estos porcentajes se incrementan de manera sustantiva en algunos países como Colombia, Venezuela, Brasil, México o Perú, donde se supera el 70% (Barragán, 2018:1).  

En ese sentido, los mismos presidentes que apoyaron la declaración final o Compromiso de Lima contra la corrupción se encuentran involucrados por denuncias o juicios: Peña Nieto en México, Temer en Brasil, Macri en Argentina, Hernández en Honduras, Ortega en Nicaragua y Santos en Colombia son ejemplos de mandatarios investigados en casos de corrupción por lo que la letra parece ya muerta antes de nacer.  

Por otro lado, el tema Venezuela primó, sin mayores repercusiones políticoeconómicas, ya que no se consiguió el consenso necesario para coordinar sanciones, aunque el tándem Argentina, Colombia, Perú, Chile, Brasil y México logró la Declaración de Venezuela, para fijar posición ante lo que consideró la persistente situación de quiebre del orden constitucional en ese país y aseguró que desconocerá los resultados de las próximas elecciones venezolanas si la administración de Maduro no permitiera veedores electorales internacionales. Los mandatarios coincidieron en la necesidad de dar respuesta a la crisis interméstica que genera la oleada inmigratoria venezolana, por lo que se urgió a ese país a aceptar ayuda humanitaria, lo cual dificulta las negociaciones en la medida que sus pares han negado la invitación a Nicolás Maduro a la Cumbre.  

El resultado: falta de legitimidad tanto de los mismos participantes como de todas las conclusiones alcanzadas dentro del proceso de la Cumbre, contradictorios con una región en proceso de transición político-económico y en pleno contexto de incertidumbre. 

Fernanda Díaz
Departamento de América Latina y el Caribe

Referencias

BARRAGAN, Melany. (2018). ¿Puede la corrupción tumbar un gobierno en América Latina?. “Revista de Estudios de Política Exterior”. Accesible en https://www.politicaexterior.com/latinoamerica-analisis/puede-la-corrupcion-tumbar-ungobierno-en-america-latina/

Declaración de Venezuela. (2018). “Declaración sobre la situación de Venezuela adoptada en ocasión de la VIII Cumbre de las Américas”. Accesible en https://www.mrecic.gov.ar/declaracion-sobre-la-situacion-en-venezuela-adoptada-en-ocasionde-la-viii-cumbre-de-las-americas-0

Declaración Final. (2018). “Compromiso de Lima: Gobernabilidad Democrática frente a la Corrupción”. VIII Cumbre de las Américas. Accesible en http://www.rree.gob.pe/SitePages/declaracion_conjunta.aspx?id=DC-004-18

SOUTHCOM. (2017). “Estrategia del Teatro 2017-2027”. Consorcio de Las Américas. Comando Sur de los Estados Unidos. Accesible en http://www.southcom.mil/Portals/7/Documents/USSOUTHCOM_Theater_Strategy_Spanish_(FINAL).pdf?ver=2017-10-26-124307-193×tamp=1509036213302

SOUTHCOM. (2018). “2018 Posture Statement to Congress”. Resumen y Video de la exposición ante el Congreso de los Estados Unidos accesible en http://www.southcom.mil/Portals/7/Documents/USSOUTHCOM_Theater_Strategy_Spanish_(FINAL).pdf?ver=2017-10-26-124307-193×tamp=1509036213302