Latinoamérica transita tiempos de inestabilidad política, social, democrática y humanitaria, pero sin lugar a dudas los acontecimientos que se vienen desarrollando hace varios años en Venezuela, trae aparejada la pérdida de vidas humanas y daños profundos e irreparables en la sociedad en su conjunto.
Según el Tercer Informe de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos de la OEA sobre la Situación de los Derechos Humanos en la República Bolivariana de Venezuela (2017), que fuera aprobado en diciembre de 2017, pone el acento en el “serio deterioro de la vigencia de los derechos humanos, y la grave crisis política, económica y social que atraviesa el país en los últimos dos años y en especial en el 2017”. Entre las situaciones que se destacan como violatorias a los DDHH y el debilitamiento del estado de Derechos se encuentran “el alarmante incremento de la represión, violencia e inseguridad ciudadana” y la situación crítica por violación a los derechos políticos, la libertad de expresión, la protesta social, y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, recordando que la vigencia efectiva de la democracia en todo Estado, requiere como presupuesto indispensable el ejercicio pleno de todos los derechos y libertades fundamentales de sus habitantes.
La democracia en Venezuela se encuentra debilitada por un uso abusivo del poder que se traduce en una hegemonía del Poder Ejecutivo sobre los otros poderes del Estado. La Asamblea Nacional, de mayoría opositora, fue reemplazado por una dudosa Asamblea Constituyente y el Poder Judicial se encuentra alineado, de manera acrítica, al Gobierno del Presidente Maduro, poniendo en crisis el Estado de Derecho y con ello la violación de los Derechos Humanos en Venezuela, quebrantando normas internacionales como la Declaración Americana, la Convención Americana y demás instrumentos de derechos humanos aplicables.
El Estado Venezolano desafía este informe afirmando que “La República Bolivariana de Venezuela es un Estado Constitucional democrático y social, de Derecho y de Justicia, caracterizado por una vibrante democracia participativa y protagónica que asume el respeto y garantía de los derechos humanos como valor fundamental. Al igual que el resto de los países de la región, en materia de derechos humanos Venezuela tiene fortalezas y desafíos. No obstante, ningún análisis objetivo y no selectivo lleva a concluir que la situación de derechos humanos de República Bolivariana de Venezuela merezca una atención distinta al resto de los Estados partes de la Organización de Estados Americanos”.
La posición de Venezuela, desconoce la existencia de presos políticos, torturas, desapariciones forzadas, migraciones forzadas y en aumento, desabastecimiento de alimentos y medicinas, discriminación, altos niveles de corrupción, destituciones de alcaldes, gobernadores, diputados y funcionarios opositores, cierre de medios de comunicación y hostigamiento a periodistas y a defensores y defensoras de los DDHH, entre otras situaciones y derechos vulnerados.
Según el Informe referenciado de la CIDH, Venezuela en 2015 registró un alza de 180,9% en los precios y en abril de 2016 el 80% de la población enfrentaba escasez de alimentos, situación que impacta directamente en los sectores más vulnerables e inviabiliza el goce de los derechos elementales de la población, tales como la alimentación, salud, educación y vivienda. Como consecuencia de ello, han surgido brotes de enfermedades, resultando “preocupante la escasez de medicamentos, materiales, insumos y tratamiento médico, y el impacto particular en las mujeres embarazadas, personas adultas mayores, y personas viviendo con enfermedades graves, crónicas o con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y/o el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA).”
Esta grave situación social, ha provocado un gran número de migrantes que se han visto forzados a dejar su país por el desabastecimiento general que sufren y los altos niveles de pobreza e indigenciai. Por parte del Estado han diagramado ciertos programas para aliviar la situación, pero los mismos han sido objeto de denuncias, no solo por ser insuficientes sino por la discriminación en el reparto de los mismos, excluyendo a las personas que se han manifestado como contrarias al gobierno.
El Estado Venezolano ha denegado o no ha cursado respuesta alguna, con excepción del 2002, a las innumerables solicitudes de visitas in loco efectuadas de manera reiterada por la CIDH, a esto último se adiciona el debilitamiento del sistema de protección internacional, al operar la denuncia de la Convención Americana sobre DDHH, vigente desde el 10 de septiembre de 2013.
Sin embargo, ello no otorga al Estado un poder que lo habilite al desconocimiento y violación de los derechos fundamentales, la CIDH sigue teniendo competencia en el estudio, elaboración de informes, recomendaciones y tramitación de las denuncias individuales en el marco de la Carta de la OEA y de la Declaración Americana, instrumento estos últimos operativos y vigentes, a pesar de la denuncia efectuada sobre la primera, el 28 de abril de 2017, la cual operará en el mismo mes de 2019, quedando vigentes los procesos en trámite.
En este contexto la Asamblea General de la OEA, el 6 de junio de este año, emitió una resolución por la cual inició el proceso de suspensión de Venezuela del Organismo Internacional desconociendo los resultados del proceso eleccionario en este país. Este esquema de suspensión, no garantiza per se, que se produzca un cambio en la política del gobierno de Venezuela en relación a la flagrantes violaciones a los DDHH que la propia Organización denuncia en su Informe.
Es una decisión política que tiene como objetivo, aislar al país caribeño del resto de la región. A nuestro entender este tipo de medidas, no han resultado positivas en el pasado, y entendemos que las condiciones no han cambiado lo suficiente para creer que las mismas puedan brindar un resultado positivo en el presente o en el futuro inmediato. Además si tenemos en cuenta la decisión ya tomada por Venezuela en el 2017, denunciando el Tratado de Bogotá, y la necesidad de convocar a una Asamblea Extraordinaria de la OEA, esta medida, de aplicarse, tendrá una vigencia de menos de un año.
Desde el punto de vista político, constituye una fuerte presión al gobierno de Venezuela, pero también evidencia una fragmentación del espacio latinoamericano. El Grupo Lima, por un lado, compuesto por 14 Estados, entre los que se encuentran Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Paraguay y Perú, se contrapone con el voto negativo de Bolivia y la propia Venezuela, dejando a los demás países en un estado de abstención. Sin perjuicio de ello, y ante la necesidad de contar con los votos de los países del Caribe en la próxima Asamblea Extraordinaria, la diplomacia norteamericana, se encuentra abocada a negociaciones con los mismos, que podría arrojar un reacomodamiento en los alineamientos de los países del Caribe, vinculados a Venezuela a través de Petrocaribe.
La región latinoamericana se demuestra quebrada y dividida, junto con los procesos de integración de los cuales cada uno de estos Estados forma parte, que han evidenciado, en virtud de la fragmentación enunciada y la ausencia de consenso, su incapacidad para llevar adelante negociaciones en procesos de crisis profundas. Es por ello que la OEA vuelve a reasumir su rol en la región, otrora opacado principalmente por el liderazgo de Brasil y las acciones de la UNASUR.
Sin perjuicio de lo expuesto, y atento a las consideraciones vertidas en el Informe de la CIDH relativa a la precariedad del sistema democrático en Venezuela, vinculada principalmente a la ausencia de la separación de los poderes y como resultado de ello la violación de los DDHH, resulta alarmante que la región que tanto ha sufrido en sus historias recientes, padecimientos similares a los enunciados por la CIDH, se encuentre en estos momentos avocada a las resultas de una resolución netamente política.
La condena por la violación a los DDHH debe ser unánime y sin condicionamientos económicos y políticos, no hay izquierda ni derecha a la cual se la habilite para sustentar o fundamentar el sufrimiento y la violencia, de lo contrario nada habremos aprendido de nuestra historia y sus desgracias.
Laura Maira Bono
Departamento de América Latina y el Caribe
