En estos días durante los cuales Argentina se debate en encontrar recetas que le permitan superar el déficit fiscal, un déficit mucho más preocupante y de consecuencias imprevisibles se cierne sobre la región: el déficit democrático.

Argentina se reencontraba en diciembre de 1983 con la peor de las formas de gobierno (excepto por todas las demás), tras la debacle de la última dictadura debido (entre otras cosas) a la derrota militar en el Atlántico Sur. Al principio, en soledad, y durante la década de los ´90 junto con los países de la región, la democracia era la forma de vida imperante (con todos sus problemas y desafíos) en la mayoría de los países latinoamericanos. Tan así es que la peor de las crisis económica, política y social en nuestra historia reciente (diciembre de 2001) nos encontró buscando soluciones colectivas dentro de los cánones institucionales previstos. Tan así es que la región, ese mismo año, adoptó la Carta Democrática Interamericana (Lima, 11 de setiembre) para consolidar lo que parecía una elección irreversible para los países del Continente.

Gestos en el mismo sentido se repitieron en nuestro espacio de cooperación preferencial (algunos de ellos, previamente a lo acontecido en la OEA): el Protocolo de Ushuaia (24 de julio de 1998) estableció la cláusula democrática para los miembros y asociados del MERCOSUR; y el Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de UNASUR sobre Compromiso con la Democracia (suscrito en Georgetown, Guyana, el 26 de noviembre de 2010). La conclusión solamente puede ser una: el Cono Sur, América del Sur y el Continente todo entienden que la democracia es un valor que todos los países han elegido compartir y tutelar.

Sin embargo, cuando dicho valor parecía llamado a ser respetado a pies juntillas, serios indicios nos señalaban grietas en la estructura: juicio político exprés y posterior destitución al presidente Lugo en Paraguay, asonadas contra el presidente Morales en Bolivia, polémica destitución del presidente Zelaya en Honduras, profundización de los rasgos autoritarios de la experiencia bolivariana en Venezuela, más que cuestionable destitución de la presidente Dilma Rousseff en Brasil (forzando hasta lo inaceptable a las instituciones y dando lugar a un gobierno carente de la legitimación popular, tanto en el origen como en el ejercicio). Sobre todos estos tópicos nos hemos expedido previamente, sin obviar ninguno: la democracia es un valor que tiene que ser preservado, más allá de las ideologías y de cualquier tipo de identificación política. Los dictadores lo son, más allá de los rasgos de derecha o de izquierda que traten de exhibir, y como tales tienen que ser señalados y calificados.

El más reciente suceso que pone en entredicho a la democracia en la región, es el que ha llevado a cubrir de sangre el suelo nicaragüense: represión por fuerzas policiales y parapoliciales adictas al régimen de Daniel Ortega, quien conduce el Ejecutivo junto a su esposa, Rosario Murillo. Una fallida reforma en el régimen previsional ha sumido en una crisis a la hermana nación nicaragüense que ha llegado al clímax tras el clamor popular conminando a Ortega a abandonar el poder, que tras once años en el ejercicio del mismo es señalado por corrupción y abusos.

Casi sesenta días después y cerca de 150 víctimas fatales, la represión parece ser el único lenguaje utilizado por el régimen para “dialogar” con los movimientos opositores. Los reiterados llamados de la Conferencia Episcopal nicaragüense fueron desoídos y la hasta ahora tibia reacción de la OEA (la cual contrasta sensiblemente con el implacable señalamiento a los constantes desbordes del régimen de Maduro en Caracas) sólo profundizan una crisis en nuestra región, que demuestra que la democracia no puede subsistir si no hay un compromiso colectivo tendiente a su permanente construcción en todos los ámbitos de nuestra vida en sociedad.

Parece haberse dejado en soledad al pueblo de Nicaragua. Y las siguientes palabras lo grafican: “…El desafío es construir un potente movimiento ciudadano, para demandar cambios en las actuales reglas de la política y en el rumbo del país. La tendencia del gobierno será, según lo ha venido haciendo, escalar la represión. Fuerte, pero selectiva y encubierta. En el descenso, vamos a experimentar la represión dirigida. Por eso va a ser decisiva la solidaridad con quienes que sufran represión, aunque son muchos quienes lo que quieren es organización para sacar del poder a la pareja presidencial a quienes consideran responsable de lo ocurrido”[1]. No son palabras de alguna persona seleccionada por el “Imperio” para cambiar el estatus quo en Managua. Son palabras de Mónica Baltodano, quien es ex comandante guerrillera del FSLN, y fundadora del disidente Movimiento por el Rescate del Sandinismo (MRS).

Ni la derecha ni la izquierda tienen el monopolio de las instituciones ni de la democracia. Como pueblo es nuestro deber no permitir que nos roben el derecho a elegir nuestro destino. Porque ya nos lo han robado en el pasado. Y sabemos las trágicas consecuencias que ello trae aparejado.

Norberto Consani
Director
IRI – UNLP
Juan Alberto Rial
Secretario
IRI – UNLP

Referencias

[1] BALTODANO, Mónica. Nicaragua: la rebelión del pueblo. Consultada en http://www.sinpermiso.info/textos/nicaragua-la-rebelion-del-pueblo , el 15 de junio de 2018