El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, creado mediante una resolución de la Asamblea General en 2006 y que supliera a la antigua Comisión, nació con tres aspiraciones fundamentales en materia de tratamiento a violaciones de derechos fundamentales: la no politización, la no selectividad de los temas a tratar y el fin del doble rasero.

La salida de los EE.UU. no impacta si nos detenemos a observar las medidas que la máxima potencia venía desarrollando en materia de algunas políticas públicas y derechos humanos, y no únicamente en la actualidad, sino también con las administraciones gubernamentales anteriores. En ese sentido, en los últimos quince años se han sancionado medidas desde el Poder Ejecutivo, acompañado por el Congreso y con algunos tibios límites impuestos por el Poder Judicial, en temas muy sensibles acerca de la protección de derechos fundamentales, como por ejemplo: la política migratoria, el desarrollo y el derecho a un medio ambiente sano, la política antiterrorista pos 11-S, etc. A ello se suma la negativa ante la creación y vigencia de la Corte Penal Internacional, los tratados internacionales sobre desarrollo y medio ambiente y la propia negativa de George W. Bush a la creación del mismo Consejo de Derechos Humanos.

Más recientemente, el retiro del seno de la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura (UNESCO) y su renuencia a reconocer la membresía de Palestina a dicho organismo especializado, estaban conformando una serie de actitudes políticas de la potencia que pronto tendría efectos en el Consejo.

En la declaración pública de salida, la embajadora ante la ONU, Nikki Haley calificó de “hipócrita” al organismo, argumentando sus dichos en una posición que venía manteniendo la administración de Donald Trump desde hace algún tiempo y el supuesto sesgo de algunos órganos y organismos de la estructura de la ONU al respecto de Israel. Lo cierto, es que también la posición asumida por dicha administración ha coincidido con una fuerte crítica en el ámbito de dicha organización al tratamiento de niños y niñas migrantes que son separados de sus padres al ser detenidos en sus intentos de ingreso al país a través de la frontera.

De todos modos, la decisión de la ruptura con el Consejo de Derechos Humanos tiene un contexto y contorno histórico preciso más general, y es aquel en que quizás el Derecho Internacional Contemporáneo, y especialmente los sistemas de protección de derechos tanto universal como regionales, están siendo sometidos a constantes presiones políticas y cuestionamientos por parte de los Estados, por distintos motivos y a través diversas herramientas. La retirada de un organismo del sistema universal es grave, pero también lo ha sido la retirada de algunos países del sistema interamericano, el desangramiento presupuestario al que han sido sometidos algunos de los órganos de protección y el no reconocimiento de los informes y recomendaciones de los mismos.

En ese sentido, quizás se podría decir que se ha comenzado a producir desde hace algún tiempo una vuelta a un derecho internacional más descentralizado, prevaleciendo los intereses de los Estados frente a los de la Comunidad Internacional, que se había estructurado a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial en torno a un sistema más cooperativo, pero que en definitiva sigue siendo a la vez una yuxtaposición de Estados con distinto grado de jerarquía de poder a nivel mundial.

Gabriel Fernando Tudda
Departamento de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario