Pasados los primeros años que siguieron al conflicto armado de 1982, cargados de duelos y dolorosas revisiones, el abordaje de la cuestión Malvinas y de la relación con el Reino Unido atravesó varias etapas, a veces tan cambiantes y contradictorias como la vida política argentina misma.

Pero hoy, por primera vez desde la guerra, Argentina tiene frente a sí una oportunidad única para recuperar el espíritu de unidad democrática que nos cohesionó como sociedad, justamente, a la salida de la dictadura que utilizó la causa Malvinas con un final desgraciado. Esa oportunidad se llama “ley Malvinas”, un proyecto de ley debatido, consensuado y redactado desde la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur que puede hacer de la defensa de nuestra soberanía, finalmente, una auténtica política de Estado.

La ley Malvinas, cuyo proyecto ya ingresó en el Senado, asegurará la participación del Congreso Nacional en cualquier acuerdo bilateral que se concrete con el Reino Unido en torno a la cuestión Malvinas. La participación del Congreso fue ignorada en los 90 y otra vez, desde 2016, en favor de los llamados “acuerdos ejecutivos” o “simplificados” entre gobiernos, verdaderos tratados internacionales ya que –independientemente de su forma y denominación– generan derechos y obligaciones para las partes, tal y como lo establece la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (1969).

En estos “acuerdos ejecutivos”, que no se encuentran receptados por la Constitución Nacional, los Estados manifiestan su consentimiento solo a través de su formalización por escrito, y su entrada en vigor es inmediata, siendo todo el proceso realizado por el Poder Ejecutivo. Se genera así una anomalía en el sistema establecido en la Constitución Nacional. Nuestro ordenamiento constitucional establece para la celebración de tratados un sistema en donde intervienen dos poderes: el Ejecutivo y el Legislativo.

Malas experiencias. Entre 1989 y 2002, la cuestión Malvinas y la relación bilateral con el Reino Unido ingresaron en una etapa en donde el gobierno británico pudo imponer todos los temas de su interés sin que la cuestión central, es decir la negociación para la solución de la disputa de soberanía, fuese siquiera discutida, amparándose bajo la figura popularmente conocida como el “paraguas de soberanía”, originada en los Acuerdos de Madrid (1989-90) y que gestaron un único resultado: el congelamiento por tiempo indefinido de las negociaciones sobre soberanía con Londres. En ese tiempo, ignorando la participación del Congreso, se concretaron una decena de “acuerdos ejecutivos” en materia de pesca, hidrocarburos, vuelos, entre otros.

A mediados de los 2000, Argentina suspendió algunos de esos acuerdos, sobre todo en materia de cooperación pesquera y en hidrocarburos, por los constantes actos unilaterales británicos violatorios de las resoluciones de las Naciones Unidas.

Sin embargo, el actual gobierno nos devolvió a los 90 a través del Acuerdo Foradori- Duncan de 2016, cuyo único resultado ha sido el de atender las pretensiones y necesidades británicas, eludiendo nuevamente el control del Congreso y menospreciando, además, la representación que corresponde a las provincias.

Como consecuencia de ello, en noviembre pasado se volvió a reunir en Londres el Subcomité Científico de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur (CPAS). En los papeles, las partes dialogaron sobre “temas de interés mutuo en materia de cooperación científica para la conservación de los recursos pesqueros en el Atlántico Sudoccidental”.

Pero, en la práctica, mientras se proyectan “cruceros científicos conjuntos” para proteger las pesquerías del Atlántico Sur, el Reino Unido ya otorgó unilateralmente desde el 14 de febrero, fecha de inicio de la temporada de captura del calamar Illex argentinus, más de un centenar de licencias de pesca.

Es que en esa “mesa de diálogo bilateral” progresan solo las iniciativas de una de las partes, la británica, necesitada de respuestas económicas para las islas que Londres ya no puede sostener, como antaño, por su propia y traumática coyuntura (Brexit).

Una solución definitiva. Con la presentación del proyecto de ley Malvinas, la provincia de Tierra del Fuego ha dado un gran paso, aunque solo el primero, de un proceso legislativo y político que le permitirá al país romper las inercias en que nos dejó el conflicto de 1982.

La iniciativa ya consiguió una veintena de firmas de legisladores de distintos bloques de la Cámara alta y está girada a las comisiones de Relaciones Exteriores y de Asuntos Constitucionales. ¿Acaso los gobiernos que eludieron al Congreso y suscribieron acuerdos internacionales sin darles participación a los legisladores de las distintas fuerzas políticas y de las provincias lo hicieron para hacerle mal a la causa Malvinas?

Difícilmente. Pero tampoco comprendieron que las definiciones políticas de la envergadura que involucra la cuestión Malvinas –en el tope de la agenda exterior de nuestro país– deben contar con una muy alta dosis de consenso.

Esta ley busca poner un punto final a la práctica anómala de los acuerdos simplificados respecto de Malvinas, apuntando a establecer las bases para una política de Estado y a encontrar los consensos necesarios para revisar lo realizado hasta el momento y actuar en consecuencia.

En Argentina, ese tipo de consenso se construye allí donde están representados todos, y ese lugar es el Congreso. Los acuerdos internacionales que gestione el Poder Ejecutivo deben ser aprobados, o rechazados, por los legisladores, conforme los artículos 75 y 99 de la Constitución de la Nación. Nada puede dar mayor fortaleza a la posición argentina en su reivindicación de soberanía sobre las islas del Atlántico Sur que la certeza de los ciudadanos de que la cuestión Malvinas se ha convertido, por fin, en una política de Estado consagrada por sus propios representantes.

La iniciativa no resolverá per se la disputa de soberanía, está claro, pero conlleva unamanda de gran potencial: la obligación de discutir, acordar y controlar democráticamente, por encima de las circunstancias de un gobierno, la gestión de una disputa bilateral consagrada y reconocida por la comunidad internacional.

La cuestión Malvinas exige una política consensuada, de fondo, permanente, y excluida –incluso– de la competencia electoral que se avecina este año en la Argentina.

Jorge Argüello
Secretario de Estado para la Cuestión Malvinas de la Provincia de Tierra de Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur