El evento político realizado el día 20 de mayo de 2018 en Venezuela es la representación gráfica de un gobierno ilegítimo y autoritario. Lo que fue llamado elecciones presidenciales, fue en realidad la demostración de un aparato paraestatal intimidatorio en acción. Esto pudo ser observado no solo por el control total de las instituciones y poderes, incluyendo el poder electoral, sino también en los centros electorales donde una maquinaria cívico-militar coaccionó y chantajeó a los ciudadanos para que acudieran a votar por el “hijo de Chávez” utilizando el “Carnet de la Patria” como herramienta principal de tal acción.

Dicho carnet de la patria, es necesario para poder adquirir alimentos en supermercados administrados por el gobierno, medicinas en hospitales y en algunos casos para poder utilizar transporte público. Ese mismo carnet fue utilizado el pasado 20 de mayo con el fin de que sus poseedores (más de 7 millones de venezolanos) comprendieran que si no votaban iban a perder todos los “beneficios” adquiridos. Esta amenaza pudo ser posible gracias al trabajo en conjunto del poder electoral y el Partido Socialista Unido de Venezuela que exigió a los electores escanear el código QR del carnet para confirmar la asistencia al centro de votación al finalizar el proceso de votación.

Lo sucedido en las pasadas elecciones venezolanas supera el ventajismo, el uso de los recursos del Estado y el uso en las cadenas de televisión para propaganda política. Lo que el mundo pudo observar fue el chantaje a la población, el uso de la miseria social con fines políticos. Esta farsa electoral que representa uno de los mayores fraudes electorales de la historia latinoamericana, al menos, deja algo positivo: la sociedad internacional ya no puede argumentar que no acciona contra el gobierno de Venezuela “porque fue democráticamente electo”, como muchos gobiernos, analistas y pensadores argumentaban para no tomar posición frente a la crisis humanitaria de este país.

La situación venezolana, además de ser un tema preocupante y agobiante para los venezolanos que se han visto obligados a abandonar su país natal, es conocida y difundida alrededor del mundo. Por ello, todos se cuestionan que hacer. La oposición, que en un momento contó con la confianza de los ciudadanos, se encuentra desorientada y, progresivamente, se ha transformado en un ente de sospechas. Análogamente, los líderes opositores han sido catalogados como colaboracionistas ya que, al final de la historia, no se ven afectados por la crisis económica.

La sociedad internacional latinoamericana tiene un sus manos una herramienta que ya fue utilizada de forma exitosa en tiempos pasados. Precisamente, fue impulsada por uno de los líderes democráticos más importantes de Venezuela, Rómulo Betancourt. Esta herramienta es estudiada y conocida en las Relaciones Internacionales bajo el nombre de Doctrina Betancourt. En palabras de su creador (Betancourt, 1959):

“Solicitaremos cooperación de otros gobiernos democráticos de América para pedir, unidos, que la OEA excluya de su seno a los gobiernos dictatoriales porque no sólo afrentan la dignidad de América, sino también porque el Artículo 1 de la Carta de Bogotá, Acta constitutiva de la OEA establece que sólo pueden formar parte de este organismo los gobiernos de origen respetable nacidos de la expresión popular, a través de la única fuente legítima de poder que son las elecciones libremente realizadas. Regímenes que no respeten los derechos humanos, que conculquen las libertades de sus ciudadanos y los tiranice con respaldo de las políticas totalitarias, deben ser sometidos a riguroso cordón sanitario y erradicados mediante la acción pacífica colectiva de la comunidad jurídica internacional”.

“Venezuela ratifica por mi voz su decisión de no mantener relaciones diplomáticas ni comerciales con gobiernos no legitimados por el voto de los pueblos y de propugnar en la Organización de los Estados Americanos que los regímenes de usurpación sean excluidos de la comunidad jurídica regional”[1]

La propuesta formulada tiene como fin hacer frente a los gobiernos no democráticos y violadores de derechos humanos en la región americana. En la actualidad, la doctrina de Betancourt se encuentra más vigente que nunca y responde al cuestionamiento de la comunidad internacional Latinoamérica sobre qué hacer. Es posible considerar que éste es el camino para encontrar una respuesta diplomática y efectiva frente al gobierno que se encuentra en el poder en Venezuela fruto de un proceso electoral viciado.

Finalmente, más allá de la relevancia de las declaraciones y de la creación del grupo de Lima, ha llegado el momento de accionar. Es necesario que la comunidad latinoamericana sancione económicamente a los funcionarios del gobierno de Venezuela. Por otro lado, se debería iniciar la expulsión de los embajadores de Venezuela con el fin de representar un acto político. Esto se debe a que, si bien no se cierra la embajada, la expulsión del embajador es una señal muy importante en las relaciones internacionales en relación al reconocimiento de las autoridades gobernantes. Sin lugar a dudas, no se puede reconocer a un gobierno ilegítimo, que se encuentra en el poder tras haber violentado a las instituciones, y que ha decidido constituirse como violador de los derechos humanos y de los valores democráticos.

José Ponte

Referencias

[1] Ver https://democraciaparticipativa.net/documentos-data-a-referenda/documentos-enespanol/instrumentos-internacionales-y-declaraciones/9548-la-doctrina-betancourt-analisis-y-textos-fundamentales.html