Mermado por los alcances de la segunda guerra mundial y presionado por los movimientos independentistas que se fortalecían en las colonias del denominado Raj Británico, en 1947 el gobierno de Gran Bretaña resolvió dividir en base a las diferencias religiosas el vasto territorio del sur asiático, lo que por una parte dio como resultado la conformación de la República de la India, y por el otro de la República de Pakistán para los musulmanes, al tiempo que el estado de Cachemira, en aquel entonces gobernado por el marahajá Gulab Singh, de inmediato buscó independizarse de ambos países, decisión que desembocaría en la invasión del norte cachemirano por parte del ejército pakistaní, y el consecuente respaldo del gobierno indio para defender la soberanía sobre el territorio en disputa.
La división significó una gran ola de migraciones en la que la violencia y la xenofobia terminarían por acreditarse más de 200.000 muertes, y que haría del principado Cachemiro el foco principal de una guerra que, setenta años después, está lejos de llegar a su fin. Las fuerzas separatistas, en su mayoría musulmanas, reclaman la independencia del territorio con relación al gobierno central liderado por el primer ministro Narendra Modi, representante del partido Bharatiya Janata Party (BJP), cuyas políticas nacionalistas de derecha buscan justificar la presencia de las fuerzas militares en la región, en un intento de mantener el acuerdo firmado en 1947 que señala al territorio de Cachemira como parte del Estado Indio, y evitar una posible insurrección por parte de los movimientos terroristas.
Tras una sorpresiva y, bien podría decirse, apurada decisión, el pasado seis de agosto la Cámara Baja del Parlamento indio ratificó (con trescientos sesenta y siete votos a favor y sesenta y siete en contra) la orden presidencial que retira el estatus especial del principado; el proyecto presentado como la Ley de Reorganización de Jammu y Cachemira divide el estado en dos «territorios de la unión» bajo la tutela del gobierno federal y revoca la autonomía constitucional del territorio en disputa que ahora, por ley, debe responder a la legislación del gobierno indio, dejando atrás su carácter de estado.
Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Pakistán emitió un comunicado en el que declara que el gobierno de su país, con la idea de acudir a los distintos foros internacionales, hará todo lo posible para contrarrestar las medidas tomadas en Nueva Delhi, cambios demasiado bruscos que, además de ignorar la potestad del pueblo de Cachemira, requieren un debate en profundidad para evitar una inminente tormenta sociopolítica en territorio militarizado, que podría extenderse al resto de los países en conflicto.
Agostina Cacault
Coordinadora
Cátedra de la India
IRI – UNLP
