El pasado martes el Parlamento italiano aprobó en vía definitiva el “Decreto Seguridad Bis”[1], emanado en junio de este año para, entre otras cosas, impedir la llegada de barcos cargados de migrantes a los puertos de Italia. Se trata de una norma dictada con carácter de urgencia por explícita voluntad del Ministro del Interior, Matteo Salvini, y que complementa otro decreto similar aprobado en noviembre de 2018 [2] que introducía duras limitaciones a los derechos de las personas migrantes en el territorio italiano.

El artículo 1º de la nueva ley otorga al Ministerio del Interior la potestad de “limitar o prohibir la entrada, el tránsito o la parada de embarcaciones en el mar territorial” de Italia por razones de seguridad. Con esta medida, Salvini logró dar sustento legal a una práctica que ya había implementado informalmente en los últimos meses: impedir que las ONG que rescatan náufragos en el Mediterráneo puedan atracar en puertos italianos para que el gobierno evalúe el otorgamiento del estatus de refugiados. Según la retórica del Ministro del Interior, Italia ha sido históricamente discriminada por sus pares dentro de la Unión Europea, al recibir la mayor cantidad de migrantes por su posición geográfica sin que luego éstos sean repartidos por el resto de la UE. A pesar de que ese mismo supuesto ya ha sido decididamente desmentido por los datos de flujos, demandas de asilo y presencia de extranjeros en los países de la UE[3], las medidas para restringir la llegada de embarcaciones a las costas de Italia se han multiplicado en los últimos meses, convirtiéndose de hecho en el baluarte de la construcción política de buena parte del gobierno italiano.

El principal blanco de estas medias son las ONG, consideradas a la par de traficantes de vidas humanas, y que, según la retórica de Salvini y sus secuaces lucran -a través de un oscuro mecanismo jamás definido- con el transporte de refugiados desde las costas de Libia hacia Italia. Es por eso que el decreto aprobado esta semana impone multas de hasta un millón de euros -a todas luces un monto desproporcionado frente a otro tipo de contravenciones- para quienes desoigan la prohibición de navegar en aguas territoriales italianas, y hasta el secuestro de la embarcación y el arresto de su capitán. El objetivo es disuadir las acciones de rescate. Es decir que una ONG, una asociación o inclusive un barco pesquero, que rescata a una veintena de náufragos en el Mediterráneo para llevarlos a un puerto seguro, tal como establecen diferentes normas del derecho internacional, podrían enfrentar multas millonarias, la cárcel y la pérdida de la embarcación, castigos que desarmarían por completo cualquier ONG de presupuesto medio-bajo como la mayoría las que operan actualmente en el Mediterráneo central.

La norma generó mucha polémica en el ámbito nacional y europeo. En primer lugar porque entra en clara contradicción con la normativa internacional vigente, además de las reglas milenarias que rigieron tradicionalmente la actividad humana en los mares: la obligación de salvar la vida siempre y en cualquier circunstancia. El auxilio marítimo es regulado por el Convenio de Hamburgo de 1979[4] y otras regulaciones sucesivas[5], que establecen zonas de rescate en el mar a cargo de los Estados en función de su capacidad de garantizar un puerto seguro para los náufragos. Las zonas Search and Rescue (SAR) en los cuadrantes de rescate de migrantes en el Mediteráneo son principalmente cuatro: la de Túnez al oeste, la de Malta, la de Libia y la de Italia. El rescate en la zona SAR es obligatorio para cada Estado, y conlleva la responsabilidad de conducir al primer puerto seguro en proximidad del lugar del rescate. Italia no puede sustraerse a este compromiso. Lo que cuestiona es la elección de sus puertos como seguros en los rescates realizados en las SAR de Libia y Malta.

Libia no puede considerarse lugar seguro para ningún ser humano. De hecho no son pocas las voces que cuestionan duramente el acuerdo estipulado por Italia con el gobierno de Fayez al Sarraj que prevé el financiamiento de las fuerzas de seguridad libias a cambio del compromiso de impedir las salidas de barcos hacia el sur de Sicilia[6]. Desde la firma de ese acuerdo han acumulado las denuncias por violaciones de los derechos humanos en los campos de refugiados en Libia -que incluyen ejecuciones extrajudiciales, tortura y venta de esclavos- financiados con dinero italiano. Devolver un náufrago a Libia porque rescatado en su zona SAR como quisiera Salvini violaría los convenios existentes. Malta, la pequeña isla de 430.000 habitantes alega falta de infraestructura y capacidad para atender la llegada de migrantes rescatados en su zona SAR. El puerto seguro más próximo entonces sería en las costas italianas. Pero con el nuevo decreto, el mismo Salvini tendrá la potestad de impedirlo.

El artículo 33 de la Convención de Ginebra sobre Refugiados de 1951 prohibe explícitamente “poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre”[7]; y el artículo 4 del Protocolo 4[8] que amplía la Convención del 51 prohibe las expulsiones masivas de refugiados. Lo que ha sucedido en la práctica en los últimos meses, con casos como el de la nave Sea Watch 3 en junio, es que decenas de potenciales solicitantes de asilo humanitario han quedado a la deriva a la espera del permiso para llegar a un puerto seguro, y siendo virtualmente expulsados o rechazados por el gobierno italiano en violación de los convenios que Roma suscribió. Esta es, por lo menos, la argumentación de un importante sector de la sociedad italiana que, a través de ONG y asociaciones recurrirá con toda seguridad ante la Corte Europea de Derechos Humanos, que ya condenó a Italia en 2012 por un caso de devolución de inmigrantes eritreos y somalíes[9].

En fin, si bien la interpretación acerca de la legalidad de la norma esté aún por verse, queda clarísima la intencionalidad política: la lucha contra activistas y migrantes. Aún frente a datos de la realidad que desmienten sus supuestos. Un estudio realizado por Matteo Villa, investigador del Istituto per gli Studi di Politica Internazionale[10] demuestra que entre enero y julio de 2019 sólo el 8%  de los migrantes llegados a territorio italiano (248 personas) lo ha hecho gracias a alguna ONG. El resto, el 92%, lo han hecho sobre naves de la Guardia Costera italiana en cumplimiento de su obligación de rescate o a través de los peligrosísimos “desembarcos fantasma”, llevados a cabo en medio de la noche en lugares poco accesibles y sin ser rastreados por las autoridades.

La Agencia de la ONU para los Refugiados ya expresó su preocupación[11] por la sanción de una norma que restringe la posibilidad para los barcos privados de llevar a cabo tareas de rescate en el Mediterráneo central, un compromiso del cual la misma UE está rehuyendo. Italia intenta reforzar así su reclamo ante sus socios Europeos apostando a cerrar los puertos y agravando la situación de migrantes y activistas por los derechos humanos. En la visión de la extrema derecha liderada por Salvini, esta estrategia le generaría una posición más beneficiosa que constituirse como potencia en el Mediterráneo central, capaz de afrontar los principales desafíos que esto conlleva, incluido el tema de los flujos migratorios. Para Roma su relación con Bruselas y su rol de potencia media en el Mediterráneo han sido siempre prioridades geopolíticas. Pero la gestión del actual Ministro del Interior ha convertido estas piedras angulares de la construcción del rol italiano en el sistema internacional, en una cruzada soberanista de fuertes tintes xenófobos y autoritarios.

[1]    http://images.go.wolterskluwer.com/Web/WoltersKluwer/%7Be3ba1386-10d6-494d-afe0-09e97a7642f5%7D_DDL-1437.pdf

[2]    https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/03/18A07702/sg

[3] https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/anuario_cidob_de_la_inmigracion/inmigracion_y_asilo_en_el_centro_de_la_arena_politica_anuario_cidob_de_la_inmigracion_2018

[4]    http://www.ara.mil.ar/iimm/adjuntos/11_CONVENIO_INTERNACIONAL_BUSQUEDA_SALVAMENTO_MARITIMOS.pdf

[5]    http://www.imo.org/en/OurWork/Facilitation/Documents/MSC.167%20%2878%29.pdf

[6]    https://www.osservatoriodiritti.it/wp-content/uploads/2019/02/accordo-italia-libia1.pdf

[7]    https://www.acnur.org/5b0766944.pdf

[8]    https://www.derechoshumanos.net/Convenio-Europeo-de-Derechos-Humanos-CEDH/1963-Protocolo04-ConvenioProteccionDerechosHumanosyLibertadesFundamentales.htm#a4

[9]    https://www.parismatch.com/Actu/International/Exclusif-Immigrants-le-reve-brise-Italie-Berlusconi-Europe-clandestins-139587

[10]  https://www.ilpost.it/2019/07/08/ong-sbarchi-italia-libia/

[11]  https://www.acnur.org/noticias/briefing/2019/8/5d496cb94/acnur-preocupado-por-las-nuevas-medidas-que-afectan-al-rescate-en-el-mediterraneo.html

Federico Larsen
Miembro
Centro de Estudios Italianos
IRI – UNLP