“La democracia no es una meta que se pueda alcanzar para dedicarse después a otros objetivos; es una condición que sólo se puede mantener si todo ciudadano la defiende” Rigoberta Menchú, líder indígena guatemalteca

Historia tras historia, continuidades y rupturas, disputas de sentidos…

Sin lugar a dudas, en el último tiempo América Latina ha sido el epicentro de crisis verdaderamente impactantes; los casos de Honduras, Colombia, Perú, Ecuador, Chile y, en estos momentos, Bolivia denotan conmoción en la región. Se torna lejano aquel 18 de diciembre del año 2005 en que el triunfo del Movimiento al Socialismo (MAS) de Evo Morales posibilitara la formación del primer gobierno moderno de América en manos de un presidente indígena.

En el año 2016 el presidente Morales convoca a un referéndum popular para habilitar la opción de postularse a un cuarto mandato consecutivo como presidente. Dicha propuesta fue rechazada y el, por entonces, mandatario apeló a un recurso extraordinario ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Esta maniobra fue repudiada por el arco opositor al gobierno y por organizaciones de la sociedad civil. Así, los sectores descontentos con la habilitación otorgada por el TSE se movilizaron contra la medida en todo el país, particularmente en los Departamentos de La Paz y Santa Cruz.

El clamor que se comenzaba a manifestar en las calles fue la cristalización de un desgaste de una parte de la población respecto al gobierno de Morales a raíz de las denominadas, por Silvia Rivera Cusicanqui, disyunciones coloniales[1]: a propuesta de construcción de la carretera por el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Securé (TIPNIS) en la cual se presentan intereses económicos extranjeros, la falta de una total sinergia entre activistas y las luchas indígenas y la alusión de Álvaro García Linera a las premisas de ser del Estado boliviano desconociendo, por momentos, la territorialidad de las identidades diversas y colectivas existentes. No obstante haber señalado algunos causas estructurales de la crisis actual, es conveniente tener en cuenta un suceso poco visibilizado por los medios de comunicación, nos referimos a lo producido en el II Encuentro Regional de afectados y afectadas por Represas en la Amazonía[2] (Bolivia, Brasil y Colombia). El evento se llevó a cabo entre los días 11 y 13 de octubre pasado en la ciudad de Rurrenabaque (Departamento del Beni). Dicha plataforma permitió a los/as indígenas, campesinas, campesinos y representantes de los Estados parte rechazar los proyectos hidroeléctricos Chepete El Bala, Rositas, Binacional y Cachuela Esperanza, propuestos por Evo Morales, aduciendo impactos irreversibles en la biodiversidad y la violación de derechos humanos de las comunidades nativas.

Una semana posterior a la finalización del Encuentro Regional, el día domingo 20 de octubre se celebraron las elecciones en el país del antiplano con expectativa no solo hacia el interior de Bolivia sino por parte de la comunidad internacional. Las propuestas con posibilidades de acceder a la presidencia eran la de Juan Evo Morales Aima –presidente en ejercicio-, líder del MAS y Carlos Mesa por parte de Comunidad Ciudadana. Luego de finalizada la jornada electoral, la crispación e impaciencia de la oposición se produce debido a que autoridades electorales suspendieron la transmisión del TREP (transmisión de resultados preliminares electorales) en la noche del domingo. A su vez, este hecho motivó a que la Organización de Estados Americanos (OEA) convocara a una sesión extraordinaria de su Consejo Permanente, a pedido de las misiones permanentes de Canadá, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos y Venezuela, a las que se sumarian Brasil y Argentina, advirtiendo sobre los abruptos cambios de resultados[3] una vez retomado el escrutinio, urgiendo a la celebración de un balotaje. Asimismo, el día 22 la Embajada de Estados Unidos en Bolivia rechazó, por medio de un tweet desde su cuenta oficial, los intentos del Tribunal Electoral de demorar el cómputo de votos. De esta manera, la Misión de Observación Electoral (MOE) de la OEA llamó la atención sobre los cambios drásticos en los resultados luego de la suspensión, difíciles de justificar. El conteo definitivo (con el 98,42% de las actas computadas) le otorgaba la victoria en primera vuelta a Morales quien obtuvo el 46,83% de los votos, distanciándose en un 10,13% de su rival, Carlos Mesa. De esta manera, no podemos soslayar el “doble estándar” sostenido por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, respecto a lo acontecido en las elecciones de Honduras en el año 2017 y las recientemente celebradas en Bolivia, demostrando una absoluta inacción en el primer caso mientras que en las elecciones en el país sudamericano ya había realizado declaraciones previo a que la MOE se pronunciase, en una violación flagrante de la carta de la OEA respecto a la independencia técnica de las misiones electorales.

Bajo este prisma de dudas e incertidumbre, hacia finales del mes de octubre, la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) culpó al opositor Mesa de los conflictos sociales en las 9 capitales derivadas de las dudas implantadas acerca del cómputo de votos. Para apaciguar el clima generado, la auditoría de la OEA, solicitada por el Gobierno, propone la convocatoria a segunda vuelta teniendo en cuenta la mínima diferencia y el contexto. Por su parte, el candidato de la Comunidad Ciudadana finalmente rechaza el acuerdo entre el gobierno y la OEA esgrimiendo que las condiciones de la auditoría no habían sido consensuadas entre todas las partes involucradas, en especial lo referido a su carácter vinculante.

Durante la realización de la auditoría –iniciada el día 31- se realizaron vigilias y marchas pacíficas por parte de cooperativistas mineros, la Central Obrera Boliviana (COB) y otras organizaciones sociales en apoyo a Evo Morales en El Alto, el cordón conurbano que rodea La Paz. Paralelamente a dichas manifestaciones, se produce la renuncia de la presidenta del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, Sandra Kettels, por divergencias con el TSE. Además, en un marco de enfrentamientos, se producen dos muertes –Mario Salvatierra y Marcelo Terrazas– en el municipio de Montero (Departamento de Santa Cruz), razón por la que Evo Morales solicita a los sectores que lo apoyan detener los bloqueos y los paros hasta que la auditoría de la OEA se expida. Por otra parte, las Fuerzas Armadas (FFAA) a través de un comunicado de prensa exhortaron a la población a cesar la violencia, comprometiéndose a garantizar que sus efectivos velarán por el mantenimiento de la democracia, la unidad del pueblo boliviano y la integridad de nuestra soberanía nacional.

Sin embargo, ante el resurgimiento del racismo, la discriminación y el llamado a la violencia por parte del presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho[4], mujeres el día 7 del corriente en la ciudad de Cochabamba en apoyo al por entonces presidente en ejercicio. En la manifestación pacífica de mujeres se produjeron actos de violencia por parte de un grupo autodenominado Resistencia Juvenil Cochala denunciados por senadoras y diputadas del MAS partícipes de la marcha. Otro de los casos lo representa la escalada de violencia y persecución en el Departamento de Santa Cruz contra las afrobolivianas.

Si bien Evo Morales, luego de escuchar a los dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) y de Pacto de la Unidad[5], convocó a una mesa de diálogo con agenda abierta –en la cual participarían partidos políticos, policía boliviana, instituciones internacionales, países de todo el mundo y representantes de iglesias- y a nuevas elecciones que contarían con nuevas autoridades en el TSE así como nuevos actores políticos, no pudo detener el proceso de radicalización extrema de la oposición ya iniciado.

Luego del desmoronamiento de su gabinete, con más de 10 renuncias –entre ministros, vicecanciller y presidente de la Cámara de Diputados-, y teniendo en cuenta la agitación política y social producida[6], el día domingo 10 de noviembre Evo Morales y Álvaro García Linera se ven forzados a renunciar, por cadena nacional, a sus cargos de presidente y vicepresidente respectivamente resaltando este último que su Gobierno nacionalizó los hidrocarburos y sacó de la pobreza a más de 3 millones de ciudadanos. Lo acontecido fue considerado un Golpe de Estado por innumerables académicos, dirigentes políticos de la región –entre ellos, el Grupo de Puebla[7]– y fuera de ella.

Repudiando lo sucedido y advirtiendo una institucionalidad resquebrajada con horizontes próximos complejos y reelecciones en cargos que quieren garantizarse sin importar los medios –el caso de Luis Almagro como secretario general de la OEA-, me es inevitable sentipensar con José Saramago que somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos; la fuerza, la violencia, la intransigencia, la radicalización así como la ruptura del orden democrático de ninguna manera pueden salir victoriosas. Un Golpe de Estado no admite peros.

Por último, debe recalcarse que Bolivia, según lo expresado por Evo Morales en su discurso en el marco del 74° período desesiones de la Asamblea General: se ha transformado en el país de mayor crecimiento económico de Sudamérica (4,9% en los últimos 6 años), entre los años 2005 y 2009 su PIB creció de 9.574 a 40.885 millones de dólares, la deserción escolar en el año 2018 fue de 1,5%, se encuentra vigente un proyecto de Sistema Universal de Salud, el país cuenta con el índice de desempleo más bajo de la región (4,2% en 2018), la extrema pobreza se redujo un 13% en los últimos 13 años, aumentó en 9 años la esperanza de vida y disminuyó la brecha de género en términos de acceso a la tierra.

“Occidente nos quiere uniformar, pero no somos uniformados, somos multicolores, así como somos diversos” Rigoberta Menchú

Emiliano Dreon

Referencias

[1] Rivera Cusicanqui, Silvia (2014). Mito y desarrollo en Bolivia. El giro colonial del gobierno del MAS. La Paz: Piedra Rota y Plural.

[2] Las conclusiones del encuentro serán presentadas en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 2019 (COP 25) y en el Foro Social Pan Amazónico (FOSPA) 2020.

[3] En el Informe Preliminar de la OEA “Análisis de Integridad Electoral: Elecciones Generales en el Estado Plurinacional de Bolivia.20 de octubre de 2019” llamó la atención en sus conclusiones sobre manipulación informática de los resultados.

[4] Su activismo comenzó cuando tenía 23 años como vicepresidente de la organización cívica Unión Juvenil Cruceñista, que aunque se autodefine como “cívica” fue calificada por la Federación Internacional por los Derechos Humanos como “una especie de grupo paramilitar” que realiza actos de racismo y discriminación contra habitantes e instituciones indígenas de la zona.

[5] Es una alianza nacional en evolución de las organizaciones de base de Bolivia que apoyan los derechos indígenas y agrarios, la reforma agraria, la reescritura de la Constitución de Bolivia 1967 a través de una Asamblea Constituyente, y una transformación izquierda-indígena del Estado boliviano.

[6] El domingo 10 el informe de la OEA revela que hubo “irregularidades” en los comicios de octubre. Asimismo, la Central Obrera Boliviana se distancia del gobierno y le pide a Evo Morales que asuma “la responsabilidad de renunciar para pacificar al país”. Las Fuerzas Armadas también piden la renuncia del mandatario.

[7] Espacio fundado el 12 de julio de 2019 que contrasta con el Grupo de Lima y que reúne a líderes y movimientos políticos de la región, no instituciones estatales.