Antes del 30 de enero de 2005, durante 50 años el pueblo iraquí vivió bajo un régimen autoritario conocido como “el Estado de Partido Único”. El último bastión de este sistema, el gobierno de Saddam Hussein, cayó irremediablemente tras la invasión que Estados Unidos lideró en el territorio.

Los objetivos inmediatos de la invasión eran derrocar a Hussein e instaurar un régimen democrático en el país. Los intereses estadounidenses, claro está, iban más allá que la manifestación de deseos altruistas al mejor estilo idealista: se creía que el gobierno de Iraq contaba con armas de destrucción masiva, y que el entonces dictador mantenía lazos estrechos con la red terrorista Al-Qaeda, principal responsable de los atentados del 11 de septiembre en New York, EEUU.

No contamos aquí con lugar para desarrollar todas las implicancias de la intrincada red de intereses, resistencias y efectos que la inexistencia de esas armas de destrucción masiva y la devastación de Iraq luego de la invasión generaron para el pueblo iraquí. Ya se han escrito y de hecho se siguen escribiendo miles de páginas. A lo que nos limitaremos aquí es a intentar interpretar los hechos que han acaecido a partir del 30 de enero de 2005, fecha en que se realizaron las primeras elecciones democráticas en Iraq tras la caída del régimen de Hussein.

Dicha elección se realizó a los efectos de escoger una Asamblea Constituyente que le daría a Iraq una nueva constitución, para que de ahí en más la democracia pudiese abrirse paso. En octubre del mismo año una consulta popular se realizó para poder refrendar dicho texto, y en diciembre se realizaron las primeras elecciones oficiales que consagraban a Iraq como la República Parlamentaria que es hoy. Hasta la fecha se han llevado a cabo 3 elecciones nacionales para renovar la Asamblea, principal órgano de gobierno del que emanan, directamente, el Primer Ministro y su gabinete, e indirectamente, el Presidente de la República.

Así las cosas, el proceso de democratización de la sociedad iraquí ha tenido desde entonces putos en extremo complicados. Según el politólogo argentino Guillermo O’Donnell (2), para que un país se democratice deben darse dos tipos de transiciones: la primera, en la que se pase del régimen autoritario hacia una democracia política (en términos procedimentales, que se den elecciones libres, limpias y competitivas en el marco de reconocimiento de libertades y derechos mínimos); la segunda transición es la que Iraq estaría viviendo en la actualidad, en donde se espera la consolidación de dicha democracia política. Entendemos por ello a la concreción de un estado institucional sólido que logre que los actores políticos formales (generalmente, partidos políticos o fuerzas políticas organizadas) subsuman sus voluntades al juego democrático y crean en él. Pero además, también es necesario que durante la segunda transición se conviva con niveles de democratización social, económica y cultural, no tan solo institucional. En síntesis, desde un punto de vista teórico, podemos considerar que el régimen iraquí a superado la primera transición, pero por razones que discutiremos en breve, no va por buen camino hacia la segunda.

Desde octubre de 2019 que el pueblo iraquí salió a las calles para exigir lo que les corresponde: sus dos reclamos más importantes son el fin de la corrupción y la creación de puestos de trabajo para la población joven. Desde octubre hasta mayo del 2020, las protestas sociales tuvieron un saldo de 600 muertos y más de 20.000 (2). El entonces primer ministro Adil Abdul-Mahdi tuvo que renunciar para dar lugar al actual mandatario, el periodista Mustafa Al-Kadhimi. Este último se comprometió a realizar elecciones anticipadas (originalmente previstas para el año próximo) en junio de 2021, alegando a que los reclamos de la sociedad tendrán su correlato en políticas públicas efectivas.

Claramente la situación social e institucional de Iraq no se encuentra en la actualidad ni siquiera cerca de llegar a consolidar un régimen democrático: en un país en donde el pueblo es reprimido por ejercer su derecho de protesta y libre expresión; en donde la casta política reproduce la peor parte de las tensiones socioculturales existentes, haciéndole un juego perverso a la ciudadanía desoyendo sus reclamos; en donde no existen posibilidades concretas de progreso a través de políticas laborales robustas; no es un país en donde podemos encontrar democracia.

Ignacio Alfredo Grassia
Colaborador de la Red Federal de Historia de las Relaciones Internacionales (CoFEI)
Departamento de Historia
IRI – UNLP