Sobre la situación de Afganistán en la Corte Penal Internacional
La fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Fatou Besouda debe celebrar una victoria judicial que en muy pocas oportunidades una funcionaria con su responsabilidad haya alcanzado al apelar la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de dicho organismo de las Naciones Unidas en lo que respecta al conflicto de Afganistán y que fuera rechazada en primera instancia en el año 2019.
En efecto, se ha hecho realidad la investigación de los crímenes cometidos durante dicho conflicto armado iniciado con motivo de la Guerra contra el Terror poco después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en el territorio de los EE.UU.
Sin ninguna duda la decisión de la CPI se convertirá en un hito de suma importancia a los fines de investigar dichos hechos llevados a cabo por las partes concernidas en dicho conflicto: los talibanes, las fuerzas del gobierno afgano y asimismo las fuerzas del gobierno estadounidense. La investigación se centrara en los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad cometidos a partir del 1 de mayo de 2003, ilícitos internacionales entre los que se cuentan (y son alegados por la fiscal) la tortura y los malos tratos y delitos contra la dignidad humana.
Asimismo la fiscal ha recalcado que EE.UU. ha cometido a su vez dichos ilícitos internacionales no únicamente en Afganistán sino asimismo en varios Estados que han firmado y ratificado el Tratado de Roma que ha dado nacimiento a la CPI, lo cual hace inexcusable la jurisdicción del organismo teniendo en cuenta que el Departamento de Estado de EE.UU. ha intentado rechazar las acusaciones debido a la falta de ratificación de dicho tratado.
En ese sentido se hace necesario recalcar que dicho país ha llevado a cabo esas prácticas en distintos centros clandestinos de detención de países del Este de Europa y con la colaboración de muchas otras naciones como Canadá, China, Alemania y otros Estados pertenecientes a la Unión Europea.
Realmente es un gran avance para un organismo que ha sido criticado debido a que la mayoría de sus casos se han investigado y juzgado a integrantes de gobiernos y funcionarios de países africanos o personas implicadas en conflictos internos que se han desarrollado en el mencionado continente. Como dijéramos anteriormente, un hito histórico y judicial sin precedentes en la vida del organismo encargado de la investigación y enjuiciamiento de la responsabilidad penal por Crímenes como los mencionados.
Gabriel F. Tudda
Coordinador
Departamento Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario
IRI – UNLP
