Fue la segunda dictadura militar del cono sur de mayor duración. El golpe de estado que dio origen al régimen autoritario que sobrevino luego, se gestó el 31 de marzo de 1964 llevando a Alencar Castelo Branco al poder y derrocando al entonces presidente constitucional João Goulart. Este gobierno de facto buscaba poner fin al modelo intervencionista estatal instaurado por el gobierno de Getulio Vargas que implementó políticas públicas destinadas a los obreros y campesinos del interior del país, como la reforma agraria y la nacionalización de empresas estratégicas[1].
Duró 21 años[2]. A Castelo Branco lo sucedieron cuatro militares en la presidencia: Artur da Costa e Silva (1967-1969), Emilio Garrastazu Médici (1969-1974), Ernesto Geisel (1974-1979) y João Figueiredo (1979-185). Una dictadura apoyada tanto por el Ejército como la élite política y económica que nucleaba varios medios de comunicación privados, gran parte del empresariado, de los propietarios rurales, parte de la Iglesia Católica, varios gobernadores de estados importantes (como Carlos Lacerda, de Guanabara, José de Magalhães Pinto, de Minas Gerais, y Ademar de Barros, de São Paulo) y amplios sectores de la clase media y alta; una dictadura militar que se sostendría en el poder hasta el 15 de marzo de 1985. Ese año se realizó la última elección indirecta -pues se había instaurado el Colegio Electoral- donde compitieron por única vez -en el período que duró la dictadura militar- candidatos civiles. En esa contienda electoral triunfó Tancredo Neves, pero tras su muerte, asumiría José Sarney del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), partido que constituía una única “oposición tolerada” que no había tenido oportunidad real de ganar las elecciones durante los gobiernos dictatoriales, pero debido a la caída de la legitimidad del régimen alcanzó la mayoría con una amplia diferencia. Pues al iniciar el gobierno de facto, los partidos políticos fueron suprimidos, lo que sentó las bases para la construcción desde el Estado de un sistema bipartidista: uno -en teoría- opositor y verdaderamente inerte en la práctica, el Movimiento Democrático Brasileiro, y otro más activo y a favor del Gobierno, la Alianza de Renovación Nacional.
El período de crecimiento del PBI, que predominó en la primera etapa, fue conocido como el “milagro brasileño”, sin embargo, este incremento de la producción fue logrado a costa de la represión sobre la clase trabajadora. El fallido proyecto desarrollista de Onganía pareció repetirse en Brasil con un relativo éxito para las clases burguesas locales. Mientras en la Argentina, los capitales extranjeros adquirieron empresas nacionales para seguir produciendo los mismos bienes; en Brasil, por el contrario, las inversiones extranjeras crearon nuevas ramas industriales que constituyó el instrumento que el Estado usó para generar profundos cambios en su estructura productiva e industrial. La burocracia estatal de corte técnico, junto con la burguesía local y los inversores internacionales fueron los actores sobresalientes de esta política. El desgaste propio de una política económica de corte liberal que atentaba contra la mayoría de la población a través de salarios reales bajos, el derrumbe del modelo económico, debido a la crisis del petróleo y una inflación cada vez mayor[3], más el crecimiento de la desconfianza por parte del empresariado en relación con la capacidad del Gobierno de dar respuestas a sus demandas pusieron en jaque y finalmente tumbaron la dictadura en Brasil. A ello se agrega la actuación del movimiento obrero de la mano de sus referentes sindicales (como Lula Da Silva) que pudo organizar huelgas de hasta tres millones de trabajadores que criticaron y resistieron los embates del autoritarismo. Fue esa escasa o nula legitimidad que el pueblo otorgaba al sistema de partidos pergeñado por el Estado que decantó en las elecciones presidenciales de 1985. La apertura democrática inició gradualmente de la mano del presidente de facto, Ernesto Geisel y la completaría el general Figueredo. José Sarney asumiría como el primer presidente civil luego de 21 años de dictadura militar tras la muerte del electo presidente Tancredo Neves[4].
Por más de dos décadas, las medidas del gobierno de facto se materializaron a través de los Actos Institucionales (AI), el instrumento político que afianzó y gobernó la dictadura militar. El primero de ellos dictaminó el estado de excepción, se estableció formalmente la vigencia de la Constitución de 1946 con algunas modificaciones pero las prerrogativas del Gobierno militar se consolidaron[5]. El AI-2 instauró el Colegio Electoral por elección indirecta y regló sobre el sistema de partidos políticos habilitando a sólo dos. El AI-5 de 1968 coincidió con la fase de mayor represión de la dictadura e instituyó la posibilidad del Poder Ejecutivo de disponer la disolución del Parlamento, y la supresión de los habeas corpus entre otros derechos individuales[6].
Las violaciones de derechos humanos estuvieron respaldadas por falsas versiones oficiales durante varios años. Recién en 2011 fue creada la Comisión Nacional de la Verdad (CNV) por la presidenta Dilma Rousseff -ella misma detenida y torturada por participar de la guerrilla- que investigaría los abusos cometidos por la maquinaria represiva del Estado, que contaba con el apoyo de órganos públicos y comisiones establecidas a nivel estatal. Marlon Weichert, procurador de la República en el Ministerio Público Federal de Brasil (fiscalía) y uno de los impulsores de la creación de la CNV, explicó en una nota publicada por el diario EL PAÍS que se buscó “responsabilizar a los perpetradores de las violaciones de los derechos humanos, revelar la verdad y la información, reparar a las víctimas, todo en el sentido de construir el ‘principio de la no repetición’, para evitar que en el futuro la sociedad y el Estado incurran los mismos errores del pasado”. Pero la CNV llegó “más tarde que lo normal”. En Argentina y en Chile se constituyeron las comisiones de investigación de los delitos de lesa humanidad próximos a la caída de esos regímenes. En Brasil, la comisión fue establecida 30 años después del fin de la dictadura. En 2014 comenzaron a surgir las primeras cifras oficiales de muertos y desaparecidos en ese período a raíz del informe de la CNV. Allí se afirmó que los militares fueron responsables de 434 asesinatos y desapariciones de adversarios políticos del régimen que gobernó el país de 1964 a 1985. Hasta ese momento, según la CNV, las Fuerzas Armadas apenas habían colaborado para esclarecer los hechos. Esa comisión había logrado identificar la existencia de centros ilegales de torturas usados por el régimen y recopiló pruebas del apoyo de los civiles a los militares. Apuntó también que cerca de 80 empresas espiaron a trabajadores y sindicalistas a fin de de colaborar con la dictadura. Entre estas compañías están las multinacionales Volkswagen, Chrysler, Ford, General Motors, Toyota, Rolls-Royce, Mercedes Benz, además de las brasileñas Petrobras y Embraer[7].
Referencias:
[1] Considerado un avance importante para los sectores tradicionalmente excluidos de la sociedad.
[2] Dictaduras militares del cono sur (Plan Cóndor): en Paraguay duró 35 años; Brasil, 21; Chile, 17; Uruguay, 12; Argentina (la última), 7; y Bolivia, 2.
[3] que intentó controlar la inflación y favorecer el mayor despliegue del sector industrial del país.
[4] Neves resultó electo en las presidenciales de 1985 pero murió antes de asumir el Ejecutivo nacional.
[5] Dio lugar a la evaluación sumaria de unos diez mil funcionarios civiles y militares, y en paralelo, al suspenderse las más básicas garantías constitucionales, se iniciaron investigaciones a más de cuarenta mil ciudadanos brasileños
[6] También se aplicó la censura de los medios de comunicación y se prohibió la libertad de expresión. Los estrechos vínculos entre Augusto Pinochet y la cúpula militar brasileña permitió el surgimiento de la «Operación Cóndor» (cuya acta fundacional fue firmada en noviembre de 1975), que profundizó la represión ejercida al pueblo brasileño.
[7] “La dictadura militar brasileña causó 421 muertos y desaparecidos”, diario EL PAÍS, 14 de noviembre de 2014.
María Sol Aldonate
Colaboradora de la Red Federal de Historia de las Relaciones Internacionales (CoFEI)
Departamento de Historia
IRI – UNLP
