El Tribunal Constitucional Federal alemán (Bundesverfassungsgericht, en alemán) emitió el pasado martes 5 de mayo un fallo histórico, tanto por lo inaudito como por las profundas implicancias del mismo. Por primera vez en su historia, el más alto tribunal alemán se opuso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (que había dictado una sentencia previa en este asunto) y declaró que el programa de compra de bonos soberanos que el Banco Central Europeo (BCE) implementó en el año 2015 (que previamente los jueces europeos habían considerado legal según los tratados europeos), violó parcialmente la Ley Básica alemana. En consecuencia, el Bundesbank (Banco Central alemán) solo podría continuar aportando al BCE bajo ciertas condiciones.

Vale aclarar que el fallo dictado por el Tribunal asentado en la ciudad alemana de Karlsruhe era previsible[1], pero no se lo esperaba realmente debido a la posición que ostenta Alemania dentro de la Unión Europea (UE) y a otras situaciones contemporáneas que ponen en riesgo la continuidad del proyecto integrador europeo tal como se lo conoce hasta ahora.

Con respecto al fallo del máximo tribunal alemán, claramente que implica un freno a las políticas monetarias y manejo de la inflación y crisis que la UE ha venido implementando. Aunque tampoco implicaría una modificación en favor de los Estados Miembros del sur de Europa, sino todo lo contrario.

El presidente saliente del Tribunal Constitucional Federal alemán, Andreas Voßkuhle[2], ha dejado en claro que la decisión dictada en Karlsruhe no pretende afectar los actuales programas de compra de bonos del BCE por € 750 mil millones, que ha lanzado durante la actual pandemia de Covid 19, para limitar los costos de la deuda de los países de la zona Euro.

Ahora bien, a mediano plazo, el presente fallo hará que la política de crisis europea sea significativamente más complicada. Incluso si las compras de bonos actuales continúan por el momento, la sentencia ha restringido la capacidad del BCE para actuar a largo plazo. Esto se debe menos a las condiciones bajo las cuales el Bundesbank puede continuar participando en las compras, sino más bien a los requisitos básicos que los jueces determinaron en la sentencia, por los que un máximo de un tercio del total de bonos en poder del BCE puede provenir de un sólo país miembro de la UE. En consecuencia, será más difícil cumplir con este requisito si una crisis persigue a la otra y los mismos países sean los que necesiten ayuda financiera europea.

Pero además de ello, el Bundesbank ahora tiene tres meses para que el BCE verifique si las compras de bonos del gobierno son proporcionales. Es decir, que las compras de bonos efectuados en el 2015 con el objetivo de respaldar los costos financieros de la crisis en Italia se encuentren en relación proporcional con situaciones financieras acaecidas en este caso en Alemania (por caso, aumento de los precios inmobiliarios y la pérdida de valor de los ahorros). Los costos de interés se promedian aquí con los precios de la vivienda en otros lugares.

Sin perjuicio de que se puede argumentar que la sentencia de Karlsruhe podría ayudar a que las decisiones del BCE sean mejor aceptadas, y mejor fundamentadas, por otro lado también es cierto que el BCE es independiente. Por lo tanto, no está sujeto a ningún control, aparte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Si los jueces de Luxemburgo adoptaran la obligación de imponer condiciones a Karlsruhe, ciertamente podría simplificar la vida del banco central.

Sin embargo, debe criticarse en particular que el Tribunal Constitucional Federal ya no es consciente de su modelo a seguir en relación con las jurisdicciones nacionales en Europa. Por primera vez, los guardianes de la Ley Fundamental alemana en Karlsruhe cuestionaron la jurisprudencia de Luxemburgo. Y su oportunismo es trascendental, teniendo en cuenta no sólo el Brexit y el creciente descontento perceptible en la sociedad europea con respecto a la Unión Europea (palpable en el incremento del protagonismo de los partidos políticos antieuropeos en los diferentes Estados Miembros). Sino que también convierte a los jueces de Karlsruhe (y por extensión a los diversos estamos políticos superiores alemanes) en un mal ejemplo para otros tribunales nacionales (y a su vez por extensión a otros gobiernos nacionales), de acuerdo con el lema: “si los alemanes se oponen a los jueces en Luxemburgo, también podemos hacerlo”. Solo debe tenerse en cuenta aquí lo que está sucediendo tanto en Polonia como en Hungría, donde la jurisprudencia europea simplemente se ignora, siendo ello sumamente criticado por la UE e incluso por la misma Alemania.

Por lo tanto, la sentencia de Karlsruhe debilita notablemente a la comunidad jurídica europea, lo que implica unas pésimas noticias para Europa.

Referencias:

[1] Ya en el año 2012 se había expedido de manera similar sobre compra de bonos por parte del BCE, pero no había habido una sentencia previa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como en el caso actual.

[2] Miembro del Tribunal Constitucional Federal alemán desde 2008, nominado por el SPD (Partido Socialdemócrata alemán), profesor universitario de la Universidad de Friburgo. Se retiró como Presidente del TCF (por vencimiento de su término de 12 años como miembro) el pasado 6 de mayo de 2020, un día después de dictada la sentencia.

Ignacio Portela
Miembro
Departamento de Europa
IRI – UNLP