Luego de una extensa jornada de votación y en medio de estrictas medidas sanitarias como consecuencia de la pandemia del coronavirus, el pasado 17 de junio México logró hacerse con uno de los asientos no permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el período 2020-2021 tras conseguir el respaldo de 187 de 192 países miembros. Además en esos comicios también resultó electo para el Consejo Económico y Social (ECOSOC) para el período 2021-2023, por lo que el gobierno mexicano terminó festejando por partida doble.
No obstante la consideración por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respecto a que esta designación era un reconocimiento a la grandeza histórica y cultural de su país, lo cierto es que la noticia no sorprendió a nadie sobre todo teniendo en cuenta que el lugar de México ya estaba confirmado previamente a la votación al haber logrado asegurarse el apoyo unánime de los 33 países adheridos al Grupo Regional de América Latina y el Caribe, lo que le garantizó el derecho a reemplazar a República Dominicana y a retornar al Consejo de Seguridad después de diez años.
Juan Ramón de la Fuente, representante de México ante Naciones Unidas, señaló que durante su mandato el país impulsará una ambiciosa reforma del Consejo, principalmente en lo que hace a sus mecanismos de participación y votación, y que también defenderá los valores que históricamente han moldeado la política externa mexicana: la resolución pacífica de los conflictos, la autodeterminación de los pueblos y la no intervención en los asuntos internos de terceros países. Por otra parte, buscará incluir nuevos temas a la agenda del organismo como la lucha contra la desigualdad y la regulación de las armas de fuego.
Es poco probable que el país azteca pueda avanzar con estas iniciativas y conseguir cambios relevantes en el Consejo, sobre todo teniendo en cuenta la crisis existencial que atraviesa el multilateralismo como consecuencia de la intensificación del conflicto Estados Unidos-China. La incipiente disputa bipolar ha conllevado a una parálisis de los organismos internacionales y el Consejo de Seguridad no es la excepción, a pesar que la crisis del coronavirus ya ha dejado un saldo de casi 470.000 muertos a nivel mundial el órgano encargado de mantener la paz y la seguridad internacional aún no ha emitido ningún tipo de resolución al respecto en gran parte como consecuencia de la intransigencia del gobierno norteamericano.
A comienzos de mayo Francia y Túnez presentaron un proyecto de resolución que retomaba un llamamiento anterior realizado por el Secretario General, António Guterres, y que entre otras cosas establecía un “cese general de hostilidades” en una veintena de naciones en crisis o en guerra y una “pausa humanitaria” por noventa días consecutivos a fin de facilitar la lucha contra el COVID-19. Pero tras seis semanas de laboriosas negociaciones diplomáticas la iniciativa finalmente nunca pudo salir a la luz ya que al presidente Trump no le gustó que en el texto se hiciera mención a la Organización Mundial de la Salud (OMS), entidad a la que acusa de estar supeditada a los intereses de Pekín y a la que responsabiliza por la difusión del coronavirus. Alemania y Estonia actualmente están impulsando una resolución similar pero evitando mencionar a la OMS para no despertar la ira de la Casa Blanca, lo que deja en evidencia la profunda crisis que atraviesa el multilateralismo y el propio sistema de Naciones Unidas en un orden mundial en “transición” (Mearsheimer, 2019).
Una oportunidad para retomar la iniciativa política
Más allá que va a ser difícil que el gobierno mexicano pueda construir una agenda propia al interior del Consejo de Seguridad, lo cierto es que su designación abre una ventana institucional por intermedio de la cual López Obrador intentará recuperar la iniciativa política y aumentar su consenso en plano interno, sobre todo ahora que parece haberse quedado sin un discurso político que legitime su proceso de cambio.
AMLO ganó las elecciones presidenciales del 2 de julio del 2018 gracias a su retórica nacionalista y a sus promesas de terminar con las desigualdades sociales, poner fin a la fallida guerra contra el narco y adoptar una política exterior fuerte que ponga límites a los abusos de Trump, hechos que a la postre le permitieron llegar a Los Pinos con el privilegio de ser el presidente con mayor apoyo popular en la historia del país.
Pero luego de más de dieciocho meses en el poder el jefe de Estado por el momento ha cosechado más fracasos que éxitos. El modelo alternativo de lucha contra las drogas propuesto por AMLO durante la campaña electoral nunca salió del papel y el gobierno continuó el enfoque militarista seguido por sus predecesores, lo que contribuyó a prolongar la violencia y a aumentar la inseguridad incluso en tiempos de cuarentena. De acuerdo a datos preliminares de la Secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, durante los primeros cuatro meses del 2020 los homicidios aumentaron un 2,4 % en relación a igual período del año pasado; lo más grave de esto es que más del cincuenta por ciento de los asesinatos ocurrieron entre marzo y abril no obstante que el país ya se encontraba en confinamiento para limitar el impacto del coronavirus.
En el plano externo, el desempeño del gobierno tampoco ha resultado acorde a las expectativas. Por un lado nunca pudo reactivar la economía (en el 2019 ésta cayó un 0,1 % y durante el 2020 el Banco de México proyecta que se dé una contracción de entre el 4.6 y el 8.8 % como consecuencia de la crisis del COVID-19), lo que por ende restringió la posibilidad de llevar a cabo las políticas sociales necesarias para reducir la desigualdad. AMLO, por otra parte, no sólo nunca confrontó con Trump sino que actuó de forma funcional a sus intereses. Luego de que en junio del año pasado el republicano amenazara con imponer aranceles a los productos mexicanos en caso de no que sellara su frontera, López Obrador endureció su política migratoria y convirtió México en una suerte de “Estado tapón” cuyo único objetivo pareciera ser evitar que los migrantes centroamericanos lleguen a la frontera sur estadounidense. Una política que contribuyó a aumentar las violaciones a los derechos humanos y que dejó al sistema de asilo mexicano al borde del colapso producto de la cada vez mayor presión migratoria a la que era sometido (Meyer, Isacson 2019), una dinámica que seguramente volverá a repetirse aún con mayor intensidad una vez concluida la pandemia del coronavirus.
A pesar que el presidente sigue firme en su intención de dar prioridad a los asuntos internos por sobre los externos, al punto que aún no ha viajado a ningún país extranjero desde que inició su mandato en diciembre del 2018, durante los últimos meses México ha venido levantando el perfil de su política externa.
En la búsqueda de fortalecer su “soft power” el gobierno pretende aumentar su presencia en los organismos internacionales para relanzar su discurso político desde el plano multilateral y así intentar recuperar a los votantes desencantados. En este sentido el titular de la Secretaria de Relaciones Exterior, Marcelo Ebrard, consideró que la llegada al Consejo de Seguridad “permite a México proyectar a nivel mundial en el máximo órgano de gobierno la solución pacífica de controversias y causas de perspectiva de género, la desigualdad social y la pobreza que se agudiza después del covid-19″[1].
Pero más allá del éxito diplomático puntual que representa la vuelta al Consejo, las incoherencias internas limitan la capacidad de proyección internacional del país y ponen en tela de juicio la propia legitimidad del discurso utilizado por el gobierno mexicano. Así por ejemplo resulta contradictorio que Ebrard diga que una de las prioridades va a ser incorporar la perspectiva de género a la agenda del Consejo mientras su país padece una violencia machista sin control que tan sólo en los tres primeros meses del año dejó un saldo de 964 mujeres asesinadas de acuerdo a estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública (de los cuales 720 casos fueron clasificados como homicidios dolosos y el resto como feminicidios).
No obstante esta situación, la cancillería mexicana continúa adelante con su apuesta multilateralista y ahora trabaja para reforzar la candidatura de Jesús Seade a la dirección general de la Organización Mundial del Comercio (OMC). El tema a dilucidar es hasta qué punto estos esfuerzos van a contribuir a mejorar la difícil situación que atraviesa el gobierno de López Obrador en el plano interno. Ante la imposibilidad de poder dar buenas noticias a la sociedad como consecuencia de la pandemia del coronavirus, desde Los Pinos parecieran interesados en que el país siga ampliando su capacidad de inserción y se ilusionan con alcanzar una rápida recuperación económica una vez superada la crisis. El tiempo dirá si está estrategia finalmente termina resultando exitosa o por el contrario se convierte en un boomerang que ponga en jaque el futuro político del oficialismo.
Referencias:
[1] Domínguez, Pedro (2020), “Es un gran honor para México formar parte del Consejo de Seguridad de la ONU: Ebrard”, Milenio, México, https://www.milenio.com/politica/ebrard-honor-mexico-consejo-seguridad-onu, consultado en junio del 2020.
Matías Mongan
Miembro
Departamento de América Latina y el Caribe
IRI – UNLP
