En un informe elaborado por la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, se analizan los distintos fenómenos de violación en materia de DD.HH. en la región del arco minero del Orinoco que conllevaron a la tortura y tratos crueles inhumanos y degradantes en dicha región tales como: palizas, cercenamiento de las manos, explotación sexual, asesinatos y desaparición forzada, los cuales fueron llevados a cabo por grupos criminales llamados “sindicatos”.

Es dable atender, que dichos grupos criminales cuentan, aparentemente, con la anuencia del Estado y de esa manera manejan a su antojo dicha región en la que se ha producido una considerable afluencia de personas en busca de trabajo debido a la situación general de desazón económica y social vivida en Venezuela en los últimos años.

En ese sentido, dichas violaciones a los DD.HH. han afectado considerablemente a las comunidades indígenas del territorio; todo ello, en buena medida, debido a la falta de acceso de las mismas a sus tierras ancestrales y la afectación del derecho a la salud de los trabajadores, trabajadoras y  los pueblos indígenas como consecuencia de la explotación de minas que requiere de mercurio, lo cual ha afectado considerablemente las fuentes de agua de la región.

Asimismo, la Alta Comisionada ha hecho hincapié en la falta de independencia judicial e interferencia política por parte del poder ejecutivo en las decisiones de los tribunales y jueces del poder judicial, lo que ha ido socavando, a su vez, a la democracia. Todo ello, considerando que dichos grupos criminales actúan y siguen actuando en un marco de impunidad que el Estado ha permitido y sigue permitiendo minando así la protección de los derechos fundamentales del pueblo venezolano.

Bajo esa perspectiva, la delegación argentina ante las Naciones Unidas expresó que comparte «la profunda preocupación por la situación de los derechos humanos así como por la grave crisis política, económica y humanitaria en Venezuela» y agregó: «Solo el orden constitucional, la democracia y el estado de derecho harán posible garantizar el pleno respeto y ejercicio de todos los derechos humanos en Venezuela. En este sentido, nos hacemos eco del reciente llamado en favor de una negociación política inclusiva, basada en los derechos humanos y en la restitución de los derechos políticos».

De ese modo, la delegación argentina estableció explícitamente la profunda preocupación del Gobierno respecto de la situación política, social y económica de nuestro país en torno a las graves violaciones a los DD.HH. en el país caribeño y la impunidad reinante.

Es indispensable que la Comunidad Internacional, a través de los medios y mecanismos con que cuenta, tome las medidas recomendadas y elabore las resoluciones adecuadas a los fines de terminar con las graves y masivas violaciones que se están produciendo en Venezuela. En ese contexto, el Relator Especial de la ONU, Sergio García-Esayán, ha urgido al Gobierno de Venezuela a que tome las medidas necesarias a los efectos de establecer una verdadera independencia del poder judicial de los otros poderes del Estado para así poner fin a las violaciones de DD.HH. producidas en la región del arco del Orinoco y del país en general.

Gabriel Fernando Tudda
Coordinador
Departamento de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario
IRI – UNLP