La decisión de la CPI de enjuiciar los crímenes de guerra y contra la humanidad que se produjeran en Afganistán durante el Conflicto Armado conlleva un importante paso hacia la justicia en el seno de un tribunal internacional en materia de DD.HH. y DIH.

En efecto, se ha abierto una nueva perspectiva hacia el futuro de la CPI y de la reparación a las victimas del Conflicto Armado ya que serán investigados (y en todo caso enjuiciados) los funcionarios de las partes concernidas en dicho Conflicto.

El secretario de estado de los EE.UU de América anuncio la sanción a Fatou Besouda y otros funcionarios de la CPI luego de haberse conocido el avance de la fiscal al respecto de los crímenes cometidos por dicho Estado en la guerra contra el terror llevada a cabo por dicho país en Afganistán; así Mike Pompeo acusó a la CPI de «intentos ilegítimos de someter a los estadounidenses a su jurisdicción» y anunció sanciones contra la fiscal de la Corte Fatou Bensouda y el jefe de la División de Jurisdicción, Complementariedad y Cooperación , Phakiso Mochochoko.

Es dable aclarar, que en primera instancia la sala de cuestiones preliminares de la CPI en el año 2019, había rechazado la iniciativa de Fatou Besouda, diciendo que dicha situación no contribuía a la justicia internacional. Dicha decisión fue descalificada por el tribunal de apelaciones en el presente año dando curso a la investigación que conllevaría el tratamiento de las actuaciones.

Preocupación de la ONU

El portavoz del Secretario de la ONU, Stéphane Dujarric, expresó que António Guterres confía en que cualquier restricción impuesta se implemente de manera coherente con las obligaciones de Estados Unidos como país parte de la ONU.

En ese sentido, O-Gon Kwon, presidente de la Asamblea de los Estados Parte y de supervisión de la gestión de la Corte, rechazó las medidas, diciendo: “Lamento profundamente las medidas contra los funcionarios de la Corte, el personal y sus familias”.

De ese modo califico a la a la CPI como una institución judicial “independiente e imparcial» que «opera en estricto cumplimiento de las disposiciones del Estatuto de Roma». Asimismo, dijo que convocaría una reunión extraordinaria de la mesa la próxima semana, «para considerar cómo renovar el compromiso inquebrantable a la Corte”.

En el presente año el gobierno del Presidente Donald Trump ha realizado un ataque a la CPI y sus funcionarios emitiendo una orden ejecutiva a los fines de inhibir cualquier activo de los mismos en su territorio y la prohibición de la entrada a ellos y sus familiares. Bajo esa perspectiva, indultó a los funcionarios de su gobierno y de su central de inteligencia que hayan actuado en la Guerra contra el Terror de toda responsabilidad, así en tal sentido el Secretario de Estado, Mike Pompeo, ha sostenido: que Estados Unidos no sería «amenazado por una ´corte canguro´ (un tribunal que ignora los estándares reconocidos de la ley o la justicia)».

Gabriel F. Tudda
Coordinador
Departamento de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario
IRI – UNLP