Entre el 20 y el 21 de septiembre se realizará en Italia un referéndum “confirmativo”, es decir, que se consultará a la ciudadanía si confirma o no los cambios que quiere introducir en la Constitución una ley aprobada por el parlamento en octubre de 2019. La ley en cuestión modifica el número de legisladores que componen actualmente las dos cámaras del parlamento: la de diputados pasaría de 630 representantes a 400, y el senado, que hoy tiene 315 miembros se reduciría a 200. Al no conseguir la mayoría calificada necesaria para una reforma constitucional se fijó el referéndum para marzo del 2020, aplazado luego debido a la emergencia sanitaria.
La Ley Fraccaro, del nombre del diputado que la presentó, puede ser considerada como uno de los baluartes de las propuestas políticas de los nuevos movimientos que animan la vida pública italiana en la última década. Se trata, en primer análisis, de movimientos de carácter e impacto internacional, surgidos del descontento popular hacia el sistema político, generalmente llamados populistas o derechas neopatriotas. Que en Italia cuentan con un trasfondo peculiar. Los últimos gobiernos de Silvio Berlusconi (2001-2006 y 2008-2011), fuertemente orientados a torcer las instituciones en defensa de sectores política y económicamente poderosos, ahondaron en la senda de la desconfianza ciudadana hacia la política, ya emprendida con los escándalos de Tangentopoli de los años 90. Aunque en realidad, la búsqueda de mecanismos que permitan limitar el poder y las atribuciones de las instituciones políticas italianas, es prácticamente una constate de la historia del país.
Se podría decir que la distancia entre el país real y el país legal, entre gobernantes y gobernados en Italia existe, y de manera incisiva, desde su fundación en 1861. Lo demuestra la generalizada indiferencia popular hacia el proceso de unificación, convertida luego en resistencia armada y bandolerismo, cuando el nuevo reino guiado por la casa real piemontesa quiso imponer su ley y orden en el sur. La emigración masiva hacia las Américas es también, en parte, el fruto de esa desconexión profunda entre las instituciones de carácter marcadamente decimonónicas (hasta bien entrado el siglo XX) y las grandes masas campesinas. El único gran momento de protagonismo popular en la construcción del Estado italiano fue el de la resistencia antifascista entre 1943 y 1945, en donde sectores sociales provenientes inclusive desde experiencias políticas muy distintas, como liberales, socialistas y comunistas, contribuyeron mancomunadamente a la liberación del país de la ocupación nazi y del régimen de Mussolini. Hija de esa experiencia fue la Constitución de la nueva República emanada 1948, con un alma profundamente social-cristiana y progresista, pero que dibujaba un sistema institucional complejo, basado en pesos y contrapesos que buscaban evitar tanto la vuelta al poder de un movimiento autoritario y fascista, cuanto los desajustes provocados por la ausencia de las masas populares en la vida política.
Sin embargo, el sistema parlamentario italiano, que se mantuvo en las décadas posteriores, basó su estabilidad en la exclusión de las instituciones de gobierno de los movimientos considerados “anti-sistema”, entre los cuales se encontraba el Partido Comunista Italiano que representaba a casi la mitad de la población italiana. Este parlamentarismo de acuerdos y decisiones de pasillos, se alimentaba nuevamente, como una suerte de pecado original de la cultura política italiana, donde por razones de clase o ideológicas las instituciones se encargaban de limitar la representación del pueblo en instancias decisionales. Esta tendencia se vio agigantada por prácticas que eran ya marca registrada de los partidos políticos hegemónicos italianos desde hacía un siglo. Como el “consociativismo”, a través del cual las élites lograban acuerdos impensados para sostener mayorías parlamentarias que dejaran afuera de los espacios de poder a los partidos populares. Y que permitieron a la Democracia Cristiana tejer los hilos de las instituciones durante cuarenta años consecutivos.
La explosión de los grandes escándalos de corrupción de 1992, que según varios historiadores marcaron la entrada en la “Segunda República”, no hicieron más que confirmar nuevamente la tendencia a pesar del nacimiento de nuevos partidos políticos, como el de Berlusconi en 1994. En la primera década de los 2000, las leyes ad personam aprobadas para evitar los procesos judiciales en contra de los funcionarios de gobierno, criticadas inclusive por las instituciones europeas, generaron una fuerte indignación de diversos sectores de las clases medias que se expresaron en el crecimiento de movimientos de extrema derecha, como La Lega de Matteo Salvini, o el surgimiento de partidos contestatarios y “anti-casta”, como el Movimento 5 Stelle (M5S). Ambos tienen en común un diagnóstico trágico acerca de la historia y el funcionamiento del sistema institucional italiano, que es en definitiva la raíz política de la Ley Fraccaro (del M5S) y la reforma constitucional que se someterá a referéndum en las próximas semanas.
En todo el mundo existe un explícito descontento popular hacia la política y -especialmente- los políticos. La peculiaridad del caso italiano es que ese descontento se convirtió en movimiento organizado, y luego en partido y desde 2018 en gobierno. A pesar de haber tenido que moderar parte de su programa -cosa que le costó claros retrocesos en términos electorales-, el M5S debe ahora satisfacer algunas de las demandas que lo llevaron a esta inesperada posición ejecutiva.
Según esta visión las instituciones, además de no haber colmado el abismo que las separa de la ciudadanía en general[1], tienden a la defensa corporativa de los privilegios de sus integrantes a expensas de los contribuyentes. Se hace del histórico problema de legitimidad política, una cuestión de costos y burocracia. En la actual campaña hacia el referéndum, los comités por la aprobación del recorte -sostenidos por M5S, Lega y casi todas las expresiones partidarias de la derecha conservadora-, insisten en que la reducción de legisladores ahorraría al Estado unos 100 millones de euros al año. Además un Parlamento más austero sería también más ágil. “Donde hay demasiados para mandar, nace la confusión”, se repite en estos ambientes citando la frase que el economista y ex presidente de la República, Luigi Einaudi hizo famosa en 1919.
Y sin embargo un rápido cálculo del diario La Repubblica -que se expresó abiertamente por el NO a la reforma-, revela que el ahorro equivale en realidad al 0,007% del total de los gastos del sistema legislativo italiano. Prácticamente un café menos al año por cada ciudadano italiano. Pero el costo en términos de representación sería muy alto. En el parlamento italiano hoy hay un diputado cada 100mil habitantes. Con el recorte se convertiría en el país con la menor cantidad de diputados por habitante de la Unión Europea. Un parlamento más chico no sólo no recortaría el gasto de manera decisiva sino que haría más compleja la relación de representación, dificultando especialmente el ingreso de los partidos más chicos, y más distante la relación entre votantes y votados, según la campaña por el rechazo a la reforma.
De esta última forman parte la mayoría de los partidos de izquierda, y también los movimientos que representan a los italianos en el exterior. La actual normativa prevé que 12 diputados y 6 senadores deban ser elegidos por los más de 5 millones de ciudadanos residentes en el extranjero. Con la reforma también esa representación se vería reducida a 8 diputados y 4 senadores. América Latina es el distrito electoral más grande fuera de las fronteras italianas, con 1,5 millones de electores que definen 4 diputados y 2 senadores, y donde los movimientos de italianos en el exterior son más activos. Si bien algunos de ellos forman parte del actual gobierno (como el MAIE, por el cual fue elegido el senador argentino Ricardo Merlo, hoy uno de los viceministros de relaciones exteriores de Italia), ya se han expresado en contra. Quienes vivan en el extranjero ya han recibido los sobres para el voto postal, que deberá realizarse antes del 15 de septiembre pero que será escrutado junto con los votos emitidos en Italia luego del 21. Ese fin de semana, también se elegirán los gobernadores de seis de las quince regiones de Italia, lo cual imprime a los posicionamientos también un fuerte sesgo político dictado por las alianzas electorales locales.
Desde una mirada internacional, esta votación se enmarca en claro crecimiento de los sectores políticos que más cuestionan la institucionalidad de la UE. A pesar de que el contenido del referéndum sea exclusivamente doméstico y su resultado no tenga repercusiones directas sobre la política exterior del país, sobre la aprobación de la reforma se juega parte del capital político construido por los movimientos de nuevo tipo que apuestan a la confirmación de su rumbo dentro del sistema institucional italiano. En la agenda de sus dirigentes también está el adelgazamiento y limitación de los organismos comunitarios, ejemplo de la burocratización de la política, según sus campañas proselitistas de los últimos años. Nada indica que un resultado favorable en Italia pueda llevar a la presentación de proyectos similares en la UE. De hecho el presidente Macron ya presentó una propuesta de reducción parlamentaria para Francia en tiempos de campaña electoral, y cuando hubo que redimendionar el parlamento europeo tras el Brexit quienes pidieron su achicamiento no tuvieron mayor aceptación. Pero la aprobación de la reforma, en el contexto actual, favorecería políticamente a sectores comprometidos con la revisión de la influencia de la UE en los asuntos domésticos del Estado.
Está claro de todas maneras que el debate acerca de la legitimidad y representatividad del sistema político italiano es uno de los más apremiantes, y tampoco se va cerrar con esta votación. Desde 1983 hasta la actualidad ya hubo siete proyectos de reforma constitucional para modificar el número de los parlamentarios, y todos fracasaron. Las crecientes atribuciones otorgadas al Parlamento Europeo, elegido directamente por la ciudadanía, y la transferencia de ciertas incumbencias a instancias regionales y provinciales, también suponen un desafío para el diseño institucional italiano. Desde 1994 se aprobaron tres reformas distintas del sistema electoral, entre las que se destaca la reforma de 2005 denominada “Porcellum”, porque hasta sus autores la definieron una “cochinada”. Y de hecho, se apruebe o no el recorte de legisladores el parlamento deberá discutir una nueva ley electoral en breve. Un debate entonces que seguirá aún por tiempos considerables. Y que en el mediano plazo podría extenderse más allá de las fronteras italianas.
Referencias:
[1] Categoría ampliamente cuestionable, generalmente expresada con valoraciones más sensibleras como “los honestos ciudadanos” o “la gente que trabaja”.
Federico Larsen
Miembro
Centro de Estudios Italianos
IRI – UNLP
