*Artículo publicado el día jueves 1 de octubre en Clarín
(https://www.clarin.com/opinion/venezuela_0_feZVccF9Y.html).

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos en 2019 publicó este 15 de setiembre su informe de 443 páginas (cabe aclarar que La Misión investigó 223 casos, de los cuales 48 se incluyen como estudios de casos exhaustivos en el informe.

Adicionalmente, la Misión examinó otros 2.891 casos para corroborar los patrones de violaciones y crímenes), donde responsabiliza de manera directa a funcionarios del gobierno venezolano, específicamente, al presidente Nicolás Maduro, a Vladimir Padrino López (Ministro de Defensa) y a Néstor Reverol (Ministro de Interior y Justicia) por ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura, abuso sexual y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos por el Estado venezolano desde 2014.

Marta Valiñas, la presidente de la Misión, declaró que se encontraron motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales – incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura – constituyen crímenes de lesa humanidad.

Pocos días después, el 25 de setiembre, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó una contundente actualización oral de su Informe ante el Consejo de Derechos Humanos sobre la situación en Venezuela, en el que denuncia la constatación de al menos 2.000 ejecuciones sumarias desde enero hasta agosto del 2020.

También alertó sobre los obstáculos que se presentan para garantizar que las elecciones convocadas para el 6 de diciembre sean “creíbles, libres y equitativas” (señaló la parcialidad del Tribunal Supremo de Justicia, que ha proscripto a candidatos de la oposición, y la composición del Consejo Electoral, consistente con los intereses del régimen de Maduro), a la vez que expresaba su preocupación por la composición de la Asamblea Nacional (“sin un proceso inclusivo de consulta”), así como informaba sobre los devastadores efectos del COVID 19 en el personal sanitario.

Más allá de la condición política en la integración del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que ha sido cuestionada desde todo el arco ideológico, la condición de independencia y de intachabilidad de Michelle Bachellet como de los integrantes de la Misión Internacional obligan, cuanto menos, a escuchar de manera respetuosa lo que tienen que decir, e invitan a una lectura objetiva, ya que se trata de una materia en la cual lo ideológico es absolutamente irrelevante.

Los Derechos Humanos no distinguen entre “Derechas” e “Izquierdas”, sea cual fuere el significado que quiera dársele a esos términos. Las únicas categorías admisibles, en estas discusiones están dadas por los Estados que son “respetuosos” y aquellos que son “violadores” de los Derechos Humanos, en cuyo caso nos encontraremos ante “víctimas” y “victimarios”, sin más, sin menos… sin medias tintas.

Nuestro pueblo vivió, durante sus años más luctuosos, la violación masiva y sistemática de los Derechos Humanos, y la hemos condenado de manera colectiva y le hemos dicho “Nunca Más”.

Tolerar la violación de la misma en otros países por pseudo simpatías ideológicas es un error imperdonable y una afrenta a las víctimas propias, a las víctimas en cualquier lugar del mundo y a nuestra propia historia.

Es pertinente señalar que, para hacer explícito el compromiso de nuestro país con el respeto de los Derechos Humanos, los gobiernos democráticos asumen un 10 de diciembre, en conmemoración a la Declaración Universal de los Derechos Humanos (también incorporada a nuestra Constitución Nacional en la Reforma de 1994), la cual establece en su artículo 2: “Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”.

Seamos consistentes con nuestra historia, con nuestro futuro. No desviemos la vista ante ninguna violación a los derechos humanos, sin importar el signo ideológico ni el poder del autor de dicho incumplimiento. Si toleramos dichas violaciones, nada obsta a que el día de mañana volvamos a ser “víctimas” o, peor aún, nuevamente “victimarios”. Nunca lo olvidemos: los opresores no son ni de izquierda ni de derecha: sólo son opresores.

Norberto Consani
Director
Juan Alberto Rial
Secretario
IRI – UNLP