Al grito de ¡no más guerra!, el presidente Santos y Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, máximo líder de las FARC, firmaron un 26 de septiembre de 2016 en Cartagena de Indias el acuerdo que durante meses habían negociado en La Habana. La euforia desatada por el pacto que ponía fin a la guerrilla más antigua de América Latina tras cinco décadas de guerra apenas duró una semana.

Siete días después, los colombianos dijeron no al acuerdo, en una victoria por la mínima en un referéndum innecesario, con el que Santos pretendía reafirmar su posición a favor de la paz frente a la demoledora campaña en contra liderada por el expresidente Álvaro Uribe, su antiguo mentor. La estrategia resultó un error. Con el país sumido en la incertidumbre ante el futuro del proceso y con el eco de la derrota de Santos aún en el ambiente, Colombia amaneció el viernes 7 de octubre con la noticia de que su presidente había sido nombrado Premio Nobel de la Paz 2016.

Un mes y medio después, el 24 de noviembre, los mismos dos protagonistas de la primera firma, Santos y Timochenko, sellaron una segunda versión del acuerdo. En una ceremonia mucho más sobria que la primera. En Bogotá y sin aviones haciendo acrobacias ni pintando el cielo.

El acuerdo fue difícil de firmar, pero cinco años después la sensación es que es más difícil llevarlo a la práctica. Para Josefina Echavarría, directora del Matriz de Acuerdos de Paz del Instituto Kroc, se trata del acuerdo con “la agenda de implementación más variada y compleja de todos los Acuerdos de paz firmados desde 1989 ”. Según el último informe del Instituto, encargado de controlar su implementación, hasta finales de 2020 se habían hecho realidad el 28% de los 578 puntos del acuerdo.

Los logros son reales y tangibles. La guerrilla, salvo contadas disidencias, se demovilizó y entregó las armas, y se convirtió en un partido político, rebautizado Comunes a principios de este año y que ya tiene participación activa en la vida política del país. A raíz del acuerdo, se crearon instituciones como la Comisión de la Verdad o la Jurisdicción Especial de la Paz, el mecanismo de justicia creado para juzgar los crímenes del conflicto y a sus responsables y que cuenta con un gran respaldo internacional. Pero los retos se multiplican y tensan al país, mas en medio de una pandemia que obligó a focalizar las políticas y los recursos.

Rocío Cortes
Colaboradora de la Red Federal de Historia de las Relaciones Internacionales (CoFEI)
Departamento de Historia
IRI – UNLP