La decisión del integrante del Tribunal Supremo de Brasil, Edson Fachin, de anular las sentencias dictadas contra el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva por la justicia federal de Paraná, en ese entonces a cargo del juez Sergio Moro, en el marco de la operación anticorrupción Lava Jato y de devolverle sus derechos políticos, sacudió el panorama político brasileño y marca el inicio de la campaña electoral en el país.
Más allá de que el fallo en solitario del magistrado ahora deberá ser respaldado por el pleno de la Corte Suprema, la resolución deja una serie de ganadores y perdedores que intentaremos analizar someramente en las siguientes líneas.
El principal beneficiado sin dudas es Lula, quien con este fallo ve reivindicado su legado como uno de los presidentes más importantes de la historia contemporánea de Brasil. El ex mandatario, a lo largo de estos últimos años, ha denunciado sistemáticamente que su detención formó parte de una campaña de persecución judicial que perseguía el objetivo de dejarlo fuera de las elecciones presidenciales del 2018, lo que a la postre facilitó el ascenso al poder del ultraderechista Jair Bolsonaro. Luego que Moro aceptara, a comienzos del 2019, la invitación de Bolsonaro para ser Ministro de Justicia, los abogados de Lula presentaron el recurso de habeas corpus que ahora fue resuelto favorablemente por Fachin y que dictaminó que Moro no tenía la “competencia jurídica” requerida para analizar los casos de corrupción, los cuales ahora volverán a foja cero y serán enviados al Distrito Federal.
Más allá de que tanto los allegados a Lula como las autoridades del Partido de los Trabajadores (PT) han preferido ser cautelosos respecto al tema, los partidos de izquierda celebraron el fallo y remarcaron que el mismo dejaba en evidencia el lawfare del cual había sido víctima el ex presidente. Por otra parte se entusiasmaron con la posibilidad de que el líder sindicalista sea candidato en las elecciones del 2022, una opción que el veterano dirigente no descarta como bien remarcó en una reciente entrevista bridada al diario El País. “Si en ese momento los partidos de izquierda entienden que puedo representarlos, no tengo ningún problema en hacerlo. El PT, sin embargo, tiene otras opciones, como Fernando Haddad [candidato en 2018], y algunos gobernadores. La única posibilidad de que sea yo, porque no voy a disputarlo con nadie, es que la gente entienda que soy el mejor candidato. Si no, me contentaré con salir a la calle para hacer campaña por un aliado nuestro” (Ahrens, Jimenez, Diario El País).
No obstante que Lula es por lejos el candidato más competitivo en una izquierda fragmentada y el que cuenta con más chances de hacer frente a Jair Bolsonaro, su candidatura también ha aparejado problemas. El principal es que contribuye a reforzar la dicotomía discursiva nosotros/ellos impulsada sistemáticamente por Bolsonaro, la cual ha contribuido a que una parte de la población brasileña siga viendo al PT como una elite corrupta que saqueó las arcas del Estado (una sensación a la cual contribuyeron de forma decisiva tanto los medios de comunicación como la misma causa judicial Lava Jato).
Esto lleva a que su candidatura no convenza a todos los sectores, una muestra de esto es que luego del fallo de Fachín, el candidato del centroizquierdista Partido Democrático Laborista (PDT) y exministro de Lula, Ciro Gomes, buscó posicionarse como una opción intermedia entre el PT y Bolsonaro y pidió “el fin del radicalismo político, del sectarismo, del odio, que han caracterizado la confrontación entre el lulopetismo y el bolsonarismo” (García, Atalayar). Por tal motivo, el principal desafío del ex mandatario de cara a 2022 va a ser tratar de lograr la unión entre los partido de izquierda y sobre todo tratar de lograr que el PT vuelva a recuperar sus banderas políticas y a sus votantes tradicionales en el Nordeste, una región donde últimamente ha crecido el respaldo a Bolsonaro gracias a los programas de transferencia de renta impulsados por el gobierno como consecuencia de la pandemia.
Otro de los paradójicamente beneficiados con la decisión de Fachin es el presidente Jair Bolsonaro. Cuando arreciaban las críticas hacia su gestión de la crisis sanitaria generada por el coronavirus, la cual según la Universidad Johns Hopkins al día de la fecha ha dejado un saldo de 268.370 muertes (la segunda mayor cantidad a nivel mundial, sólo por detrás de Estados Unidos que registra 527.699 muertes), la anulación de los casos judiciales contra Lula le sirvieron para distraer la atención de la opinión pública y así asegurarse de llegar competitivo a las elecciones del 2022, especialmente ahora que parece alejarse la posibilidad del impeachment luego de que dos figuras cercanas al mandatario (Arthur Lira y Rodrigo Pacheco), lograran hacerse respectivamente con el control de la Cámara de Diputados y el Senado.
El ex militar, por otra parte, también logró desactivar el discurso anticorrupción enarbolado por el que en su momento fuera su ministro estrella y hoy principal amenaza para disputarle al votante de centro-derecha: Sergio Moro. No sólo disolvió la unidad investigativa que encabezaba el Lava Jato, sino que además no dudó en tensar la relación con la justicia y en atacar a todos aquellos magistrados que buscaban investigar los casos de corrupción. Una postura autoritaria que le ha permitido mantener su gestión a flote, a pesar de las innumerables denuncias que pesan sobre su administración.
El juez Moro, en cambio, es el principal damnificado con la decisión de Fachin, en razón que ésta no sólo pone en tela de juicio su imparcialidad en el proceso contra Lula sino que también abre pasó a la posibilidad de que en el futuro enfrente responsabilidades penales producto de su accionar. Recordemos que a mediados del 2019 el PT presentó una denuncia contra Moro por presunta malversación de fondos y abusos de poder, una causa que ahora puede llegar a reactivarse, más a teniendo en cuenta la intención de Bolsonaro de sacar al magistrado de la carrera electoral para así asegurarse el voto anti-PT en el 2022.
Moro es consciente de que cuenta con el respaldo de los mercados y del sector empresarial[1] para avanzar con su candidatura. El tiempo dirá si esto le bastará para poder cumplir sus metas políticas o si finalmente terminará sufriendo en carne propia lo que es el uso político de la justicia. Un accionar que se ha extendido de forma indiscriminada a lo largo de la región y que con sus fallos él mismo ayudó a institucionalizar.
Referencias:
[1] En el 2018 respaldaron a Bolsonaro, pero paulatinamente se han ido alejando del Palacio Planalto en desacuerdo ante la política económica expansiva impulsada por el gobierno)
Matías Mongan
Miembro
Departamento de América Latina y el Caribe
IRI – UNLP