¿Tienen dueños las historias? Si la respuesta a la pregunta fuera afirmativa, ¿quiénes serían esos dueños, y cómo se relatarían esas historias? Son interrogantes que merecen un profundo debate. Desde mi lugar elijo contar la historia de otros, desde mi óptica y desde mis dudas, desde mi posible falta de objetividad, pero con el anhelo de rescatar la historia que muchas veces se oculta, se niega o se minimiza.
La instalación en 1976 de la dictadura militar más atroz que nuestro país sufrió, no dejó margen para resistencias legítimas, pero gozó indudablemente de un consentimiento tácito de una parte importante de la sociedad argentina, del acompañamiento de algunos medios de comunicación, que tuvieron excesivos actos de autocensura, o directamente de complacencia.
A pesar del dominio hegemónico del aparato estatal, la dictadura se abstuvo de procesar o condenar a nadie, pero a través de lo que conocemos como acciones directas, sin juicio ni ley, hizo desaparecer a miles de personas, asesinó, torturó, encarceló y expulsó del país a otros miles.
Ni siquiera actuó dentro de los extensos y difusos márgenes de la legalidad autoritaria, diseñada por ellos y para ellos. Nunca se estuvo más lejos del concepto de seguridad jurídica ni de estado de derecho que en aquellos años en los que imperó la dictadura. Aunque paradójicamente, es el periodo de la historia en que más dinero se le prestó a la Argentina, lo que demuestra la hipocresía de los organismos de crédito internacionales de aquel entonces.
La derrota militar en el Atlántico Sur, provocó el estallido de la dictadura, y la misma sociedad que había tolerado por convicción o temor la violación sistemática a los DDHH y la falta de libertades públicas, se levantó para terminar con el pasado autoritario. Hubo un quiebre en nuestra historia, porque nunca se había traspasado hasta tal punto la degradación moral de la república. Por ello tal vez la mayoría de la sociedad abrazó la causa de la recuperación de la democracia en forma definitiva.
Argentina vivió desde 1916 hasta 1983, interrupciones institucionales múltiples, pero la última dictadura conocida como Proceso de Reorganización Nacional, integrada por las tres juntas militares fue sin dudas la más cruel, sanguinaria e inmoral de las que vivimos como nación. Por tal motivo, no dudo en sostener que el Juicio a las Juntas promovido y sostenido por el Presidente de la democracia recuperada Raúl Alfonsín, como el hecho civil más trascendente de la historia de nuestro país. Pero mi visión no es una visión neutral, porque asumo la responsabilidad de contar la historia con los valores y creencias a los que adhiero, no puedo despojarme de ello.
El Juicio a las Juntas fue una bisagra que dejó atrás años de impunidad, muerte y terror. Aun así, debo reconocer que la historia Argentina trastabilló en idas y vueltas, indultos vergonzantes e inmorales, pero nunca se renunció a una meta central: la búsqueda de la verdad.
No existía una formula preestablecida sobre la mejor manera de enfrentar los crímenes del pasado. Cada sociedad debe elaborar su propia respuesta, de acuerdo a sus condiciones y características políticas y sociales. Alfonsín tuvo entonces tres posibilidades:
-El olvido, aceptando la ley de auto amnistía o a través de la inacción, hipótesis que Alfonsín descartó de plano, ya que su decisión fue terminar de una vez y para siempre con la tradición de impunidad que había reinado en el país.
-El procesamiento de absolutamente todos los que pudieran resultar imputados. Nunca se aplicó en ninguna nación ni época del mundo.
-La condena de los principales actores, de acuerdo a su responsabilidad de mando, para quebrar para siempre la norma no escrita, pero vigente en nuestro país, de que el crimen de Estado quedara impune o fuera amnistiado.
Alfonsín propuso en su campaña electoral, que éste último era el camino elegido. Hablaba de tres niveles de responsabilidad:
. Quienes dieron las órdenes
.Quienes cumplieron las órdenes en un marco de terror y coerción
.Quienes se habían excedido en el cumplimiento de las mismas.
En Argentina, en 1973, se consagró la impunidad mediante la sanción de indultos y la ley de amnistía (votada también por el radicalismo) y la no persecución penal de quienes habían asesinado y ordenado asesinatos en la masacre de Trelew. Nadie fue condenado tras la trágica masacre de Ezeiza. Es más, nunca se supo la verdad acerca de cuantos muertos y heridos existieron aquel día.
Dos días después de asumir la presidencia, Alfonsín, promovió la derogación de la auto amnistía, y a través de los decretos 157 y 158, se puso en marcha el procesamiento de los responsables de la violencia que ensangrentó al país. Y Alfonsín lo hizo casi en soledad, dado el posicionamiento de avalar la impunidad otorgando validez y constitucionalidad a la ley de auto amnistía, adoptada por el peronismo, que representaba a más del 40% de la sociedad.
Cuando Alfonsín crea la CONADEP, se buscó a través de un criterio ético y de justicia la búsqueda de la verdad acerca de los secuestros, asesinatos y desaparición forzada de personas. Se logró reconstruir el modus operandi de la dictadura, y el relevamiento de su infraestructura. Se contabilizaron 8.960 casos de desaparición de personas y 380 centros clandestinos de detención, entre ellos la ESMA, el Olimpo, automotores Orletti, La Perla, el pozo de Banfield y Mansión Seré.
Nuestro país transitó entre el 83 y el 85, por un doloroso y pequeño sendero, disminuido por amenazas, riesgos y debilidades propias de la transición democrática de ruptura, y por la llamada década perdida en términos económicos para América Latina (el flagelo de la deuda externa, tasas de interés por las nubes, precios de exportaciones por el suelo, dictaduras en los países vecinos, etc).
En algún mapa histórico mundial, sobre todo cuando vayan pasando los años, se podrá decir que en algún país remoto y frustrante de la tierra llamado Argentina, se administró justicia.
Recién tras el fracaso de Malvinas, fue apareciendo en la sociedad una verdad que sólo se visualizó en todo su horror con el retorno de la democracia. Cuando se fueron conociendo los terribles sucesos acaecidos, a pocos se les ocurrió que sería posible una investigación que en el corto plazo pusiera a los responsables de ello en el banquillo de los acusados. Es más, cuando el juicio a los comandantes comenzó, muchos sectores habían depositado mínimas expectativas en el mismo, primaba el escepticismo. Aún así, los autores e ideólogos principales del horror fueron procesados, tuvieron el derecho de defenderse (el mismo que le negaron a miles) y se les administró justicia de acuerdo a las normas que primaban en la república, se los juzgó con todas las garantías dadas por la Constitución y el estado de derecho.
Si de ejemplos hablamos, la Alemania derrotada es el caso más invocado, con los juicios de Núremberg, pero allí los aliados juzgaron a los jerarcas nazis, los vencedores juzgaban a los vencidos en un territorio invadido. La Argentina de 1985 no era un país ocupado y los jueces que intervinieron no representaban a potencias extranjeras.
Otra comparación que suele buscarse, es la de los coroneles griegos, que llegaron al poder mediante un golpe de estado en 1967 y gobernaron hasta 1975.
Cuando colapso la Unión Soviética, no existieron juicios ni procesamientos, ni en Rusia, ni en las naciones del este que se independizaban, cuyas matanzas masivas no fueron revisadas, ni siquiera la primavera de Praga, cuando fue aplastada por los tanques soviéticos, la revolución de terciopelo, como se conoció a la iniciada por Vaclav Havel, buscando un socialismo con rostro humano.
Finalizado el apartheid en Sudáfrica, Mandela asumió el poder, pero nadie habló de juicios, ni de castigos tras décadas de segregación racial. La nueva Sudáfrica solo buscó reconciliación.
No sucedió lo mismo en nuestro país, aquí surgieron líderes, organizaciones y partidos políticos que prometieron que no habría impunidad y así fue. Argentina fue un caso diferente y único.
En América Latina, Uruguay retornó en 1985 a la democracia y una ley del congreso determinó la nulidad de la pretensión punitiva del estado en relación con los crímenes perpetrados por la Dictadura. Incluso dos plebiscitos posteriores en 1989 y 2009 ratificaron aquella decisión. Lo mismo sucedió en Brasil, en donde hubo una transición acordada entre civiles y militares. Por otro lado, en España se sigue discutiendo si se deben o no investigar los crímenes del Franquismo.
Argentina juzgó a un puñado de culpables, pero fueron los principales. Las juntas militares en si, como cabezas jerárquicas de las FFAA fueron juzgadas y condenadas.
Cuando el gobierno encabezado por Carlos Menem, firmó los indultos, había en las cárceles, aun a pesar de las leyes de obediencia debida y punto final, 290 jerarcas militares presos producto de los juicios dados durante el gobierno de Alfonsín. Los indultos de Menem los pusieron en libertad.
Esta hazaña conocida como el juicio a las juntas militares, no ha sido a mi juicio debidamente reconocida por la sociedad argentina, es más, ni siquiera se enseña en los colegios, aunque en los medios jurídicos extranjeros la sentencia firmada por los jueces de la Cámara Federal es hoy venerada como punto obligatorio de referencia en materia de DDHH.
Nadie en el mundo hizo tanto, tan rápido y de manera tan contundente. La sentencia de 1985 se dio cuando en Chile y Brasil gobernaban dictaduras, en Sudáfrica existía el apartheid, Reagan y Thatcher eran los líderes de Occidente y no había noticias de la caída de la URSS.
Más allá de las cuestiones que son discutibles aun hoy, como las leyes de obediencia debida y punto final, creo importante recordar este acontecimiento civil, que permitió por primera vez en la historia quebrar la inmoralidad de la impunidad y garantizar la democracia y la defensa de los DDHH de cara al futuro. Este es mi humilde homenaje y mi recuerdo a aquellos tristes años, contando mi relato -que no es neutral- pero que intenta al menos tratar de aportar a la construcción de una historia que no sea manipulada de acuerdo a los intereses de ningún sector.
Luis María Nielsen
Integrante
IRI – UNLP
