El 27 de septiembre de 2018, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) recibió una remisión de un grupo de Estados Partes al Estatuto de Roma (Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú) en relación con la situación en la República Bolivariana de Venezuela desde el 12 de febrero de 2014, solicitando que se inicie una investigación sobre la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad, con miras a determinar si una o más personas deben ser acusados como autores de tales delitos.
En 2020, la Fiscalía concluyó que existe una base razonable para creer que dichos delitos han sido cometidos, particularmente en el contexto de la detención de manifestaciones y disturbios políticos en Venezuela desde al menos abril de 2017. Puntualmente, se ha alegado que las fuerzas de seguridad del Estado utilizaron fuerza excesiva para dispersar y sofocar manifestaciones y arrestaron y detuvieron a miles de miembros reales o supuestos de la oposición, algunos de los cuales habrían sido sometidos a graves abusos. También se ha informado que algunos grupos de manifestantes recurrieron a medios violentos, lo que resultó en que algunos miembros de las fuerzas de seguridad resultaran heridos o muertos.
Este 25 de mayo se conoció la decisión argentina de renunciar a la presentación relacionada a Venezuela (aunque la carta que enviara el Gobierno para oficializarla ante la CPI está fechada el 25 de marzo) manifestando: “El Gobierno de la República Argentina se retira de dicha remisión como así también de toda presentación realizada en ese marco, incluyendo la Nota OI 48/2019 del 30 de septiembre de 2019 vinculada a un informe elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Argentina”. De todos modos, el Gobierno aclara que no pretende que su decisión afecte el curso de la denuncia presentada, “respetando la independencia judicial y de investigación de la honorable Corte Penal Internacional”, tampoco afecta la evidencia que el Estado nacional presentó a partir de su propio relevamiento de casos por el éxodo de aquel país en la Argentina.
La Cancillería, al confirmar luego la información, la describió como consistente con la decisión de retirarse del Grupo de Lima el 24 de marzo de este año, un día antes de enviar esa misiva. Éste es un espacio constituido por países de la región cuya misión consiste en encontrar una salida ordenada a la severa crisis social, humanitaria y económica que padece Venezuela. La explicación dada por el Ministerio se basó en que los esfuerzos hechos hasta el momento no provocaron avances en el país comandado por el gobierno de Maduro, “Argentina formalizó su retiro del denominado Grupo de Lima, al considerar que las acciones que ha venido impulsando el Grupo en el plano internacional, buscando aislar al Gobierno de Venezuela y a sus representantes, no han conducido a nada”.
Es pertinente recordar que, en su momento, el Presidente Fernández colaboró con la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para instalar en Venezuela una oficina permanente que hiciera un seguimiento “in situ” de la situación relativa los Derechos Humanos, pero hasta el momento, el gobierno venezolano no ha permitido que se instalara una oficina de la ONU en Caracas que pudiera llevar adelante dicha labor. Tan así es que los tres funcionarios de Naciones Unidas que allí se encuentran tienen sus visas vencidas, ya que no se les renovó sus permisos para trabajar allí, aunque la estadía de estos enviados de Bachelet fue acordada entre la ex presidenta chilena y Maduro en 2019.
En el informe dado a conocer el 11 de marzo del 2021, la Alta Comisionada dio cuenta de que se registraron “al menos 66 casos de intimidación, acoso, inhabilitación y criminalización de periodistas, medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, trabajadores humanitarios, líderes sindicales y miembros o partidarios de la oposición, incluidos los miembros electos de la Asamblea Nacional de 2015 y sus familiares”. Abundando en detalles, Bachelet manifestó que hasta esa fecha habían recibido denuncias respecto a individuos que han colaborado con su oficina y con la Misión Independiente que han sufrido represalias.
Sin embargo, el presidente Fernández sorprendió cuando, al referirse a la situación relativa a los Derechos Humanos en el país del Caribe, declarara que “ese problema poco a poco en Venezuela fue desapareciendo. Hay un camino para resolver los problemas que no pasa por meterse en los países ni de forma armada ni con bloqueos”. Más que curioso cuando se hace referencia a delitos universalmente considerados imprescriptibles.
Como era de esperarse, las repercusiones fueron variopintas. Desde Venezuela, el Fiscal General Tarek William Saab, se congratulaba por la decisión argentina durante una conferencia de prensa.
Por otro lado, el estupor y las críticas se multiplicaron, desde os activistas de los Derechos Humanos en Venezuela y Argentina e integrantes de la oposición en nuestro país. Quizás, a modo de conclusión, podríamos rescatar las declaraciones de Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, quien señalara: “Argentina es un país con una gran trayectoria e historia en su política exterior de derechos humanos. Sería sorprendente y alarmante que haya decidido retirarse de esta solicitud de investigación que reconoce el rol clave de la Corte Penal Internacional para garantizar justicia y reparación a las víctimas de los crímenes internacionales y graves violaciones de derechos en Venezuela”.
Belski nos hace un severo llamado de atención, interpelándonos a reflexionar: ¿Cuál es el lugar que la promoción y el fomento de los Derechos Humanos ocupa en la agenda política argentina? ¿Somos un país comprometido con la vigencia de los Derechos Humanos, o son parte de un discurso hueco y flexible, que puede acomodarse fácilmente en función a las simpatías circunstanciales del gobierno de turno en la materia? ¿Existe una real política de Estado en dicho sentido o la respuesta a la anterior pregunta indicaría que no? O, más grave aún: ¿Argentina ya olvidó lo que vivió durante la Última Dictadura Militar, y es por ello capaz de borrar con el codo lo escrito con la mano durante estos años de vigencia de la Democracia?
Ni olvido ni perdón a las violaciones de los Derechos Humanos. Y no sólo en la Argentina.
Documentos de interés:
Declaración de la Fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, sobre la remisión de un grupo de seis Estados Parte sobre la situación en Venezuela https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=180927-otp-stat-venezuela
La República Argentina se retira del Grupo de Lima https://www.cancilleria.gob.ar/es/actualidad/noticias/la-republica-argentina-se-retira-del-grupo-de-lima
Situación en Venezuela por ACNUR https://www.acnur.org/situacion-en-venezuela.html
Actualización oral sobre la situación de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela, 43ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25699&LangID=S
Discurso de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, 46th sesión del Consejo de Derechos Humanos https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=26874&LangID=S
Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/FFMV/Pages/Index.aspx
Declaración de Marta Valiñas, Presidenta de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, en la 46ª sesión del Consejo de Derechos Humanos https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/NewsDetail.aspx?NewsID=26872&LangID=S
Amnistía Internacional expresa preocupación por la retirada argentina de la denuncia contra Venezuela ante la Corte Penal Internacional https://amnistia.org.ar/amnistia-internacional-expresa-preocupacion-por-la-retirada-argentina-de-la-denuncia-contra-venezuela-ante-la-corte-penal-internacional/
Ángela Valeria Del Aguila Hurtado
Coordinadora
Departamento de Derechos Humanos
IRI – UNLP
