Hace seis años, la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio de la Resolución 69/239, proclamó el 19 de junio como Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Sexual en los Conflictose instó a todos los Estados Miembros y Estados observadores, las organizaciones y órganos del sistema de las Naciones Unidas y las demás organizaciones internacionales y regionales, así como a la sociedad civil,  a concientizar sobre la necesidad de poner fin a la violencia sexual relacionada con los conflictos, honrar a sus víctimas y sobrevivientes en el mundo y rendir homenaje a quienes han dedicado su vida a luchar para acabar con este flagelo[1].

Dicha Resolución condena toda violencia, sexual y de otro tipo, cometida contra civiles en los conflictos armados y en situaciones posteriores a los conflictos, en particular, la violación, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, el embarazo forzado, la esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable.

El último informe de Naciones Unidas sobre Violencia Sexual relacionada con los Conflictos, publicado en abril del 2021[2], puso de manifiesto la fragilidad de los progresos en este ámbito. El mismo expresa que la actual pandemia provocó retrocesos en los compromisos políticos, en un momento en que la atención y los recursos se han destinado, principalmente, a la emergencia sanitaria. Asimismo, se indica que la crisis amplificó la desigualdad de género, siendo una de las causas fundamentales que impulsan la violencia sexual en tiempos de conflicto como de pazdando lugar a nuevas situaciones violentas.

Así, se incrementaron los casos de acoso sexual a mujeres que forman parte del personal sanitario y a aquellas que se hallan en centros de aislamiento y tratamiento, sumado a la violencia sexual contra las personas detenidas por el presunto incumplimiento del confinamiento. La desesperación económica y el colapso de las redes de protección social también aumentaron el recurso a mecanismos de afrontamiento nocivos, como el matrimonio infantil y la prostitución de supervivencia[3].

Las redes de trata de personas con fines de explotación sexual encontraron formas de aprovecharse de la vulnerabilidad del contexto, en especial en los casos de desplazamientos forzados donde los controles disminuyeron abruptamente. Incluso las redes se diversificaron durante los períodos de confinamiento, extendiéndose masivamente al ciberespacio por medio de las redes sociales[4].

En nuestra región, se profundizaron crisis socioeconómicas y políticas de larga data y proliferaron en distintos países estallidos sociales con altos índices de represión y violencia por parte de las fuerzas de seguridad pública. Solo en el caso colombiano, la Defensoría del Pueblo verificó, desde que se iniciaron las manifestaciones en el mes de abril, 106 casos de violencias basadas en género contra mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diversas. En su documento expresaron que “los relatos de sobrevivientes de violencia sexual cometida por agentes de las fuerzas de seguridad son desgarradores, y dan cuenta de las torturas, tratos crueles e inhumanos, violencia psicológica, abusos y acoso sexista, dirigidos a infundir miedo y castigar su participación en las manifestaciones”[5].

Tal como sostiene Rita Segato, los conflictos y las guerras se vienen transformando en este siglo en una forma de existencia prolongada en diferentes regiones del mundo, sin victorias ni derrotas conclusivas. La vulnerabilidad frente a la violencia, especialmente la ocupación depredadora de los cuerpos feminizados, sigue en aumento a través de formas de destrucción corporal sin precedentes o como formas de trata y comercialización de lo que estos cuerpos puedan ofrecer, más allá de la multiplicación de leyes y políticas públicas que vienen implementando los Estados[6].

Ante este contexto adverso, desde el CeGRI consideramos fundamental identificar a la violencia sexual como violencia política traducida en dispositivo de dominio, situar los delitos de orden sexual en el plano universal del interés general de la sociedad e introducir de forma urgente la perspectiva de género en los sistemas judiciales, atendiendo principalmente las voces de cientos de víctimas que reclaman verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de los hechos violentos.

Referencias:

[1] UN. General Assembly (69th sess. : 2014-2015), “International Day for the Elimination of Sexual Violence in Conflict : resolution / adopted by the General Assembly” (A/RES/69/293). Disponible en: https://digitallibrary.un.org/record/796875?ln=es

[2]UN. Secretary-General (2021) “Conflict-related sexual violence: report of the Secretary-General” (S/2021/312). Disponible en:

https://digitallibrary.un.org/record/3907256?ln

[3]Ídem.

[4]ONU (2 de febrero de 2021) La trata de mujeres y niñas se extiende al ciberespacio por medio de las redes sociales. https://news.un.org/es/story/2020/11/1483922

[5]Amnistía Internacional (7 de junio de 2021) Colombia: La CIDH debe escuchar las voces de las víctimas de violaciones a los derechos humanos. https://www.amnesty.org/es/latest/news/2021/06/colombia-cidh-debe-escuchar-victimas-violaciones-derechos-humanos/

[6]Segato, Rita. “Las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres”, en Revista Sociedades e Estado, v 29.nº 2,pp. 341-371.

Mariana Jacques
Integrante
Centro de Estudios en Género(s) y Relaciones Internacionales
IRI – UNLP