En cumplimiento con las “profecías” del liderazgo político chino desde el origen mismo de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (Belt and Road Initiative, en inglés) y al ser ésta un monumental canal de intercambio de bienes y productos, se ha producido un crecimiento notable en las controversias comerciales, así como también heterogeneidad en las materias objeto de estas .

Por lo que, a fin de evitar que ello amenace la viabilidad de la Iniciativa, principalmente desde el Tribunal Popular Supremo de China (el tribunal judicial de mayor jerarquía en la República Popular de China) se planteó el desafío de diseñar un marco legal sólido para resolver disputas comerciales cada vez más sofisticadas, teniendo en cuenta los dos propósitos principales que un mecanismo de resolución de disputas debe satisfacer para que funcione correctamente: 1) contar con un marco legal efectivo y confiable para garantizar la confianza de los inversores; 2) que dicho marco legal compatible en todos los países miembros, para lograr tanto certeza como coherencia en la aplicación de las leyes.

En consecuencia, desde hace menos de una década en la República Popular de China ha  conformado un paquete amplio de desarrollos legales y judiciales relacionados con la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Esto fue producto, fundamentalmente, de una sucesión de sentencias conducentes a reconocer y ejecutar en territorio chino sentencias judiciales y laudos arbitrales dictados en el extranjero (incluidas de índole pecuniaria), cuya sentencia emblema es la dictada en el denominado caso Liu Li v. Tao Li y Tong Wu[1] (2017), cuyos fundamentos fueron ratificados en el caso posterior Nalco v. Chen Dawei (del año 2018).

No obstante, también han habido notables avances en la RPCh con respecto al arbitraje comercial, como mecanismo habitual para la resolución de disputas comerciales internacionales, así como  en relación, principalmente, al establecimiento y puesta en funcionamiento de la Corte de Comercio Internacional China (CICC), creada especialmente por el Tribunal Popular Supremo de China a mediados del año 2018 para resolver efectivamente las controversias comerciales nacidas en el marco de la Belt and Road Initiative (BRI), proporcionando soluciones tanto de litigio (juicios) como de mediación y arbitraje, y siendo un mecanismo judicial y parte del sistema judicial chino.

Debido a que la BRI se encuentra dividida en dos grandes bloques, la CICC ha sido diseñada en dos Cortes para ocuparse cada una de uno de aquellos bloques. En los casos juzgados por la CICC interviene un panel colegiado integrado por tres o más jueces, y las sentencias y fallos que emite son definitivos, vinculantes para las partes y con efectos legales.

Ahora bien, cabe destacar que en el año 2020 la CICC ha procedido a resolver sus primeros casos, los cuales han sido elevados de los tribunales inferiores de la República Popular de China a la Primera Corte de la CICC (sita en la ciudad de Xi’an), y las partes involucradas incluyeron compañías de Japón, Italia, las Islas Vírgenes Británicas, etc., y compañías e individuos tanto de China continental, la Región Administrativa Especial de Hong Kong y la región de Taiwán.

Posteriormente, en julio de 2021 la Segunda Corte (sita en la ciudad de Shenzhen) celebró una audiencia pública sobre una disputa sobre la responsabilidad por infringir intereses empresariales entre el demandante Beta Pharmaceuticals Co. Ltd. y los demandados Beta Pharma Inc., Don Xiaodong Zhang y Beta Pharma (SHANGHAI) Inc. Cabe tener en cuenta que es un caso comercial internacional de primera instancia derivado de conflictos en la investigación y desarrollo (R&D) de productos farmacéuticos e inversión internacional. Por su influencia y significado característico, el Tribunal Supremo Popular de la RPCh consideró que el caso era apropiado para ser juzgado en forma originaria por la CICC.

Finalmente, la novedad más reciente respecto a la CICC es la implementación y puesta en funcionamiento de su nuevo servicio integral “One-stop service”, diseñado para satisfacer las nuevas demandas de la era en línea (online) y brindar servicios legales rápidos, convenientes y de bajo costo. En este sentido, los litigantes pueden iniciar y tramitar los respectivos expedientes a través de dicha plataforma digital, lo que conlleva un uso completo de tribunales inteligentes amigables con la tecnología y también ofrece otros servicios, como búsquedas legales y verificación de leyes extranjeras.

Referencias:

[1] En el caso señalado se reconoció y ejecutó en territorio continental chino una sentencia pecuniaria dictada en los Estados Unidos de Norteamérica.

Ignacio Portela
Integrante
Centro de Estudios Chinos
IRI – UNLP